Cesar Victor May Tun
Expediente 541/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Cesar Victor May Tun
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
II.- Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación a la vista que se ordenó en proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento, y este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a Cesar Victor May Tun, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, que fue el siguiente: ".procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa César Víctor May Tun, para los efectos siguientes: 1. No se le aplique en lo presente ni en lo futuro, el segundo párrafo del artículo 12, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve; que establece que la suma de las pensiones compatibles no podrá exceder del monto equivalente a diez veces el salario mínimo; y, 2. En consecuencia, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, deberá dejar insubsistente el descuento a la pensión de viudez de César Víctor May Tun, con el número 438679, establecido en el primer acto de aplicación consistente en documento denominado "Liquidación de Pago Previa Incorporación a Nómina", de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en lo relativo a la deducción denominada "Compatibilidad de Pensión", concepto 48 y deberá reintegrarle las cantidades que con motivo de la aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, le hubieren sido retenidas o descontadas, atendiendo a los lineamientos de esta sentencia, con la salvedad de que respecto a algún monto se actualice algún impedimento para ello, como la prescripción." Por auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Quintana Roo, en vías de cumplimiento del protector, estando a la espera de las constancias necesarias para acreditar cabalmente el mismo. En proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable, Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual interpuso recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, remitiéndose al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno para su substanciación. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable, Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, remitiéndose al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno para su substanciación. Mediante auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se recibió el oficio de la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, emitido en el toca 51/2020 de su índice, remitido con motivo del recurso interpuesto contra el acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecinueve; ahora bien, de dicho acuerdo que remitió la Superioridad, se advirtió que desechó por improcedente el recurso interpuesto por la Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, contra el auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se recibió la resolución, emitida en el toca 91/2020, acompañando el expediente original del juicio de amparo número 541/2019-II-C, del índice de este Juzgado, promovido por Cesar Victor May Tun, remitido con motivo del recurso interpuesto contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve; Ahora bien, de la resolución que remitió la Superioridad, se advirtió que confirmó la sentencia recurrida por la Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dictada por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que acreditara el cabal cumplimiento del fallo protector de mérito. Atento a lo anterior, mediante proveídos de quince y veintidós de octubre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidas las constancias remitidas por el Titular de la Unidad Jurídica en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que con dichas constancias se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, lo que se le notificó personalmente el veintitrés de octubre del año en curso, tal y como se advierte de la constancia de notificación levantada al efecto, que obra en autos. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al estar certificadas y suscritas por servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; con las que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En este contexto, toda vez que la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica en representación del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en el Estado de Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dejó insubsistente la aplicación en lo presente y en lo futuro por lo que respecta al artículo 12, fracción II, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como también, proveyó con relación a los descuentos establecidos a las pensiones por viudez y jubilación que le corresponden a la parte quejosa, identificada con el número 438679, y atento a lo anterior, se elaboró el cheque No.0002456, de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, por la cantidad de $157,944.96 (ciento cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 96/100 moneda nacional), y de las constancias que fueron remitidas se aprecia que el referido cheque fue cobrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte por la parte quejosa. En tal virtud, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el veintiuno de septiembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración después de los cinco años siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental y se ubica en la fracción II, del aludido punto vigésimo primero. En tal virtud, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, por lo que hace a los autos incidentales que derivan del presente juicio de amparo provéase a lo que corresponda, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Conjunto de que se trata. Finalmente, se informa que el presente juicio de amparo sí tiene valor jurídico.
- Principal
II.- Notificación personal.
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II.- Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el telegrama signado por la Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, con el cual solicita copia de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, a efecto de integrar debidamente su expediente administrativo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 3 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe inconveniente alguno, remítase copia certificada de las constancias solicitadas. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio y anexos remitidos por el Titular de la Unidad Jurídica en representación de la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, con los que informa las gestiones realizadas para el cumplimiento del fallo protector emitido en este asunto. En consecuencia, con fundamento en lo que establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. No obstante requiérase a la citada autoridad local, para que en el término de TRES DÍAS, legalmente computados, informe respecto al estado que guarda el procedimiento para devolver las cantidades que fueron descontadas de la pensión del quejoso. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, así como remitir las constancias con las cuales acrediten haber realizado el requerimiento de mérito, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil diecinueve, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el numeral 2582, en armonía con el diverso ordinal 2383, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución.
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II. Notificación personal.
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