Christian Andrey Hernández Gómez
Expediente 201/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/12/2022
Partes del expediente
- Christian Andrey Hernández Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, doce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 14112/2022 del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, de cuya lectura se advierte que la Superioridad solicita se informe la recepción del oficio 11922/2022, mediante el cual declinó competencia y adjuntó el juicio de amparo directo 454/2022-III-B. En virtud de lo solicitado, se hace de su conocimiento que el citado oficio fue recibido por este juzgado el tres de noviembre de dos mil veintidós y en auto de quince de noviembre del año en curso, se avocó al conocimiento del presente asunto y se ordenó acusar recibo mediante misiva 8576/2022-III; el cual se envió el ocho de diciembre del año actual vía interconexión como se desprende del acuse electrónico que consta en autos. Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, dos de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Christian Andrey Hernández Gómez, interpusiera recurso de queja contra el auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió del veintidós al veintiocho de noviembre del año en curso, con exclusión de los días veintiséis y veintisiete del mismo mes y año, por ser inhábiles 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO 2 (sábado y domingo), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO Juicio de amparo 201/2022-III 3 Toda vez que en autos obra el toca 128/20-2021/S.M. y duplicado del expediente relativo a la controversia oral de aumento de pensión alimenticia 294/16-2017/2OF-II en dos tomos, así como dos discos compactos, aportados por la autoridad responsable que remitió como justificación de su informe, devuélvase a la autoridad responsable Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, por ser innecesaria su conservación. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio 1927/2022 de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, mediante el cual, remite (i) original del toca 128/20-2021/S.M.; (ii) duplicado del expediente relativo a la controversia oral de aumento de pensión alimenticia 294/16-2017/2OF-II en dos tomos; (iii) dos discos compactos; (iv) oficio 079/2020-2021/2OF-II de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar del Segundo Distrito Judicial; (v) acuse de recibo de promoción con número de folio 22305PROM, la cual contiene demanda de amparo en original. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, por lo que respecta a los (iii) dos discos compactos; (iv) oficio 079/2020-2021/2OF-II de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar del Segundo Distrito Judicial; (v) acuse de recibo de promoción con número de folio 22305PROM, agréguense a los autos para que obren como corresponde. Finalmente, en relación al toca 128/20-2021/S.M. y duplicado del expediente relativo a la controversia oral de aumento de pensión alimenticia 294/16-2017/2OF-II en dos tomos, dada su voluminosidad, fórmense los anexos I, II y III, para su mejor manejo y conservación Cúmplase.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, quince de noviembre de dos mil veintidós. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Se tiene por recibido el oficio 11922/2022, firmado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, mediante el cual, transcribe la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el conflicto competencial 22/2022, de cuya lectura se advierte que dicho órgano colegiado, declaró legalmente competente a este Juzgado Tercero de Distrito para conocer de la demanda de amparo promovida por Christian Andrey Hernández Gómez, contra actos de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, y otra autoridad, asimismo, remite el juicio de amparo indirecto 454/2022-B. En consecuencia, acúsese recibo, y en atención a lo ordenado por el Tribunal Colegiado, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO 2 existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO Juicio de amparo 201/2022-III 3 alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de "imposible reparación en juicio", entendiéndose por tales, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO 4 deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De estas ejecutorias emergieron la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO Juicio de amparo 201/2022-III 5 fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO 6 derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Y, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, intitulada: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO Juicio de amparo 201/2022-III 7 momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." A partir de lo anterior, es factible concluir que a raíz del nuevo marco normativo generado con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, a partir del tres de abril de dos mil trece, han quedado superados los criterios jurídicos donde el Máximo Tribunal de Justicia del País, ha fijado los alcances de la expresión "actos de imposible reparación", para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Tales criterios, se reflejan en la tesis aislada P. LVII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena Época, intitulada: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO 8 que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Asimismo, en la tesis aislada P. LVIII/2004, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 10, Novena Época, con la voz: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO Juicio de amparo 201/2022-III 9 aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." Lo anterior, porque los criterios jurídicos transcritos, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual, a la fecha ya no acontece, debido a que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca 