Christian Alberto Miranda Camarillo

Expediente 1195/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1195/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Christian Alberto Miranda Camarillo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este asunto como concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II del referido acuerdo. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa, en el término de tres días, concedido, no dio cumplimiento al requerimiento de doce de septiembre de dos mil diecinueve; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y procede a proveer con relación a la demanda promovida por **únicamente por lo que hace a su propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en La continuación de audiencia inicial de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente 678/2019 del índice del juez responsable. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que indican "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen actos dentro de juicio que sean de imposible reparación. A su vez, el citado dispositivo señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Adminiculado con lo anterior, nuestro máximo tribunal ha determinado que para la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos de imposible, respecto de afectación de derechos sustantivos hace procedente el juicio de amparo, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; por lo que de no actualizarse ese supuesto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. De lo expuesto, se advierte que, el criterio general es que los actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, y no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulte afectado obtiene sentencia a su favor. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones dan lugar al amparo indirecto, porque las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia o laudo definitivo. Ello es así, ya que los numerales 170, 171 y 172, fracción III, en relación con la fracción XII, del último dispositivo citado, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales establecen la procedencia de impugnación de violaciones procesales al combatir la sentencia definitiva. En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos de los gobernados que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales, que no podrían ser reparados a través del amparo directo. Sentado lo anterior, como se adelantó, el quejoso ** acude a la instancia constitucional reclamando la continuación de audiencia inicial de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente 678/2019 del índice del juez responsable, en la que refiere el juez responsable repite actos procesales que ya estaban celebrados como es la admisión probatoria. De lo que se aprecia que la determinación combatida en esta vía, fue dictada dentro del procedimiento de origen, el cual se encuentra en trámite y en el que el quejoso es parte del mismo. Luego entonces la determinación reclamada no atenta directamente contra sus derechos fundamentales, contenidos en la Carta Magna o tratados internacionales en materia de derechos humanos en que el Estado Mexicano es parte, por lo que no tiene una ejecución irreparable. En efecto, si bien, el acto reclamado podría producir afectación a la parte quejosa, lo cierto es que la Ley de Amparo prevé como regla general que en caso de un fallo contrario a sus intereses, puede combatir el acto en el juicio de amparo en vía directa, en términos de lo establecido en los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo, que prevén que se consideran violadas las leyes del procedimiento y afectan los derechos del quejoso cuando se cite de forma contraria a la ley; y en casos análogos. De lo anterior se concluye, que el acto impugnado está considerado como violaciones procesales, puesto que al momento en que se dicte la sentencia definitiva, ésta le puede ser favorable sin que esas violaciones que reclama le lleguen a afectar y en caso contrario, dicha afectación la podrá alegar al momento de recurrir dicha resolución, o en su caso, la afectación de sus derechos sustantivos podrían ser reparados en el amparo directo que en su caso promueva el quejoso contra la sentencia definitiva que se dicte, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, en relación con el 172, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Así lo estableció el máximo Tribunal de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, que preceptúa "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. De ahí que el acto reclamado se traduzca en una violación procesal, que sólo produce una afectación de esa naturaleza, y por tanto no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Ley de Amparo vigente, que es el ordenamiento reglamentario de los artículos 103 y 107 constitucionales, y por tanto, la que debe atenderse, por fijar expresamente lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por **, por propio derecho contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA IV Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, México, por medio del cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el recurso de queja interpuesto en el presente asunto. Atento a lo anterior, dígasele a la autoridad responsable que mediante proveído de veintiséis de agosto de la presente anualidad el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal hizo llegar a este órgano copia autorizada del testimonio de la resolución dictada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, en la que declaró fundado el recurso de queja; por lo cual se admitió a trámite la demanda de amparo y se le giro el oficio 21123/2019, a fin de hacer de su conocimiento la instauración del juicio. Finalmente, hágase de su conocimiento que mediante oficio recibido el cuatro de los actuales, se recibió en la oficialía de este juzgado, el oficio 9671/2019 de su índice, mediante el cual rindió su informe justificado y anexó cinco discos compactos en formato DVD, con lo cual se dio vista a las partes. Notifíquese.

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