Christian Eugenia Navarrete Icazbalceta

Expediente 811/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
811/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Christian Eugenia Navarrete Icazbalceta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    ... Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra debidamente integrado para resolver. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación anterior para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana ofertadas por la parte quejosa. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 208, fracción III, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas referidas en el párrafo que antecede, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de resolver el presente incidente. Acto continuo, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez provee: Con fundamento en 208, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho para formularlos. Con lo anterior, concluye el desahogo de la audiencia de alegatos y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución respectiva dentro del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de a la suspensión definitiva. VISTOS los autos para dictar resolución dentro del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida dentro del incidente relativo al juicio de amparo 811/2022, promovido por la quejosa Christian Eugenia Navarrete Icazbalceta, contra actos de la Fiscal Especializada para la Investigación y Persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Resolución por la que se determinó sobre la suspensión definitiva. Mediante resolución interlocutoria de cinco de agosto de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 146, 147 y 158 de la Ley de Amparo, se resolvió en definitiva la solicitud de medida cautelar en los siguientes términos: ". En consecuencia, sin prejuzgar respecto de la legalidad de los actos reclamados y dado que existe solicitud expresa de la medida cautelar y atento al interés superior del menor, con fundamento en los artículos 128, 129, 131, 138, 139 y 147, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva para el efecto de que inmediatamente la autoridad responsable acate el "Protocolo Nacional Alerta Amber" y emita una determinación en la que se pronuncie sobre la solicitud de la quejosa sin dejar de ponderar y cerciorarse que el derecho de estar con la persona que ejerza la guarda y custodia provisional de la misma, no cause daño en su integridad física y emocional, debiendo vigilar que dichas medidas se cumplan efectivamente y no se traduzcan en acuerdos meramente formales, que no constituyan una protección eficaz de los derechos humanos de la menor." C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintidós, promovió incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida dentro del presente juicio y señaló que la autoridad responsable ha incurrido en defecto en el cumplimiento de la suspensión, en virtud a que no ha vigilado que la suspensión concedida se cumpla efectivamente debido a que no ha localizado a la menor, y solicita se le requiera para que informe las medidas que ha tomado para cumplir con la suspensión concedida y las gestiones realizadas a efecto de evitar que sus determinaciones no se traduzcan en acuerdos meramente formales que no constituyan una protección eficaz a los derechos de la niña. Ahora bien, de la determinación que argumenta le causa agravio se advierte que los efectos de la medida cautelar lo fueron para que la autoridad responsable se pronunciara sobre la solicitud de la quejosa sin dejar de ponderar y cerciorarse que el derecho de la menor de estar con la persona que ejerza la guarda y custodia provisional de la misma, no cause daño en su integridad física y emocional; es decir, dicha medida no tuvo el efecto de emitir la citada alerta amber, sino solo que se pronunciara sobre la solicitud planteada por la parte quejosa. No impide determinar lo anterior, el hecho que con posterioridad la alerta amber solicitada por la quejosa se haya desactivado, ya que ello obedece a lo determinado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, dentro del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo 45/2022 y su acumulado, en el cual se determinó que las autoridades responsables deberían de abstenerse de ejecutar la alerta amber; que las cosas deberían mantenerse en el estado que actualmente guardaban hasta antes de la promoción del presente juicio; que la menor debería permanecer bajo el cuidado del padre no custodio; y, que las responsables deberían de abstenerse de requerir al padre que restituya a la menor. De tal suerte, que es en aquel juicio de amparo en el que se resolverá lo relativo a la tenencia material de la menor y por ende, lo relativo a la necesidad o no, de la activación de la alerta amber, pues por principio se llegó a la conclusión que la menor no está desparecida ni tampoco ilocalizable; por esa misma razón, tampoco se estimó necesario dar vista a la parte quejosa para que dentro del juicio principal ampliara la demanda respecto de la desactivación de la referida alerta, en la medida que, se insiste, ese aspecto se encuentra supeditado a lo que determine la referida homóloga en aquel juicio de amparo. Por lo que resulta infundado el incidente que hace valer la parte quejosa. Segunda. Por otra parte, el tercero interesado por escrito presentado el veintinueve de agosto pasado, de igual forma, promovió incidente de por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión otorgada en resolución de cinco de agosto de dos mil veintidós, en el que señaló que la responsable de manera negligente activó la publicación y difusión masiva de la alerta amber afectando desde ese momento la libertad deambulatoria de la menor. Al respecto, se reitera al incidentista que la concesión de la medida cautelar dictada en audiencia de cinco de agosto pasado, tuvo el efecto de que la autoridad responsable acatara el "Protocolo Nacional Alerta Amber", y emitiera una determinación en la que se pronunciara sobre la solicitud de la quejosa, sin dejar de ponderar y cerciorarse que el derecho de la menor de estar con la persona que ejerza la guarda y custodia provisional de la misma, no cause daño en su integridad física y emocional, debiendo vigilar que dichas medidas se cumplan efectivamente y no se traduzcan en acuerdos meramente formales, que no constituyan una protección eficaz de los derechos humanos de la menor; es