César Miguel Valenzuela Espinoza

Expediente 1080/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1080/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • César Miguel Valenzuela Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los autos, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de nueve de mayo de dos mil veintidós, que confirmó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a César Miguel Valenzuela Espinoza para los efectos siguientes: SÉPTIMO. Efectos protectores. Al causar firmeza que esta sentencia, el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales debe realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el acuerdo de diez de agosto del año próximo pasado, dictado en el recurso de revisión RRD 615/21, en que declaró cumplida la sentencia dictada en ese recurso. 2. En su lugar, con base en los lineamientos fijados en este fallo, con libertad de decisión resuelva los planteamientos del inconforme en relación con el cumplimiento de la citada sentencia. En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio INAI/DGAJ/1647/23 (foja 444 a 456) al que anexó copia certificada de la resolución dictada en el recurso de revisión RRD 615/21 donde asentó lo siguiente: 1. Con relación a que considera que la información entregada por el sujeto obligado está incompleta, en virtud de que los documentos proporcionados por el sujeto obligado corresponden solo a un fragmento de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, y la solicitud es de los años dos mil cinco a dos mil diecisiete, que las páginas entregadas no se observa congruencia en contenido ni secuencia de techas, que no se entregó información del periodo comprendido de dos mil cinco a dos mil quince, y considera que es inexacto lo manifestado por el sujeto obligado en relación con señalado en la fracción V, de la Novena de las Reglas de Operación del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural" (Reglas de Operación), vigentes durante los años de 2005 al 2015, en virtud de que el fideicomitente (en este caso el Fopebisan) entregará los expedientes médicos individualizados de sus derechohabientes a las fiduciarias (clínicas particulares o médicos externos al Fideicomiso) pero este caso se refiere a que, los expedientes médicos que el mismo Servicio Médico integral y de Hospitalización para los Fideicomisarios y sus Derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural haya generado con motivo de la atención de los fideicomisarios (derechohabientes) deberá haceflos llegar a las fiduciarias (o sea, clínicas externas de dicho Servicio Médico) con las cuales el mismo. Fideicomiso contratado. Al respecto, se informa al recurrente que el sujeto obligado ha manifestado expresamente haber entregado la totalidad del expediente que obra en sus archivos del entonces fideicomisario (.) el cual le fue proporcionado. Asimismo, el sujeto obligado precisó lo señalado en el inciso A.- de la fracción V. de la Novena de las "Reglas de Operación del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural" (Reglas de Operación), vigentes durante los años de 2005 al 2015, que establecen lo siguiente: "NOVENA - Del control de los "Derechohabientes". V.- "'La Fiduciaria" mantendrá bajo su custodia los siguientes archivos: A - Expedientes clínicos de cada uno de los "Derechohabientes" registrados. el cual contendrá el historial médico individualizado en orden cronológico de las atenciones y tratamientos clínicos efectuados, los cuales serán proporcionados por los "Fideicomitentes" a la "Fiduciaria quien a su vez los entregará a quien se encargue de brindar el servicio médico. De lo expuesto es posible advertir que tal como lo señala el SAE- Fideicomiso de Pensiones del Sistema BANRURAL, no está obligado a resguardar en sus archivos los expedientes clínicos de los derechohabientes. 2 La documentación entregada por el sujeto obligado no puede considerarse expediente clínico de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004 SSA3-2012. Sobre el particular, se informa que el SAE Fideicomiso de Pensiones del Sistema BANRURAL manifestó expresamente que al no ser una Entidad, ni una Institución Pública que preste el servicio médico de forma directa, ya que el servicio médico lo contrata por conducto de terceros que conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, corresponde a dichos sujetos obligados la integración y resguardo de los Expedientes Clínicos de sus pacientes conforme a dicha Norma, en tal virtud se considera improcedente la manifestación del recurrente para tener por incumplida la resolución del recurso de revisión RRD615/21. 3. El sujeto obligado incumplió con entregar el expediente clínico requerido ya que suponiendo sin conceder que el Fideicomiso no cuente con dicha información, él tiene el deber y el derecho pleno de exigirlo a los fiduciarios con los que contrató desde el año dos mil cinco a dos mil diecisiete, a fin de que brinden tal información, a la Junta Médica o a cualquier otro ente interno de la moral en cita, y no dejarle dicha responsabilidad al suscrito, pues es precisamente el fideicomitente quien puede, se reitera, exigir a cuentas a sus fiduciarios. Se informa al recurrente que de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en el que el solicitante manifieste, conforme a las características físicas de la información o el lugar donde se encuentre así lo permita. Conforme a lo anterior, se advierte que acorde a lo manifestado por el SAE- Fideicomiso de Pensiones del Sistema BANRURAL que señaló haber proporcionado la totalidad de la información que conforme a sus facultades está obligado a documentar se considera que acreditó el cumplimiento a la resolución que nos ocupa. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, en virtud que analizó cada uno de los puntos señalados en la sentencia protectora donde había sido omisa; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. No se desatienden las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en relación al contenido de la resolución emitida por parte de la autoridad responsable, pues dichas circunstancias no pueden ser examinadas en la etapa de ejecución de sentencia, al tratarse de cuestiones de fondo de la resolución que se dictó, en virtud que la responsable emitió pronunciamiento en torno a lo que había sido omisa, por lo que ese pronunciamiento no es materia de amparo. Ello, toda vez que el cumplimiento de amparo debe calificarse acorde a los efectos de la sentencia, es decir, conforme al límite señalado en la ejecutoria que otorgó la protección federal, sin excesos ni defectos, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Máxime, lo determinado por la autoridad responsable se trata de consideraciones jurídicas que la autoridad responsable puede reiterar válidamente en uso de su libertad de jurisdicción, las cuales pueden ser combatidas a través de otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, como un nuevo acto. Lo anterior es así, pues de estimar lo contrario provocaría la extensión de los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones, que no forman parte de la protección federal otorgada. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es conservable. Una vez que trascurra el término de tres años, remítase el presente expediente al Área Coordinadora de Archivo. Notifíquese. Lo proveyó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el licenciado Omar López Palafox, secretario que da fe.

