César Saucedo Eliosa

Expediente 202/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
202/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • César Saucedo Eliosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, catorce de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la que este órgano de control constitucional determinó sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso b) del acuerdo general citado porque se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, tanto la suspensión provisional como definitiva, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte; debiendo conservarse las resoluciones de la provisional y definitiva relativas a su otorgamiento; por lo cual, una vez transcurridos tres años, dentro de los siguientes noventa días, se deberá realizar la depuración del presente incidente de suspensión y deberán transferirse dicho cuaderno original, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo. Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los oficios de cuenta del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, con un anexo, y Comandante Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en su denominación correcta; recibido el segundo de ellos vía correo electrónico institucional, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Por medio de los cuales rinden su informe justificado; sin embargo, se estima innecesario dar vista a las partes, pues de su contenido se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del juico. MEDIOS DE CONTACTO Se tiene al juez de control responsable proporcionando correo electrónico y número telefónico como medios de contacto y servicios de mensajería instantánea, a fin de establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional. HECHO NOTORIO Ahora bien, el juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en su informe justificado, hace constar que existe diverso juicio de amparo promovido por el quejoso en contra del mismo acto que en esta vía se impugna, esto es, el radicado bajo el número 835/2020 del índice de este juzgado federal. Del análisis integral del juicio de amparo referido, se advierte que en la demanda el quejoso señaló como autoridad responsable al juez de Control y Oralidad Penal de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martin, al que reclamó la orden de aprehensión emitida en su contra; así mismo, en la sentencia dictada el veintisiete de enero del año en curso, en su considerando segundo, se precisó como acto reclamado por César Saucedo Eliosa, al juez indicado, la orden de aprehensión dictada en su contra dentro de la carpeta judicial administrativa 207/2020/SANMARTIN, así como su ejecución a diversas autoridades, determinación que, como se advierte en el diverso considerando tercero de ese fallo, se emitió el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; y respecto de la cual se concedió el amparo solicitado por el quejoso. Lo antes relatado se invoca como un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al conocer el trámite y resolución de dicho expediente en razón de la actividad jurisdiccional propia de mis funciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, de rubro siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. Circunstancia que acontece en el caso, pues de la análisis de este expediente se advierte que mediante acuerdo de siete de abril del año en curso se desechó la demanda respecto a diversos actos y se admitió únicamente por los actos reclamados al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, y las autoridades señaladas como ejecutoras, consistentes en la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada dentro de la carpeta judicial 207/2020/SAN MARTÍN, así como su ejecución. Respecto a lo cual el juez de control responsable al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, consistente en la resolución dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en la que determinó librar la orden de aprehensión en contra del quejoso, dentro de la causa antes citada. De tal manera, es evidente que el juicio de amparo en que se actúa deviene improcedente, porque la orden de aprehensión reclamada ya fue materia de un diverso juicio de amparo promovido por el propio quejoso, lo que actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XI -con relación a la diversa X-, de la Ley de Amparo, constituyendo por tal razón, cosa juzgada. Tales preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Al relacionar esas fracciones se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Supuesto que se actualiza en este asunto, pues como se explicó, del diverso juicio de amparo 835/2020 del índice de este juzgado federal, cuyo contenido se invocó como hecho notorio, se conoce que el veintitrés de octubre de dos mil veinte César Saucedo Eliosa promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Juez de Control de San Martín Texmelucan, Puebla, y otras autoridades, a quienes reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal 207/2020/SAN MARTÍN y su ejecución. El veintisiete de enero de dos mil veintiuno este Juzgado de Distrito dictó sentencia en la cual precisó como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, contenida en el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Luego de analizar los conceptos de violación expresados por el quejoso, la justicia de la unión amparó y protegió a César Saucedo Eliosa, contra la orden de aprehensión decretada el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte por el Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede San Martín Texmelucan, Puebla, dentro de la carpeta judicializada 207/2020/SANMARTIN, así como su ejecución. Mientras que en este juicio de amparo, el quejoso reclamó nuevamente tal resolución y su ejecución, lo que atribuyó a las mismas autoridades; sin que conduzca a concluir lo contrario que la denominación del comandante ejecutor varíe, pues ello en nada trasciende, en tanto es a la que actualmente se denomina Comandante Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en su denominación correcta, a quien corresponde cumplir el mandato indicado. Por tanto, si en esta vía el propio quejoso señaló como autoridad responsable al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, quien el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte dictó en la carpeta judicial 207/2020/SANMARTIN la orden de aprehensión que le reclama; y según se acreditó, este mismo acto ya fue analizado en un diverso juicio de amparo, en el que este órgano jurisdiccional emitió una determinación en la que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión. En consecuencia, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, se sobresee en el juicio conforme al diverso 63, fracción V, de la misma, respecto a los actos reclamados al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, y Fiscal General del Estado de Puebla, Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, y Comandante Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en su denominación correcta, en tanto que ya fueron materia de un diverso juicio de amparo concluido, por lo que opera la cosa juzgada con relación a este juicio, al ser posterior; lo que se apoya, en lo conducente, en la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto, son: Época: Décima Época