Cheny Nayeli Canseco Jiménez y Otros.
Expediente 92/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cheny Nayeli Canseco Jiménez y Otros.
- Marcos Antonio Maldonado Arango
Actuaciones
- Principal
& MESA 3-B PRAL 92/2015 Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de febrero de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra de la resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, que desechó la demanda de amparo promovida por 1) Marcos Antonio Maldonado Arango, 2) Cheny Nayeli Canseco Jiménez, 3) Jesús Julián Reyes Sumano, 4) Antonio Hernández Arrazola, 5) Salomón Ramiro Díaz Velasco, 6) Morales Alfonso Justino, 7) Marcos Herminio Ortiz Jerónimo, 8) Esteban Velasco Sumano, 9) Eugenia Marcelina Díaz, 10) Salvador Erick Vásquez Hernández, 11) Anselmo Mateo Pérez Cruz, 12) Carmela Elba Aquino Pérez y 13) Reyes Reyes Simeón Pedro, sin que se hubiere interpuesto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia vigente, se declara que ha causado ejecutoria la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. Como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tienen el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública del alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dicha parte, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
Notificacion para la parte quejosa Número de expediente: 92/2015 Acuerdo: *PRAL. 92/2015 MESA AMP. 3 Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil quince. Vista la demanda de amparo escrita presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnada a este órgano jurisdiccional, el veintidós del actual, promovida por 1) Marcos Antonio Maldonado Arango, 2) Cheny Nayeli Canseco Jiménez, 3) Jesús Julián Reyes Sumano, 4) Antonio Hernández Arrazola, 5) Salomón Ramiro Díaz Velasco, 6) Morales Alfonso Justino, 7) Marcos Herminio Ortiz Jerónimo, 8) Esteban Velasco Sumano, 9) Eugenia Marcelina Díaz, 10) Salvador Erick Vásquez Hernández, 11) Anselmo Mateo Pérez Cruz, 12) Carmela Elba Aquino Pérez y 13) Reyes Reyes Simeón Pedro, contra actos del presidente Municipal de la población de San Pablo Huixtepec, Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 92/2015. De la lectura de la promoción inicial constitucional se advierte, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que se actualizan dos causales de improcedencia. Respecto de la demanda de amparo que promueven 1) Marcos Antonio Maldonado Arango, 2) Cheny Nayeli Canseco Jiménez, 3) Jesús Julián Reyes Sumano, 4) Antonio Hernández Arrazola, 5) Salomón Ramiro Díaz Velasco, 6) Morales Alfonso Justino, 7) Esteban Velasco Sumano, 8) Eugenia Marcelina Díaz, 9) Salvador Erick Vásquez Hernández, 10) Anselmo Mateo Pérez Cruz, 11) Carmela Elba Aquino Pérez y 12) Reyes Reyes Simeón Pedro, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en lo conducente, disponen lo siguiente: LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 6o.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. CONSTITUCIÓN FEDERAL. "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." De conformidad con lo dispuesto en esos preceptos legales, se desprende que, entre otros principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que consiste en la exigencia de que el particular, a quien se afecta en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda en calidad de promovente; esto es, el juicio de amparo sólo puede iniciarse por el agraviado, por su representante legal o su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En ese orden de ideas, el signo volitivo que demuestra la voluntad de las partes para ejercer este derecho, es la firma o, en su caso, si no sabe firmar el interesado debe estampar su huella digital, pues de otra manera no existe forma de saber si lo escrito realmente corresponde a la voluntad de la persona cuyo nombre encabeza el escrito. Tratándose de la demanda de amparo escrita, la instancia de parte, prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, se concreta con la firma o huella del promovente, la que debe plasmarse precisamente al pie de la demanda, esto es, en el espacio inferior inmediato a la conclusión de aquélla. Se invoca en apoyo por tratar sobre el tema, la tesis III.1o.A.67K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicado en la página 300 del tomo XV-II, febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS número 208344, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, FIRMAS. DEBEN ESTAMPARSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE CONCLUIDA LA REDACCION DE LA DEMANDA. Como tratándose de la demanda de amparo por escrito la instancia de parte, prevista por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, se concreta con la firma del promovente, ésta debe plasmarse precisamente al pie de la demanda, esto es, en el espacio inferior inmediato a la conclusión de aquélla." Como se estableció en la certificación secretarial que antecede, la demanda de amparo no cuenta con firma autógrafa de quienes aparecen como promoventes del amparo, por lo que carece de suscriptor como lo exige el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo; de ahí que se trata de un simple papel, en que no se incorpora la voluntad de la parte quejosa. Ello, no obstante que se hubiere nombrado como representante común a Marcos Herminio Ortiz Jerónimo, quien sí firmó la demanda, toda vez que esa representación sólo tiene efectos de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, pero no para que promueva a su nombre, pues los mismos promovieron por propio derecho y no a través de un representante legal, figura prevista en el numeral 6 de la ley de la materia. Sin que esa deficiencia debe ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no tratarse de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el numeral 108 del mismo ordenamiento legal. En este aspecto, resulta aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 241 del tomo I, segunda parte I, enero a junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS número 231247, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Por lo que, considerando que la firma es lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales, y la demanda de amparo, en este caso, carece de firma autógrafa; con fundamento en el artículo 113 en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha, de plano, la demanda de amparo de que se trata, promovida por 1) Marcos Antonio Maldonado Arango, 2) Cheny Nayeli Canseco Jiménez, 3) Jesús Julián Reyes Sumano, 4) Antonio Hernández Arrazola, 5) Salomón Ramiro Díaz Velasco, 6) Morales Alfonso Justino, 7) Esteban Velasco Sumano, 8) Eugenia Marcelina Díaz, 9) Salvador Erick Vásquez Hernández, 10) Anselmo Mateo Pérez Cruz, 11) Carmela Elba Aquino Pérez y 12) Reyes Reyes Simeón Pedro. Se invoca en apoyo por tratar sobre el problema jurídico analizado, la tesis VI.1o.151K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 303 del tomo XV-II, febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS número 208351, que literalmente refiere: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Por otra parte, respecto de la demanda de amparo que promueve Marcos Herminio Ortiz Jerónimo, se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio que prevé la fracción XIV del numeral 61 invocado, mismo que literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Por su parte, los artículos 17, fracción IV y 18, de la Ley de Amparo, establecen: "DE LOS TÉRMINOS. "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Esto es, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen el término genérico de quince días para promover demanda de amparo, que se contará a partir desde el día siguiente: 1. Al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso; 2. Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. El quejoso manifestó en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que con fecha siete de noviembre de dos mil catorce, aproximadamente a las siete horas con treinta minutos, en San Pablo Huixtepec, Oaxaca, se presentaron personas con uniformes de Tránsito del Estado y Policía Estatal, con el objeto de llevar a cabo el operativo ordenado por el director de Tránsito del Estado y solicitado por el presidente municipal de su comunidad, en contra de los mototaxis que circularan sin placas o el permiso correspondiente. Que empezó trabajando como chofer de uno de los mototaxis que hoy se dice legalizados y, después de un tiempo, los mismos compañeros que en ese momento estaban como ahora se encuentra él, de ilegal, le vendieron el vehículo para que trabajara, en el que inicialmente eran tres organizaciones de ilegales. Así, en el operativo de esa fecha, siete de noviembre de dos mil catorce, se detuvo su vehículo de motor con el que prestaba el servicio de mototaxi. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, a las trece horas, en la oficina del director de Vinculación de la Secretaría de Tránsito y Vialidad, se reunió dicho funcionario con el presidente municipal, director de vialidad de su población, César Hugo Ortiz Jerónimo, Esteban Guadalupe Jerónimo Morales y Justo Joaquín Quiane Rendón, en el que el presidente municipal y el director de vialidad de que se trata aceptaron que dicho quejoso y otros, sí contaban con antigüedad para ser merecedores de los permisos para circular con pasaje y de esta forma trabajar legalmente; reunión que se llevó a cabo porque el licenciado Jorge Arce, director de Vinculación, les manifestó que aún no cerraban el expediente de San Pablo Huixtepec, y que si el quejoso comprobaba que tenía una antigüedad anterior a la vista que realizó su personal de Sevitra para pegar permisos o estikers, entrarían en el padrón ya que el permiso era gratuito. No obstante, en esa reunión, se presentaron Vicente Benjamín Cadena Rodríguez, Fortino Luna y Glafira Herrera, de las asociaciones Unión Morón, A.D.C.M. San Pablo Huixtepec y Unión de los Santos Inocentes, esta última adherida a las demás, insultándolo verbalmente, diciéndole que no sacarían su motocarro porque ellos ya habían tenido acuerdos con el municipio y con Sevitra para que no se lo devolvieran, que se resignara a perder la unidad, que ello por no tener dinero para pagar el permiso que otorgó la Secretaría respectiva y el presidente municipal de su comunidad. De ahí que señala como actos reclamados: La orden de detención, desposesión, extinción de dominio y retención de su vehículo de motor; así como la ejecución de tales órdenes, con lo que se le despoja, dice, de su bien, sin previo procedimiento judicial. Mismos que le atribuye al: Presidente municipal de San Pablo Huixtepec, Oaxaca. Director de Vialidad de San Pablo Huixtepec, Oaxaca. Titular de la Secretaría de Vailidad de Tránsito del Estado, con residencia en esta ciudad. Director de Tránsito del Estado, con sede en esta ciudad. En su calidad de ordenadoras. Y a los comandantes de Tránsito y Policías Estatales que realizaron el operativo de detención de su unidad de motor, autoridades con residencia en esta ciudad y en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, respectivamente. Así, se aprecia, que el quejoso tuvo conocimiento de la detención de su unidad de motor, cuyas características no especifica, el siete de noviembre de dos mil catorce, fecha en la cual se realizó el operativo de referencia e incluso, el diecinueve de noviembre siguiente, le reiteraron que no se le devolvería el mototaxi que le fue detenido en aquella fecha. En esas condiciones, si el quejoso tuvo conocimiento de esos actos reclamados, el siete de noviembre de dos mil catorce y presentó su demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el veintidós de enero de dos mil quince, como así se advierte del sello de recepción relativo, siendo turnada a este Juzgado en la misma fecha (foja 1); es obvio que fue cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que contaba para promover la vía constitucional, de ahí que, como consecuencia, su presentación resulta extemporánea. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica sustancial, en términos del artículo sexto transitorio de la nueva ley de la materia, la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto que enseguida se transcriben: "Novena Época. Registro 163172 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Por lo que, con fundamento además en el artículo 113de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha, de plano, la demanda de amparo de que se trata, promovida por Marcos Herminio Ortiz Jerónimo. Con fundamento en el numeral 27 de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el despacho ubicado en el edificio plaza Platino, calle Rayón número doscientos doce, interior veintidós, letra A, centro, en esta ciudad, y de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del diverso 24 de dicha ley, únicamente por autorizados para recibir notificaciones a Rolando Ruiz Salvador, Juan Fernando Alcalá Bautista, Patricia Morales García y Mitzi Fernanda Alcalá Morales, toda vez que de la certificación que antecede, se advierte no existe registrada cédula profesional a su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho. En tanto que el registro número 74115, que proporciona la parte quejosa, no corresponde al primero de los nombrados, ya que el mismo se encuentra a nombre de Rolando Salvador Ruiz García. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6º, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la parte quejosa que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la resolución que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de esa partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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