César Tula Guzmán
Expediente 792/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 34 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- César Tula Guzmán
- Pablo Tula Guzmán
- Carlos Bravo Medina, Agente Investigador Adscrito A la Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía Especializada En Investigación de Delitos del Alta Incidencia
- Fiscal General del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Puebla, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. IMPOSIBILIDAD FUNDADA Agréguese el oficio del secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el juicio de amparo ******************** y la ejecutoria de nueve de marzo pasado, dictada en el incidente de inejecución de sentencia ******************** de su estadística, mediante la cual se declaró fundada la imposibilidad para cumplir la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. ARCHIVO DEL ASUNTO, ACUSE DE RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS, ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO E INTEGRACIÓN DE CONSTANCIAS ORIGINALES En mérito de lo anterior, conforme el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido, acúsese recibo a la superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. DESTINO DE LOS EXPEDIENTES Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado porque se concedió la protección constitucional y se decretó la suspensión de plano respecto de los actos que reclamaron los quejosos en este juicio, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, éste se deberá depurar y se conservarán la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y una vez hecho lo anterior, se transferirá dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. DATOS PERSONALES De igual forma, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE.
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Puebla, Puebla, seis de diciembre de dos mil veintidós. PARTES NO DESAHOGAN VISTA Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió la vista concedida a las partes en acuerdo de dieciocho de noviembre de este año, con relación a las actuaciones que las autoridades responsables y autoridad vinculada a ello, han realizado a efecto de cumplir con la sentencia de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna; no obstante, tomando en consideración que el cumplimiento a las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público, corresponde a este juzgado pronunciarse al respecto. ANTECEDENTES Para ello, conviene precisar que en sentencia engrosada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió a los quejosos ********, ****, el amparo y protección de la Justicia Federal para lo siguiente: En tales condiciones, es dable concluir que las autoridades señaladas como responsables los elementos aprehensores jefe de grupo y agente investigador adscritos a la Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia, **************, respectivamente, injustificadamente cometieron o permitieron la tortura física contra los quejosos, quienes recibieron en el momento de su detención diversos golpes que ocasionaron las lesiones descritas en los dictámenes que se les practicaron, mencionados en el considerando que antecede. Por tanto, se concede el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos **************. Ahora bien, para precisar los efectos de la esta sentencia concesoria, se estima conveniente referirse a los argumentos expuestos por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el toca de revisión *********. Así, el deber de reparar integralmente la violación de derechos humanos se trata de un principio fundamental, tanto del derecho interno como internacional, que implica el restablecimiento de la situación anterior a la violación, de no ser factible, como sucede en el caso debe determinarse: a) medidas para garantizar los derechos conculcados; y, b) reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, en términos de lo que dispone la Ley de Amparo. Los anteriores lineamientos están plasmados en la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Ateneo, contra el Estado mexicano, al señalar: "... 325. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. 326. la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la de violaciones a derechos determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. Por tanto, la Corte ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados. 327. Este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho". La Ley de Amparo, en su artículo 77, fracción I, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." En esta resolución no es posible decretar compensaciones económicas para reparar integralmente la violación de derechos humanos, conforme a los razonamientos señalados en la tesis de rubro y texto siguiente 1 : "REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN DECRETAR COMPENSACIONES ECONÓMICAS PARA REPARARLAS, SALVO QUE PROCEDA EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la 11a. LII/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 472, Décima Época y registro 2014345. compensación económica es una medida de reparación que sirve para indemnizar el daño causado en los casos en los que la violación de un derecho fundamental no ha podido ser reparada a través de la restitución del derecho o cuando ésta ha resultado insuficiente. En este sentido, una compensación económica sólo puede decretarse una vez establecidos los presupuestos de los juicios de atribución de responsabilidad: la realización de una acción u omisión que cumpla con algún factor de atribución (subjetivo u objetivo); la actualización de un daño; y la existencia de una relación causal entre el daño experimentado por la víctima y la acción u omisión del agente dañador. De ahí que si se parte de la idea de que el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario cuya finalidad exclusiva es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo lógico es adoptar una posición adversa a la posibilidad de que los Jueces decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medidas de reparación. Desde esta perspectiva, una sentencia estimatoria de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil o administrativa de la autoridad por la realización del acto reclamado, además de que un procedimiento sumario, como el amparo, resultaría inadecuado para establecer los presupuestos de esa responsabilidad, los cuales deberían determinarse en procesos ordinarios que tengan esa finalidad. Al respecto, la doctrina especializada ha señalado lo inconveniente que sería analizar en el juicio de amparo temas que pueden resultar sumamente complejos, como las cuestiones relacionadas con la prueba del daño, la conexión causal entre éste y la conducta de las autoridades o la cuantificación de la eventual indemnización. En este sentido, cabe destacar que en el derecho comparado, el tema de las compensaciones económicas, por vulneración de derechos humanos, suele analizarse en los juicios de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado a través de acciones específicas creadas para ese efecto (constitutional torts o human rights torts). Ahora bien, no existen disposiciones en la Ley de Amparo que permitan a los jueces decretar compensaciones económicas en las sentencias de amparo como medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos declaradas en esas resoluciones. Sin embargo, no debe soslayarse que el Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho a una reparación integral; de ahí que sea posible el dictado de medidas compensatorias únicamente bajo la figura del incidente de cumplimiento sustituto. Por otro lado, una vez dictada una sentencia de amparo en un caso concreto que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental y establezca las medidas de restitución adecuadas para devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, ésta se encuentra facultada para acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los restantes aspectos de una reparación integral. Por ejemplo, las víctimas de una determinada violación a derechos fundamentales se encuentran en posibilidad de acudir al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, donde podrán solicitar su ingreso al Registro Nacional de Víctimas e iniciar el procedimiento correspondiente para obtener una reparación integral en términos de los artículos 61, 62, 64, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas." Lo mismo ocurre con otras medidas de reparación integral, tales como disculpas públicas a cargo de las autoridades responsables; publicación de las sentencias; celebración de actos públicos en los que se reconozca la responsabilidad de las autoridades; realización de medidas o actos en conmemoración de las víctimas; y realización de obras de infraestructura con efecto comunitario o monumentos, u otras medidas análogas. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con rubro y texto 2 : "MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POR REGLA GENERAL NO ES POSIBLE DECRETAR EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO MEDIDAS NO PECUNIARIAS DE SATISFACCIÓN O GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN PARA REPARAR AQUÉLLAS. Las medidas de reparación no pecuniarias desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen el aspecto más innovador de su doctrina sobre reparaciones, las cuales han sido dictadas en la gran mayoría de los casos que involucran violaciones graves o 21a. LIII/2017 (10a.), registro digital, 2014342, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 469. sistemáticas a derechos humanos cometidas en los países de la región. Partiendo de esta premisa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que las violaciones a derechos humanos de las que conocen los tribunales del Poder Judicial de la Federación con motivo de los juicios de amparo, en términos generales, no guardan similitud con los casos analizados por la Corte Interamericana que dieron lugar a medidas de reparación de carácter excepcional. De acuerdo con lo anterior, la Primera Sala del alto tribunal considera que ese tipo de medidas de reparación no pueden dictarse en el juicio de amparo, no sólo por las diferencias señaladas entre el tipo de violaciones analizadas en sede internacional e interna, sino también porque no existe fundamento legal para decretarlas. Al respecto, cabe recordar que las "medidas" que pueden dictar los Jueces, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, sólo pueden tener como finalidad restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, aunque bajo un entendimiento amplio del concepto de restitución y admitiendo la procedencia subsidiaria y extraordinaria de medidas compensatorias bajo la figura del cumplimiento sustituto. Así, no existe disposición alguna en la ley de la materia que permita a los Jueces decretar medidas de satisfacción tales como: disculpas públicas a cargo de las autoridades responsables; publicación de las sentencias; celebración de actos públicos en los que se reconozca la responsabilidad de las autoridades; realización de medidas o actos en conmemoración de las víctimas; y realización de obras de infraestructura con efecto comunitario o monumentos. En la misma línea, tampoco existe fundamento legal para que los Jueces puedan decretar garantías de no repetición similares a las que se encuentran en la doctrina interamericana, tales como la orden de realizar reformas legislativas o constitucionales; tipificar delitos o su adecuación a estándares internacionales; adoptar medidas administrativas como el establecimiento de programas de formación y/o capacitación de funcionarios; campañas de