Christian Ivan Irena Puente
Expediente 843/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Christian Ivan Irena Puente
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que conste como legalmente corresponda el oficio de cuenta, atento a su contenido, téngase a la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informando el contenido del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, relativo a la admisión a trámite del impedimento formulado por esta juzgadora para conocer del juicio de amparo indirecto ********************/2023, el cual se registró en el referido tribunal como impedimento ********************2023, de lo cual toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.CRMR
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por ******* quien se ostenta como defensor de ******* contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 843/2023-VI. Impedimento Ahora, es hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicación supletoria a la Ley de Amparo que *******, Oficial Administrativo adscrito a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es hermano del quejoso *******. Por lo anterior, esta juzgadora estima que se actualiza la causal de impedimento prevista en la fracción VIII, del artículo 51, de la Ley de Amparo, que dispone: 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. [.] El precepto legal transcrito contempla las causales de impedimento, como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente en el juzgador, que le impiden impartir una justicia exenta de parcialidad, la cual obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa, lo que no podría cumplirse en el supuesto de que el juzgador estuviese en una situación que implicara elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Los impedimentos constituyen un aspecto que está íntimamente vinculado con la idoneidad e imparcialidad exigida por la Constitución Federal en la administración de justicia. Por su parte, la imparcialidad es una cualidad que deben gozar los jueces en el ejercicio de su función, que consiste en la neutralidad que deben presentar respecto a quien solicita una concreta tutela jurídica y respecto de aquél frente a quien esa tutela se solicita. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la obligación de juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado, además de ser una virtud interior de quien dice el derecho, que sólo puede ser evaluada en la conciencia de cada quien, también está plasmado en la Constitución Federal como uno de los atributos de la carrera judicial, lo cual implica que la imparcialidad ha de tener un reflejo exterior palpable en los actos del funcionario judicial, de modo tal que su comportamiento imponga a las partes, nada más por la fuerza del ejemplo y de la razón, la confianza fundada en que los asuntos sometidos a su potestad habrán de resolverse sin prevención a favor de alguna de ellas. El principio de imparcialidad se ha entendido en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios que conozca y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo cual puede decirse que la imparcialidad trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes del proceso. De este modo, la imparcialidad podría definirse como la independencia frente a las partes y el objeto del proceso. Causas generalmente admitidas para el impedimento son el parentesco, la amistad íntima, la enemistad manifiesta, la actuación como letrado, el interés en el objeto del proceso (los actos reclamados, al haber promovido un juicio de amparo en que se reclaman los mismos actos) la contaminación (instrucción previa a la vista) o cualquier otra que implicaran un elemento objetivo del que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad; y a pesar de su carácter heterogéneo, es fácil darse cuenta de lo que tienen en común todas ellas: la propiedad que las unifica es que a todas se les reconoce una extraordinaria fuerza motivacional de la conducta Vista así, la imparcialidad trata de proteger no sólo el derecho de los ciudadanos a ser juzgados desde el Derecho, sino también la credibilidad de las razones jurídicas. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Página 460, Décima Época, registro 160309, del rubro y texto siguientes: IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal. De igual forma, en lo que interesa, conviene destacar el contenido de la jurisprudencia de la Décima Época que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, octubre de 2016, Tomo III, página 1918, que dice: IMPEDIMENTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. Los supuestos de impedimento para conocer del juicio de amparo previstos en las fracciones I a VII del artículo 51 de la Ley de la materia contemplan situaciones de índole subjetiva que el Juez puede reconocer en su ánimo o probarse por otro medio. Por su parte, en la novedosa fracción VIII del mismo numeral se atiende a elementos objetivos de los que pudiera derivarse un riesgo de pérdida de la imparcialidad del juzgador, que surgen de una fuente externa a éste, es decir, que el elemento inhabilitante de su jurisdicción resulta de la prueba directa del hecho que representa el riesgo de pérdida de la imparcialidad." En efecto, el condicionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional, desde el punto de vista del juzgador, individualmente considerado, tiene lugar desde una óptica objetiva, por causa de los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez y, desde una óptica subjetiva, por encontrarse promoviendo un juicio de amparo semejante al que se estudia. Lo anterior se traduce en un hecho o circunstancia personal que ocurre en un funcionario judicial y que lo obliga a inhibirse del conocimiento de determinado juicio por ser obstáculo para que imparta justicia de manera imparcial. La existencia de tales conflictos de interés para el juzgador, por virtud de la exigencia constitucional de imparcialidad, implica un problema de interés público que el legislador ha resuelto a través de la figura del impedimento y otras instituciones procesales. Como ya se mencionó, todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las relaciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Apoya lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/44, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Página 1344, Novena Época, con registro 181726, cuyo rubro y texto dicen: IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable. En efecto, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.] Dicho precepto constitucional establece el derecho fundamental que tiene todo individuo de acudir ante los tribunales a dirimir sus pretensiones y el deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Asimismo, el citado numeral prevé cuatro principios de los que se desprende que la justicia debe ser: (I) pronta; (II) completa; (III) gratuita; e (IV) imparcial. Como ya se precisó, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Sobre este tema, en la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 17 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se señaló lo siguiente: [.] La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patrimonio ajenos. Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten [.] Como puede advertirse, la tutela judicial efectiva no está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, sino que también debe comprender ciertos aspectos que permitan suponer que el fallo no esté afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva. Se asevera lo anterior, porque la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho se traduce, por una parte, en la clara observancia de la totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su incumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el proceso, favoreciendo al otro con esa actuación y, por otra parte, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin crearse sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto, es decir, las decisiones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitirlas. En relación con los precitados supuestos de impedimento, debe destacarse que el texto vigente de la fracción VIII del señalado artículo 51, cuya interpretación constituye el principal motivo de disenso entre los Tribunales Colegiados, importa destacar que la Segunda Sala, de nuestro más alto tribunal, al resolver la contradicción de tesis 401/2016, sostuvo que este supuesto "se refiere a situaciones diversas a las que enumera la propia disposición (parentesco, amistad, enemistad, interés, entre otras) que impliquen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, es decir, situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador". Por lo que el impedimento planteado por los propios juzgadores constituye, por sí mismo, una apreciación personal a partir de la cual se externa un potencial riesgo de pérdida de imparcialidad. De ahí que, resulte dable estimar que dichas manifestaciones permiten presumir, razonablemente, que un juzgador se encuentra imposibilitado para conocer de cierto asunto, sobre todo, al considerar que existe una relación laboral con el quejoso pues el hecho de que en el juicio de amparo se sostenga un vínculo de carácter laboral con el juzgador resulta, por sí misma, una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhiba a la juzgadora de conocer cierto asunto. Asimismo, conviene reiterar que la labor de los juzgadores debe distinguirse por la templanza, por la moderación de las pasiones y los sentimientos, lo que le permite decidir el juicio ajeno a los intereses de las partes y a toda situación que altere la prudencia con la que debe valorar la causa y es esta circunstancia la que impide poner en riesgo la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia, ya que se entiende que el Juez se abstrae de todo elemento que perturbe su decisión. En consecuencia, con fundamento en los numerales 51 y 55 ambos de la Ley de Amparo, el juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las causales, bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso, y que para ello basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes En el caso, como se precisó el riesgo de pérdida de imparcialidad se actualiza, toda vez que la suscrita sostiene una relación laboral con el hermano del quejoso, por prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional de aquél, pues ello constituye una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhibe a la suscrita a conocer cierto asunto. Apoya lo anterior, por similitud en su contenido la jurisprudencia 2a./J. 16/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 76, marzo de 2020, Tomo I, página 530, con registro digital 2021744: IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, LA RELACIÓN LABORAL DEL JUEZ DE DISTRITO CON EL QUEJOSO CONSTITUYE UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDE DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA. El referido precepto establece situaciones diversas a las que enumera la propia disposición que constituyen situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador, razones por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán manifestar su impedimento. Ahora bien, por regla general, el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo se actualiza en los casos en los que el Juez de Distrito sostiene una relación laboral con el quejoso por prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional de aquél, pues ello constituye una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhibe al operador jurídico de conocer cierto asunto, sin que ello constituya un obstáculo para que los juzgadores rechacen encontrarse impedidos tratándose de aquellos casos en los que el fondo de la controversia planteada no se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso. Por su parte, los diversos numerales 54, fracción III, inciso c) y 55 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: [.] III. Los tribunales colegiados de circuito: [.] c) De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren en su circuito. [.] 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.] De lo anterior, en lo que interesa, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de las excusas y recusaciones de los Jueces de Distrito; asimismo, que los jueces deben manifestar su impedimento y comunicarlo al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En atención a ello, a efecto de no incurrir en responsabilidad y en razón que como ya se evidenció, *******, Oficial Administrativo adscrito a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es hermano del quejoso *******; con fundamento en el artículo 51, fracción VIII de la Ley de Amparo, esta operadora jurisdiccional se declara impedida para conocer del presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, comuníquese la presente determinación al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a efecto de que califique el impedimento planteado, remitiendo al citado Tribunal para los efectos legales a que haya lugar, los autos originales del presente asunto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales procedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios al *******, toda vez que se encontró registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a *******, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; en razón de que en esos términos fue autorizado. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley en cita, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, así como el correo electrónico *******, para tener comunicaciones extra procesales. Acceso a expediente electrónico Asimismo, toda vez que el defensor ******* cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario "*******", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee lo siguiente: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se ordena practicar las notificaciones vía electrónica, incluso las de carácter personal, a la parte quejosa. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se le hace del conocimiento que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Christian Ernesto Lara Gallegos641/2017
- Christian Ernesto Lara Gallegos579/2017
- Christian Fernando Velázquez Muñoz471/2022
- Christian Francisco Malpica González558/2019
- Christian Humberto Luna Hernández777/2023
- Christian Israel Cedillo González388/2023
- Christian Maribel Nava Cabral262/2023
- Christian Nahúm Rodríguez Galeana1013/2017
- Christian Omar Ramírez Cervantes250/2019
- Christian Oziel Lara Calamaco y Otros.492/2023
- Christian Raúl Salgado García783/2019
- Christoper Steven Zhumi Dumaguala y Otros.1043/2022