Cesilia Ramírez Jiménez
Expediente 1238/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1238/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cesilia Ramírez Jiménez
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio T-I-1460, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 139/2019-IV, promovido por LUIS EMIGDIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ, representante legal de DEL DUERO PERSONAL, Sociedad Anónima de Capital Variable, DESARROLLO INMOBILIARIO MERZA, Sociedad Anónima de Capital Variable, INMOBILIARIA MERZA, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, SERVICIOS INTEGRALES MERZA, Sociedad Anónima de Capital Variable y SERVICIOS AUXILIARES DE EQUIPO LOGISTICO Y DISTRIBUCIÓN, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; asimismo, adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de quince de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos de la revisión 176/2019; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "...PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva en contra de los actos y autoridades señalados en la interlocutoria revisada, por las razones expuestas en la presente resolución. TERCERO. Se declara sin materia la revisión adhesiva." NOTIFÍQUESE.
- Principal
...CÚMPLASE.
- Principal
Vista la constancia de trece de los actuales practicada por el Actuario de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la quejosa Cesilia Ramírez Jiménez, así como a su autorizada, el proveído de fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo en que se actúa, por los motivos que en la misma se indican; consecuentemente, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificarles dicho auto, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes que sean de carácter personal hasta en tanto señale nuevo domicilio para ese efecto. NOTIFÍQUESE. ...MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de garantías promovida por ...contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican...El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece...Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en: ". la resolución dictada por la autoridad responsable en fecha 07 siete de noviembre de 2019, dentro del toca penal número XI-53/2019, relativo al recurso de apelación frente al auto de vinculación a proceso dictado a Francisco Anguiano Elías dentro de la causa penal 144/2019, por la juez de control de Uruapan, Michoacán". Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en el Estado Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, pues los actos reclamados llevan inmersa una ejecución material que tiene materialización en el lugar en que ejerce su jurisdicción territorial. Es así, si se toma en consideración que la resolución reclamada del Magistrado responsable dentro del toca penal XI-53/2019, formado con motivo del recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado al Francisco Aguiano Elías, el siete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido dentro de la causa penal 144/2019, del índice del Juzgado de Control de Uruapan, Michoacán, por su naturaleza requiere de ejecución material, toda vez que entre el efecto del mismo se encuentra que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de origen, es decir, es ante la potestad del Juez de la causa a la que el procesado está sometido, pues al encontrarse recluido el quejoso en la propia jurisdicción del Juez de la causa, queda vinculado a determinadas obligaciones, por lo que la competencia para conocer del amparo promovido contra ese auto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de Control que conoce de la causa penal, por ser ahí, donde se materializan sus efectos. Es decir, dichos fallos repercuten directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de Control, la ejecución material de los actos reclamados será en el lugar de residencia de éste, que consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto en contra de la resolución del Magistrado que modificó el auto de vinculación a proceso, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez que conoce de la causa penal. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Así como, en lo que en ella interesa, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 147/2005, visible en la página número 174, Tomo XXIII, Enero de 2006 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal.". Por tanto, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tiene materialización en Uruapan, Michoacán, lugar en donde tiene su residencia el Juez de Control que conoce de la causa penal a estudio. Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares.". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de garantías con las copias simples de la misma, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no ha lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, en términos de lo previsto por el artículo 48, primer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud a que el promovente del amparo no solicitó dicha medida cautelar y tampoco se ubica en alguno de los supuestos que establece el artículo 128, fracción I y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127 del citado ordenamiento. Se tiene autorizando a NOÉ GREGORIO RODRÍGUEZ RICO, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 7224459, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. Por otro lado, en cuanto a su petición que solicita se le autorice la consulta del presente juicio de amparo en el Portal de Servicios el Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual proporciona como nombre de usuario ngrodriguezr; atento a lo anterior, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad con lo solicitado, toda vez que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se desprende que el usuario que proporciona no se encuentra registrado, como se advierte de la impresión de pantalla de dicho sistema, la cual se ordena agregar a los presentes autos, de ahí que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado materialmente, para proveer de conformidad con lo solicitado. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional...
