Christian David Ruiz Lopez

Expediente 1223/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1223/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Christian David Ruiz Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Por tanto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, como de autos se advierte que obran glosados documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero del Acuerdo General en cita requiérasele para que dentro del plazo de noventa días acuda ante este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, los documentos correrán la misma suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    A continuación, la secretaria hace relación de la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación que antecede para los efectos que en derecho correspondan. Abierto el período de pruebas: La secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas precisadas con antelación. Al consistir en documentales, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, en la inteligencia de que deben tomarse en consideración la totalidad de las constancias remitidas por las partes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria da cuenta al juez con una promoción registrada con el número 19315 a través de la cual, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formula el pedimento número 602/2022. El Juez acuerda: Téngase a la Agente del Ministerio Público Federal de referencia, formulando alegatos a través del pedimento 602/2022. Asimismo, como lo solicita, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele las copias que solicita. Al no haber diligencia pendiente que desahogar, se procede al dictado de la resolución, y; RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el nueve de noviembre de dos mil veintidós, Juan Carlos Durán Arreguín, en cuanto apoderado jurídico del quejoso Christian David Ruiz López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto que atribuyó a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Actos que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diez de noviembre de dos mil veintidós (foja 10), este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, pidió el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud a que la omisión reclamada se atribuye a autoridades que residen en el ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado y autoridad responsable señalados por la parte quejosa son: La omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de fijar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente 3C-1773/2022, de su índice. Tercero. Análisis de causas de improcedencia. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de garantías. Establecido lo anterior, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que es del siguiente contenido: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" De lo anterior se advierte, que el juicio de amparo será improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o administrativo, cuando por el cambio de situación jurídica se deban considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en la tesis 2a. CXI/96, ubicada en el Tomo IV, página 219, de Diciembre de 1996, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199808, lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Esto es, para que opere el cambio de situación jurídica, deben concurrir los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica, y ese cambio afecte al acto reclamado; c) Que si se analiza la constitucionalidad del acto reclamado, ésta afecte la nueva situación jurídica; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclama y la nueva resolución dictada en el juicio de origen, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, documentales admitidas como prueba en auto de dos de diciembre del presente año, se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictó un acuerdo por el que se declaró incompetente para conocer de la demanda presentada por el quejoso, registrada bajo el número de expediente 3C-1773/2022. En consecuencia se actualiza la causal de improcedencia a estudio. Esto, porque respecto al requisito identificado en el inciso a), debe decirse que el acto reclamado emana de un procedimiento judicial, en concreto el relativo al expediente ordinario laboral 3C-1773/2022, que promovió Juan Carlos Durán Arreguín, en cuanto apoderado jurídico del quejoso Christian David Ruiz López, frente a BBVA MÉXICO, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA MÉXICO; Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; y, BANREGIO Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. Por lo que corresponde a la hipótesis citada en el inciso b) también se encuentra satisfecha, en tanto que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, mediante auto de veintinueve de noviembre del presente año, la responsable se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda laboral presentada por el quejoso, por lo que no estaba en aptitud de señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ya que no se dio trámite al expediente 3C-1773/2022. Asimismo, también actualiza el extremo citado en el inciso c) en razón de que no se puede analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, dado que si se hace, trastocaría y afectaría el auto emitido el veintinueve de noviembre del presente año, lo cual traería como consecuencia una afectación a la nueva situación jurídica del juicio de origen. Finalmente, debe decirse que existe autonomía o independencia entre los actos que inicialmente se reclaman y la nueva determinación en donde se declaró la incompetencia de la autoridad responsable para conocer del asunto de origen, por lo que se surte el requisito citado en el inciso d). En consecuencia, al existir un cambio de situación jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Durán Arreguín, en cuanto apoderado jurídico del quejoso Christian David Ruiz López contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la adscripción del Juez José Ramón Rocha González, como titular de este juzgado, en sustitución del ahora Magistrado Armando Díaz López, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Por lo tanto, se ordena hacer del conocimiento de las partes dicha circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010, visible en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, dado que el tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó por una parte y por otro lado se negó la protección constitucional; sin embargo, se omitió devolver diversas constancias remitidas por Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, al momento de rendir su informe de ley, las cuales se ordenó guardar en la caja de seguridad de este juzgado. En consecuencia, se ordena extraer de la caja de valores de este juzgado las constancias remitidas por la autoridad referida y éstas sean devueltas, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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