César Pineda Zarate (Apoderado Legal)

Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
22/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • César Pineda Zarate (Apoderado Legal)
  • Angélica Palacios Zárate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, quince de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la que este órgano de control constitucional determinó sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales al no haberse solicitado por la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso b) del acuerdo general citado porque se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. ANOTACIÓN EN LA CARÁTULA Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, informe y las constancias remitidas el veintiuno de enero de dos mil veintidós por la autoridad responsable Arnulfo Enrique González Reyes, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía del Estado de Puebla, se evidencia que mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dio respuesta al escrito de veinte de octubre de ese año, el cual recibió al día siguiente -generador del acto reclamado-; mismo que fue notificado a César Pineda Zarate, apoderado legal de la moral quejosa LICEO BRITÁNICO DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, en diecinueve de enero de dos mil veintidós a través de acta circunstanciada (ultima notificación practicada por la autoridad responsable), en el domicilio que señaló para tal efecto en el escrito cuya falta de respuesta originó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA De ello, se advierte la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo texto literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Para precisar los alcances de la expresión "cesado los efectos" resultan útiles las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, por que dicha disposición y la transcrita son idénticas. La sala en cita estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos de la parte quejosa. La interpretación aludida puede advertirse en la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". En el caso, se actualiza la hipótesis legal en comento, pues de los autos que integran el presente juicio de amparo se desprende lo siguiente: I. La moral quejosa LICEO BRITÁNICO DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, por conducto de su apoderado legal César Pineda Zarate, reclamó la falta de acuerdo al escrito que presentó el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno dentro de la indagatoria FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.ESTI/000501/2021, radicada en la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía del Estado de Puebla, y su correspondiente notificación. II. No obstante lo anterior, mediante acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el Ministerio Público responsable dio respuesta a la petición presentada el veintiuno de octubre del año en cita. De igual modo, ordenó la notificación respectiva, la cual se efectuó a la parte quejosa por conducto de su apoderado legal el diecinueve de enero de dos mil veintidós a través de acta circunstanciada (última notificación practicada por la autoridad responsable), en el domicilio que señaló para tal efecto en el escrito cuya falta de respuesta originó la promoción del juicio de amparo (fecha posterior a la presentación de la demanda). De lo antes expuesto, se advierte que la autoridad responsable al resolver la cuestión planteada eliminó la afectación a la parte quejosa, como si el acto no hubiere dejado ninguna huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, pues con la determinación de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno y la notificación realizada el diecinueve de enero del año en curso, los actos reclamados dejaron de existir, sin afectar a la parte quejosa, máxime que se proveyó favorable su solicitud de copias. En consecuencia, al haber cesado los efectos de la falta de acuerdo y notificación al escrito que presentó el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.ESTI/000501/2021, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional, en virtud de que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós se desechó la ampliación de demanda de la parte quejosa, de lo cual se ordenó la notificación de ese acuerdo vía electrónica, misma que se tuvo por realizada el once siguiente, por lo que es evidente que a la fecha en que se actúa transcurre el plazo que prevé en el artículo 98 de la Ley de Amparo, y esté en aptitud de ejercer su derecho en conformidad con lo establecido en el diverso 97, fracción I, inciso a), de la citada ley o lo que a su derecho e interés convenga. Así mismo, se advierte que al revisar el expediente electrónico de este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), aún no consta el archivo electrónico relativo a la notificación vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, del acuerdo de diez de enero del año en curso por el que se proveyó la admisión de la demanda. ACTUARIO JUDICIAL A REALIZAR Por tanto, pídase al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, encargado de la notificación ante indicada, para el efecto de que de contar con tal constancia, de inmediato la integre al expediente electrónico respectivo. En el entendido que, si no cuenta con ella, de manera inmediata la realice; con miras a abreviar y agilizar el trámite y resolución de este expediente en acato irrestricto a lo que dispone el artículo 17 Constitucional. FECHA DE AUDIENCIA Entonces, a fin de dar la oportunidad y no dejarlo en estado de indefensión, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se señalan las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta de César Pineda Zarate, apoderado legal de la moral quejosa LICEO BRITÁNICO DE MÉXICO, ASOCIACIÓN CIVIL, el cual se recepcionó por medio digital, a través del panel de promociones del expediente electrónico del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica (FIREL), lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." Atento al contenido del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso amplía la demanda respecto a la notificación del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno emitido en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000501/2021 y respecto al retardo para judicializar dicha carpeta de investigación, al tener más de un año sin que se judicialice. Ahora, respecto al primero de tales actos, consistente en la notificación del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: .. b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y". Tales preceptos limitan la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos fuera juicio cuando no sean de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En la especie, la notificación reclamada no es un acto que pueda considerarse de imposible reparación, debido a que no trastoca alguno de los derechos humanos sustantivos del quejoso, como son su familia, domicilio, papeles o posesiones, derechos, propiedades o su libertad personal, en tanto que se trata únicamente de la comunicación que la autoridad efectúa respecto a una determinación emitida en la carpeta de investigación, motivada por su petición, máxime que ha tenido cabal conocimiento de esa decisión con las constancias allegadas al juicio de amparo, lo cual, en su caso, le permitiría cuestionar la legalidad de esa decisión en caso de considerarla contraria a sus interés, lo cual no hace. De ahí que dicho acto no repercute de manera real, directa ni actual en alguno de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados internacionales, por ende, no es materia de análisis a través del juicio de amparo indirecto, porque no se satisface el requisito necesario para ello, como es, que se trate de un acto fuera de juicio que sea de imposible reparación, de ahí que no es dable emprender su análisis en esta vía. Consecuentemente, el juicio de amparo en contra de la diligencia de notificación del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno emitido en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000501/2021, reclamada en la ampliación de la demanda, deviene improcedente. Por otra parte, respecto a lacto consistente en la falta de judicialización de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000501/2021, se estima que la parte quejosa, antes de acudir en demanda de amparo se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...) Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Al respecto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta omisiva por parte de la autoridad investigadora en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican la paralización de su función investigadora. Por lo tanto, la parte inconforme debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra la dilación en que ha incurrido por más de un año, en orden a judicializar la carpeta de investigación, pues ello implica su paralización, a lo que estaba obligada en tanto se conoce que le asiste la calidad de víctima. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Décima Época Registro: 2017641 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de agosto de 2018 10:25 h Materia(s): (Penal) Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Así como la diversa cuyo rubro y texto, son del tenor siguientes: Época: Décima Época Registro: 2017640 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de agosto de 2018 10:25 h Materia(s): (Común, Penal) Tesis: 1a./J. 28/2018 (10a.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo respecto a los actos por los cuales la quejosa amplió la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, la primera fracción en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), constitucional, y el diverso 113 de la propia ley, se desecha la ampliación de la demanda de amparo que se provee. Notifíquese vía electrónica.

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