César Rafael De León Zepeda
Expediente 522/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- César Rafael De León Zepeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el encargado de Despacho de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el cual informa que se encuentra en ventanilla para su cobro un cheque expedido a nombre de la parte quejosa. Escrito. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa, a través del cual manifiesta que el instituto responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a analizar si está fue acatada en sus términos por las autoridades responsables; sin que sea necesario dar vista con el cumplimento, atento a las manifestaciones formuladas por el autorizado legal de la parte quejosa. I. Relación de constancias. Mediante sentencia emitida el once de octubre de dos mil veintiuno, se dictó resolución constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión solicitado por la parte quejosa, para efectos de que la responsable: "Provean los mecanismos para que, de ser procedente, realicen el pago inmediato de la cantidad autorizada por concepto de gastos de funeral." II. Causa ejecutoria y requerimiento a las responsables. Posteriormente, el cuatro de noviembre siguiente, causó ejecutoria la sentencia dictada por este juzgado, y se ordenó requerir por su cumplimiento a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. III. Calificativo de cumplimiento. En cumplimiento a lo anterior, se tuvo por recibido (en párrafos anteriores) el oficio suscrito por el encargado de despacho de la subdirección de finanzas del instituto responsable, mediante el cual informó que se encontraba en ventanilla el cheque con folio 0046236, a nombre de la quejosa. Asimismo, del libelo de cuenta se desprende que el autorizado legal de la parte quejosa informa que se hizo entrega al quejoso de la cantidad autorizada por concepto de gastos de funeral, incluso inserta imagen digitalizada del referido título de crédito. Ahora bien, toda vez que el autorizado de la parte quejosa hizo la manifestación expresa de que se le dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, este juzgador acuerda lo siguiente: IV. Con apoyo en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera que las autoridades responsables cumplieron con el efecto para el que se emitió la sentencia ejecutoriada, dado que proveyeron el mecanismo para el pago de lo gasto funerarios solicitados por el quejoso, exponiendo el peticionario conformidad; por tanto, se declara que la sentencia de amparo quedó cumplida sin exceso, ni defecto. V. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido; en el entendido que el expediente es depurable una vez transcurridos tres años. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales exhibidos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generado por los órganos jurisdiccionales, dichos instrumentos serán destruidos. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 522/2021 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con dos minutos del once de octubre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior. Asimismo, de la certificación que antecede, se advierte que en auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa con su demanda, y las ofertadas por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, y la jefa del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en sus informes justificados. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas documentales. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar los formulados por la parte quejosa. El juez acuerda: téngase por formuladas las manifestaciones de la parte quejosa y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos. Acto seguido, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 522/2021; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente por razón de turno a este juzgado de Distrito, César Rafael de León Zepeda, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y otras autoridades. Por proveído de catorce de mayo siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, con motivo de la vista otorgada en proveído de veinticuatro de agosto de dos mi veintiuno, la parte quejosa amplió su demanda contra la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por escrito presentado el veintisiete siguiente. Finalmente, la audiencia constitucional en este juicio, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda y su ampliación, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la omisión de responder a la solicitud para "Ayuda de Gastos de Funeral a Pensionados y Jubilados de ISSSTESON", recibida el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho ante la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. IV. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto atribuido al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, a la jefa del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, al Departamento de Administración y Nómina de Pensiones y Jubilaciones, y al subdirector de Finanzas, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; no obstante, los primeros tres lo negaron en sus informes justificados, y el último no aceptó ni negó el acto que se le atribuye; lo cierto es que los primeros tres hacen manifestaciones que evidencian su certeza, así como de las constancias que remitieron en apoyo. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con el acuse de recibo de solicitud para "Ayuda de Gastos de Funeral a Pensionados y Jubilados de ISSSTESON", recibida el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho ante la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, sin que a la fecha exista noticia de que se haya realizado su pago. Además, la entrega del concepto por gastos de funeral de los trabajadores al servicio del Estado es facultad expresa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a través de las áreas correspondientes, a saber, la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y la Subdirección de Finanzas, tal como se advierte de los artículos 15, fracción VII y 17, fracción IX, del Reglamento Interior de dicho instituto. V. Causa de improcedencia -infundada- El subdirector de finanzas responsable, hace valer la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV; sin embargo, en virtud de que como ya se dijo, de las constancias remitidas por las diversos áreas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se advierte la existencia del acto reclamado que se le atribuye. Bajo esa óptica, es infundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable. VI. Consideraciones Jurídicas Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna otra causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. En atención a la causa de pedir, son sustancialmente fundados los argumentos expuestos por la parte quejosa, en los cuales aduce, que las autoridades responsables no han realizado las medidas necesarias para el pago de la prestación a que tiene derecho. Con el fin de centrar la litis, es necesario precisar que, el motivo de inconformidad de la parte quejosa se traduce a una violación al derecho de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, en virtud que desde la fecha en que inició el trámite para el pago por concepto de gastos de funeral, éste pese a que concluyo, no se le ha entregado la suma respectiva. El referido precepto constitucional atiende la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, al efecto, establece que debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecución de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta última, ya que de no hacerlo así se haría nugatoria la primera. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de las determinaciones que resulten favorables, con la certeza de que lo obtenido no quede sólo en una actuación de buena fe del Estado esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que, con dicha garantía, sea capaz de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de una determinación, ésta realmente se vea materializada. Por ende, las autoridades correspondientes ineludiblemente deben llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios a efecto de lograr la eficaz e inmediata ejecución de las determinaciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, precisamente en respeto a esta última institución. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P.J/113/2001, del rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." También, sustenta lo afirmado la jurisprudencia 2a./J.192/2007, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Ahora, si bien de la lectura del precepto constitucional examinado, se advierte que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de las prerrogativas mencionadas son todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales. Es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales o bien sólo materialmente jurisdiccionales, lo cierto es que la prerrogativa de acceso a la justicia pronta, es exigible a aquellos procesos administrativos en los que no existe como tal una controversia entre partes. Lo anterior, toda vez que la interpretación del referido artículo constitucional, en concordancia con las disposiciones internacionales que el Estado Mexicano se encuentra constreñido a acatar, permite concluir que en los procedimientos administrativos a cargo de autoridades administrativas que no diriman una controversia, sino que determinen la procedencia de un derecho, también debe regir el principio de acceso a la impartición de justicia pronta. Es así, toda vez que el artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales refuerza el derecho fundamental al que se ha hecho referencia en el sentido de que los asuntos a cargo de las autoridades del Estado deben resolverse dentro de un plazo razonable; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal -justicia pronta-. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación de dicha disposición, ha señalado que cualquier órgano del Estado cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, está obligado a observar el derecho humano al debido proceso, tal como se confirma con la sentencia dictada en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. Además, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo en la tesis 2a. LI/2002, que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, el derecho fundamental analizado, lo que implica que los principios que conforman ese derecho deben adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. Asimismo, recientemente, sustentó en la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), que en una evolución en la interpretación del artículo 17 de la Constitución Federal, se concluía que el ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas. De ahí que, los principios de tal derecho fundamental, además de que debían adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa, también eran aplicables a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Por lo que respecto del derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un límite temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento. Por ejemplo: El artículo 111-C, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, establece que corresponde a la Comisión Ejecutiva, salvo algunas excepciones, resolver sobre las operaciones del Fondo dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente. El artículo 59, párrafo tercero, de la citada ley, impone que el instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Así las cosas, como se observa, el actuar de la responsable se encuentra regulado en la propia ley, pues los trámites y plazos no pueden dejarse a la voluntad de las autoridades, pues dicha circunstancia se contrapondría precisamente con la garantía de justicia pronta y expedita. No obstante, es importante destacar que si bien la Ley del ISSSTESON no regula concretamente el plazo que lleva a las autoridades administrativas tramitar la solicitud de pago por concepto de gastos de funeral; lo cierto es que, a la luz de las consideraciones abordadas a lo largo de esta sentencia, dicho procedimiento no puede quedar exento de ser regulado bajo dichos parámetros. Lo anterior, tiene asidero legal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en los cuales se establece lo siguiente: "Artículo 17. Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables.". "Artículo 18. Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." En los preceptos transcritos se regula la actuación de las autoridades administrativas respecto de los trámites que estén a su cargo y, para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá resolver lo peticionado por los gobernados en un lapso no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles. Plazo máximo al cual la autoridad responsable debe ajustar sus trámites y procedimientos, siempre y cuando la ley no lo establezca. De ahí que, en el caso se actualiza la violación al derecho fundamental señalado -justicia pronta-, porque las responsables no han tomado las medidas necesarias para concluir con el trámite relativo al pago por concepto de gastos de funeral, a través del área correspondiente. Es así, pues de las documentales aportadas por la parte quejosa, se advierte que el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante formato designado para tal efecto solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por medio del área correspondiente, el pago por concepto de gastos de funeral. Lo anterior, evidencia que la omisión por parte de las autoridades responsables colisiona con el artículo 17 constitucional, pues desde el inicio de la solicitud para "Ayuda de Gastos de Funeral a Pensionados y Jubilados de ISSSTESON", a la fecha en que se resuelve, ha transcurrido más de dos años diez meses, esto es, el plazo de cuarenta y cinco días para dar contestación a la petición formulada transcurrió en exceso; hecho que evidentemente le depara perjuicio a la parte quejosa, dado que su solicitud se encuentra paralizada. Aunado a lo anterior, el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, la jefa del Departamento de Pensiones y Jubilaciones, y el Departamento de Administración y Nómina de Pensiones y Jubilaciones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, reconocieron al rendir informe justificado el saldo a favor del solicitante por el monto de $10,651.88 (diez mil seiscientos cincuenta y un pesos 88/100 moneda nacional); sin embargo, a la fecha no obra constancia de la cual se advierta su pago. En consecuencia, al ser violatorio de derechos el actuar de las dependencias, se concede la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. VII. Decisión De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, realicen lo siguiente: ( Provean los mecanismos para que, de ser procedente, realicen el pago inmediato de la cantidad autorizada por concepto de gastos de funeral. En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: VIII. Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a César Rafael de León Zepeda, respecto del acto precisado en el punto III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de este fallo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en su ocurso y por formulados los alegatos a que hace alusión; tómense en consideración al resolverse el presente juicio de amparo. Ahora bien, respecto a la solicitud de requerir a las responsables por el cumplimiento a la solicitud realizada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, dígasele que en el momento procesal oportuno se acordará lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la ampliación de demanda rendido por el subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y dese vista a las partes con su contenido. Delegados y domicilio. Se tiene por designados como delegados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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