César Parra Mendoza
Expediente 598/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- César Parra Mendoza
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de noviembre de dos mil veinte Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Lourdes
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de septiembre de dos mil veinte. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento. De la demanda de amparo promovida por César Parra Medonza, por su propio derecho y en representación del menor "S.", en contra del acto reclamado al director General del Registro Civil en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, se advierte que les reclama lo siguiente: "El registro del menor naciendo el 30 de abril del 2020, a las 10:47 horas, con un peso de 4.300 Kilogramos y con una medida de 54 centímetros, en el hospital de Ginecopediatria del Instituto del Seguro Social de esta ciudad de Hermosillo, SIN EL APELLIDO DEL PADRE PROGENITOR, siendo la madre la C. Daniela Martínez Torres, coartando el derecho fundamental a la IDENTIDAD Y FILIACIÓN, contemplada en el artículo 4 de la Constitución Política de México, artículo 7 de la convención internacional de los niños, niñas y adolescentes, artículo 19 de la ley general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes". Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se dispone lo siguiente: "Artículo 61. En el juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De la interpretación sistemática y literal de los preceptos transcritos, aplicada en sentido contrario, se desprende que el quejoso promueve su demanda por su propio derecho y en representación del menor que llama "S.", por lo que carece de legitimación para promover la acción constitucional que nos ocupa, toda vez que la identidad del menor no se encuentra cabalmente establecida. Lo anterior es así, en virtud de que si bien el promovente refiere ser el padre del menor con motivo de un concubinato con su señora Daniela Martínez Torrrez, quien lo amenazó con no registrarlo con su apellido; sin embargo, tal circunstancia no encuentra sustento con ningún documento, es decir, que la madre efectivamente haya registrado al menor sin el apellido de quien hoy promueve la demanda de amparo, por lo que a todas luces se desprende lo incierto de tal acontecimiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis XXVII.3º.142.K, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que al rubro y texto dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO (POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO) PROMOVIDA EN REPRESENTACIÓN DE UN INFANTE, RESPECTO DEL CUAL, EL QUEJOSO NO PROPORCIONA DATOS DE IDENTIDAD POR DESCONOCERLOS, NO AFECTA AQUEL PRINCIPIO.". El artículo 2, párrafos segundo y tercero, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; y cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Sin embargo, el desechamiento de plano de la demanda de amparo en la que se aducen actos graves cometidos en perjuicio de menores de edad, pero sin proporcionar datos de identidad de éstos, por desconocerlos, no afecta dicho principio, ya que la tutela jurisdiccional protectora de derechos humanos no puede ignorar los principios del juicio de amparo, como es el de la relatividad de las sentencias de amparo; de ahí que si se promueve la demanda en representación de un menor que expresamente en la demanda se aduce desconocer, procede desecharla sin mayor consideración por falta de interés legítimo, pues ni siquiera es clara la existencia de un menor quejoso." Bajo las condiciones precisadas, es evidente la actualización de la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXlll, de la Ley Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procede desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita. 3. Domicilio. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; asimismo, se le tiene señalando correo electrónico liccesarparra@gmail.com. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto no cumplan con dicho requisito, se autorizan sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos presentados por las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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