concientización y sensibilización dirigidas al público en general; o la elaboración de políticas públicas. Lo anterior, sin ignorar el efecto de no repetición que buscan algunas de las medidas expresamente previstas en la Ley de Amparo." No pasan inadvertidas las diversas medidas de compensación y/o reparación que contemplan la Ley General de Víctimas, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Ley de Víctimas para el Estado de Puebla, puesto que ellas no son reglamentarias de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; además, para su instrumentación, es necesario seguir el procedimiento previsto en ellas. En el entendido de que la presente sentencia -que reconoce la violación de derechos humanos-, así como el procedimiento mismo de amparo, constituyen la garantía de no repetición, por las razones que se indican en la tesis de rubro y texto siguientes 3 : "REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. INTERPRETACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AMPARO COMO "GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN". La Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que las garantías de no repetición están dirigidas a evitar que las víctimas de violaciones a derechos humanos vuelvan a sufrir hechos victimizantes similares, lo cual alcanza un impacto más general, porque tienden a evitar que cualquier otra persona experimente hechos análogos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aclarado que la Ley de Amparo no autoriza a establecer, como medidas de reparación, garantías de no repetición similares a las que ha dictado la Corte Interamericana. No obstante partiendo de la idea de que si la finalidad de estas medidas es que, una vez que se ha declarado la violación, la persona afectada no vuelva a sufrir la misma vulneración a sus derechos humanos y que personas en situaciones semejantes tampoco sean afectadas por actos de autoridad similares, es evidente que la Ley de Amparo prevé una serie de instituciones que, de hecho, deben reinterpretarse como garantías de no repetición. En primer lugar, la Ley de Amparo establece un régimen de responsabilidades administrativas y penales en los casos de incumplimiento de las sentencias (artículos 182 a 198) y repetición del acto reclamado (artículos 199 a 200), que pueden dar lugar a la destitución del funcionario y a la imposición de penas de prisión. Estas medidas, pese a constituir supuestos de satisfacción al buscar que se imparta justicia en cada caso, 31a. LV/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 470, Décima Época, registro 2014343, tienen una proyección colectiva que se asemeja a las garantías de no repetición, porque la eventual imposición de esas sanciones genera un fuerte incentivo para que las autoridades no transgredan nuevamente los derechos de una persona que ha obtenido una sentencia de amparo estimatoria. Por otro lado, cuando el acto reclamado es una norma general y en la sentencia se declara su inconstitucionalidad, el remedio previsto por la ley consiste en la inaplicación de esa norma al caso concreto (artículo 78), lo que constituye una garantía de no repetición, toda vez que la inaplicación logra el objetivo de que el acto legislativo que vulnera sus derechos no vuelva a aplicarse en casos futuros a quien obtuvo el amparo contra dicha norma. En cambio, cuando el acto reclamado es una resolución judicial, la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma general aplicada en dicha resolución también conlleva el remedio de la inaplicación de la norma al caso concreto; sin embargo, en este tipo de casos, es el precedente constitucional el que cumple la función de garantía de no repetición, tanto para el quejoso en casos futuros como para otras personas que se encuentren en situaciones similares. Finalmente, la declaratoria general de inconstitucionalidad prevista en la ley mencionada (artículos 231 a 235) también constituye una medida que puede interpretarse como garantía de no repetición, porque al expulsar del ordenamiento a la norma declarada inconstitucional por vulnerar derechos humanos, evita que ésta pueda aplicarse a otras personas en casos futuros; en esta hipótesis, la sola emisión de una sentencia constituye un paso en el camino hacia la adopción de una medida de mayor envergadura." Ahora, a efecto de proscribir los actos prohibidos constitucionalmente, como en el caso que nos ocupa la tortura física, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, con relación al diverso 1º constitucional, las autoridades responsables tienen la obligación de reparar íntegramente la violación de derechos humanos, lo cual implica el restablecimiento de la situación anterior a la violación de derechos, y en el caso de no ser factible, se deberá determinar las medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron. Por ende, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitadas por los quejosos para el efecto que las autoridades responsables, los elementos aprehensores jefe de grupo y agente investigador adscritos a la Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia, *************, se abstengan de ejercer en los quejosos todo acto objeto de tortura física. Así mismo, por conducto del superior jerárquico de dichos elementos aprehensores, el director general de la Agencia Estatal de Investigación, respecto de quien si bien en esta sentencia se decretó el sobreseimiento ante la inexistencia de los actos que se le atribuyeron, no obstante, se vincula para que dé cumplimiento a este fallo, a virtud del cual deberá proporcionar atención psicológica y atención médica especializada a ************, para ello se le proporciona el domicilio en el que la promovente del juicio indició que residían (**********), con el fin de que ahí los busque para determinar las acciones que va a realizar para dar