Cesar Espenal Flores

Expediente 1144/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1144/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Cesar Espenal Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    iudad del Carmen, Campeche, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de trece de enero de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, transcurrió del veinte de enero al dos de febrero de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero del presente año, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de trece de enero de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte a la fecha no se han emplazado a los terceros interesados: I) Subsea 7 México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; II) Servicios Subsea 7, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; III) Subtec, sociedad anónima de capital variable; IV) José Ricardo Durand Castro; V) Ricardo Javier Santana Spindola; VI) José Cesar Velazquez Muñoz; VII) Grupo Industrial Durandco, sociedad anónima de capital variable; VIII) Blue Marine Shipping México, sociedad anónima de capital variable; IX) Blue Marine Cargo, sociedad anónima de capital variable; y X) Cesar Morales Manzano Y, notificarles personalmente el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, en los domicilios señalados en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, las contrapartes del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tengan un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya el contenido de la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a las contrapartes del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 1144/2022-II 3 ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a las contrapartes del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Por las razones expuestas, tomando en consideración que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes pueden tener el carácter de tercero interesado, no ha lugar a seguir considerando con tal carácter a: I) Subsea 7 México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; II) Servicios Subsea 7, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; III) Subtec, sociedad anónima de capital variable; IV) José Ricardo Durand Castro; V) Ricardo Javier Santana Spindola; VI) José Cesar Velazquez Muñoz; VII) Grupo Industrial Durandco, sociedad anónima de capital variable; VIII) Blue Marine Shipping México, sociedad anónima de capital variable; IX) Blue Marine Cargo, sociedad anónima de capital variable; y X) Cesar Morales Manzano Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.T.7 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1464, Novena Época, intitulada: 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 4 "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Por otro lado, agréguese a los autos el oficio S.A./0219/2023 de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado, en el sentido de que es cierto el acto reclamado por la quejosa; como justificación a su informe remite copia certificada de la resolución dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las copias certificadas de las constancias que acompaña a su oficio de cuenta. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 1144/2022-II 5 Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 6 de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, César Espinal Flores, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, consistentes en la negatividad de resolver inmediatamente el incidente de competencia en los autos del expediente laboral 663/2020. Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, asimismo, manifiesta que en resolución dieciséis de diciembre de dos mil veintidós., dictado en el juicio laboral 663/2020, se proveyó respecto al 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 1144/2022-II 7 incidente de competencia promovido por Irving Raymundo Juárez Vera, apoderado legal de la parte demandada en el juicio de origen y por Diego Alejandro Caamal Soto, en su carácter de apoderado legal de Servicios Subsea 7, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, el cual se declaró infundado e improcedente, asimismo se fijaron las nueve horas del seis de marzo de dos mil veintitrés para la audiencia "el uso de la voz de las terceras llamadas a juicio SEVENSEAS CONTRACTORS, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, SEVENSEAS CONTRACTORS, Sociedad Anónima de Capital Variable y Benito Adolfo Tagle Jiménez, seguidamente de Replica y Contrareplica. Para acreditar lo anterior, proporcionó copia certificada de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, cuentan con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 8 Se afirma lo anterior, en razón de que de las constancias de referencia, se desprende que la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, residencia en Ciudad del Carmen, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, proveyó lo conducente respecto al incidente de competencia que reclama la parte aquí quejosa. Por consiguiente, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y personalmente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1144/2022, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte a la fecha no se han emplazado a los terceros interesados: I) Subsea 7 México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; II) Servicios Subsea 7, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; III) Subtec, sociedad anónima de capital variable; IV) José Ricardo Durand Castro; V) Ricardo Javier Santana Spindola; VI) José Cesar Velazquez Muñoz; VII) Grupo Industrial Durandco, sociedad anónima de capital variable; VIII) Blue Marine Shipping México, sociedad anónima de capital variable; IX) Blue Marine Cargo, sociedad anónima de capital variable; y X) Cesar Morales Manzano Y, notificarles personalmente el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, en los domicilios señalados en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario insistir en el emplazamiento de los terceros interesados, es decir, las contrapartes del quejoso en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tengan un legítimo interés contrario al del promovente -que subsista tal denegación- y, por el 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 2 contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya el contenido de la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a las contrapartes del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 1144/2022-II 3 ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a las contrapartes del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. Por las razones expuestas, tomando en consideración que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes pueden tener el carácter de tercero interesado, no ha lugar a seguir considerando con tal carácter a: I) Subsea 7 México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; II) Servicios Subsea 7, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; III) Subtec, sociedad anónima de capital variable; IV) José Ricardo Durand Castro; V) Ricardo Javier Santana Spindola; VI) José Cesar Velazquez Muñoz; VII) Grupo Industrial Durandco, sociedad anónima de capital variable; VIII) Blue Marine Shipping México, sociedad anónima de capital variable; IX) Blue Marine Cargo, sociedad anónima de capital variable; y X) Cesar Morales Manzano Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada VI.2o.T.7 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1464, Novena Época, intitulada: 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 4 "TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DETERMINAR, EN SU CRITERIO, QUIÉNES PUEDEN TENER INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CON ESE CARÁCTER. Las hipótesis que el artículo 5o. de la Ley de Amparo señala en su fracción III, en lo que atañe a los sujetos que pueden ser terceros perjudicados, sólo es enunciativa, tomando en cuenta los términos potestativos en que se encuentra redactado el texto de dicha fracción, la cual establece que: "Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter ...". Esto significa que la configuración casuísta o típica de los incisos a), b) y c), de la mencionada fracción III de dicho precepto legal, constituyen meros ejemplos de certidumbre de sujetos procesales, es decir, de casos en los que no hay duda de que la persona que se encuentra en cualquiera de esas hipótesis tiene la calidad de tercero perjudicado; pero desde el momento en que tal disposición utiliza la oración en gerundio "pudiendo intervenir", no modificada ni restringida por adverbio alguno, se puede válidamente concluir que existe la posibilidad legal de que haya otros casos o especies de sujetos procesales que puedan estar dentro del subgénero "tercero perjudicado", ya que si el legislador hubiera querido emplear un vocablo de limitación, cuantitativo, hubiera utilizado por ejemplo alguno de los adverbios "sólo", "únicamente", "solamente", por lo que no hay razón ni de índole gramatical, ni jurídica, para interpretar la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, en el sentido de que únicamente pueden intervenir como terceros perjudicados los tres sujetos procesales descritos en los incisos a), b) y c), puesto que tal adverbio no aparece en el texto de la ley. De ahí que corresponde al órgano de control constitucional determinar quiénes en su criterio pudieran tener interés jurídico en el juicio de amparo, como terceros perjudicados." Por otro lado, agréguese a los autos el oficio S.A./0219/2023 de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado, en el sentido de que es cierto el acto reclamado por la quejosa; como justificación a su informe remite copia certificada de la resolución dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las copias certificadas de las constancias que acompaña a su oficio de cuenta. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 1144/2022-II 5 Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 6 de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, César Espinal Flores, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, consistentes en la negatividad de resolver inmediatamente el incidente de competencia en los autos del expediente laboral 663/2020. Ahora bien, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, asimismo, manifiesta que en resolución dieciséis de diciembre de dos mil veintidós., dictado en el juicio laboral 663/2020, se proveyó respecto al 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ Juicio de amparo indirecto 1144/2022-II 7 incidente de competencia promovido por Irving Raymundo Juárez Vera, apoderado legal de la parte demandada en el juicio de origen y por Diego Alejandro Caamal Soto, en su carácter de apoderado legal de Servicios Subsea 7, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, el cual se declaró infundado e improcedente, asimismo se fijaron las nueve horas del seis de marzo de dos mil veintitrés para la audiencia "el uso de la voz de las terceras llamadas a juicio SEVENSEAS CONTRACTORS, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, SEVENSEAS CONTRACTORS, Sociedad Anónima de Capital Variable y Benito Adolfo Tagle Jiménez, seguidamente de Replica y Contrareplica. Para acreditar lo anterior, proporcionó copia certificada de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documentos públicos en razón de que fueron expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, cuentan con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió Bajo ese contexto, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 27/04/23 15:05:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.27.e0 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 8 Se afirma lo anterior, en razón de que de las constancias de referencia, se desprende que la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, residencia en Ciudad del Carmen, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, proveyó lo conducente respecto al incidente de competencia que reclama la parte aquí quejosa. Por consiguiente, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y personalmente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, quince de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Cesar Espinal Flores, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, radíquese con el número de expediente 1144/2022-II, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. ADMISIÓN. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 2 Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por Cesar Espinal Flores, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañará, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de Amparo 1144/2022-II 3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. EMPLAZAMIENTO A LA TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados a i) Subsea 7 México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; ii) Servicios Subsea 7, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; iii) Subtec, sociedad anónima de capital variable; iv) José Ricardo Durand Castro; v) Ricardo Javier Santana Spindola; vi) José Cesar Velazquez Muñoz; vii) Grupo Industrial Durandco, sociedad anónima de capital variable; viii) Blue Marine Shipping México, sociedad anónima de capital variable; ix) Blue Marine Cargo, sociedad anónima de capital variable; y x) Cesar Morales Manzano, con domicilio los primeros seis en calle 5 sur, manzana 14, lote 3, colonia Puerto Industrial Pesquero Luna Azul, C.P. 24129, Ciudad del Carmen, Campeche; mientras que los cuatro restantes en calle 60 s/n, colonia Petrolera, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche, por lo que se comisiona al actuario adscrito para que con copia simple de la demanda, 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 4 anexos y del presente proveído, emplace a juicio a los referidos terceros interesados. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistentes en: 1. La documental pública consistente en copia del acuerdo siete de marzo de dos mil veintidós. 2. La documental pública consistente en el oficio de aviso de trece de mayo de dos mil veintidós. 3. La Instrumental pública de actuaciones. 4. La presuncional legal y humana. En cuanto a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente, mientras que la presuncional legal se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda." NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA. 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de Amparo 1144/2022-II 5 Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "Miltonpech". CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese los nombres de usuarios "Miltonpech" al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. Se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Milton Alejandro Pech Juárez, Jonathan de Jesús Pech Juárez y Yuliana Pech Juárez. Autorización que se admite sin necesidad de que la persona autorizada acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González 6 pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de 27/04/24 20:00:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7f.77 Joel Moisés Estañol González Juicio de Amparo 1144/2022-II 7 Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a los terceros interesados; electrónicamente a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.

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