Cevera Jarquin Ramos
Expediente 902/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cevera Jarquin Ramos
- Vicefiscal General de Control de Regional dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que se sobreseyó en el presente juicio, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE."
- Principal
Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 902/2021, promovido por ***********. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables emitieron diversas órdenes privativas de libertad. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***********, presentó un escrito el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, ante este juzgado, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de diversos actos reclamados al Jefa del Departamento de Sector adscrita a la Dirección Jurídica de la Policía Estatal, Vicefiscal General de Control Regional dependiente de la Fiscalía General del Estado De Oaxaca, Agente del Ministerio Público de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca adscrito a la Vicefiscalía General de Control de Regional Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Comandante y/o Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Delegado de la Policía Víal, Sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y Comandante de la Policía Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, y por auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 902/2021; asimismo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Asimismo, se advierte que en proveído de dieciocho de noviembre de este año y en acta que antecede, se dejaron de tener como autoridades responsables al Agente del Ministerio Público de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y a la Jefa del Departamento de Sector adscrita a la Dirección Jurídica de la Policía Estatal. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: La privación ilegal de la libertad, las órdenes de detención, retención, la incomunicación, tortura, azotes, los palos, la desaparición forzada y el tormento, así como la ejecución de dichos actos. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, en los términos que enseguida se describen: Autoridades responsables Sentido Vicefiscal General de Control Regional dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Niega Síndico Procurador del Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Niega Comandante y/o Encargado de la Agencia Estatal de Investigaciones, sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Niega Delegado de la Policía Víal, Sede Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca Niega Comandante de la Policía Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca Niega En ese tenor, debe destacarse que, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. En ese tenor, si bien se considera la naturaleza de los actos reclamados, lo cierto es que la propia quejosa, en diligencia de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, manifestó no haber sido golpeada, sin presentar lesiones visibles. Además, de autos se aprecia que la directa agraviada fue detenida y puesta a disposición de la representación social de Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, por haber ocasionado un incidente de tránsito en el cual resultaron lesionadas tres personas. En las constancias obra que le fueron leídos sus derechos constitucionales consagrados en el numeral 20 de la Carta Magna, y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además fue certificado su estado físico por una persona profesional de la salud en la propia data de los hechos. Incluso, la detención fue registrada en el Registro Nacional de Detenciones, según constancias de autos y, en ese tenor, no se advierte en un estándar razonable, la posible existencia de algún acto violatorio de los derechos humanos de la peticionaria de amparo. En ese orden, no hubo lugar a recabar oficiosamente mayores o diversas constancias, y por tanto, se estima que este asunto debe sobreseerse. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********** en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. NOTIFÍQUESE."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos se advierte que en proveído de veintidós de octubre del actual, se dio vista al quejoso para que dentro del plazo de tres días manifestara respecto a la inexistencia de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el cual transcurrió del doce al diecisiete de este mes y año, sin que hiciera manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se deja de tener como autoridad responsable en este expediente. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de veinticinco de octubre del año en curso, de la que se advierte que la actuaria adscrita hace constar que no fue posible la notificación personal del acuerdo de veintidós de octubre del actual, ya que al hacerse presente el domicilio para oír y recibir notificaciones señalado en autos por la parte quejosa encontró un aviso con la siguiente transcripción: ".AVISO (OFICINA 12) NOS CAMBIANOS DE DOMICILIO AL UBICADO EN CALLE PINO SUAREZ # 101 ALTOS, COL. CENTRO,OAXACA ATTE. DESPACHO JURIDICO Y PROFAM A.G. 06/SEP/2021)."; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, a) de la Ley de Amparo y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se ordena notificar por lista a la parte quejosa el auto de veinte de octubre de este año, así como los subsecuentes que se emitan en este asunto, hasta en tanto señale un domicilio preciso o el usuario electrónico del Sistema de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, para tal fin. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con quince minutos del doce de noviembre del año en curso, desde este momento se reprograma para las catorce de horas con quince minutos del veintidós de noviembre de dos mil de dos mil veintiuno, para su celebración. NOTIFÍQUESE.-INSERCION-San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el sobre cerrado que devuelve el administrador de Correos de México, relativo al oficio 22755/2021 dirigido a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2°, hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se dejará de tener como responsable en este juicio de amparo a tal autoridad. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se reprograma para las CATORCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.
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