César Villaseñor Prado
Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 87 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 87
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- César Villaseñor Prado
- Titular del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Metropolitana del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 87.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con la copia del escrito de ampliación de demanda, y con fundamento en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión promovido por ....., contra actos del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Metropolitana de la Delegación Regional de Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, consistentes en: "1. La violación al Pacto Federal por no reconocer, por sí y ante sí, actos realizados por autoridades de las entidades federativas de la Federación, consistentes en sentencia dictada por el Juzgado Municipal de los Civil de Atzitzintla, Estado de Puebla, en términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como la rectificación asentada por el Oficial del Registro Civil de Arios de Rosales, municipio Ario, Michoacán . 4. La falta de emplazamiento al expediente donde existen las supuestar irregularidades de identidad. " Ahora bien, la medida cautelar de que se trata, se solicita para los siguientes efectos: "Se suspendan los efectos de la determinación consistente en desconocer los actos jurídicos llevados a cabo en las entidades federativas de Puebla y Michoacán de Ocampo." En el caso concreto, el peticionario del amparo solicita expresamente en su escrito de ampliación de demanda, la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan. Sin embargo, SE NIEGA a ........., la suspensión provisional que solicita, en virtud de que los actos reclamados consistentes en la negativa de reconocer la determinación dictada por el Juzgado Municipal de los Civil de Atzitzintla, Estado de Puebla, así como la negativa de reconocer la rectificación de documentos asentada por el Oficial del Registro Civil de Arios de Rosales, municipio Ario, Michoacán, y la falta de emplazamiento al expediente administrativo en el que se determinó que existen irregularidades respecto de su identidad, tiene la naturaleza de actos negativos, mismos que no puede ser materia de la medida cautelar prevista por la ley reglamentaria, pues aquélla tiene por objeto paralizar y detener la acción de las autoridades responsables mientras se tramita el juicio y, en el caso concreto, lo que se reclama es un no hacer de la autoridad, por ello no se actualizan los extremos previstos en la ley para la concesión de la suspensión que se solicita, pues de concederse se estaría otorgando efectos restitutorios mismos que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, tal como lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 1096, aplicada por identidad de razón, visible a fojas 759, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo texto es: "ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión." En relación con la diversa, aplicada por identidad de razón, visible en la página 312, Tomo XI, correspondiente al mes de Junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSION, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." Así como la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1912, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio.". Mediante oficio correspondiente, al que deberá agregarse copia de la demanda de garantías, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuye, asimismo, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al suscrito juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes, conforme lo establece el artículo 140 de la nueva Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el artículo 142, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 260 fracción I, de la citada ley. Se señalan las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquéllos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se nieguen a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables y a los que en su caso les revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estimen necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia incidental. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 8794/2023 signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo primer Circuito, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 810/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, informando que en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se encuentra disponible la ejecutoria pronunciada dentro de la queja 225/2023; acúsese recibo y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "ÚNICO. Es parcialmente fundado el recurso de queja" Consecuentemente, con apoyo en el artículo 102 de la ley de Amparo, se levanta la suspensión del procedimiento decretada en el expediente en que se actúa y SE SEÑALAN LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés por los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la que se revocó el auto de trece de junio del año en curso, y determinó: "procede declarar parcialmente fundado el presente recurso y toda vez que la naturaleza de esta determinación, equivale a ordenar la reposición del procedimiento, en virtud de que el auto de admisión implica el cumplimiento de una serie de requisitos legales y administrativos que sólo el Juez de Distrito puede establecer, de conformidad con la última parte del artículo 103 de la Ley de Amparo, procede revocar el acuerdo impugnado y se ordena que aquél emita otro relativo a la admisión de la ampliación de la demanda de amparo, respecto de los nuevos conceptos de violación, en los que se alegó transgresión de preceptos constitucionales, así como de los actos reclamados identificados con los números 1 y 4) de la ampliación de la demanda de amparo, siempre y cuando no se actualice una causal de improcedencia diversa a la analizada." Por tanto, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la ampliación de la demanda de amparo promovida por César Villaseñor Prado contra actos del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Metropolitana del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de los nuevos conceptos de violación, en los que se alegó transgresión de preceptos constitucionales y únicamente por los actos consistentes en: "1. La violación al Pacto Federal por no reconocer, por sí y ante sí, actos realizados por autoridades de las entidades federativas de la Federación, consistentes en sentencia dictada por el Juzgado Municipal de los Civil de Atzitzintla, Estado de Puebla, en términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como la rectificación asentada por el Oficial del Registro Civil de Arios de Rosales, municipio Ario, Michoacán . 