Christian Leonel Yerena Rojas
Expediente 598/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Christian Leonel Yerena Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, tres de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio electrónico signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, solicita se permita el acceso total a las constancias que integra el expediente electrónico del presente asunto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de mérito para que obre como corresponda y se ordena vincular el expediente electrónico por medio de la citada plataforma, a efecto de que el juzgado oficiante este en aptitud de consultar todas las constancias y actuaciones que integran este sumario. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, cinco de julio de dos mil veintiuno. Ciudad de México, uno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, quince de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para desahogar el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, sin que éste se hubiese desahogado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto mencionado y, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Christian Leonel Yerena Rojas. Atento a lo anterior, se procede a hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte promovente en el domicilio ubicado en Calle Norte 64-A, número tres mil seiscientos veinticuatro (3624), Colonia Martínez de Río Blanco, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Por recibido el escrito signado José Armando Aguirre Aguilar, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual, en desahogo a lo acordado el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos tomando conocimiento de su contenido. En ese tenor, el ocursante señala que la quejosa se presentó el día veinticuatro de mayo en curso a recibir el contra recibo de cuenta por liquidar certificada número 101086, de tres de mayo de dos mil veintiuno, por la cantidad liquida de $1'102,849.14 (un millón ciento dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 14/100 moneda nacional). Sin embargo, aduce, dicha cantidad comprende el periodo del dieciséis de marzo de dos mil catorce al treinta y uno de agosto de dos mil veinte, por lo que la autoridad no pagó el periodo correspondiente del uno de septiembre de dos mil veinte al veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, fecha esta última en que se materializó el entero correspondiente. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE REQUIERE al SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES Y CUMPLIMIENTOS y al CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA, ambos de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para que dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, exhiban el cálculo de las cantidades que se deben pagar por concepto de demás prestaciones o salarios caídos, por el periodo que abarca del uno de septiembre de dos mil veinte al veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior en observancia al contenido de la jurisprudencia de rubro y texto: SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2001770, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Laboral, Tesis: 2a./J. 110/2012 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, página 617, Tipo: Jurisprudencia) Por otra parte, en relación con su petición de girar oficio a la Dirección General de Especialidades Periciales y Documentales de la Fiscalía General de la República, para el efecto de que se designe un perito en materia de contabilidad para que en auxilio de las funciones de este juzgado determine la cantidad a pagar por el periodo supra citado; deberá de estarse a lo acordado en líneas que antecede, en las que se está requiriendo a las autoridades responsables calculen el monto que por concepto de pago correspondiente, con el cual, en su momento, se dará vista a la quejosa para que manifieste a lo que en derecho corresponda. En diverso aspecto, en atención a su solicitud de que se requiera a la autoridad responsable el desglose y la cuantificación de todas y cada una de las prestaciones que le fueron pagadas, así como sus respectivos descuentos, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que mediante oficio recibido en este juzgado el doce de noviembre de dos mil veinte, registrado con el número de correspondencia 13492, el apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la propuesta de cuantificación por el periodo del dieciséis de marzo de dos mil catorce al treinta y uno de agosto de dos mil veinte, de las cuales se advierte la información que refiere el promovente, motivo por el cual este juzgado mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, atendiendo la manifestación de la quejosa procedió a requerir el pago de la misma cantidad. Finalmente, téngase por recibido el oficio signado por la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el que remite copia certificada de las constancias con las que acredita que la parte quejosa se presentó a recibir el contra recibo de cuenta por liquidar certificada número 101086, de tres de mayo de dos mil veintiuno, por la cantidad liquida de $1'102,849.14 (un millón ciento dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 14/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 221 del código adjetivo citado, agréguese tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe. El Juez
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