Christian Alejandro Castellanos Munguía
Expediente 1274/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/04/2021
Partes del expediente
- Christian Alejandro Castellanos Munguía
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, doce de abril de dos mil veintiuno. Suspensión de labores. ***Causa ejecutoria. En ese orden, del estado procesal de autos se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia tres de diciembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓIN, DESTRUCCIÓN, IGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, lo que se realizará en el plazo de tres años; mismo que comenzará a transcurrir, al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Una vez cumplido el término antes señalado dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, según lo dispone el artículo 21, inciso a), del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el artículo 21 del acuerdo general en cita, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al antepenúltimo párrafo del mismo. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por contra el acto que reclamó de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso considerando tercero de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de siete de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el diez de noviembre posterior. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el siete de agosto de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente expediente. Luego, en la resolución correspondiente a la sesión de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el toca de revisión ********************, de su índice, en lo que interesa, concediendo el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "En consecuencia, ante lo fundado de los argumentos en estudio, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, lo procedente será otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal y declarar la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud, incluyendo las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para adquirir la semilla de cannabis, por ser una medida desproporcionada y constituir el presupuesto necesario para que la cadena de autoconsumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos amparada por el libre desarrollo de la personalidad del quejoso pueda completarse. La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que respecto de estos actos no existió solicitud y el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización. En mérito de lo anterior, resulta innecesario el análisis de los demás argumentos formulados en los conceptos de violación, pues a ningún fin práctico llevaría, de conformidad con la jurisprudencia número 1,335 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1498 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte -SCJN Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja". También, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal impetrada, por lo que ve al acto concreto de aplicación, consistente en la resolución número ********************de quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios; en atención a que la estrecha vinculación entre las normas combatidas y el acto concreto de aplicación, implica que la concesión de la protección constitucional contra la ley, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Pues bien, como antes se vio, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal en este juicio de amparo, por lo que ve a las disposiciones legales precisadas líneas arriba, por estimarse que resultan inconstitucionales; en esas condiciones, dicha concesión debe implicar que en su lugar, se emita otra determinación en la que se otorgue a la parte quejosa, la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia, en el entendido de que corresponderá a la mencionada Comisión, establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Ello puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso, se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a Derecho. Para mayor ilustración del punto en comento, cabe invocar de nueva cuenta la jurisprudencia del rubro: "LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", que se da por reproducida en obvio de repeticiones." En ese contexto, a la constancia remitida por la responsable, se le concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto lo siguiente: Que mediante oficio o ********************, de quince de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dejó sin efectos los diversos comunicado ********************, de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, y ******************** de quince de noviembre de dos mil dieciséis. Luego, si bien es cierto que en el ********************, de quince de septiembre de dos mil veinte, la autoridad responsable emitió autorización sanitaria a la parte quejosa, para realizar diversas actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y sus variantes estereoquímicas, es en cuanto a cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar y; así mismo así mismo para la adquisición legal de la sustancia antes señalada, con excepción de la importación. También es cierto que mediante oficio de registro 10583, signado por el Subdirector Ejecutivo de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, del aludido ente público, manifestó la imposibilidad de otorgar un permiso de adquisición de semillas conforme al artículo 236 de la Ley General de Salud, argumentando que en la reglamentación existente no se han definido requisitos específicos para la adquisición de semillas de cannabis con fines lúdicos o recreativos ni existen registros de tenedores legales de semillas que puedan suministrarlas. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo no ha quedado cumplida. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, informe cuáles medidas necesarias a realizado para dar cauce al derecho aquí reconocido. Apercibimiento. Apercíbase a la autoridad responsable que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, y 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Salud, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento, para que ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento. Tramite de inejecución de sentencia. Por otra parte, visto el escrito de cuenta, así como el diverso de registro 10727, el cual se reservó proveer lo conducente hasta en tanto este juzgado se pronunciara sobre el cumplimiento del fallo, ambos signados por ********************autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector, así mismo solicita se haga efectiva multa y se dé trámite al incidente de inejecución de sentencia. Tramite de inejecución de sentencia. En tales condiciones, y como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, lo procedente es remitir los escritos electrónicos, así como las constancias electrónicas que se estimen pertinentes, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, para la tramitación del INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA CORRESPONDIENTE. No se impone multa. Asimismo, no se hace efectivo el apercibimiento hecho en auto de siete de agosto de dos mil veinte, ya que la responsable no ha sido omisa en informado sobre el cumplimiento al fallo protector. Habilítese consulta expediente electrónico. En su oportunidad, y sin acuerdo posterior, habilítese el acceso y vinculación al expediente electrónico del asunto en que se actúa, al Tribunal Colegiado que conozca la inconformidad en comento, de conformidad con los artículos 5, 26 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Solicitud de papeleta de turno (inejecución de sentencia) a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito y acceso al expediente electrónico. Ahora bien, atento a la circular DGGJ/0012/2020, signada por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de diez de julio de dos mil veinte, en relación con los Acuerdos Generales 13/2020 y 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los cuales se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas en aras de preservar la salud e integridad del personal evitando el contacto físico entre los servidores públicos; y con fundamento en el artículo 3 del Acuerdo emitido por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal el doce de junio del año en curso que habilita el uso de la FIREL en la formalización de instrumentos, oficios y demás documentos que emitan, y el uso del correo institucional como comunicación oficial. Remítase vía electrónica el oficio correspondiente con el que contenga los datos necesarios para el registro y turno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través del correo electrónico correspondiente. A fin de que lo turne conforme a la normatividad vigente (de manera aleatoria o relacionada) y remita a este órgano jurisdiccional la boleta de turno por correo electrónico a este órgano jurisdiccional, para identificar el Órgano Colegiado al que le fue turnado el asunto. Y una vez que se cuente con la información respecto del Tribunal Colegiado que le tocará conocer del incidente planteado (incidente de inejecución de sentencia), sin previo acuerdo se le dará acceso al presente juicio de amparo, a efecto de estar en posibilidad de resolver el referido recurso de queja. Firma electrónica. En la inteligencia, que los escritos de referencia fueron presentados a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y contiene firma electrónica conforme la regulación dispuesta por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Israel Hernández Tirado, Juez Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido del licenciado Santiago Alejandro Reyes Rodríguez, Secretario quien da fe. George EL JUEZ EL SECRETARIO
- Principal
Zapopan, Jalisco, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Suspensión de labores. Vista la certificación de cuenta, se advierte que con motivo de la emisión de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se ordenó suspender en su totalidad las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en suma, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de este año, con excepción de los casos previstos en esos acuerdos; por lo que, en dicho período no corrieron los plazos ni se realizaron actuaciones judiciales. II. Reanudación de los asuntos jurisdiccionales. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos, decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de este año, para dar continuación al trámite del presente juicio bajo las condiciones y reglas establecidas en el propio acuerdo. Colegiado repone procedimiento. Téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 2361/2019, de la estadística local, un cuaderno auxiliar, y copia certificada de la resolución dictada en sesión de veintitrés de octubre de dos mil veinte, relativa al amparo en revisión 140/2020, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 140/2020 (sic), del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.". En consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, acúsese recibo. Cuaderno de antecedentes. Asimismo, con relación al cuaderno de antecedentes que se formó, se ordena glosar al presente sumario únicamente las fojas que contienen firmas autógrafas en original, siendo innecesario adjuntar el resto, por ser fotocopias de actuaciones que obran en autos, por lo que se ordena su destrucción, sin mayor trámite. Efectos de la reposición. Ahora bien, es pertinente conocer los términos en los cuales el tribunal de alzada determinó procedente revocar la sentencia recurrida, y con ello reponer el procedimiento de amparo, siendo que en la parte considerativa de la resolución de referencia, determinó: "Consecuentemente, ante las indicadas violaciones al procedimiento, procede revocar la sentencia recurrida y, con fundamento en el numeral 93, fracción IV, de la legislación de la materia, ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal deje insubsistente la audiencia constitucional, reponga el procedimiento a fin de que notifique personalmente el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por el que recibió el informe justificado y las constancias anexadas por la autoridad responsable -autos del juicio agrario 