César Zanabria Saraoz
Expediente 922/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- César Zanabria Saraoz
- Síndico Municipal de San Sebastián Tutla, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que el promovente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. En razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 99°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y como se concedió la suspensión de plano y de oficio en el presente asunto, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción III inciso a) del numeral 17 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su conservación. Por tanto, transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su conservación. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios y anexo señalados en la cuenta, por medio de los cuales el presidente y síndico Municipal de San Sebastián Tutla, Oaxaca, rinden sus informes relativos a la suspensión de plano concedida al quejoso en este juicio de amparo. Por otro lado, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Ahora bien, vista la diligencia de catorce de septiembre de dos mil veintitrés, levantada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que el directo quejoso ********************, no ratificó el contenido de la demanda presentada a su favor por ********************. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de catorce de septiembre del actual y se tiene por no presentada la demanda de amparo, por tanto, quedan sin efecto las providencias decretadas en su beneficio en el citado acuerdo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido la demanda de amparo señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y acorde a lo dispuesto en los artículos 180, 252, 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del citado Consejo; regístrese con el número 922/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes; se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Suspensión de oficio y de plano. De la revisión de la demanda de amparo se advierte que el inconforme ********************, a favor de ********************, reclama los actos siguientes: Del síndico y del presidente municipal del Municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca: La orden verbal de detención que es objeto el directo quejoso ******************** y su ejecución material. En tal sentido, con fundamento en lo previsto por los artículos 15, primer, segundo y tercer párrafos; y 126, primer y segundo párrafos y demás relativos de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de oficio y de plano para que: De inmediato cese todo acto que tienda a privar de la libertad personal al directo quejoso ********************, fuera de procedimiento. O cualquier acto tendente a mantenerlo incomunicado o hacerlo víctima de intimidación, de tortura, de azotes, de golpes, de tormentos, de malos tratos, de coacción, de castigos, de sujeción y que puedan afectar su integridad personal o psicológica, privarlos de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo de los actos que reprocha a las autoridades señaladas como responsables. Apercibimiento a las autoridades responsables. Requiérase a las responsables para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS comuniquen vía informe a este órgano jurisdiccional la forma y los términos en los que den cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano con el apercibimiento que de no cumplir con ello se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización de conformidad con lo ordenado por el artículo 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, del propio ordenamiento. En la inteligencia de que la violación a la medida cautelar concedida entraña la probable comisión de un delito de conformidad con lo señalado por el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse de inmediato se pondrá en conocimiento del Agente del Ministerio Público Federal adscrito. En consecuencia, se responsabiliza a las aludidas autoridades por cualquier violación que pudieran cometerse a esta determinación y deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin que se dé el debido cumplimiento a la medida cautelar decretada. También deberán permitir el acceso de manera mesurada a los familiares y abogados de los directos agraviados, en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de las personas detenidas; en el entendido de que al momento de la notificación deben permitir, en caso de ser solicitado por el Actuario Judicial correspondiente el acceso a una de estas personas a fin de que estén presentes al momento de la diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a las aludidas autoridades por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento. Por otro lado, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción para que solicite que le proporcionen el control de ingreso que se maneje en la dependencia antes citada con relación a los detenidos, debiendo hacer constar dicho fedatario la hora y el día en el que la parte quejosa ingresó a la dependencia a fin de acordar en su caso lo que en derecho corresponda. Prevención y apercibimiento a la directamente agraviada. Tomando en consideración que el promovente del amparo señala que el agraviado ******************** se encuentra privado de su libertad personal ante las autoridades señaladas en los separos de la policía municipal del Municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca. Por tanto, se comisiona al actuario(a) Judicial adscrito(a) a este órgano jurisdiccional para que se haga presente en los separos antes mencionado y al momento de la diligencia realice lo siguiente: a) Notifique a ******************** este proveído. b) De fe de las condiciones físicas en las que se encuentra el inconforme ******************** y lo requiera para que manifieste si cuenta con alguna lesión que no esté a la vista, debiendo asentar tales circunstancias en la razón que para el efecto realice. c) Requiera al directo agraviado ********************, para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días manifieste si ratifican o no la demanda promovida en su nombre por ********************; dicho lapso de tiempo contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, con el apercibimiento que de no ratificarla se procederá conforme a los párrafos cuarto y quinto del artículo 15 de la Ley de Amparo. d) Verifique si el inconforme se encuentra incomunicado. Con lo que exponga el directo quejoso o concluido el mencionado plazo dese nueva cuenta a fin de proveer sobre la admisión de la demanda o no. Precisión de los efectos de la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, consistente en detención. Con fundamento en lo previsto por el numeral 164 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN para el efecto de que en el caso de que el arresto o la detención del directo quejoso se haya efectuado por autoridad administrativa distinta al Ministerio Público en relación a la comisión de un delito, CESE DE INMEDIATO la detención por parte de dicha autoridad, entendiéndose por ello la puesta en libertad de los directo agraviados o bien, ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras competentes. De manera semejante, en el supuesto que dicha detención no tenga relación directa con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que la parte quejosa sea puesta en libertad. Para acreditar lo anterior, la autoridad que haya ejecutado la orden privativa de la libertad o la detención deberá remitir a este juzgado las constancias de las que se advierta el registro del arresto o de la detención, pues los miembros de la policía que la