César Velasco Rodríguez
Expediente 1453/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1453/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- César Velasco Rodríguez
- Juez Primero de lo Penal de Colima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Colima, Colima, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Como en la sentencia dictada, se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la autoridad responsable las constancias allegadas al juicio de garantías; lo anterior, por ser innecesaria su retención. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido de la secretaria Berónica Farías Contreraz, que autoriza y da fe. NVT
- Incidental
Colima, Colima, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original y considerando que, por una parte, fue negada y por otra, concedida la suspensión definitiva, los cuadernos incidentales se consideran susceptibles: a) el original de depuración, debiendo conservarse únicamente la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión y, b) el duplicado, de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) Como el original del cuaderno del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir de la de este acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que el cuaderno original de este incidente, es sujeto de depuración, mientras que el duplicado de destrucción. Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa el contenido del presente, toda vez que en autos se encuentra exhibido el billete de depósito N773307, valioso por la cantidad $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional), mismo que queda a su disposición en la secretaría de este juzgado, apercibida que de no comparecer a recibirlo, una vez trascurrido el plazo de dos años, se procederá en términos de los artículos 45,46 y 47 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con la secretaria Berónica Farías Contreraz quien da fe. NVT
- Principal
En la ciudad de Colima, Colima, a las once horas con cuarenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, que actúa con el (la) Secretario(a) Berónica Farías Contreraz quien da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1453/2016, promovido por********************, sin la comparecencia de las partes. A continuación, el (la) Secretario(a) da lectura de las constancias que obran en autos. El Juez acuerda, se tiene por relacionadas y recibidas las constancias que obran en autos, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 185, tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Se abre el periodo de pruebas: con fundamento en lo que establecen los artículos 119 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales allegadas por las autoridades responsables; medios de convicción que se tienen por desahogados de acuerdo a su propia naturaleza, por lo que concluye dicho período. Acto continuo se abre el diverso de alegatos: téngase por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos vierte la Representación Social, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de la Materia. En las relatadas condiciones y con pedimento del Ministerio Público Federal adscrito, finaliza la audiencia y quedan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito exhibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito de esta entidad, ubicado en la ciudad de Colima,********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades indicados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda en cita, se registró con el número 1453/2016 y se ordenó darle el trámite de ley. Durante la substanciación del juicio se recibieron los informes justificados, se dio vista a la parte quejosa y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Determinación de la competencia. Este Juzgado Federal resulta legalmente competente para resolver el presente juicio, con fundamento los artículos: 94, 103, fracción I y 107 de la Ley Fundamental; 1, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Debido tanto a que se controvierten actos de autoridad que se afirma pudieran afectar la libertad personal de la parte quejosa, como a que los mismos podrían tener ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado, sin jurisdicción especial, ejerce competencia. SEGUNDO. Especificación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: La ******************** ******************** decretada contra el quejoso, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existía materia para efectuarlo. Las autoridades responsables Juez Segundo de lo Penal y Procurador General de Justicia del Estado, residentes en esta ciudad de Colima negaron el acto que se les imputa, de suerte no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que les reclama. Porque sucede que lo que se les reprocha implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer (básicamente la expedición de alguna orden o mandato que tiene por efecto fundamental el afectar su libertad personal y su ejecución) y, por tanto, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa haya allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables, procede sobreseer en su integridad en el presente proceso de amparo, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Actos controvertidos existentes. Las autoridades responsables Juez Primero de lo Penal , Director General de Control de Procesos y Director General de la Policía de Procuración de Justicia del Estado, residentes en esta ciudad de Colima, al rendir sus informes con justificación, aceptaron el acto reclamado por el quejoso y, en sustento a su dicho, remitieron las constancias relativas que así lo acreditaron, entre ellas el duplicado de la causa penal ********************; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por tanto, se tienen como plenamente probados los actos reclamados a las autoridades mencionadas. En relación con lo expresado se invoca la jurisprudencia 278 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que previene: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia publicada con el número 226 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Debido a que se advierte oficiosamente que en la especie se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como esto conllevará al sobreseimiento en el presente proceso constitucional, esta resolución no se ocupará del estudio relativo a la constitucionalidad del acto reclamado, de acuerdo con la jurisprudencia 413 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que ordena: "SOBRESEIMIENTO.