decir, la medida cautelar no tuvo el efecto de que la responsable emitiera la citada alerta amber, sino que se pronunciara sobre la solitud planteada por la quejosa; por lo que a juicio de quien esto resuelve, la suspensión que fue otorgada dentro del presente juicio no adolece del exceso que refiere el tercero debido a que le fue otorgada plenitud de jurisdicción a la responsable al momento de pronunciarse sobre la solicitud planteada por la quejosa. No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del incidentista para que haga valer los excesos que refiere fueron cometidos, pero dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 45/2022 y su acumulado, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, por ser en dicho juicio donde con anterioridad a la promoción del presente, dicho juzgado había concedido la medida cautelar a favor del aquí tercero interesado; por tanto, por la razones expuestas en párrafos precedentes, se declara infundado el incidente promovido por el tercero interesado Jonatan Kaleb Arriaga Correa. Así, por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73 y 208 de la Ley de Amparo; se resuelve: Único. Por las razones expuestas en las consideraciones primera y segunda de esta resolución, se declara infundado el incidente por defecto o exceso en el cumplimiento de la suspensión otorgada dentro del presente juicio promovido tanto por la parte quejosa como por la tercera interesada. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 811/2022, promovido por Christian Eugenia Navarrete Icazbalceta, por propio derecho y en cuanto representante legal de Kai Alessa Arriaga Navarrete, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Christian Eugenia Navarrete Icazbalceta, por propio derecho y en cuanto representante legal de Kai Alessa Arriaga Navarrete, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del del Fiscal General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado, quien la registró con el número 811/2022 y mediante auto de veintiocho de julio del año en curso (foja 16), la admitió a trámite, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se ordenó otorgar la intervención legal correspondiente a la representación social de la adscripción. El cinco de agosto de dos mil veintidós (foja 177) se reconoció el carácter de tercero interesado a Jonatan Kaleb Arriaga Correa, en su calidad de padre custodio de la menor en conflicto Kai Alessa Arriaga Navarrete. Finalmente, el veinticinco de agosto de este año se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a autoridades con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados y autoridades responsables son: Actos reclamados: La negativa de recibir el reporte y/o aviso sobre la niña no localizada Kai Alessa Arriaga Navarrete; La omisión de emitir y difundir la alerta amber, así como de implementar las medidas necesarias para localizar a la citada menor; y, La política y/o acuerdo administrativo y/o criterio institucional que restrinja recibir un aviso de niña o menor ausente. Autoridades responsables: Fiscal General del Estado de Michoacán; Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares; Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y Género; y, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y Género. Todos con sede en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado que se atribuye a todas las autoridades responsables, consistente en la política y/o acuerdo administrativo y/o criterio institucional que restrinja recibir un aviso de niña o menor ausente, tal y como se desprende los informes justificados que rindieron, los cuales obran a fojas, 17, 56, 61 y 143. Al respecto, las responsables señalaron que no se ha implementado ningún criterio institucional que restrinja del modo que aduce la quejosa, la posibilidad de recibir un aviso de niña o menor ausente, desaparecida o no localizada; al contrario, sobre ese aspecto manifestaron que no constituye una limitante para la emisión de la alerta amber, el que no exista denuncia de sustracción y/o retención de personas menores de edad, ausentes o no localizables, pues ante todo, tienen el deber de realizar las acciones necesarias para velar por el interés superior de la niñez y adolescencia, mediante su búsqueda, localización y restitución al domicilio o lugar de residencia que jurisdiccionalmente se haya determinado para ello. Asimismo, señalaron que para la activación de la alerta se sujetan a lo establecido en el Protocolo Alerta Amber Michoacán, así como en el Protocolo Alba Michoacán, en los cuales se establecen los mecanismos de colaboración y coordinación institucional para la investigación y búsqueda de las víctimas. De la misma forma, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Michoacán; Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares; y, Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y Género, consistentes en la negativa de recibir el reporte y/o aviso sobre la niña no localizada Kai Alessa Arriaga Navarrete y la omisión de emitir y difundir la alerta amber, así como las medidas necesarias para localizar a la citada menor. Así debe considerarse, ya que al rendir sus informes las citadas responsables señalaron que no existió la negativa de recibir el aviso o reporte alegado por la promovente del amparo; adicionalmente, el Titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares (foja 18) manifestó que hasta antes de la presentación de la demanda, la quejosa no se había presentado a solicitar o intentar presentar el aviso sobre niña no localizada y menos aún, le fue rechazado ese la presentación de ese aviso. De la misma forma, no es cierto el acto consistente en la negativa de recibir el reporte y/o aviso sobre la niña no localizada Kai Alessa Arriaga Navarrete, atribuido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y Género, con residencia en esta ciudad. Así es, porque al rendir su informe justificado (foja 61), dicha responsable señaló que no es cierto que se haya negado a recibir el reporte aludido, pues a las quince horas con diez minutos del dieciocho de julio de dos mil veintidós -antes de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, veintiuno de julio de dos mil veintidós- la quejosa presentó escrito de solicitud de activación de alerta amber, el cual fue recibido en la misma fecha y acordado hasta el veintidós de julio siguiente; de modo que, no se actualizó una negativa a recibir ese reporte. Comunicados con los cuales se les dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido; pese a ello, la promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con los informes justificados rendidos por éstas, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos precisados en esta consideración, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se impone sobreseer en el juicio por lo que corresponde a las autoridades y actos precisados en esta consideración. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarta. Certeza del acto reclamado. Pese a la negativa de los actos reclamados expresada en el informe justificado, debe considerarse cierto el acto atribuido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y Género, consistente en la omisión de emitir y difundir la alerta amber, así como de implementar las medidas necesarias para localizar a la citada menor. Lo anterior, en atención a las manifestaciones vertidas en dicho informe, las cuales entrañan certeza de los actos, en el sentido que si bien es cierto a las quince horas con diez minutos del dieciocho de julio de dos mil veintidós, la quejosa presentó escrito de solicitud de activación de alerta amber, el mismo fue acordado hasta el veintidós de julio siguiente. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las constancias que remitió como complemento de su informe justificado, las cuales alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, se tienen por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinta. Análisis causales improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y Género, consistente en la omisión de emitir y difundir la alerta amber, así como de implementar las medidas necesarias para localizar a la citada menor, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. En la especie, este juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo el panorama expuesto, se tiene que en la especie, al momento de promover la demanda de amparo existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de emitir y difundir la alerta amber, así como de implementar las medidas necesarias para localizar a la menor Kai Alessa Arriaga Navarrete; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto. Lo anterior, ya que al rendir su informe justificado (foja 62), el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Violencia Familiar y Género, señaló que el veintisiete de julio de dos mil veintidós, solicitó la activación de la alerta amber correspondiente a la referida menor, la cual se emitió con el reporte 329/2022. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos los actos reclamados. No impide determinar lo anterior, el hecho que a la fecha la alerta amber solicitada por la quejosa se encuentre desactivada, ya que ello obedece a lo determinado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, dentro del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo 45/2022 y su acumulado, en el cual se determinó que las autoridades responsables deberían de abstenerse de ejecutar la alerta amber; que las cosas deberían mantenerse en el estado que actualmente guardan; que la menor debería permanecer bajo el cuidado del padre no custodio; y, que las responsables deberían de abstenerse de requerir al padre que restituya a la menor. De tal suerte, que es en aquel juicio de amparo en el que se resolverá lo relativo a la tenencia material de la menor y por ende, lo relativo a la necesidad o no, de la activación de la alerta amber, pues por principio se tiene que la niña no está desparecida ni tampoco ilocalizable; por esa misma razón, tampoco se estimó necesario dar vista a la parte quejosa para que ampliara la demanda respecto de la desactivación de la referida alerta, en la medida que, se insiste, ese aspecto se encuentra supeditado a lo que determine el referido homólogo en aquel juicio de amparo. Se cita como apoyo de lo resuelto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexta. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Christian Eugenia Navarrete Icazbalceta, por propio derecho y en cuanto representante legal de Kai Alessa Arriaga Navarrete, respecto de los actos reclamados y autoridades que quedaron precisadas en la segunda consideración y por los motivos expuestos en las consideraciones tercera y quinta. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por la Fiscal Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, mediante el cual informa las acciones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la medida cautelar concedida en el presente asunto, así como a la diversa concedida por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, dentro del incidente de suspensión 818/2022. Lo anterior se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otro lado, téngase por recibido el escrito del tercero interesado Jonatan Kaleb Arriaga Correa, por medio del cual manifiesta que a la fecha la autoridad responsable dio cumplimiento a la suspensión concedida dentro del presente incidente, por lo que promueve incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Por tanto, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 206 de la Ley de Amparo, se admite el incidente por defecto o exceso en el cumplimiento de la suspensión. Lo anterior, en virtud de que la parte tercera interesada, manifiesta que la autoridad responsable Fiscal Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, residente en esta ciudad, determinó activar la publicación y difusión masiva de la alerta Amber. Por tanto, con copia del escrito respectivo córrase traslado a las partes y con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, requiérase el informe respectivo a la autoridad responsable Fiscal Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, residente en esta ciudad, el cual deberá rendir dentro del término de tres días computado legalmente. En el entendido que de no rendir el informe en el tiempo y forma referidos, se presumirá cierta la conducta que se le atribuye, de acuerdo con el referido artículo 208 de la ley de la materia. Finalmente, una vez que obre en autos el informe requerido, o bien, transcurra el plazo para ello y a su vez se encuentren integradas las notificaciones a la totalidad de las partes, se ordena fijar fecha para la audiencia respectiva en términos del artículo 208 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista, personalmente a las partes, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano