Christian Eduardo Dávila Álvarez
Expediente 2010/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2010/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Christian Eduardo Dávila Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martínez Zamora, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C A: Que revisado el libro de juicios de amparo de este Órgano Jurisdiccional, se advierte que se encuentra registrado el diverso número 2008/2015 promovido por VICTOR HUGO RIVERA CUEVAS y VICENTE HERNANDEZ LEOS, en el que se señalaron como autoridades responsables a las mismas que se encuentran señaladas en el juicio de amparo 2010/2015 promovido por CHRISTIAN EDUARDO DAVILA ALVAREZ y se señaló como acto reclamado LA RESOLUCIÓN DE CONTROL DE DETENCIÓN EN FLAGRANCIA Y LA RESOLUCIÓN DE VINCULACIÓN A PROCESO, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial que antecede y pedimento presentado en fecha de cinco de noviembre de la presente anualidad por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal Federal, en la que reservó acordar las en tanto la autoridad rindiera su informe justificado y obraran constancias de emplazamiento a los terceros interesados, y toda vez que esto ya aconteció; en consecuencia como lo solicita el representante social antes mencionado se acuerda lo siguiente: Del libro de Gobierno de la sección de Amparos de este Juzgado, se advierte que se encuentra registrado el diverso juicio de amparo con número 2008/2015, promovido por VICTOR HUGO RIVERA CUEVAS y VICENTE HERNANDEZ LEOS, en el que se señalaron como autoridades responsables a las mismas que se encuentran señaladas en el juicio de amparo 2010/2015 promovido por CHRISTIAN EDUARDO DAVILA ALVAREZ en que se actúa, y se señaló como acto reclamado: LA RESOLUCIÓN DE CONTROL DE DETENCIÓN EN FLAGRANCIA Y LA RESOLUCIÓN DE VINCULACION A PROCESO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 73, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, así como a los principios de concentración y economía procesal que rigen el juicio de amparo y en aras de una tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede iniciar el trámite relativo a la acumulación del expediente en que se actúa al diverso 2008/2015, promovido por VICTOR HUGO RIVERA CUEVAS y VICENTE HERNANDEZ LEOS, dada la conexidad que existe entre dichos juicios de amparo, el mismo acto reclamado y emitido por las mismas autoridades señaladas como responsables; además, con el objeto de que se resuelvan en una sola audiencia, toda vez que, si bien son promovidos por diversos quejosos, existe coincidencia entre ellos, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables. Para explicar esta determinación, en principio cabe puntualizar que no escapa a la atención de quien esto resuelve, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla precisamente la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo, empero, ello en modo alguno implica su proscripción de dicho procedimiento y por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en la medida en que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza en los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Por tanto, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por la jurisprudencia de la Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia, cuyo contenido y texto son el siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." En este orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en virtud de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el asunto de nuestra atención, estamos ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos con íntima conexidad, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios de amparo eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará aquel acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento, las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales, además de reducir con ello el margen del pronunciamiento de resoluciones contradictorias en mayor o menor medida, sin soslayar, que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que conforman el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se estime que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, se estima que también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. Por todo lo expuesto, es que se estima que no obstante que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recurso materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar, que las consideraciones establecidas en los párrafos antepuestos, se contienen sustancialmente en las siguientes consideraciones de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: ". El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas . En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. . Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. . Consecuentemente, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que, para que aplique la supletoriedad, es necesario que la ley contemple la institución jurídica a suplir.." Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie se actualiza la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo que nos ocupan, se desprende que en ambas se reclama lo que en ellas se precisa y que se omite trascribir en obvio de repeticiones inútiles. De lo expuesto, se desprende que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional intentados, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se determina remitir copia certificada de la presente determinación al expediente de amparo 2008/2015 promovido por VICTOR HUGO RIVERA CUEVAS y VICENTE HERNANDEZ LEOS, a fin de que se provea lo que en derecho proceda, debiendo hacerse del conocimiento de los impetrantes que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para llevar a cabo la audiencia de acumulación; asimismo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete. Es aplicable a este proceder, por las razones que la informan, la Tesis del epígrafe y contenidos siguientes: "ACUMULACION DE AUTOS. El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y congruente de los artículos 57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía procesal traducido en que una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de garantías en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios de amparo acumulados conservan su individualidad, es decir, sus características propias. De lo anterior se infiere que la circunstancia de que no se haya declarado la acumulación de ninguna manera implica que se hubiere dejado sin defensa a las partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentencia que deba dictarse en definitiva, ni menos aún que no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no se está en presencia del supuesto normativo que contempla el artículo 91, fracción IV, segunda parte, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales ". Así como la tesis de Jurisprudencia que a la letra dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." Asimismo, es aplicable por analogía la tesis del rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico." Finalmente, con fundamento en lo decretado por el ordinal 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el presente juicio, hasta en tanto se resuelva la acumulación que nos ocupa; por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *FHuizar
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PTERCERO INTERESADA EL AUTO DE 24 D EJNOVIEMBRE DE 2015, DE CONFRORMIDAD CON LO DISPUESTOPOR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) D ELA LEY DE AMPARO. !"...se DECRETA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el presente juicio, hasta en tanto se resuelva la acumulación que nos ocupa; por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *FHuizar
- Principal
El diecisiete de noviembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martin Zamora González, da cuenta al Juez con un escrito con registro 22665. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de noviembre de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta signado por CHRISTIAN EDUARDO DAVILA ALVAREZ, en su carácter de quejoso; en atención a su contenido, como lo solicita, se le tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Mina Palomas de Oro, Colonia Minera, en esta ciudad capital, asimismo, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado José Ignacio Jiménez Cuellar, quien cuenta con cédula profesional número 277732, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *FHuizar
- Principal
En trece de noviembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con un escrito registrado con el número 22498.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de noviembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por la licenciada Laura Elena Ruelas Carrillo; y con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, téngasele por apersonada en el presente juicio de garantías con el carácter de tercera interesada; asimismo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el conocido ubicado en colonia Lomas del Patrocinio de esta ciudad. Por otra parte, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor, ténganse por formulados los alegatos de la citada tercero interesada, con los cuales se ordena dar nueva cuenta en la etapa correspondiente, dentro de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
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