Christian Alcántara Sánchez
Expediente 54/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/02/2023
Partes del expediente
- Christian Alcántara Sánchez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca de Lerdo, Estado de México, por medio del cual comunica el acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso, en el cual el tribunal de su adscripción se avocó al conocimiento de la demanda de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Dado que no existe más por cumplimentar en el presente asunto; con fundamento en la parte conducente del artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el sumario constitucional como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de una incompetencia (artículo 21, inciso j), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de enero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 54/2023-IV. ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar que del análisis integral de la demanda, se observa que el acto reclamado es: La imposición de una pena de prisión por parte del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México en la causa penal ******. La resolución dictada por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, que dirimió el recurso de apelación ************, interpuesto por el aquí quejoso contra la sentencia condenatoria de diecisiete de diciembre de dos mil quince dictada por el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y sus consecuencias. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA IMPOSICIÓN DE UNA PENA DE PRISIÓN POR PARTE DEL JUEZ DE JUICIO ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO EN LA CAUSA PENAL 74/2014. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, respecto del acto reclamado al Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, consistente en la imposición de una pena de prisión por parte en la causa penal 74/2014, se estima que al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Ahora bien, la cesación de efectos del acto reclamado se concretiza en dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de acto motivo de reclamo. En relación con el segundo supuesto (sustitución) se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. En ese contexto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o que no lo hizo, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación. Lo anterior es así, pues como se advierte de los antecedentes narrados por el quejoso en su demanda de amparo, en contra de la imposición de la pena de prisión, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, en sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 64/2016; por lo que se acredita que han cesado los efectos de la determinación reclamada al Juez señalado como responsable, pues dejó de afectar en la esfera jurídica del quejoso al haber sido sustituida por la dictada en segunda instancia por Tribunal de alzada responsable. En consecuencia, al actualizarse, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha parcialmente la demanda de amparo promovida contra actos del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Novena Época, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." INCOMPETENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DIRIMIÓ EL RECURSO DE APELACIÓN 64/2016. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Luego, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, el acto reclamado consistente en la resolución que dirimió el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria dictada en un proceso penal, se trata de una sentencia definitiva. Por tanto, se estima que el estudio de la demanda de amparo promovida por **************, contra el acto reclamado precisado, compete al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en vía de amparo uni-instancial. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo de cuenta; por tanto, remítase la demanda de amparo con sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en Turno, para los efectos legales de su competencia. Sirve de apoyo a lo anterior por aplicación analógica, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 287, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1993, Octava Época, con número de registro 216290, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL, CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, PARA LA PROCEDENCIA DEL. En los términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías ante los Tribunales Colegiados de Circuito, debe entenderse por sentencia definitiva la que decide una controversia en lo principal, estableciendo el derecho de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de las acciones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen; siempre que respecto de ese fallo ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinarios, por los cuales pudiera ser modificada o reformada." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 485, tomo II, Segunda parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1988, octava época, con número de registro 230494, que dice: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, CONCEPTO DE. CASO EN QUE NO SE SURTE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Carta Magna, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 44, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo promovidos contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por lo que atañe a esta última categoría, el precepto 46 de la Ley de Amparo las define como aquellas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto del cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Consecuentemente, para determinar cuándo se está en presencia de una "resolución que haya puesto fin al juicio" debe advertirse que el acto reclamado: a) No haya decidido el juicio en lo principal; b) Que lo dé por concluido; y c) Que contra dicho acto no proceda ningún recurso o medio de defensa legal. Ahora bien, cuando se trata de establecer la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos en que se reclama una resolución a la que se le atribuye esa naturaleza, debe atenderse a los dos primeros requisitos señalados, como cuestión previa, porque el tercero de ellos vendrá a determinar no la competencia del órgano sino la procedencia de la acción constitucional. Luego, como los requisitos en cuestión se delimitan por el término "juicio", resulta imprescindible referirse a éste. Por procedimiento se entiende una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un acto de autoridad, un conflicto sometido a su decisión. Dicho procedimiento debe siempre examinarse desde un punto de vista configurativo; la simple secuencia de actos no constituyen un proceso sino un procedimiento y que éste da inicio o se activa, precisamente, por medio de la presentación de la demanda que viene a ser el escrito inicial del procedimiento. A diferencia del procedimiento, el juicio es aquella controversia que ha de dirimir el órgano juzgador y se inicia propiamente cuando se hace del conocimiento de la demandada la pretensión del actor, lo que generará un virtual conflicto de intereses de tal forma que el juicio será el litigio dentro del proceso, cuya finalidad será la decisión de la controversia mediante la aplicación del derecho a través de un fallo que adquirirá, en lo futuro, la calidad de cosa juzgada; que el juicio como tal no da comienzo, concomitantemente, con el momento en que es admitida la demanda, pues pudiera darse el caso de que verificado esto no se corriera traslado de la misma al demandado y, sustanciado todo el procedimiento, se dictase ilegalmente una sentencia dirimiendo un conflicto que en la realidad no tuvo existencia jurídica; y que, cuando un órgano juzgador desecha una demanda pone fin al procedimiento iniciado, precisamente, con la presentación de ese documento y no al juicio porque este se verificaría cuando, después de notificada a la demandada la pretensión del actor, sobreviniese cualquier resolución que le pusiera fin, sin decidir en lo principal la cuestión planteada, hipótesis ésta en la que se dará lugar a la impugnación del acto mediante el juicio de amparo directo. (Amparo en revisión 1763/88, promovido por la sucesión de David Torres Bravo, fallado el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho). Conforme a estos principios el "juicio" sólo se inicia cuando se hace del conocimiento de la demandada la pretensión del actor. Por lo consiguiente, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo directo lo constituye una resolución de tribunal Judicial, Administrativo o del Trabajo, que desecha la demanda o, en su caso, confirma ese desechamiento, no se surte la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del asunto porque tal acto no puede ser considerado como una resolución que haya puesto fin al juicio, en la medida en que éste no llegó a configurarse, sino que tal desechamiento constituye un acto, que, fuera de juicio, puso fin al procedimiento. Por lo tanto, si se reclama mediante el juicio de garantías una resolución que se traduce en el desechamiento de la demanda, como escrito inicial del procedimiento, la competencia para conocer de ese asunto recae en los Juzgados de Distrito según lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo." Finalmente, sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia P./J. 6/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Libro 17, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil quince, Décima Época, con número de registro 2008791, cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto 54/2023-IV y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto sea turnado administrativamente al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en el presente auto, y fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes. Por otra parte, se solicita al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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