- El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la Justicia de la Unión ampara o no, a la parte quejosa, y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y la autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones". El citado numeral en lo conducente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El primer párrafo de la fracción en comento, establece la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías llamada cambio de situación jurídica, la cual consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva el amparo será improcedente si de conceder el amparo se afectara ésta y por ello se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Por otra parte, en el segundo párrafo se precisa que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia establecida en este precepto, e impone a la autoridad judicial que conozca del proceso penal, el deber de suspender el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que le sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Esta disposición se refiere a la materia penal, en la cual, la situación jurídica del quejoso deviene de los supuestos que afectan o restringen su libertad personal, llámense ********************, detención, prisión preventiva o pena, la existencia de una de ellas excluye la aplicación de las restantes; actualizándose así un cambio de status legal, pues la nueva situación que se genera hace que las violaciones reclamadas se encuentren consumadas de manera irreparable, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica generada, en estas condiciones surge la causa de improcedencia establecida en la fracción XVII de la Ley de Amparo. En el caso, el impetrante de amparo en esencia reclamó una ******************** ******************** emitida en su contra, así como la ejecución de la misma; sin embargo, de las constancias que remitió el Juez Primero de lo Penal de esta ciudad de Colima, adjuntas a su oficio 3464 de tres de octubre del año en curso, se advierte que con esa fecha dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso ********************, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito equiparado de fraude, previsto y sancionado por el artículo 233, fracción II, con relación al 12, 13 y 20 fracción I del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de ******************** (fojas 30 a 42); por lo que es obvio que la situación jurídica del quejoso al promover el presente juicio de garantías ha cambiado, pues ya no es la ******************** ******************** reclamada la que afecta su libertad personal, cuenta habida que el proceso penal del que emana el acto reclamado ya ha transitado de la etapa conocida como de preinstrucción, a la instrucción propiamente dicha, y en ese sentido es el mencionado auto de formal prisión el que regula su presente condición legal. Así, el solicitante de la protección de la justicia federal ha pasado de ser un simple indiciado a un verdadero reo sometido a proceso, dado que luego de habérsele escuchado en declaración preparatoria, se determinó que su situación jurídica debía quedar como ya se ha apuntado. Ahora bien, esta sobrevenida y nueva etapa del proceso hace que se consideren irreparablemente consumadas las presuntas violaciones imputadas a la ******************** ******************** reclamada, pues ya no es posible decidir sobre la constitucionalidad de éstas, sin afectar por consiguiente la actual situación jurídica y procesal del quejoso. En ese sentido, debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debiendo hacerse notar que no se está en alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el reformado segundo párrafo de dicho dispositivo, el cual, debe recordarse, indica que sólo la sentencia de primera instancia hará que se estimen incorregibles las transgresiones ocurridas en el proceso penal, respecto de las garantías individuales previstas en los artículos 19 y 20 de la Constitución. En el presente caso, en que el acto reclamado es una ******************** ******************** que tiene su fundamento en el diverso artículo 16 de la Ley Fundamental, para cuya emisión sólo rigen las garantías consagradas en dicho dispositivo, no puede aceptarse la posibilidad de que sea también violatorio de algunas otras, de modo que la excepción mencionada no resulta aplicable al caso, y por tanto, no afecta el sentido de esta resolución. En razón de lo antes expuesto, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de manera plena la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, del citado ordenamiento jurídico. Resultando aplicable la jurisprudencia VIII.1º. J/17, integrada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que se publicó en la página 970, tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1999. La adición del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que entró en vigor el nueve de febrero de 1999, pone de manifiesto que la excepción orientada a que en los juicios de garantías se analicen las violaciones a la libertad personal, son las relacionadas únicamente con los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al auto de término constitucional y a la sentencia en el juicio penal, limitándose la aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, sólo en esos casos, al dictado de la sentencia de primera instancia, para que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas; de donde se advierte entonces que al excluirse de ese precepto legal, las violaciones a la libertad personal relacionadas con el artículo 16 constitucional, relativas a la ******************** ********************; por tanto, resulta que la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, no requiere del dictado de la sentencia definitiva, sino que basta con que se dicte el auto de formal prisión. Y, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 270, tomo XXVII, junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una ******************** ********************) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, de la ley de la materia, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por********************. Notifíquese. Lo sentenció y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el(la) secretario(a) Berónica Farías Contreraz quien da fe.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de lo Penal de esta ciudad de Colima, mediante el cual informa que dictó resolución constitucional al aquí quejoso y al efecto remite copia certificada de la constancia que así lo acredita; glósese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, dese vista a las partes, en el entendido de que queda a su disposición en la secretaría de este juzgado para que se imponga de su contenido, en términos del artículo 66, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Finalmente, con el fin de evitar dilaciones innecesarias en el trámite de este juicio, en estricto apego a la garantía constitucional consagrada en el numeral 17 de nuestra carta magna, se difiere anticipadamente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia en el presente expediente, esto es, para las diez horas con diez minutos del once de octubre próximo, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su verificativo.
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