cumplimiento a este fallo. Por otra parte, y ante la existencia de indicios que permiten sostener razonablemente la tortura física, surge la obligación de este juzgado de ordenar se realicen las investigaciones correspondientes para los fines de delito. Ello, porque conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes tanto de violación de derechos humanos como de delito. En relación con la investigación para determinar la existencia de tortura física como delito en el momento precisado en esta sentencia, es innecesario que se aperture la carpeta de investigación correspondiente, debido a que, tal como se acredito en esta sentencia, existe una carpeta de investigación por ese hecho. Sin embargo, como parte del cumplimiento de esta sentencia, se requiere al fiscal general del Estado, a fin de que, una vez que sea requerido, informe a este juzgado el estado procesal que guarda la carpeta de investigación ******* a cargo de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, relacionada con los hechos materia de esta determinación. Mediante proveído de diez de diciembre siguiente, al no haberse interpuesto el medio de impugnación respectivo, la sentencia amparadora causó ejecutoria y se conminó a las autoridades encargadas de ello, cumplir con lo ordenado. En acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, a pesar de diversas actuaciones que obran en el presente asunto, se concluyó la evidente la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues la circunstancia de que los quejosos no recibieran la atención psicológica y médica especializada, impidió que se les reparara íntegramente la violación de los derechos humanos, lo cual implicaba el restablecimiento de la situación anterior a la violación de esos derechos, motivo por el cual, conforme lo establecido por el numeral 196, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, se ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Penal del Sexto Circuito, en turno. En proveído de cuatro de noviembre de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, remitió testimonio de la ejecutoria pronunciada el catorce de octubre pasado, en el incidente de inejecución de sentencia ********** de su índice, en el que ordenó la reposición del procedimiento de ejecución en el presente juicio de derechos humanos, con la finalidad de requerir al director del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, para que dentro del término concedido, informara si los quejosos ***** aún se encontraban internos en ese centro de reclusión. En ese sentido, en auto de dieciocho de este mes y año, se tuvo al director del Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula, Puebla, remitiendo diversas constancias en las que aparece que los multicitados quejosos César y Pablo Tula Guzmán quedaron en libertad el catorce de enero de dos mil veintidós. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO Ahora, conforme las constancias que integran el presente asunto, aparece que el fiscal general del Estado de Puebla, a través de su representante, por oficio **********, con relación a informar el estado procesal que guarda la carpeta de investigación *********** a cargo de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, señaló que el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se recabó entrevista a ***********, en el interior del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, quienes, en esencia, manifestaron, su deseo en no continuar con las investigaciones por así convenir a sus intereses y no deseaban que se les practicaran los dictámenes especializados; motivo por el cual, el veinticuatro de septiembre siguiente, se determinó el no ejercicio de la acción penal, en términos de lo previsto en los numerales 255 y 327, fracción X, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, mediante acuerdo de uno de marzo pasado, se tuvo al jefe de grupo Ministerial adscrito a la Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia y al agente Investigador adscrito a la Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia, ambos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla, manifestando, expresamente, abstenerse de ejercer en los peticionarios del amparo **************, todo acto objeto de tortura física. Por último, el director general de la Agencia Estatal de Investigación, autoridad vinculada al cumplimiento del fallo, informó la imposibilidad material que tuvo para proporcionar atención psicológica y médica especializada a ***********, en el domicilio en el que la promovente del juicio indicó que residían (*****************). Para ello, conminó a *****************o, agente investigador, encargado de la Unidad de Apoyo Policial de San Pedro Cholula de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, para que se constituyera en el domicilio de los quejosos *************, los localizara e indagara sobre diversos medios de contacto, a fin de determinar las acciones a realizar para acatar el fallo (proporcionar atención psicológica y médica especializada a los citados inconformes); otorgándolo un lapso no mayor a doce horas para ello. En acatamiento a lo anterior, el agente investigador **************, presentó informe de investigación, del que se desprende que se constituyó en el domicilio de los peticionarios del amparo, sin localizarlos; sin embargo, obtuvo su número telefónico con motivo de una plática con la esposa del quejoso **********, quien además le indicó que ahí viven y pueden ser localizados. También libró la misiva ************* dirigida al Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que, por su conducto, a través de la persona que designe para ello, se proporcione atención psicológica y médica especializada a ******************. Por último, informó las datas que se fijaron para proporcionar atención psicológica y médica especializada