Christian Alejandro Leal Esquives

Expediente 763/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
763/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Christian Alejandro Leal Esquives

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido del telegrama enviado por ****, mediante el cual dice devolver el oficio 17977/2022, dirigido al Secretario General de Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, para remitir a la dirección correcta; al respecto, en obvio de mayores dilaciones se ordena reenviar el citado comunicado a la dirección correcta, esto es calle Zamora 107, colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Téngase por recibido el telegrama enviado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Octava Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Sayula, Jalisco, mediante el cual, atiende el requerimiento formulado en auto de veinte de abril de dos mil veintidós; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y, por ende, se ordena dejar sin efecto el apercibimiento contenido en el auto de referencia. Requerimiento a la autoridad responsable. En atención a lo anterior, y a fin de lograr la intervención del representante de la sucesión a bienes de Manuel González Gama, se requiere al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Octava Partido Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Sayula, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba el presente comunicado, informe si en el Juzgado a su cargo se abrió juicio sucesorio a bienes de Manuel González Gama, y en su caso, informe el nombre y domicilio del albacea designado. Bajo apercibimiento que de no proporcionar lo que se solicita, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Informa. Se tiene por recibido el comunicado y anexo que presenta la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, con los cuales pretende dar contestación a lo solicitado por el quejoso el cinco de octubre de dos mil dieciocho, y con ello dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Además, se le tiene informando que dicha unidad administrativa, no cuenta con las atribuciones para realizar la notificación personal al quejoso y, en consecuencia, remite el oficio JAL/RAN/2432/2022 a efecto de que se haga del conocimiento al peticionario por conducto de este órgano jurisdiccional. Se requiere cumplimiento. Sin embargo, analizada que es la documental recibida, se advierte que la autoridad responsable, emite una respuesta incongruente con la solicitud presentada por el aquí quejoso el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en cumplimiento al acuerdo de prevención contenido en el oficio RAN-DEL-JAL/1787/2018, en razón de que no expresa el nombre de quien actualmente detenta la titularidad del predio cuyo plano fue requerido en el citado acuerdo de prevención, ni autoriza la expedición de los documentos correspondientes al mismo. Para evidenciar lo anterior, cabe destacar que el acuerdo de prevención contenido en el oficio RAN-DEL-JAL/1787/2018, tiene como antecedente el escrito de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en el que Eduardo Guitron Palomera solicitó lo siguiente: "a) nombre o nombres de la persona o personas que actualmente detenten la titulariadad de los derechos que corresponden del terreno ubicado en "EL COLLI" del municipio de Zapopan, Jalisco y que cuenta con una superficie estimada de 3500 mts terreno que para mayor identificación se detalle en la copia plano certificado por la dirección de obras públicas de Zapopan Jalisco, con las siguientes medidas y linderos: al norte en 54.32 mts con parcela del señor Emigdio Flores Sevilla actualmente calle propiedad municipal. al sur en 100.57 mts con parcela del señor Julián Sevilla Lazo, actualmente calle chicozapote.- al oriente en 49.91 mts con reserva territorial que es servidumbre correspondiente a periférico sur y, al poniente en 43.59 mts con la calle abedul. b) Copias fotostáticas certificadas de todo documento, plano, escritura, croquis, contrato, asamblea, correspondiente al predio mencionado en el punto anterior. Toda esta documentación deberá de presentar de forma diabólica quien o quienes han sido los tenedores de los derechos agravios hasta nuestros días del inmueble mencionado." (Sic). Escrito en el que el aquí quejoso precisó que dicha petición tiene como finalidad la titulación del predio ahí descrito, derivado de la cesión de derechos realizada en su favor. Por tanto, es inconcuso que la respuesta emitida por la autoridad responsable anexa al oficio de cuenta, resulta incongruente con lo peticionado, pues únicamente refiere que el plano que el plano exhibido por el quejoso corresponde al solar 3, de la manzana 1 de la zona 1, que se encuentra ubicado entre calles y banquetas, respecto al Sistema de Mosaico Catastral, que se encuentra en el área de Catastro del Registro Agrario Nacional, Delegación Jalisco; información que no fue solicitada por el quejoso, sino que éste lo exhibió ante la autoridad a efecto de dar cumplimiento a la prevención que la misma le realizó para que estuviera en posibilidad de ubicar con precisión el predio en cuestión y brindar la información solicitada en el escrito de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Aunado a lo anterior, la responsable no fundamenta lo señalado en la contestación a la petición de mérito, en el sentido de que se encuentra imposibilitada "para dar información de datos personales toda vez que no ha acreditado el interés jurídico al respecto". Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables Delegado en Jalisco del Registro Agrario Nacional y Unidad de Enlace y Transparencia de Acceso a la Información Pública Federal del Registro Agrario Nacional Delegación, Jalisco, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que se les notifique el presente acuerdo, remitan copias certificadas completas y legibles de las constancias que acrediten que dieron contestación de forma congruente, fundada y motivada, al quejoso respecto del escrito que presentó el cinco de octubre de dos mil dieciocho a fin de cumplir con la prevención que se le formuló en el oficio RAN-DEL-JAL/1787/2018. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1738, registro digital 2015181, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo.

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