Registro: 2011383 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: 1a. XCV/2016 (10a.) Página: 1107 COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con catorce minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los oficios de cuenta del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, con un anexo, y Comandante Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en su denominación correcta; recibido el segundo de ellos vía correo electrónico institucional, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Por medio de los cuales rinden su informe justificado; sin embargo, se estima innecesario dar vista a las partes, pues de su contenido se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del juico. MEDIOS DE CONTACTO Se tiene al juez de control responsable proporcionando correo electrónico y número telefónico como medios de contacto y servicios de mensajería instantánea, a fin de establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional. HECHO NOTORIO Ahora bien, el juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en su informe justificado, hace constar que existe diverso juicio de amparo promovido por el quejoso en contra del mismo acto que en esta vía se impugna, esto es, el radicado bajo el número 835/2020 del índice de este juzgado federal. Del análisis integral del juicio de amparo referido, se advierte que en la demanda el quejoso señaló como autoridad responsable al juez de Control y Oralidad Penal de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martin, al que reclamó la orden de aprehensión emitida en su contra; así mismo, en la sentencia dictada el veintisiete de enero del año en curso, en su considerando segundo, se precisó como acto reclamado por César Saucedo Eliosa, al juez indicado, la orden de aprehensión dictada en su contra dentro de la carpeta judicial administrativa 207/2020/SANMARTIN, así como su ejecución a diversas autoridades, determinación que, como se advierte en el diverso considerando tercero de ese fallo, se emitió el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; y respecto de la cual se concedió el amparo solicitado por el quejoso. Lo antes relatado se invoca como un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al conocer el trámite y resolución de dicho expediente en razón de la actividad jurisdiccional propia de mis funciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, de rubro siguiente: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. Circunstancia que acontece en el caso, pues de la análisis de este expediente se advierte que mediante acuerdo de siete de abril del año en curso se desechó la demanda respecto a diversos actos y se admitió únicamente por los actos reclamados al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, y las autoridades señaladas como ejecutoras, consistentes en la orden de búsqueda, aprehensión y detención dictada dentro de la carpeta judicial 207/2020/SAN MARTÍN, así como su ejecución. Respecto a lo cual el juez de control responsable al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, consistente en la resolución dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en la que determinó librar la orden de aprehensión en contra del quejoso, dentro de la causa antes citada. De tal manera, es evidente que el juicio de amparo en que se actúa deviene improcedente, porque la orden de aprehensión reclamada ya fue materia de un diverso juicio de amparo promovido por el propio quejoso, lo que actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XI -con relación a la diversa X-, de la Ley de Amparo, constituyendo por tal razón, cosa juzgada. Tales preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Al relacionar esas fracciones se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Supuesto que se actualiza en este asunto, pues como se explicó, del diverso juicio de amparo 835/2020 del índice de este juzgado federal, cuyo contenido se invocó como hecho notorio, se conoce que el veintitrés de octubre de dos mil veinte César Saucedo Eliosa promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Juez de Control de San Martín Texmelucan, Puebla, y otras autoridades, a quienes reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal 207/2020/SAN MARTÍN y su ejecución. El veintisiete de enero de dos mil veintiuno este Juzgado de Distrito dictó sentencia en la cual precisó como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, contenida en el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Luego de analizar los conceptos de violación expresados por el quejoso, la justicia de la unión amparó y protegió a César Saucedo Eliosa, contra la orden de aprehensión decretada el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte por el Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede San Martín Texmelucan, Puebla, dentro de la carpeta judicializada 207/2020/SANMARTIN, así como su ejecución. Mientras que en este juicio de amparo, el quejoso reclamó nuevamente tal resolución y su ejecución, lo que atribuyó a las mismas autoridades; sin que conduzca a concluir lo contrario que la denominación del comandante ejecutor varíe, pues ello en nada trasciende, en tanto es a la que actualmente se denomina Comandante Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en su denominación correcta, a quien corresponde cumplir el mandato indicado. Por tanto, si en esta vía el propio quejoso señaló como autoridad responsable al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, quien el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte dictó en la carpeta judicial 207/2020/SANMARTIN la orden de aprehensión que le reclama; y según se acreditó, este mismo acto ya fue analizado en un diverso juicio de amparo, en el que este órgano jurisdiccional emitió una determinación en la que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión. En consecuencia, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, se sobresee en el juicio conforme al diverso 63, fracción V, de la misma, respecto a los actos reclamados al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, y Fiscal General del Estado de Puebla, Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, y Comandante Titular de la Unidad de Apoyo Policial con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en su denominación correcta, en tanto que ya fueron materia de un diverso juicio de amparo concluido, por lo que opera la cosa juzgada con relación a este juicio, al ser posterior; lo que se apoya, en lo conducente, en la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto, son: Época: Décima Época Registro: 2011383 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: 1a. XCV/2016 (10a.) Página: 1107 COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia. SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con catorce minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los oficios de cuenta del Fiscal General del Estado de Puebla, por su representación, y del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; recibidos vía correo electrónico institucional, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Por medio de los cuales rinden su informe justificado, con su contenido dése vista a las partes en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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