a los quejosos **********. Sin embargo, los inconformes no comparecieron, puesto que, la esposa de ***************, informó a la fiscal *******************, que ambos quejosos se trasladaron a la ciudad de Tijuana a trabajar, desconociendo la fecha de su regreso. Por su parte, el Director del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, remitió diversas constancias de las que se evidencia que los quejosos quedaron en libertad desde el catorce de enero de dos mil veintidós. IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA ACATAR EL FALLO En ese sentido, tal situación evidencia la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues la circunstancia de que los quejosos no recibieran la atención psicológica y médica especializada, impidió que se les reparara íntegramente la violación de los derechos humanos, lo cual implicaba el restablecimiento de la situación anterior a la violación de esos derechos. Lo anterior porque como se indicó, los efectos del fallo protector fueron, respecto del actuar del director general de la Agencia Estatal de Investigación, para que proporcionara atención psicológica y atención médica especializada a **************. Pero, no se logró la ubicación de los quejosos, pues como lo refirió la esposa de uno de ellos, se trasladaron a la ciudad de Tijuana a trabajar como electricistas, sin saber la fecha de su regreso. Además, conforme lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el incidente de inejecución de sentencia ********** de su índice, en el sentido de verificar sin los quejosos aún estaban internos en el Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, se constató que éstos quedaron en libertad desde el catorce de enero de dos mil veintidós. De ahí, que se estima sobreviene una causa que impide a la autoridad vinculada para acatar los lineamientos dados en el fallo protector; por tanto, y por ello, se estima existe imposibilidad material para cumplir cabalmente con la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional. SE REMITEN AUTOS A TRIBUNAL COLEGIADO Con motivo de lo anterior, en conformidad con el artículo 196, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Penal del Sexto Circuito, en turno. Resulta aplicable la jurisprudencia4 de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO." No obstante lo anterior, en términos de lo indicado en los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada y, si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Entonces, una vez que transcurra el lapso indicado en el párrafo que antecede, remítanse los autos a la Superioridad. Cobra aplicación la jurisprudencia5 de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, 4-------. debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número ***********, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." CUADERNO DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese por lista a los quejosos y a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, mediante oficio a las autoridades responsables.
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Puebla, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintidós. SE REQUIERE INFORMACIÓN Visto el estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de cuatro de noviembre de este año, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, reponiendo el procedimiento de ejecución dentro del presente juicio de derechos humanos, a fin de recabar información; sin embargo, del anexos referentes a ese proveído, aparece que no se libró el oficio a la autoridad requerida. En ese sentido, se requiere al director del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento del contenido de este auto, informe si los quejosos ************** aún se encuentran o no internos en ese centro de reclusión. En la inteligencia de que deberá remitir las constancias conducentes que justifiquen sus manifestaciones, es decir, cuál es el motivo de que continúen internos o, en su caso, la razón por la que obtuvieron su libertad. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del diverso numeral 237 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE.
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Puebla, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. SE REPONE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Agréguese el oficio de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual adjunta testimonio de la ejecutoria de catorce de octubre pasado, pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 9/2022 de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo 792/2021 de la estadística de este órgano jurisdiccional. Determinación mediante la cual, dicho Tribunal Revisor ordenó la reposición del procedimiento de ejecución en el presente juicio de derechos humanos. En tales condiciones, acúsese recibo a la superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En otro aspecto, glósese a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. SE ACATA EJECUTORIA Y SE REQUIERE INFORMACIÓN Ahora bien, tomando en consideración lo ordenado por el tribunal de alzada, se requiere al director del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento del contenido de este auto, informe si los quejosos César y Pablo Tula Guzmán aún se encuentran o no internos en ese centro de reclusión. En la inteligencia de que deberá remitir las constancias conducentes que justifiquen sus manifestaciones, es decir, cuál es el motivo de que continúen internos o, en su caso, la razón por la que obtuvieron su libertad. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del diverso numeral 237 de la ley de la materia. Notifíquese por lista al quejoso, vía correo electrónico a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante oficio a las autoridades responsables.
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