César Suárez Viramontes

Expediente 1059/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 78 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1059/2015
Año
2015
Actuaciones
78
Última actuación
21/08/2018

Partes del expediente

  • César Suárez Viramontes
  • Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 78.

  1. Principal

    El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió para las partes del treinta y uno de julio al veinte de agosto del año actual, sin que hubieren interpuesto recurso de inconformidad contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo; Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe un documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, sin embargo no se exhibió billete de depósito o alguna garantía que amerite proveer sobre su destino. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico. En ese orden de ideas, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa sí es susceptible de destrucción, en razón de que se negó la suspensión definitiva; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Por otra parte, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial del Poder Judicial de la Federación. Sin que en el caso, alguna de las partes hubiere allegado al presente juicio de amparo o al incidente de suspensión, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ELI BEATRIZ TORRES BURCIAGA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió para las partes del treinta y uno de julio al veinte de agosto del año actual, sin que hubieren interpuesto recurso de inconformidad contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo; Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe un documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, sin embargo no se exhibió billete de depósito o alguna garantía que amerite proveer sobre su destino. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico. En ese orden de ideas, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa sí es susceptible de destrucción, en razón de que se negó la suspensión definitiva; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Por otra parte, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial del Poder Judicial de la Federación. Sin que en el caso, alguna de las partes hubiere allegado al presente juicio de amparo o al incidente de suspensión, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió para las partes del treinta y uno de julio al veinte de agosto del año actual, sin que hubieren interpuesto recurso de inconformidad contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo; Que después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe un documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, sin embargo no se exhibió billete de depósito o alguna garantía que amerite proveer sobre su destino. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico. En ese orden de ideas, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa sí es susceptible de destrucción, en razón de que se negó la suspensión definitiva; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Por otra parte, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Por otra parte, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial del Poder Judicial de la Federación. Sin que en el caso, alguna de las partes hubiere allegado al presente juicio de amparo o al incidente de suspensión, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky

  4. Principal

    El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el secretario CERTIFICA: Que el término de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a las partes por auto de cinco de julio del año en curso (foja 768), para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, transcurrió del diez al doce del mes y año actuales, sin que lo hubieren hecho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual se otorgó en auto de cinco de julio del año en curso (foja 768), para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que lo hubieren hecho; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. El nueve de octubre de dos mil quince, en apoyo a este órgano jurisdiccional, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, dictó sentencia en el presente juicio constitucional (fojas 36 a 61), en la que, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso César Suárez Viramontes, para los efectos siguientes: "(.) para efecto de que el Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial en Zacatecas, Zacatecas, deje insubsistente la resolución de cuatro de junio de dos mil quince, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintiuno de abril de dos mil quince, dictado dentro del juicio oral de suspensión temporal de convivencia y pago de alimentos 285/2014 y en su lugar emita otra, en la que al pronunciarse respecto al tema de la convivencia de los menores con el demandado hoy quejoso y la determinación de que vuelvan a ser sometidos a procedimientos judiciales a través del desahogo de diversas pruebas, pondere en todo momento el interés superior de los menores bajo las directrices que al efecto ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual constituye un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor; y ponderare los siguientes aspectos: 1) proveer por el medio más idóneo, a las necesidades materiales básicas o vitales de los menores, y a las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; 2) atender a los deseos, sentimientos y opiniones de los menores, interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y 3) mantener, si es posible, a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Por lo que el juez tendrá que examinar, minuciosamente, las circunstancias específicas de cada uno de los menores para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa. Asimismo, para efecto de realizar un pronunciamiento acerca de la procedencia de la convivencia de los menores con el demandado -hoy quejoso-, el Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial en Zacatecas, Zacatecas, deberá tomar en consideración los siguientes parámetros: Que no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los menores. Debe adoptar aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. El régimen de convivencia a favor del otro es lo que garantiza el derecho de los menores a vivir en familia y convivir con ambos padres, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad ya que busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados, es decir, se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. Cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. El ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. El juez deberá tener en consideración diversos elementos tales como: la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y en general cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados; es decir, deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor en cuestión. Ante la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, el juez de lo familiar, mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia. Es importante tener en cuenta que el niño también necesita el contacto físico con su progenitor para sentirse querido y aceptado, y con esto contribuir a su sano desarrollo. Por otro lado, a fin de emitir un pronunciamiento acerca de la necesidad de someter a los menores Brenda Marina y Hugo, ambos de apellidos Suárez Torres, al desahogo de diversas pruebas, o cualquier tipo de participación en procedimientos jurisdiccionales, el Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial en Zacatecas, Zacatecas, deberá tomar en consideración los siguientes parámetros: Debe considerar que si bien es el derecho de los menores a ser oídos a los efectos de la determinación de la medida de protección más idónea, su revisión, modificación o cese, así como cualquier otra determinación sobre la misma; no debe soslayar que su protagonismo activo durante el procedimiento está directamente relacionado con la precisión, por parte del Juez, de qué es lo mejor para ellos. El Juez no puede dejar a la intención o ánimo de las partes, ni mucho menos a la capacidad de los abogados postulantes, la correcta iniciación o sustanciación de un procedimiento jurisdiccional requerido para garantizar los derechos de las personas menores de dieciocho años; por lo que es obligación del juzgador tomar todas las medidas oportunas en el marco del procedimiento para facilitar la adecuada intervención del menor de edad. La participación de los menores no constituye una regla irrestricta en todo procedimiento jurisdiccional, pues ello implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su propio interés superior; por ello el juzgador debe ser conscientes de las posibles consecuencias negativas de una práctica desconsiderada de este derecho, especialmente en casos en que los niños sean muy pequeños. Debe evitarse que los menores sean entrevistados con más frecuencia de la necesaria, en particular, cuando se investiguen acontecimientos dañinos o que puedan causarle efectos traumáticos. Debe tomarse en consideración si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si, de cualquier manera, pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. El aplicador del derecho deberá tomar en consideración que los menores podrán ser oídos por el tribunal siempre y cuando no resulte perjudicados por ello; para lo cual es menester previamente a la toma de decisión, contar con su voluntad para participar dentro del procedimiento judicial respectivo, ya que no debe perderse de vista que debe protegerse su integridad intelectual y emocional. Debe considerar que la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias. La debida preparación del menor o de los menores de edad será responsabilidad del juzgador, quien deberá explicar cómo, cuándo y dónde se les escuchará y quiénes serán los participantes. En conclusión, previamente a la admisión de la prueba el juzgado debe estudiar la conveniencia de la admisión de la prueba, así como vigilar su debida preparación y desahogo atendiendo, para ello a los siguientes lineamientos: (1) Para la admisión de la prueba debe considerarse que: la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) Para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) Para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) Los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) Debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Resta añadir que una vez hecho el estudio de la conveniencia de la admisión de nuevas pruebas para efecto de ser desahogadas por los menores, y en caso de considerar que son indispensables, el Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial en Zacatecas, Zacatecas, deberá incluso considerar si el acervo probatorio que ya obra en autos, es decir, las pruebas ya desahogadas, sirven para emitir una nueva opinión de otro especialista en temas de niñez y evitar a los menores ser sometidos nuevamente al desahogo de nuevas pruebas." (fojas 57 vuelta a 61). Posteriormente, por auto de treinta de octubre de dos mil quince, se tuvo al tercero interesado interponiendo recurso de revisión contra la citada resolución (foja 104), por lo que se remitieron los autos al Tribunal Colegiado de este propio Circuito, quien el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, confirmó la resolución recurrida (fojas 183-223). Con motivo de lo anterior, en proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 224 y 225), se procedió a requerir a la autoridad responsable Juez primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo en que se actúa y remitiera las constancias que acreditaran dicha circunstancia. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio número 1597, recibido en este Juzgado Federal el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable, remitió testimonio de la resolución dictada en esa misma fecha, en la cual resolvió lo siguiente: "RESOLUTIVO PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia de amparo 1059/2015 emitida por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en socorro de las funciones jurisdiccionales del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se resuelve: Se deja insubsistente, con base en las consideraciones emitidas en la ejecutoria que se cumple, la resolución emitida el cuatro de junio de dos mil quince (vid foja 9 del cuaderno de revocación). Con el objeto de integrar adecuadamente el expediente, solicítese al Honorable Juzgado Primero de distrito con residencia en esta ciudad que remita copia simple de la resolución emitida en el recurso de revisión. RESOLUTIVO SEGUNDO. Se declara improcedente el recurso de revocación promovido por el señor licenciado Saúl Martínez Villalpando en contra de lo determinado en auto de veintiuno de abril de dos mil quince (vid foja 368 del principal). RESOLUTIVO TERCERO. Con base en los lineamientos establecidos en la ejecutoria federal, se resuelve: Se deja sin efecto el auto de veinticuatro de marzo de dos mil quince (vid foja 380 del principal) Se ordena la ampliación de los dictámenes periciales en términos de lo señalado en el considerando tercero, punto 1, inciso a) de este fallo. No se considera necesario, por el momento, escuchar a los menores en términos de lo señalado en el considerando tercero, punto 2 inciso b) de este fallo. Una vez cumplido a cabalidad lo establecido en el considerando tercero, punto 1, inciso a) de este fallo, procédase a lo ordenado en el considerando tercero, punto 1, inciso b) de este fallo. RESOLUTIVO CUARTO. Con lo anterior se estima cumplido el mandato jurisdiccional de la Unión Federal, por lo que: Remítase de inmediato copia certificada de este auto como testimonio de cumplimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. Remítase de inmediato copia certificada de este auto como testimonio de cumplimiento al magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Notifíquese personalmente este acuerdo a las partes, al Ministerio Público Adscrito, a la tutora y a la psicoterapeuta (efectuándole los requerimientos y apercibimientos ordenados en este fallo) para que surtan los efectos legales conducentes.". (fojas 231 a 236). Con lo anterior, por proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que expusiera lo que a su derecho correspondiera, por lo que por escrito registrado con el número 9419 (fojas 246 a 249) el autorizado del quejoso desahogó la vista y expuso que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida. Luego, mediante proveído de uno de junio de dos mil dieciséis, este Juzgado Federal se pronunció respecto al cumplimiento otorgado por el Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial en Zacatecas, con sede en esta ciudad, y determinó que la sentencia protectora dictada en el presente juicio no se encontraba cumplida por lo que se le requirió para que dentro del término de tres días diera cabal cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente sumario, es decir, que remitiera a este órgano jurisdiccional una nueva resolución en la que se pronunciara respecto a los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en el presente juicio, siendo en esencia los siguientes: Informe si la psicoterapeuta ya rindió la ampliación de los dictámenes periciales, en términos de lo precisado en el considerando tercero, punto 1, inciso a) del fallo protector emitido en autos. Hacer del conocimiento de este Juzgado Federal, si la psicoterapeuta, cumplió con lo ordenado en el considerando tercero, punto 1, inciso b) referente a la propuesta de un plan calendarizado de convivencia, en el entendido de que antes de emitir opinión, deberá entrevistarse con los padres y los niños de manera conjunta o separada, según sea necesario. Después de múltiples requerimientos, realizados al Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial en Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito, debido a se encontraban pendientes las evaluaciones psicológicas de los menores de edad de nombres con iniciales B.S.T y H.S.T, necesarias para la ampliación del dictamen presupuesto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por oficio número 2079, recibido en este juzgado Federal el cuatro de julio del año en curso (foja 745), la autoridad responsable remitió copia certificada de la ampliación del dictamen emitido por la psicóloga Rosa Angélica Aguilar Esparza (fojas 748 a 761) y el acuerdo de tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 763 a 767), del que se advierte que la autoridad responsable ponderó en todo momento el interés superior de los menores bajo las directrices que al efecto ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en consideración el referido dictamen, del cual se desprende que además de realizar las valoraciones psicológicas de los menores por medio de las entrevistas correspondientes, a efecto de recabar la opinión de los menores, planteó un plan de convivencia con su progenitor (foja 762), para restablecer el vínculo paterno-filial y con ello lograr un sano desarrollo y estabilidad emocional de los mismos. Asimismo, para efecto de realizar un pronunciamiento acerca de la procedencia de la convivencia de los menores con el demandado aquí quejoso y poder llegar a una solución estable, justa y equitativa para los menores de edad, la autoridad responsable realizó un análisis de los elementos probatorios aportados en el juicio de origen incluyendo la opinión que se recabó de los menores de edad en las entrevistas de los infantes, tomando como base las circunstancias que le permitieron resolver lo más favorable para los menores de edad y atendiendo al principio del interés superior del menor, para garantizar sus derechos fundamentales, resolvió decretar convivencia provisional supervisada entre los menores de edad y su progenitor (foja 764), con lo cual purgó los vicios que fueron materia de la concesión del amparo. En las relatadas condiciones, se considera que se acataron los extremos de la concesión del amparo en los términos precisados en párrafos que anteceden; por tanto, este Juzgado de Distrito, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Armando Agustín Solís Monroy, secretario que autoriza y da fe. Vicky

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