Christian Arturo Pahua Guzmán

Expediente 527/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
527/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Christian Arturo Pahua Guzmán
  • Andrea Rivera Caudillo
  • Christian Arturo Pahua Guzmán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: CHRISTIAN ARTURO PAHUA GUZMÁN, ANDREA RIVERA CAUDILLO, ALEXIS EMMANUEL CASTAÑEDA SAAVEDRA, DENILSON ALDAIR COBIAN MEZA, LUIS ALBERTO SÁNCHEZ ARCIGA, SAHRAIM NAYELI JAIMES ORTÍZ, OSMAR ALDAIR MAGAÑA NUÑEZ, JOSÉ MANUEL VIVAS RODRÍGUEZ, SHARI ENICE ESTRADA CAMARENA, GRISELDA VERENUSE CÁZARES LEÓN Y MIROSLAVA ALONSO MENDOZA, EL SIGUIENTE PROVEÍDO, Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que los quejosos interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Christian Arturo Pahua Guzmán, Andrea Rivera Caudillo, Alexis Emmanuel Castañeda Saavedra, Denilson Aldair Cobian Meza, Luis Alberto Sánchez Arciga, Sahraim Nayeli Jaimes Ortíz, Osmar Aldair Magaña Núñez, José Manuel Vivas Rodríguez, Shari Enice Estrada Camarena, Griselda Verenise Cázares León y Miroslava Alonso Mendoza sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la ley en la materia, se declara firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable pues de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ella se haya reclamado y, en el caso, se determinó sobreseer en el juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que la responsable antes precisada pueda recurrir la sentencia de que se trata. Por tanto, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este órgano jurisdiccional este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio y debido a ello es susceptible de destrucción; y, por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es destruible dado que en la especie negaron las suspensiones provisional y definitiva. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser trasferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación, tanto en el expediente principal como en los incidentes respectivos. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que los primeros no se exhibieron en este asunto, ni la segunda en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las doce horas con cincuenta minutos delveintitrés de julio de dos mil diecinueve (foja 26), hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo II-527/2019, promovido por Christian Arturo Pahua Guzmán, Andrea Rivera Caudillo, Alexis Emmanuel Castañeda Saavedra, Denilson Aldair Cobian Meza, Luis Alberto Sánchez Arciga, Sahraim Nayeli Jaimes Ortíz, Osmar Aldair Magaña Núñez, José Manuel Vivas Rodríguez, Shari Enice Estrada Camarena, Griselda Verenise Cázares León y Miroslava Alonso Mendoza, por propio derecho; contra actos de la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y otra autoridad; el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Javier Pérez Santamaría, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregados en autos las constancias siguientes: Demanda de amparo (fojas 2 a 7). Auto preventivo de trece de mayo de dos mil diecinueve (fojas 8 a 10). Auto admisorio de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas 13 a 15). Asimismo, se hace relación del informe justificado que obra en autos mediante el cuadro siguiente: No. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1 Comisión Estatal Para la Protección de Riesgos Sanitarios de Michoacán, con sede en esta ciudad. 18 NIEGA De igual modo, el secretario certifica: Que el plazo legal de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de diecisiete de junio del año en curso para que ampliara la demanda respecto del oficio allegado por la autoridad responsable en vía de respuesta a la petición formulada por los solicitantes del amparo, transcurrió del veinticinco de junio al quince de julio de la presente anualidad, lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo el informe justificado. Vista la certificación que antecede, y dado que el término concedido a la parte quejosa para que ampliara su demanda respecto de la respuesta dada por la responsable a su petición, transcurrió sin que lo hubiere hecho, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve y, en consecuencia, se ordena continuar la tramitación del presente juicio en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Se abre el período de PRUEBAS en el que el secretario hace constar: Que únicamente obran documentales que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, consistentes en copia certificada del oficio 0104 de dos de mayo de dos mil diecinueve, así como de la constancia de notificación de dicho oficio (fojas 19 a 21). A lo que el Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas y desahogadas las probanzas ofrecidas por la autoridad responsable en razón de su propia y especial naturaleza; por otro lado, se tiene por perdido el derecho de ofrecer pruebas a las demás partes, por lo cual se cierra este período. Posteriormente, se abre la etapa de ALEGATOS, en la que el secretario hace constar: Que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, por lo que se cierra esta fase. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción por acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, procede dictar la sentencia correspondiente. Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto II-527/2019, promovido por Christian Arturo Pahua Guzmán y otros; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y recibido ese día en este juzgado, Christian Arturo Pahua Guzmán, Andrea Rivera Caudillo, Alexis Emmanuel Castañeda Saavedra, Denilson Aldair Cobian Meza, Luis Alberto Sánchez Arciga, Sahraim Nayeli Jaimes Ortíz, Osmar Aldair Magaña Núñez, José Manuel Vivas Rodríguez, Shari Enice Estrada Camarena, Griselda Verenise Cázares León y Miroslava Alonso Mendoza, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto de la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, de quienes reclamaron el acto consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad responsable le reclamo la omisión y tardanza de emitir escrito contestación respecto del escrito sin número, dirigido al COMISIONADO ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, recibido por esta autoridad el día 04 de abril del año 2019, presentado en escrito con un total de 2 fojas que constan con las firmas de los suscritos. Acto que estimó violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 8, 14 y 16. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve se admitió a trámite únicamente por lo que ve al acto atribuido a la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión se atribuye a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, existe la obligación de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de dar respuesta al escrito dirigido al Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, recibido por dicha autoridad el cuatro de abril de este año. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto que se reclama a la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, lo anterior, no obstante que al rendir su informe justificado la autoridad responsable sostuviera lo siguiente: No. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1 Comisión Estatal Para la Protección de Riesgos Sanitarios de Michoacán, con sede en esta ciudad. 18 No es cierto Negativa que se encuentra desvirtuada con el contenido de las constancias remitidas con el informe justificado, las cueles merecen valor probatorio en términos de de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Documentales de las que se desprende que, al momento en que fue presentada la demanda de amparo [diez de mayo de dos mil diecinueve], no se había dado respuesta al escrito presentado por los quejosos ante la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, pues ello ocurrió hasta el quince de mayo del año en curso, fecha en que les fue notificado el oficio 0104, de dos de mayo de la presente anualidad, donde se dio respuesta a la solicitud que formularon en el sentido de que se les diera permiso para el consumo individual de marihuana con fines lúdicos y recreativos, tal como se desprende a foja 19 de autos; dicho de otro modo, la respuesta recaída a su solicitud les fue notificada en un momento posterior a la fecha de la presentación de la demanda. Por tal motivo, dado que al momento de ser presentada la demanda de amparo no se había dado respuesta a la petición formulada por los quejosos, resulta indudable que es cierta la omisión reclamada. Afirma lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava época, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la Litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causal de improcedencia descrita en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; en el caso, cuando han cesado los efectos de los actos reclamados. Según la jurisprudencia, para la actualización de esta causa de improcedencia se requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que sea semejante a que si el quejoso hubiera obtenido una sentencia de amparo favorable. En ese sentido, se entiende que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable anula el acto que se reclama o realiza el que debía, de manera que constituya una situación jurídica que destruya la que dio motivo al amparo y se restituya al quejoso en el goce del derecho humano violado. De ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto reclamado deje de afectar algún derecho sustantivo de aquél, lo cual debe entenderse que los sucesos impugnados deban desaparecer totalmente de la realidad, de modo que la situación del quejoso vuelva al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, como es el caso. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia en estudio toda vez que la autoridad responsable a la que se le atribuye la omisión reclamada, cumplió con el deber que la ley le exige. En efecto, con las constancias remitidas por el Comisionado Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con residencia en esta ciudad, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que mediante oficio 0104 de dos de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable proveyó la petición formulada por Christian Arturo Pahua Guzmán, Andrea Rivera Caudillo, Alexis Emmanuel Castañeda Saavedra, Denilson Aldair Cobian Meza, Luis Alberto Sánchez Arciga, Sahraim Nayeli Jaimes Ortíz, Osmar Aldair Magaña Núñez, José Manuel Vivas Rodríguez, Shari Enice Estrada Camarena, Griselda Verenise Cázares León y Miroslava Alonso Mendoza, quienes solicitaban la autorización para el consumo individual de marihuana con fines lúdicos y recreativos. Petición que fue acordada en sentido negativo, misma que les fue notificada el quince de mayo del año en curso, como se desprende de la cédula de notificación visible a foja 19 de autos. Entonces, si se toma en cuenta que el diez de mayo de dos mil diecinueve (fecha de presentación de la demanda de amparo), la parte quejosa reclamó que la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios no había acordado su escrito presentado el cuatro de abril de este mismo año, mientras la responsable dictó el acuerdo respectivo el dos de mayo de dos mil diecinueve, notificándole el mismo el quince del mismo mes y año; se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Es verdad, puesto que la violación al derecho de petición dejó de existir, toda vez que de las constancias que obran en el presente juicio de garantías se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la responsable notificó el oficio por el que dio respuesta al líbelo presentado por los solicitantes del amparo. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, pues al ser una abstención, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, la finalidad de la resolución del presente juicio constitucional sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 8 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió, pues la propia autoridad responsable acordó el escrito de cuatro de abril de dos mil diecinueve y comunicó la contestación el día quince del mes siguiente. Resulta importante dejar asentado que con la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que este juzgado no está en condiciones de analizar el contenido de dicha contestación, ya que el término legal de quince días para ampliar su demanda respecto de dicho acto, que fue concedido a los quejosos en auto de diecisiete de junio del año en curso, transcurrió sin que lo hubieren hecho, como se desprende de la certificación que quedó asentada en el cuerpo de la audiencia de esta misma fecha. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". También sirve de apoyo el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. En consecuencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta al escrito dirigido al Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, recibido por dicha autoridad el cuatro de abril de este año deviene improcedente, pues si bien ha quedado demostrada la existencia de dicha omisión, la realidad es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que dicha omisión cesó al haber dado respuesta a dicho escrito el quince de mayo del año en curso. Por tanto, es inconcuso que al respecto cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo de los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Christian Arturo Pahua Guzmán, Andrea Rivera Caudillo, Alexis Emmanuel Castañeda Saavedra, Denilson Aldair Cobian Meza, Luis Alberto Sánchez Arciga, Sahraim Nayeli Jaimes Ortíz, Osmar Aldair Magaña Núñez, José Manuel Vivas Rodríguez, Shari Enice Estrada Camarena, Griselda Verenise Cázares León y Miroslava Alonso Mendoza, por propio derecho, contra los actos que reclamó de la autoridad responsable y por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que diversas dependencias del Estado de Michoacán, se encuentran gozando del primer período vacacional, se ordena reservar el envío de las comunicaciones que se encuentren en el supuesto, hasta en tanto reanuden labores.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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