César Villicaña Moreno
Expediente 648/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- César Villicaña Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen a este expediente, la cual le fue remitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En esa virtud, como se trata de un asunto concluido y no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso j, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Oficio de cuentaAgréguese a los autos para que surta sus efectos el comunicado que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso y sus anexos e informa que remitió la demanda de amparo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimoprimer Circuito, por ser quien conoció previamente de los antecedentes de la misma; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, estése a la espera de lo que tenga a bien determinar por la Superioridad, respecto a la competencia declinada por este juzgado y, en su caso, sobre la admisión o desechamiento de la misma. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Cumple prevención. Visto el escrito presentado por ********************, por sí y en cuanto apoderado legal de ********************, carácter que se le tiene por acreditado, como le fue requerido en auto de catorce de octubre de dos mil veinte, en donde se le previno para que exhibiera el documento idóneo para acreditar dicha personalidad, ya que exhibe copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio ordinario civil ******************** sobre nulidad de escrituras, de las que se desprende que efectivamente tiene ese carácter. Por tanto, se tiene por cumplida la prevención de catorce de octubre pasado. Declaratoria de incompetencia. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que se hizo consistir el acto reclamado en: El acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte dictado dentro del juicio ordinario civil ********************, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el diverso acuerdo de dieciocho de agosto del presente año, en el que se había negado decretar la caducidad de la instancia, para ahora decretarla, pero sin que se condene a la parte actora al pago de gastos y costas que hubiesen generado los demandados aquí quejosos. Fijación del acto reclamado que se robustece con los antecedentes del acto reclamado que narró, bajo protesta de decir verdad, en el escrito inicial de demanda, de los que se hará una narración a continuación: 1) El promovente del amparo es codemandado en el juicio ordinario civil ******************** que sobre nulidad de escrituras promovió ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de esta ciudad. 2) Fue emplazado y el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se le tuvo contestando la demanda correspondiente. 3) Ante la inactividad procesal en dicho asunto solicitó la caducidad de la instancia, la cual fue denegada por auto de dieciocho de agosto del presente año. 4) En contra de aquella determinación interpuso recurso de revocación. 5) El quince de septiembre de dos mil veinte, se resolvió el medio de impugnación mencionado, el cual resultó procedente y, por tanto, se decretó la caducidad de la instancia. Fallo último que constituye el acto reclamado y que se observa se trata de una resolución que sin decidir en lo principal puso fin al juicio, contra la cual no procede ningún recurso ordinario. Entonces, este Juzgado de Distrito considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". A la luz del precepto legal transcrito, como se dijo, el acto reclamado por el promovente del amparo no encuadra en ninguno de los presupuestos del artículo que antecede, por las razones siguientes: El acto reclamado no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general [fracción I]. Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues el acto reclamado fue dictado por una autoridad jurisdiccional [fracción II]. No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que se trata de una determinación dictada en un procedimiento judicial [fracción III]. Ni se está frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido [fracción IV], ya que antes de emitirse no existía determinación que hubiese dado por concluido el procedimiento que ya había iniciado. No se trata de un acto en juicio, pues como se dijo el acto reclamado puso fin a la controversia [fracción V]. De igual forma, no se trata de un acto dentro o fuera de juicio que haya afectado a personas extrañas [fracción VI], ya que el promovente del amparo reconoció ser parte formal -demandada- del juicio natural. Mucho menos es una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto emana de un procedimiento del orden civil [fracción VII]. Por último, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto [fracción VIII]. En mérito de los argumentos expuestos, se pone de manifiesto que el acto reclamado, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse una resolución que sin decidir en lo principal puso fin al juicio, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver este asunto correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por identidad jurídica sustancial, es aplicable la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, que establece: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión respecto del acto consistente en el auto de quince de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de esta ciudad, en el juicio ordinario civil ******************** de su índice, en el cual declaró la caducidad de dicho procedimiento. Por tales motivos, como se ha venido estableciendo, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto. Cuaderno de antecedentes, remisión al Tribunal Oficina de Correspondencia Común. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la ley de la materia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, en turno, con residencia en esta capital, a efecto de que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho. Por lo anterior, se solicita a la Superioridad de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Cumple prevención. Visto el escrito presentado por ********************, por sí y en cuanto apoderado legal de ********************, carácter que se le tiene por acreditado, como le fue requerido en auto de catorce de octubre de dos mil veinte, en donde se le previno para que exhibiera el documento idóneo para acreditar dicha personalidad, ya que exhibe copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio ordinario civil ******************** sobre nulidad de escrituras, de las que se desprende que efectivamente tiene ese carácter. Por tanto, se tiene por cumplida la prevención de catorce de octubre pasado. Declaratoria de incompetencia. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que se hizo consistir el acto reclamado en: El acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte dictado dentro del juicio ordinario civil ********************, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el diverso acuerdo de dieciocho de agosto del presente año, en el que se había negado decretar la caducidad de la instancia, para ahora decretarla, pero sin que se condene a la parte actora al pago de gastos y costas que hubiesen generado los demandados aquí quejosos. Fijación del acto reclamado que se robustece con los antecedentes del acto reclamado que narró, bajo protesta de decir verdad, en el escrito inicial de demanda, de los que se hará una narración a continuación: 1) El promovente del amparo es codemandado en el juicio ordinario civil ******************** que sobre nulidad de escrituras promovió ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de esta ciudad. 2) Fue emplazado y el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se le tuvo contestando la demanda correspondiente. 3) Ante la inactividad procesal en dicho asunto solicitó la caducidad de la instancia, la cual fue denegada por auto de dieciocho de agosto del presente año. 4) En contra de aquella determinación interpuso recurso de revocación. 5) El quince de septiembre de dos mil veinte, se resolvió el medio de impugnación mencionado, el cual resultó procedente y, por tanto, se decretó la caducidad de la instancia. Fallo último que constituye el acto reclamado y que se observa se trata de una resolución que sin decidir en lo principal puso fin al juicio, contra la cual no procede ningún recurso ordinario. Entonces, este Juzgado de Distrito considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". A la luz del precepto legal transcrito, como se dijo, el acto reclamado por el promovente del amparo no encuadra en ninguno de los presupuestos del artículo que antecede, por las razones siguientes: El acto reclamado no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general [fracción I]. Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues el acto reclamado fue dictado por una autoridad jurisdiccional [fracción II]. No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que se trata de una determinación dictada en un procedimiento judicial [fracción III]. Ni se está frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido [fracción IV], ya que antes de emitirse no existía determinación que hubiese dado por concluido el procedimiento que ya había iniciado. No se trata de un acto en juicio, pues como se dijo el acto reclamado puso fin a la controversia [fracción V]. De igual forma, no se trata de un acto dentro o fuera de juicio que haya afectado a personas extrañas [fracción VI], ya que el promovente del amparo reconoció ser parte formal -demandada- del juicio natural. Mucho menos es una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto emana de un procedimiento del orden civil [fracción VII]. Por último, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto [fracción VIII]. En mérito de los argumentos expuestos, se pone de manifiesto que el acto reclamado, no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse una resolución que sin decidir en lo principal puso fin al juicio, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver este asunto correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por identidad jurídica sustancial, es aplicable la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, que establece: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión respecto del acto consistente en el auto de quince de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de esta ciudad, en el juicio ordinario civil ******************** de su índice, en el cual declaró la caducidad de dicho procedimiento. Por tales motivos, como se ha venido estableciendo, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto. Cuaderno de antecedentes, remisión al Tribunal Oficina de Correspondencia Común. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la ley de la materia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, en turno, con residencia en esta capital, a efecto de que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho. Por lo anterior, se solicita a la Superioridad de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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