César Rochín Leyva
Expediente 28/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- César Rochín Leyva
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte transcurrió el término de cinco días concedido a la parte promovente mediante proveído de once de enero de dos mil veintitrés, para que cumpliera con la prevención que se le formuló, sin que la hubiere satisfecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos sin hacer mayor pronunciamiento el escrito y oficio presentados por quien se ostenta como representante legal de César Rochín Leyva, virtud lo acordado el doce de los actuales. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, once de enero de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. ********************, a través de ********************quien se ostenta como procurador judicial. II. Firma electrónica. No pasa desapercibido que la demanda de amparo fue presentada en la vía electrónica, sin evidencias criptográficas o rubrica electrónica, por parte de quien la promueve; sin embargo, dado que el oficial de partes asentó en papeleta de demanda que la demanda sí contenía firma, es que se tiene la presunción de firma electrónica. Al caso esa aplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3632, Décima Época, Materia Común, Registro digital: 2000130, de rubro y texto: PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida. III. Demanda y formación de expediente. Vista la demanda de amparo presentada por ********************quien se ostenta como procurador judicial de********************; regístrese en el libro de gobierno y fórmese el sumario físico respectivo. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. IV. Irregularidades de la demanda de amparo. ********************refiere tener la representación legal de procurador judicial de ******************** en las actuaciones del expediente ********************; sin embargo, la calidad de procurador judicial en el juicio de origen no legitima a dicho profesionista para demandar el amparo en representación de aquél, según se explica: El artículo 67 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa a la letra dice: Artículo 67. Las partes pueden nombrar para que las representen en juicio, uno o más procuradores judiciales, autorizados para el ejercicio de la abogacía, quienes podrán llevar a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, excepto aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio, los enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los que conforme al presente Código estén reservados personalmente a los interesados. Para este efecto, bastará que la designación se haga en escrito privado dirigido al juez de la causa, debiendo contener la aceptación del o de los nombrados. Como se advierte, el citado precepto legal establece que los Procuradores Judiciales podrán llevar a cabo en favor de quien los haya designado los actos procesales que correspondan a dicha parte, excepto los que impliquen disposición del derecho en litigio, los enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados. La frase llevar a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos procesales que correspondan a dicha parte no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de su autorizante, sino que su participación debe entenderse limitada a la tramitación del proceso de origen, por ser autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el procurador judicial adquiriera el carácter de representante legal. Por otro lado, las facultades del procurador deben armonizarse con el principio de parte agraviada que rige la materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso, como directamente afectado, la formulación de la demanda de amparo indirecto en materia civil. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 108/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 327, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de la siguiente lectura: AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio. Es así, porque el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, que se interpretó en la citada jurisprudencia, señala que las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante. La frase realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante prevista en ese precepto legal, así como la diversa quienes podrán llevar a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, contenida en el ordinal 67 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, son normas jurídicas en esencia iguales, pues refieren y limitan la actuación del autorizado solo en el juicio de instancia correspondiente. De ahí que la citada jurisprudencia sea aplicable, pues tal autorización sólo surte efectos para atender el procedimiento en el juicio civil, al referir literalmente todos los actos procesales que correspondan a dicha parte. Con base en lo anterior, como el juicio de amparo no constituye instancia del juicio de origen, sino medio de defensa extraordinario, de manera que el juicio de amparo no está entre las obligaciones a cargo del Procurador Judicial, como es la de seguir el juicio por las instancias mientras no haya cesado en su encargo. Aunado a lo anterior, conforme al principio de parte agraviada prevista en el artículo 6 de la Ley de Amparo, la demanda debe provenir del materialmente quejoso, de su representante legal o apoderado, calidades que no tiene el Procurador Judicial contemplado en el artículo 67 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa. V. Prevención. Con fundamento en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que en el término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, adjunte copia certificada del documento con el cual acredite tener la representación legal de ********************, para estar en condiciones de promover juicio de amparo. Lo que deberá manifestar bajo protesta de decir verdad; sabedor de las penas en que incurre quien afirma hechos falsos al formular una demanda de garantías; pues de incurrir en falsedad, la parte quejosa, su abogado o ambos, podrían hacerse acreedores a pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días de salario, tal como lo establece el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo: 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] Se apercibe a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento en el plazo que se señala, se tendrá no presentada su demanda, con base en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. VI. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el tercer párrafo del numeral 21 de la citada legislación, se habilita cualquier día y hora a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. VII. Domicilio y autorizados. Como lo solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como realizar las notificaciones y promover lo conducente en el presente expediente, con las siguientes claves de usuarios:********************. Se instruye al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. De igual manera, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema. En relación al correo electrónico y número telefónico proporcionados, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; por lo que las notificaciones que en derecho le correspondan serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. VIII. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa.
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