realicen deberán elaborar un registro de esa situación, estableciendo la fecha y la hora en la que la persona fue detenida o puesta a su disposición. Igualmente, en términos de lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de Amparo y 16, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN solicitada para el efecto que si la detención se hubiere realizado en flagrancia o urgencia, la autoridad investigadora que tenga a su disposición a la agraviada deberá examinar de inmediato las condiciones en que éste se realizó, debiendo remitir a este juzgado las constancias en las que se advierta que ha dado cumplimiento a lo estipulado en este párrafo, con el registro del arresto o detención correspondiente a fin de que se esté en aptitud de computar el término de cuarenta y ocho horas, en el que deberá decretar la libertad o solicitar la respectiva audiencia de control de la detención ante el juez competente. En caso de que el arresto del directo agraviado obedezca a un supuesto distinto a los mencionados en los párrafos precedentes, pero que sea el Ministerio Público quien pretenda restringir su libertad, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN para el efecto de que la parte quejosa sea puesta en inmediata libertad o consignada ante el Juez de Control correspondiente para que califique la detención. Ahora bien, en el caso de que la detención derive de una orden de arresto o infracción administrativa dictada en su contra, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la ley de la materia, en atención a la naturaleza de la suspensión solicitada y considerando que el arresto se trata de un acto de tracto sucesivo, por tratarse de un hecho continuo, el cual es susceptible de suspenderse para mantener la materia del amparo, dada su naturaleza jurídica, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE DICHO ACTO. En consecuencia, la concesión de la suspensión antes referida es para el efecto de que se suspenda de inmediato la ejecución del arresto que derive de la detención de la parte quejosa y no siga verificándose, por lo que la autoridad que materialmente esté ejecutando el acto reclamado, deberá poner en INMEDIATA LIBERTAD a la parte agraviada, siempre y cuando la privación de la misma derive del cumplimiento del arresto o infracción administrativa decretado en su contra por la autoridad señalada como responsable, pues de consumarse no sería posible de restituir en su caso al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, quedando a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto a su libertad personal se refiere. Asimismo, en el caso anterior, se requiere a las autoridades responsables que hubiere llevado a cabo el arresto, para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, realice el cómputo del tiempo que estuvo detenida la persona agraviada respecto de la sanción administrativa que le fue impuesta, señalando el ordenamiento normativo que dio origen a la medida administrativa que se le aplicó y las circunstancias en que ésta fue empleada. Apercíbase a las autoridades responsables, que para el caso de no cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo o no hacerlo con la celeridad ordenada, se emplearán los medios de apremio a que se refiere el numeral 211 de la ley de la materia, pudiendo hacerse uso de la fuerza pública. Es necesario precisar que la concesión de la suspensión de oficio y de plano decretada en esta resolución judicial no exime a los justiciables de comparecer a declarar ante la autoridad ministerial que la haya citado, porque la investigación y la prosecución de los hechos que la ley señala como delitos es una facultad que corresponde al Ministerio Público en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Federal, la cual es de orden público y no puede obstaculizarse ni detenerse con el otorgamiento de una medida cautelar, puesto que esta última se concedió a la disidente para que no sea intimidada ni detenida para conseguir la ejecución del mandamiento que dispuso la recepción de su declaración a fin de que la autoridad ministerial pueda continuar con la investigación que está realizando, por lo que el promovente deberá presentarse ante la fiscalía que la requiera cuantas veces sea citada para que se continúe el procedimiento de la indagatoria correspondiente y en el caso de inasistencia las responsables deberán informarlo a este Tribunal de amparo para proveer sobre la revocación de la suspensión decretada a favor de la disconforme. Vinculación de autoridades. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 111 de la propia ley, a fin de vigilar el cabal acatamiento de esta determinación judicial y en atención a que para garantizar el cumplimiento de la suspensión, rigen las mismas reglas previstas que para las sentencias de amparo, entonces, aun aquellas autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, si están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, deberán acatarla, máxime que en el caso se reclama la detención de una persona, pues su retención por más tiempo del permitido por nuestra carta magna constituye en delito y la finalidad de esta medida cautelar es vigilar que la parte agraviada sea puesta a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo correspondiente Para ello, se comisiona al Actuario de la adscripción para que en el caso de tener conocimiento de la intervención de diversas autoridades que hayan sido señaladas en virtud del desconocimiento de la promovente respecto de su participación, sin necesidad de nuevo acuerdo, les comunique mediante oficio esta determinación, autoridades que estarán obligadas a acatarla en sus términos, sin perjuicio de que no hayan sido señaladas expresamente como responsables, pues como se ha dicho, al tener participación en la detención, están vinculadas al cumplimiento de la suspensión, por lo que de igual forma deberán rendir su informe en el plazo de veinticuatro horas y acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo, se ordenará la inmediata libertad del quejoso. Autorización para subsanar denominaciones incorrectas. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables refieren que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta al Actuario Judicial para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicha funcionaria, esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a la autoridad responsable, que si persistiere en no recibir el oficio que le fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. En el entendido de que, de la negativa de las responsables, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo." "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Compensación. Realícese el trámite correspondiente en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, a efecto de realizar el registro correspondiente de este juicio de amparo para la compensación respectiva. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Dado que el disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta determinación, así como las determinaciones ulteriores, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Por otro lado, se tiene como autorizados con las restricciones establecidas en el artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- César Tomás Juárez Peralta1381/2016
- César Torres Loyo29/2015
- César Trejo Ruiz451/2020
- César Ulises Ronquillo Hipólito1737/2016
- César Valdez Padilla451/2022
- César Velázquez Guerra744/2020
- Cesia Trujillo Matus1349/2017
- Cevera Jarquin Ramos903/2021
- Cevera Jarquin Ramos902/2021
- Chalio Hernández Pérez947/2021
- Christian Adrián Esparza Jaco1631/2016
- Christian Ediel Ramírez García1265/2018