4. La falta de emplazamiento al expediente donde existen las supuestar irregularidades de identidad. " Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 15/2003, de consultable en la página 12, del Tomo XVIII, correspondiente al mes de Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional.". Así como la diversa jurisprudencia número VI.2º.C.J./240, consultable en la página 1339, tomo XIV, Enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que la letra dice; "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos." Así como la, aplicada por identidad de razón, la tesis visible en la página 848 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ADMISIÓN NO SE REQUIERE QUE EL QUEJOSO SEÑALE EL CAPÍTULO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 116 de la Ley de Amparo es claro al señalar los requisitos que debe reunir la demanda de garantías, entre los cuales no figura el consistente en que el quejoso indique el capítulo correspondiente a la suspensión del acto reclamado; de ahí, que al no existir señalamiento alguno al respecto, no es motivo para que el Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, prevenga al promovente para que satisfaga ese aspecto con el apercibimiento que de no hacer la aclaración respectiva se tenga por no interpuesta la demanda de amparo y ante el incumplimiento del quejoso, haga efectivo dicho apercibimiento; pues en todo caso, ante la falta de solicitud de la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia únicamente afecta al peticionario de garantías, en el sentido de que el incidente correspondiente no se tramitará; además la solicitud de la medida suspensional puede ser realizada por el quejoso en cualquier momento del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria, de conformidad al artículo 141 del ordenamiento legal en cita.". No se forma incidente toda vez que ya se creó; no obstante, provéase respecto a la suspensión provisional respecto de la ampliación de la demanda, que en derecho en corresponda en dicho incidente. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable en el escrito de ampliación de demanda, su informe justificado respecto de dicha ampliación, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciban el oficio en el que se les solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se haya basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por las autoridades responsables. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tiene conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberán exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. En otro contexto, por ser parte del juicio de amparo, dese vista de la ampliación de demanda en el presente asunto, así como del presente proveído al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis número X.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, visible en la página 2370, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR Y CORRER TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 120 Y 146 DE LA LEY DE LA MATERIA ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. La obligación que establecen los numerales 120 y 146 de la Ley de Amparo, que también son aplicables a la ampliación de la demanda, se refiere a la notificación a las partes del escrito de demanda, entre los que se encuentra la notificación al Ministerio Público para que, si lo desea, formule alegatos por escrito en los que puede destacar la improcedencia del amparo o de su ampliación o, en su caso, promover los recursos de revisión que sean procedentes, ya que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 66/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 43, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la intención del legislador, al establecer el artículo 120 de la invocada ley, fue prever mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica y, dentro de ésta, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. De ahí, que si no se le da la intervención que legalmente le compete al representante social respecto de las ampliaciones de demanda, ello evidencia que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, conforme al artículo 91, fracción IV, de la citada ley, al no haberse llamado a juicio a una de las partes, que por disposición legal debe tener conocimiento de su tramitación, ya que la prosecución del sumario es una cuestión de orden público, por lo que debe reponerse el procedimiento para ese efecto." Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo hagan. Notifíquese personalmente a todas las partes.
- Incidental
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 8103 signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 810/2022, y comunica la firmeza del desechamiento pronunciado dentro del recurso de queja 336/2023, de su índice. Acúsese de recibo. De igual manera, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes y tomando en consideración que el mismo está integrado por copias de las principales constancias del incidente de suspensión derivado juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se agreguen al presente expediente; por tanto, glósese únicamente al presente asunto, las constancias practicadas dentro de dicho cuaderno de antecedentes y no así las copias simples con las que se formó. Notifíquese.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 7699 recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso 21258, con el que se remitieron los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************/2022, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por ********************, contra del proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó de plano su petición de modificación de la suspensión definitiva, e informa que dicho recurso se registró bajo número ********************, de su índice, y se desechó por improcedente; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
Quedan 83 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes
- César Rodríguez Narciso312/2023
- César Rodríguez Narciso399/2022
- César Rodríguez Narciso142/2023
- César Takeshi Silva Herrera505/2023
- Cesár Tapia Chávez337/2018
- César Tapia García1005/2018
- César Villaseñor Prado355/2023
- Cesáreo Leal Cortés999/2019
- Cesareo Tinoco Murillo530/2022
- Cesilia Ramírez Jiménez1238/2019
- Chistian Jonathan Montes Tapia709/2023
- Chrisitian Sinuhe Calderón González862/2018