128/20-2021/S.M., en el que se declaró inadmisible la apelación promovida por el quejoso contra la audiencia inicial de catorce de octubre de dos mil veinte, en la que se admitieron diversos medios de prueba ofrecidos por la parte actora en la controversia oral de aumento de pensión alimenticia 294/16-2017, del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia de Oralidad Familiar del Segundo Distrito Judicial, con sede en Ciudad de Carmen. Ahora bien, atendiendo a la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca 128/20-2021/S.M., por la Sala responsable , no constituye 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO 10 un acto de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Es así, en razón de que la resolución reclamada no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa en forma actual o presente, sino que se trata de una resolución que sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, esto al tratarse de la una inadmisión de apelación en contra de un auto en el que se tuvieron por admitidas pruebas de la parte actora, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues los efectos y consecuencias que llegare a producir, no son materializables inmediatamente, sino que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido de la resolución que se emita en la controversia oral de aumento de pensión alimenticia 294/16-2017. En esa medida, podría darse el caso de que la autoridad responsable al valorar las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada, podrá dictar la sentencia que favorezca los intereses de la parte quejosa. Por el contrario, de dictarse sentencia contraria a los intereses de la parte quejosa, hasta ese momento podrá determinarse si la decisión de la autoridad responsable de no admitir recurso de apelación en contra de la audiencia inicial de catorce de octubre de dos mil veinte, en el que admitió diversos medios de prueba ofrecidos por la parte actora en la controversia oral de aumento de pensión alimenticia 294/16-2017. Momento en que la parte quejosa podrá instar el juicio de amparo directo en contra de la sentencia y hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron durante la 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO Juicio de amparo 201/2022-III 11 tramitación del juicio de origen y precisar la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior toda vez que el artículo 172, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece que en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios, o del trabajo, se considerará violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, transcendiendo al resultado del fallo, cuando se desechen recursos, respecto de providencia que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión. Asimismo, el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo, cuando se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones I a XI del artículo 172 de dicho ordenamiento legal. Y, en el caso, la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Mixta, en la que no se admitió el recurso de apelación en contra de la audiencia inicial de catorce de octubre de dos mil veinte, que admitió diversos medios de prueba ofrecidos por la parte actora en la controversia oral de aumento de pensión alimenticia 294/16-2017, se trata de un caso análogo al previsto en la fracción IX del artículo 172 de la Ley de Amparo, al estar relacionado con el desechamiento de un recurso, respecto de providencias que afectan partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión dentro de un procedimiento emitido por un Tribunal Civil. A mayor abundamiento la resolución recurrida está relacionada con la impugnación de un acuerdo que admitió pruebas, contra el cual el juicio de amparo es improcedente. 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO 12 Apoya lo anterior la tesis aislada XI.1o.25 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1992, Tomo X, página 608, Octava Época, que dice: "PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LAS ADMITE. De conformidad con la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución General de la República, el mismo es improcedente contra el acuerdo que admite pruebas, porque no constituye un acto en el juicio que tenga ejecución irreparable, pues sólo produce efectos intraprocesales, ya que esos medios de convicción admitidos se analizarán y evaluarán en la sentencia definitiva que en él se dicte, la que puede ser favorable al promovente de amparo, caso en el cual ningún perjuicio le causará el acto reclamado, pero si fuere adversa a sus intereses, entonces los perjuicios que le origine la resolución reclamada, pueden ser reparados por medio del amparo directo, en los términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), del pacto federal, y 158, 159, fracción VII, y 161 de la Ley de Amparo." Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Christian Andrey Hernández Gómez, contra actos de la Sala Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, y otra autoridad. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Primero de Junio Número 10 de la Colonia Francisco I. Madero de Ciudad del Carmen, Campeche. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO Juicio de amparo 201/2022-III 13 Se tienen por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Luis Antonio Gutiérrez Torres, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal. Lo anterior, dado que en el escrito de demanda el quejoso no proporciona datos que acrediten que la mencionada persona se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO 14 Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación 10/12/25 13:50:15 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.33.35.39.34.30.36 ARTURO SANCHEZ ANALCO Juicio de amparo 201/2022-III 15 alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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