103/2017, con el que se formó el cuaderno de pruebas en Tomo I, lo prevenga para que si es su deseo amplíe la demanda en los términos precisados y manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido legalmente; asimismo, el juez de Distrito provea nuevamente respecto de las pruebas pericial y de inspección judicial, tendentes a acreditar la identidad entre el bien inmueble materia del juicio agrario y la ejecución de la sentencia dictada en aquel juicio y el que defiende el quejoso en el juicio constitucional; y reitere el desechamiento de las diversas denominadas como documental en vía de informe, testimonial e inspección vinculada con acreditar la existencia del contenido de la memoria USB y, en su oportunidad, resuelva la controversia, conforme a derecho corresponda, para lo cual deberá señalar nueva fecha de celebración de la citada audiencia y comunicar esto oportunamente a las partes.". Cumplimiento a lo ordenado. Por tanto, en estricto y cabal cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, se deja insubsistente la audiencia constitucional celebrada en autos, y se repone el procedimiento para los efectos siguientes. Notifíquese personalmente y dese vista para ampliar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por el que recibió el informe justificado y las constancias anexadas por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Quince. Asimismo, en términos del artículo 111, con relación al diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a aquel en que le surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, y en su caso, precise qué autoridad y actos reclama. Copias necesarias. En el entendido de que, de ser el caso, deberá anexar copias del respectivo escrito de ampliación para correr traslado a la totalidad de las partes (autoridades responsables, terceros interesados y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito). Apercibimiento. Apercibida la quejosa que de no manifestar nada al respecto, se le tendrá por desinteresada en ampliar su demanda y se seguirá el presente juicio, únicamente por los actos y autoridades que señaló en su escrito inicial de demanda. Admiten pruebas. Luego, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pericial en materia de topografía y la inspección judicial ofrecidas por la parte quejosa. Prueba pericial. Respecto a la citada prueba pericial, con fundamento en el numeral 120 de la Ley de Amparo, requiérase a los terceros interesados María Susana Rodríguez Avalos y Jesús Luna Castañeda, así como a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, designen perito para que se asocie al nombrado por este tribunal, o rindan dictamen por separado. De no hacerlo dentro del plazo concedido, perderán su derecho a realizar tal designación y la citada prueba se integrará con los dictámenes que obren en autos. Córrase traslado. Asimismo, en el acto de la notificación que se practique a las partes, se ordena correrles traslado con el cuestionario correspondiente del medio de convicción sobre el versará la prueba en comento, para que puedan formular por escrito las adiciones que estimen pertinentes, apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo que se les otorga en el párrafo que antecede, la prueba se desahogará conforme al cuestionario propuesto inicialmente. XIII. Solicitud del auxilio de la Justicia Federal. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de dar celeridad a este juicio de amparo y tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no cuenta con diestro en materia de topografía, gírense atentos oficios al Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y al Delegado en el Estado de Jalisco de la Fiscalía General de la República, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado de Distrito, dentro del plazo de tres días, proporcionen lo siguiente. El nombre del funcionario que pueda fungir como perito en materia de topografía, en el presente juicio de amparo, quien deberá presentarse ante la presencia judicial a efectos de la aceptación del cargo conferido, en ese mismo término, lo anterior en atención a lo que dispone el artículo 50, fracción XV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establece como obligación del Ejecutivo Estatal, entre otras: "Facilitar al Poder Judicial el auxilio que necesite para el ejercicio de sus funciones. (.)"; aunado a que el numeral 90 del referido Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que los terceros están obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales, en las averiguaciones de la verdad. Para efectos de mejor proveer, remítase copia simple del cuestionario sobre el cual versará la pericial en comento. Hágase del conocimiento del materia de topografía, gírense atentos oficios al Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y al Delegado en el Estado de Jalisco de la Fiscalía General de la República, que el auxilio que se solicita es de carácter excepcional; por lo que, como se señaló, en aras de una impartición de justicia federal rápida y expedita, tal y como lo dispone el numeral 17 constitucional, es por ello que resulta necesario brinden su apoyo a este juzgado de Distrito; bajo apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá cualquiera de los medios de apremio previstos en el artículo 237 de la Ley de Amparo. XIV. Designa perito parte quejosa. Respecto, al perito René Tomás Hernández Caloca, designado por la parte quejosa, resérvese la citación del mismo, para la aceptación del cargo conferido, hasta en tanto se cuente con el diverso designado por este órgano de control constitucional. Inspección judicial De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que dentro del plazo de tres días contados a partir de aquél en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, amplíen por escrito los puntos sobre los que versara la misma. Apercíbase. De no hacer ampliación alguna, se llevará a cabo conforme al planteamiento realizado por la parte oferente de la prueba de referencia. Se desechan pruebas. Por otra parte, se desechan las pruebas documental vía informe, testimonial e inspección vinculada con