Cesar Pineda Zarate (Apoderado Legal)
Expediente 357/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Cesar Pineda Zarate (Apoderado Legal)
- Erica Morales MartìNez, Agente del Ministerio PùBlico Adscrita A la Unidad Especializada En TèCnicas de InvestigaciòN de la FiscalìA General del Estado de Puebla
- CESAR PINEDA ZARATE (APODERADO LEGAL) y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Puebla, Puebla, once de octubre de dos mil veintidós. REQUERIR NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra en autos la notificación electrónica al quejoso del auto de trece de septiembre del año en curso; en tales condiciones, pásense nuevamente los autos a los Actuarios Judiciales para que de manera inmediata notifiquen en la vía ordenada al aquí quejoso el auto antes referido, el cual es el siguiente: "Puebla, Puebla, a trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro recurso de revisión número 169/2022, el expediente de amparo número 357/2022, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió confirmar y sobreseer en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Glósese a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. SE DEJAN DOCUMENTALES A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO. Por último, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se deja a su disposición las documentales que anexó a su demanda de amparo, de conformidad con lo previsto por el capítulo tercero, relativo a los tipos de archivo y de las trasferencias de expedientes judiciales, punto undécimo, último párrafo, del señalado acuerdo General Conjunto número 1/2009, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, apercibida que en caso de no hacerlo, correrá la suerte del principal. Ahora bien, a efecto de que la persona autorizada de la parte quejosa comparezca a realizar lo anterior, queda a su cargo ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y obtener la cita correspondiente (Código QR), pues no se trata de una diligencia que este juzgado deba programar, la cual se agendará en cualquier día hábil dentro del horario de las nueve a las once horas. Hecho lo anterior, deberá informar al personal de este juzgado, vía telefónica, la hora y fecha generada para preparar la logística para su comparecencia a aceptar el cargo conferido. Por tanto, queda a su disposición el número telefónico 222 445 9066 de la secretaria de juzgado Jeanette Wendolyne Espinosa Flores, a fin de que informe lo anterior, con la anticipación debida; en la inteligencia que de no hacerlo, deberá programar nuevamente su cita e informarla en la forma indicada. Lo anterior, atendiendo al esquema de trabajo de este juzgado, pues las actividades presenciales aún están limitadas, a virtud de la pandemia actual, para salvaguardar la salud del personal y de quienes acuden al mismo. NOTIFÍQUESE Y ELECTRÓNICAMENTE AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante JEANETTE WENDOLYNE ESPINOSA FLORES, Secretario que autoriza y da fe." NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante JEANETTE WENDOLYNE ESPINOSA FLORES, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
.. Agréguese a los autos el escrito signado por CESAR PINEDA ZARATE apoderado legal de la persona moral Liceo Británico de México A. C; recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción. Por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo el recurso de revisión en contra del auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, córrase traslado a las partes, y una vez integrado, remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Finalmente, en cuanto a su solicitud de consulta y notificación electrónica; así como de establecer medios no procesales para entablar comunicación ágil; dígasele que se esté a lo acordado en auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el cual le fueron acordados de conformidad dichas peticiones.
- Principal
. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos de Abuso de Confianza y Fraude de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, recibido vía correo electrónico, mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLMADO Ahora bien, de la lectura de las constancias se precisa que el acto reclamado es la omisión de judicializar la carpeta de investigación 5828/2016/ZC, y no así como lo precisó el quejoso en su escrito inicial de demanda, como "la omisión de consignar la averiguación previa 5828/2016/ZC"; en tales condiciones: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, razón por la cual procede decretarlo aún fuera de la audiencia. Al respecto, cabe destacar que de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo se desprende que el legislador previó la posibilidad de que se decretara el sobreseimiento en los términos referidos, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. En el caso, se precisó como acto reclamado la omisión de judicializar la carpeta de investigación 5828/2016/ZC. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La violación directa a la constitución relativa a la falta de administración de justicia pronta y expedita, por no consignar ante el juez penal correspondiente la averiguación previa número 5828/2016/ZC de la que es víctima mi representada, por parte de la autoridad responsable en su denominación correcta, "Agente Del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en Técnicas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla", (Erica Moralez Martínez). De lo cual, se observa que el promovente tiene la calidad de víctima dentro de la carpeta de investigación "y no de averiguación previa como así ya lo precisó la autoridad responsable", de donde emanan los actos, por lo que con esa calidad reclama que las autoridades señaladas como responsables no ajustan su actuar a las disposiciones aplicables, lo que ha trascendido en una dilación pues como lo menciona el quejoso: ".ya que con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, presentó una denuncia por fraude radicándose la misma con el número de carpeta de investigación 5828/2016/ZC, no obstante desde esa fecha hasta el día de hoy han transcurrido años, sin que la autoridad responsable señalada en este juicio haya consignado ante un juez penal dicha denuncia del sistema tradicional, lo cual sin duda deja en estado de indefensión e incertidumbre jurídica a mi representada, por falta de administración pronta y expedita por parte de dicha autoridad responsable." Sin embargo, respecto de dichos actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...)" Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Al respecto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las aclaraciones y omisiones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta omisiva por parte de la autoridad investigadora en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o la negativa de permitir el acceso a los registros de investigación), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto evitar dar a conocer las condiciones de la investigación, paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican una paralización de su función investigadora. Por lo tanto, la parte peticionaria de amparo debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra las omisiones de la autoridad investigadora que aquí controvierte. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Décima Época Registro: 2017641 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de agosto de 2018 10:25 Materia(s): (Penal) Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Así como la diversa cuyo rubro y texto, son del tenor siguientes: Época: Décima Época Registro: 2017640 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 17 de agosto de 2018 10:25 Materia(s): (Común, Penal) Tesis: 1a./J. 28/2018 (10a.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Al igual que la tesis cuyo rubro y texto, son del tenor siguientes: Registro digital: 2020422 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Penal Tesis: I.7o.P.119 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4632 Tipo: Aislada RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. En consecuencia, por ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se ha hecho alusión en líneas que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, así como conforme a lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede sobreseer en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional a las nueve horas con dieciocho minutos del día veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE Y ELECTRÓNICAMENTE AL QUEJOSO Y POR CORREO ELECTRÓNICO A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA.
- Principal
... Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días a las autoridades responsables para rendir su informe justificado. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
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