Christian Leonel Lira Hernández

Expediente 1179/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1179/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Christian Leonel Lira Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, hace del conocimiento el contenido del acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, dictado en el R.A. 8/2022 de su índice, en el que declaró firme el diverso auto de veinte de abril del presente año por el que desechó el recurso de revisión interpuesto en autos, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de julio de dos mil veintidós. Se agrega a los autos el oficio signado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al proveído de uno del mes y año que transcurre, informa que se encuentra en espera de que la Dirección General de Recursos Humanos de la citada dependencia, remita copia autentificada de la planilla de liquidación así como la solicitud correspondiente a afecto de que se encuentre en posibilidad de otorgar la suficiencia presupuestal a favor del quejoso y solicita una prórroga; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. En atención a su contenido, es importante destacar que del estado de autos se advierte que en el citado auto de uno de julio de dos mil veintidós, se destacó que desde el veinte de mayo de dos mil veintidós, se le requirió para que acreditara que se cuenta con la suficiencia presupuestal, a favor del quejoso, por la cantidad de, toda vez que se contaba con la planilla de liquidación en la que se determinó esa cantidad, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, que exhibió ante este juzgado la Directora de Operación y Control de Pago de esa Fiscalía, por lo que resulta incongruente que en el oficio que se provee, manifieste que no se encuentra en posibilidad de otorgarla. Asimismo, se impone destacar que el hecho de que la Dirección de Recursos Humanos de la citada fiscalía, no le ha solicitado el paso siguiente, resulta insuficiente, dado que al ser ambas autoridades dependientes de la misma Fiscalía, pueden comunicarse entre ellas para gestionar el cumplimiento a la sentencia de amparo. En virtud de lo anterior, hágasele del conocimiento a la autoridad precisada que cuenta con el plazo razonable de un día para demostrar haber acreditado que cuentan con la suficiencia presupuestal, a favor del quejoso, por la cantidad de $16,532.00 (dieciséis mil quinientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia número P./J.54/2014 (10 a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo I, Noviembre 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolverlos autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Apercibido de que en caso de contumacia de su parte, se hará del conocimiento al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Primer Circuito, que conozca del incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **** por propio derecho, contra actos del Comandante de la Guardia Nacional y otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1179/2022-VII. Del estudio integral de la demanda de mérito que autoriza el artículo 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que ésta contiene irregularidades que deben subsanarse por la parte promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 108, fracción V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Toda vez que del análisis integral de la demanda, específicamente del numeral seis de su capítulo de antecedentes, manifiesta lo que a continuación se reproduce: De la anterior reproducción, se infiere que el quejoso actualmente labora fuera de la Ciudad de México, sin embargo no especifica su actual adscripción, por lo que deberá: a) Precisar la residencia del lugar de adscripción donde actualmente se desempeña como Suboficial de la Guardia Nacional. Lo anterior con el apercibimiento de que incurren en el DELITO que establece que el artículo 261 de la Ley de Amparo, que sanciona con pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, su abogado autorizado o a ambos, que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado. Resulta aplicable la Jurisprudencia número P./J. 127/99 sustentada la cual es del rubro y texto siguientes: PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." (Número de registro 173,497, Jurisprudencia número P./J. 127/99 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época) b) Asimismo, deberá exhibir original y seis copias de su escrito aclaratorio, para ser distribuidas de la siguiente manera; tres para las autoridades responsables, una para el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito y dos más para formar los cuadernos de suspensión. Se cita por su contenido esencial, la jurisprudencia P./J.36/2001, la cual es de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. (No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79) Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no desahogar las prevenciones en los términos descritos con anterioridad, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, al tratarse de los antecedentes del acto reclamado y copias del escrito aclaratorio, requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Importa destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Amparo, el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por la promovente del amparo, y no así por las personas que éste autorice en términos del artículo 12 de la citada Ley, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Apoya la anterior determinación las jurisprudencias 1a./J. 37/2011 y 1a./J. 50/2014 (10a.), de rubro y datos de localización siguientes: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. (Registro: 161909, Novena Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Página: 68) AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. (Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Agosto de 2014, página: 210). En atención a la solicitud del quejoso, con fundamento en el artículo 3, 26, fracción IV, 30, párrafo primero fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, así´ como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, numerales 35, a 38 y 55, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica por conducto del usuario "JMGGABOGADO", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, autorización que de conformidad con el último párrafo del artículo 57 del primero de los Acuerdos citados, lleva implícita la necesaria para la consulta del expediente electrónico. Por lo tanto, no resulta necesario tener por señalado el domicilio convencional que señaló para oír y recibir notificaciones pues, se insiste, expresamente solicitó que se le practicaran de manera electrónica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a José María García González y Erasmo Vargas Favila, quienes tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y en términos de la última parte del artículo aludido; es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que señala por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 citado, se tienen por ofrecidos los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, únicamente en caso de que sea conveniente entablar alguna comunicación no procesal. Toda vez que no existe disposición legal que le prohíba a la quejosa o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, se autoriza su uso en el presente sumario; para lo cual deberán de cumplir previamente con los lineamientos establecidos en los artículos 2, fracción VII, 3 y 4, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", relativos a la programación de citas para la consulta del expediente. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese; y electrónicamente al promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2743/2022, signado por la Secretaría Técnica de Comisión Permanente e la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

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