  2. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por César Miguel Valenzuela Espinoza, mediante el cual desahoga la vista concedida en quince de agosto pasado. En atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa realizando manifestaciones en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo, mismas que podrán ser tomadas en consideración al resolver si la sentencia se encuentra cumplida. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al que anexa copia certificada de la resolución dictada el dos de los cursantes en el recurso de revisión RRD 615/2021. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio que remite el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), re representación de las autoridades responsables mediante el cual en el primero de ellos acusa de recibo el oficio acusa de recibo el oficio con el que se transcribió el auto de veintiocho de junio pasado, por cuanto al segundo de los oficios informa los tramites tendentes al cumplimiento de la sentencia de amparo y solicita prórroga. En atención al primero de los escritos, no se hace especial pronunciamiento, en virtud que su contenido fue materia del auto de diez de julio pasado. Por cuanto al segundo de los oficios, se tiene a la autoridad oficiante informando los trámites tendentes al cumplimiento de la sentencia de amparo. No obstante lo anterior, de las constancias que exhibe se advierte que a la fecha de la elaboración del oficio de cuenta se encontraba transcurriendo el plazo de la vista otorgada al recurrente, mismo que feneció el trece de julio pasado (foja 403 y vuelta). En atención a lo antes señalado, es evidente que el plazo referido ha fenecido, por tanto, no es posible otorgar la prórroga solicitada. Lo anterior es así, pues del multicitado plazo a la fecha del dictado del presente proveído han transcurrido siete días hábiles sin que la responsable haya hecho pronunciamiento respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. No se soslaya el hecho que la autoridad responsable se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional, por ende las comunicaciones enviadas por vía ordinaria son notificadas con días posteriores a la fecha de su emisión. Sin embargo, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo las sentencias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, con independencia que como ya se precisó las autoridades responsables se encuentren fuera de la jurisdicción territorial del órgano que requiera su cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación del presente acuerdo cumpla con la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que el amparo y protección de la justicia federal se concedió para efectos que: [.] Al causar firmeza que esta sentencia, el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales debe realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el acuerdo de diez de agosto del año próximo pasado, dictado en el recurso de revisión ********************, en que declaró cumplida la sentencia dictada en ese recurso. 2. En su lugar, con base en los lineamientos fijados en este fallo, con libertad de decisión resuelva los planteamientos del inconforme en relación con el cumplimiento de la citada sentencia. [.] Apercibida que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación. Se requiere a la autoridad responsable para que una vez que reciba el oficio relativo al presente proveído, informe la fecha de su recepción, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Para dar celeridad al asunto la información requerida deberá ser remitida vía telegráfica, al fax (667) 846-5792 o al correo electrónico oficial 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.

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