acreditar la existencia del contenido de la memoria USB, ofrecidas por la parte quejosa. Lo anterior es así, pues en cuanto a la documental vía informe, consistente en todo lo actuado, incluyendo los documentos fundatorios y pruebas que las partes hayan ofrecido dentro del procedimiento agrario número 103/2017, tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Quince; no obstante que el quejoso precisó en el ocurso de demanda acompañar el acuse de recibo original donde consta la solicitud de las copias certificadas y afirma no le ha sido contestada dicha petición, por lo cual solicita a este órgano jurisdiccional se requiera a dicho Tribunal para que expida y envíe las mismas. Lo cierto es, que por una parte, fue omisa en exhibir la parte interesada el acuse original que alude, con el cual acredite haber hecho la petición, a efecto de que este juzgador solicitará al órgano jurisdiccional omiso las copias certificadas relativas al juicio de origen, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo; y, por otro lado, dichas constancias ya fueron exhibidas por el Tribunal responsable, al momento de rendir su informe con justificación, mismas que fueron recibidas por auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, de ahí que resulta improcedente admitir la probanza en comento. Por otra parte, analizada la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, también procede su desechamiento, por las siguientes razones: El artículo 119 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia". El numeral antes transcrito, establece, entre otras cosas, que en el juicio de amparo, serán admisibles, todas clases de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones y tratándose de la prueba testimonial ésta deberá ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, establece que para el ofrecimiento de la prueba en mención, se deberá exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar. Así las cosas, una vez establecido lo anterior, de un análisis a las constancias que integran el presente sumario, se advierte que la parte quejosa en el escrito de ofrecimiento de la prueba testimonial, fue omisa en exhibir el interrogatorio respecto de dicho medio de convicción, por lo que, al no cumplir con lo establecido en el numeral en comento, procede el desechamiento de la referida probanza. Apoya a lo antes expuesto, la siguiente Jurisprudencia: "Décima Época Registro: 2017133 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2018 (10a.) Página: 15 PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Por su parte, corre la misma suerte, la inspección judicial ofrecida con la intención de demostrar la existencia de algunos videos en los que se advierte parte del desahogo de la diligencia de lanzamiento ordenada en el juicio primigenio. Ello es así, pues resulta innecesaria su admisión con fundamento en los numerales 79 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que lo que pretende demostrar a través de la inspección judicial, se encuentra claramente justificado con las videograbaciones guardados en el USB que acompañó como prueba y obra dentro de los autos a foja 170, al ser información generada a través de medios electrónicos reconocida como prueba; además, tanto la diligencia de mérito como los hechos suscitados durante su desahogo, no fueron controvertidos por las autoridades responsables que ameriten demostrar lo contrario, de ahí que, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento en términos del precepto Constitucional 17 y atento a los numerales previamente citados, deba desecharse. Audiencia constitucional. Ahora, se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, a efecto de que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se hace saber a las partes que de continuar el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, la misma se llevará sin la presencia del público, no obstante, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, los alegatos pueden formularse por escrito y presentarse vía electrónica. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Se hace del conocimiento a las partes que si bien el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad de recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Exhorto para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 mencionado, se invita a las partes transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; proporcionen formas de contacto, como correos electrónicos y servicio de mensajería instantánea, tanto de la parte promovente como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuáles se puedan establecer comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; en el entendido que dicho tipo de comunicación, no es equivalente al de una notificación personal, sino solo un medio de contacto para facilitar la comunicación entre las partes. XXI. Requiérase a las partes para que informen sí asistirán a la audiencia constitucional. Ahora bien, cabe precisar que la atención al público para la consulta de expedientes o comparecencias en general, será por medios de citas, las cuales estarán disponibles en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales". Adicionalmente, estará el diverso "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En ese sentido, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En esas condiciones, requiérase a la partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que queden notificados del presente acuerdo, manifiesten sí es su deseo asistir a la audiencia constitucional, a efecto de que en su caso, se agende la cita respectiva, apercibidos que de no manifestarse al respecto se celebrará la audiencia constitucional en la fecha indicada, sin la presencia del público, no obstante, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, los alegatos pueden formularse por escrito y presentarse electrónicamente. XXII. Intégrese expediente físico. Se instruye al Secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído, así como el oficio y anexo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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