- Principal
Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el original del cuaderno incidental y por lo que respecta al duplicado de la causa penal, número II-24/2017 que remitió el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con el que se ordenó formar un cuaderno de prueba, devuélvase a su lugar de origen por ser innecesarias. Ahora bien, tomando en consideración que en el juicio de amparo en que se actúa, por resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a...; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, remita copia debidamente certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en relación con los puntos especificados de la sentencia emitida en el presente juicio, es decir: "I. Dejar insubsistente la orden de aprehensión reclamada de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el proceso penal 14/2017, y II. En su lugar, emitir una nueva determinación, en la cual, primero, habrá de abordar el estudio del cuerpo del delito y, de considerar acreditados sus elementos, procederá al análisis de la probable responsabilidad de los inculpados, aquí quejosos, en la comisión del mismo, todo ello, subsanando las omisiones destacadas en esta sentencia de amparo y siguiendo los lineamientos trazados en la misma y, con libertad de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada lo que estime conveniente." Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, al momento de realizarse la conducta sancionada, con independencia de la responsabilidad penal prevista en el artículo 267, fracción I, de la ley de la materia. Ahora bien, atento a que los juzgadores del Poder Judicial de la Federación no tienen superior jerárquico a quien requerirle para que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, por tratarse de órganos absolutamente autónomos en el ejercicio de su función jurisdiccional; motivo por el cual se apercibe al Juez responsable a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P. XXVI/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO GUARDA UNA RELACIÓN DE JERARQUÍA NI DE DEPENDENCIA CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme a los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que, conforme a las bases previstas en dicho ordenamiento fundamental, establezcan las leyes, y cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. En consecuencia, si se trata de un órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación con funciones distintas a las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues sus atribuciones no están encaminadas a resolver jurisdiccionalmente conflictos, sino que posee facultades de organización interna y de administración, reglamentarias, de designación, de organización, de disciplina y carrera judicial, es indudable que no existe una relación jerárquica entre el indicado Consejo y los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y menos aún de dependencia o sumisión de éstos en relación con aquél en el desarrollo de sus funciones". Finalmente, déjese a disposición de los quejosos LUIS ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ, GERARDO HERNÁNDEZ VILLA, LUIS ÁREVALO CASTILLO, LUIS DANIEL ÁREVALO MORALES, JUAN RAMÓN MORALES RODRÍGUEZ, los billetes de depósito números N 823664, N 823662, N 823663, N 823666 y N 823665, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C, valiosos cada uno por la cantidad de $6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 M.N.), que exhibieron para garantizar la suspensión provisional del acto reclamado, en atención a que resulta innecesario seguir conservándolos en depósito y a disposición de este Juzgado, lo anterior hágase del conocimiento de los quejosos, en el domicilio señalado en autos informándole además que de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, tiene dos años contados a partir de que queden legalmente notificados del presente proveído, para que comparezcan ante este Juzgado a recibir dichos billetes de depósito previamente endosados, apercibiéndolos que de no hacerlo en ese lapso, las garantías de que se trata prescribirán en favor del Erario Federal. NOTIFÍQUESE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- Cesár Tapia Chávez337/2018
- César Tapia García1005/2018
- César Villaseñor Prado810/2022
- César Villaseñor Prado355/2023
- Cesáreo Leal Cortés999/2019
- Cesareo Tinoco Murillo530/2022
- Chistian Jonathan Montes Tapia709/2023
- Chrisitian Sinuhe Calderón González862/2018
- Christian Arturo Morales Moreno402/2019
- Christian Calixto Hernández381/2018
- Christian Edgar Mora Sánchez193/2023
- Christian Eduardo Alvarado Cervantes114/2019