Chaarli Velazquez Lopez
Expediente 307/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Chaarli Velazquez Lopez
- Wilber Roberto Uc Cante
Actuaciones
- Principal
iv-Agréguese los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual transcribe el proveído de veintinueve de abril del año en curso, dictado en el expediente 404/2022-IV de su índice, del que se advierte en su parte conducente que acusa recibo del juicio de amparo 307/2022-IV, del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes, y acepta la competencia planteada y se avoca del conocimiento de este asunto. Por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso j) del indicado precepto 21, por lo que es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto antes citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese.
- Principal
IV.-Agréguese los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio enviado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual transcribe el proveído de veintinueve de abril del año en curso, dictado en el expediente 404/2022-IV de su índice, del que se advierte en su parte conducente que acusa recibo del juicio de amparo 307/2022, acepta la competencia planteada y se avoca del conocimiento de este asunto. Por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso j) del indicado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto antes citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese.
- Principal
IV.- Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el auto de veintiséis de abril del año en curso, que en lo conducente dice: "Vista la demanda de amparo de cuenta en la que Wilbert Roberto Uc Cante, Chaarli Velázquez López y Miguel Ángel Jiménez Olan, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclaman del juez de Control y juez de Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y otras autoridades, todas con sede en Playa del Carmen, Quintana Roo. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 307/2022-IV-A, fórmese el expediente físico así como el electrónico y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incompetencia por razón de territorio. En necesario destacar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, debe decirse que del análisis de la demanda se advierte que la parte promovente del juicio señala como actos reclamados los siguientes: "(.) 1.- DEL JUEZ DE CONTROL Y JUEZ DE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON SEDE EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, SE RECLAMA: a) TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS PROCESALES REALIZADOS EN LA AUDIENCIA QUE SE CITO PARA LLEVARLA A CABO A LAS 15:30 MINUTOS DEL DIA 8 DE ABRIL DE 2022 EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA 165/2022, PARA EL DESAHOGO DE PRUEBA ANTICIPADA DEL TESTIGO DE IDENTIDAD RESERVADA CON INIALES L.E.G.C. LLEVADA A CABO Y REGISTRADA EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA 165/2022, CON MOTIVO DE QUE DICHOS ACTOS PROCESALES VIOLAN EN PERJUICIO Y AGRAVIO DE LOS SUSCRITOS IMPUTADOS HOY QUEJOSOS NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS DE DEBIDO PROCESO, DE DEFENSA, DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 82 FRACCION I, inciso b), 85, en especial con lo establecido en los artículos 86, 87, 88, párrafo uno, y lo establecido en el artículo 91, 92 del CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y ARTICULOS 1, 14, 16, 17 y 20 DE LA CONSTITUCION FEDERAL. (.) Igualmente, tanto del proemio del escrito inicial de demanda, como del apartado de antecedentes, se advierte que los promoventes que se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Playa del Carmen, Quintana Roo. En ese contexto, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, ello con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, esto no solo es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso, se reclama todos y cada uno de los actos procesales realizados en la audiencia celebrada el ocho de abril del año en curso, en la carpeta administrativa 165/2022, por el juez de Control y juez de Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, relativa al desahogo de la prueba anticipada del testigo de identidad reservada, cuya ejecución corresponde al juez de Control y juez de Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, con residencia en Playa del Carmen, toda vez que ante esa autoridad se sigue la carpeta administrativa 165/2022, en contra de los promoventes, quienes incluso se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción de la misma localidad. Situación de la que advierte que el acto reclamado fue emitido y ejecutado por una autoridad con residencia en Solidaridad, Quintana Roo, como se desprende de las manifestaciones que bajo formal protesta de decir verdad realizó la parte quejosa en su escrito de demanda y en el apartado del acto reclamado. De lo expuesto se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la parte promovente, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado. Ahora, como ya se señaló el acto reclamado se tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, esto es, en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por tanto, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido, debe atenderse al lugar donde ésta tuvo, tiene o tendrá ejecución, lo que en la especie ocurriría en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que comprende un axioma compatible con la Nueva Ley de Amparo, de la Séptima Época, Volumen 217-228, Séptima Parte, Página 88, consultable bajo el número de registro 245025, cuyo y texto refieren lo siguiente: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 36 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, quien por razón de territorio ejerce jurisdicción en esa ciudad en que tendrá lugar la ejecución del acto reclamado, por lo que este órgano de distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio con las copias de la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, a través de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún se solicita al juzgado que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado, toda vez que éste no se encuentra entre los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo ni es de aquéllos de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la personas que menciona, toda vez que no tiene registrada su cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Transparencia, protección de datos personales y aviso de privacidad. Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente."
- Principal
IV.-Notifíquese personalmente.
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