César Velasco Rodríguez

Expediente 1295/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1295/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
04/10/2016

Partes del expediente

  • César Velasco Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Como en la sentencia dictada, se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado. c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general. d) Con el contenido de este acuerdo dese vista en los cuadernos incidentales. Finalmente, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Incidental

    Visto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que, por una parte, fue negada la suspensión definitiva, ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) se consideran susceptibles de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general. c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión también es susceptible de destrucción, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado. d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) que son sujetos de destrucción (aunque con la precisión de que respecto al duplicado será en el aludido lapso de seis meses). Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general.

  3. Principal

    SENTENCIA: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por CÉSAR VELASCO RODRÍGUEZ.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogaran la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de garantías, en los siguientes términos: Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil catorce, se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito al resolver el amparo en revisión 174/2014, en la que determinó modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo para los efectos indicados en la resolución impugnada y con la precisión realizada en ese fallo, siendo los efectos de la concesión federal los siguientes: "a) Que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, no le aplique en lo futuro las disposiciones declaradas inconstitucionales hasta en tanto no se produzca un nuevo acto legislativo que la reforme o modifique. b) Y le restituya, debidamente actualizadas, las cantidades enteradas por ese concepto a partir del veintisiete de junio de dos mil ocho y posteriores, toda vez que las anteriores se encuentran prescritas" Por resolución emitida el ocho de abril de dos mil dieciséis en el incidente innominado de cuantificación del monto que la autoridad debería regresar al quejoso, se determinó que la cantidad a devolver ascendía a la cantidad de $41,396.36 (cuarenta y un mil trescientos noventa y seis pesos 36/100 M.N.), la cual fue devuelta y recibida por el quejoso directo Mario Alberto Gallardo Valdovinos, el catorce de mayo del presente año, según se desprende de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su oficio número DAJ-172/2016 de veintitrés de mayo del año en curso. Con tales constancias, por auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis se ordenó dar vista personal al quejoso a fin de que manifestara lo conducente en relación al cumplimiento efectuado por la responsable. Por escrito presentado el tres de junio de dos mil dieciséis, el quejoso, formuló diversas manifestaciones, en las que substancialmente refiere que las responsables no han cumplido con la sentencia dictada, pues además de que no se le ha reintegrado las cantidades debidamente actualizadas, las responsables han incumplido con lo ordenado en la ejecutoria de autos, pues continúan realizando el cobro por concepto de alumbrado público respecto de los números de servicio 187 000 900 501, 187, 951, 100 741, 187 000 203 290, 187 000 803 238 y 187 080 401 879, lo cual lo acredita con los avisos - recibos que acompaña a su escrito. Por auto de quince de junio de dos mil dieciséis, se requirió a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, informaran y acreditara haber dejado de aplicar al quejoso las disposiciones declaradas inconstitucionales; así como para que el Tesorero Municipal de Tecomán, Colima, restituyera debidamente actualizadas, las cantidades enteradas por el quejoso por concepto de alumbrado público, posteriores al periodo que fue materia del dictamen pericial que obra en autos. Mediante oficios número TM-134/2016 y TM243/2016 la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, informó el cumplimiento de la sentencia y remitió copia de diversas constancias, entre ellas del cheque número 1160, valioso por la cantidad de $515.39 (quinientos quince pesos 39/100 m.n.) expedido a favor del quejoso por concepto de pago de derecho de alumbrado público, recaudado a la parte quejosa posterior a la cuantificación que en forma incidental se había determinado. Sin embargo, no se debe perder de vista que el cobro realizado al quejoso por concepto de alumbrado público fue respecto de los números de servicio 187 000 900 501, 187, 951, 100 741, 187 000 203 290, 187 000 803 238 y 187 080 401 879, por lo tanto, se desconoce a cuál servicio corresponde la devolución efectuada a través del cheque expedido por la Tesorera del Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Aunado a lo anterior, la mencionada autoridad responsable no acreditó haber dejado de aplicar al quejoso las disposiciones declaradas inconstitucionales. En esas condiciones, este juzgado federal considera que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida cabalmente. Por lo tanto, en atención a lo expuesto se requiere a la Comisión Federal de Electricidad y a la Tesorera Municipal de Tecomán, Colima, para que dentro del término de tres días informen y acrediten haber dejado de aplicar al quejoso las disposiciones declaradas inconstitucionales respecto de los números de servicio 187 000 900 501, 187, 951, 100 741, 187 000 203 290, 187 000 803 238 y 187 080 401 879, así como para que se restituya debidamente actualizadas, las cantidades enteradas por el quejoso por concepto de alumbrado público, posteriores al periodo que fue materia del dictamen pericial que obra en autos. Actualización, que deberá calcularse en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación ya que se trata de una devolución de impuesto, además, de que en el Código Fiscal del Estado de Colima y el diverso Código Fiscal Municipal de Colima, no existen disposiciones al respecto. En relación con lo anterior, la responsable deberá realizar por escrito dicha actualización; plasmando de manera puntual las operaciones aritméticas que haya efectuado para llevar a cabo tal actualización, respecto de cada uno de los números de servicio materia del presente juicio. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo sin causa justificada o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y, además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar con la separación de su puesto e, incluso, su consignación, con fundamento en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones anteriores la jurisprudencia P. 31 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 228 del tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación de la octava época, número de registro 205988, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada". De igual forma se invoca la jurisprudencia P./J. 112/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 19 del Tomo X, Noviembre de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la novena época, número de registro 192846 de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro".

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