César Pérez Campos

Expediente 774/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
774/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • César Pérez Campos
  • Director General del Centro Federal de Readaptación Social 17 CPS, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    En once de abril de dos mil veintitrés, el secretario certifica: que el plazo de diez días de que disponían la parte quejosa, para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió del veintidós de marzo al cuatro de abril pasado, dado que fue notificado de manera personal el dieciséis de marzo del año en curso, sin contar los días inhábiles; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del índice del este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Doy fe. Cuenta. En esta misma fecha se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de abril de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnada la resolución de catorce de marzo de este año, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Orden de archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como que las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En atención a que se concedió la suspensión de plano al quejoso, con fundamento en lo previsto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo tanto, con apoyo en el referido artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Notificación. Dado que el quejoso, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán; por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y le notifique al impetrante del amparo el presente auto. Notifíquese; y personalmente al quejoso ********************. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con treinta minutos del catorce de marzo de dos mil veintitrés, el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ******************** sin la asistencia de las partes. Y relaciona, como principales constancias del expediente, la demanda e informes a la suspensión de plano. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con los medios de prueba que el Encargado de la Dirección del Centro de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, anexó a su informe de ley (fojas 43 a 51 y 64 a 66). A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes presentó alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por hecha la anterior constancia, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS. Para resolver el juicio de amparo número ******************** promovido por ********************, contra actos del Director del Centro de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. El ocho de diciembre de dos mil veintidós, se presentó vía postal, el escrito de demanda ante la oficialía de partes del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, y por auto de doce de diciembre de ese mismo año, la Jueza Administradora del citado centro de justicia, ordenó remitir dicho ocurso a la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad capital, para los efectos legales correspondientes. En catorce de diciembre de dos mil veintidós, el libelo constitucional fue turnado al Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el cual ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de las autoridades que hizo consistir, en: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: C. Director General del Centro Federal de Readaptación Social # 17 "CPS-Michoacán" (.) EJECUTORA: Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" (.) IV. Norma General, acto u omisión que cada autoridad se reclama: Falta de atención médica integral y adecuada de parte de los servicios médicos (Área Médica), del Centro de Reclusión donde me encuentro privado de mi libertad. La negativa de no proporcionarle al quejoso un tratamiento para el cáncer como lo es una resonancia magnética y un tratamiento u operación que desde que llegue la he estado pidiendo, dejándome en situación de vulnerabilidad de mi persona y edad (Privado de mi Libertad). El promovente del amparo expuso, que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 4º, 8 º, 14 º, 16 º y 17 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO EN EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON SEDE EN MORELIA. Radicación e incompetencia. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de mérito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, mismo que la registró con el número ********************, decretó la suspensión de plano, respecto de la omisión de proporcionar atención médica al quejoso ********************; y se declaró legalmente incompetente para conocer del libelo constitucional de mérito, al estimar que los actos reclamados tendrían ejecución en el lugar donde se encuentra privado de la libertad el quejoso, por lo que ordenó remitirla a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad; y, por razón de turno, tocó conocer a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN ESTE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÀN DE OCAMPO. Radicación, acepta competencia y admisión. En proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional, radicó la demanda de referencia con el número ******************** aceptó la competencia planteada, ratificó la suspensión de plano decretada por el Juez declinante y admitió a trámite la misma, solicitó el informe de ley, ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez realizados los trámites de ley, tuvo verificativo en esta misma data, al tenor del acta que antecede, por lo que se emite la siguiente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, cuya omisión es atribuida a autoridades con residencia en la circunscripción territorial en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" con sede en Buena vista Tomatlán, Michoacán. Del Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" (.) La falta de atención médica a la persona privada de la libertad ********************. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Se presume cierta la omisión reclamada al Director y Titular del Área Médica adscritos al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" con sede en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, pese a que fueron omisas en rendir su informe justificado, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, la existencia de la omisión reclamada se corrobora con las manifestaciones del encargado de la dirección general del citado centro penitenciario, contenidas en los informes de suspensión de plano, en el sentido de que giró instrucciones al área correspondiente, a efecto de que se brinde de manera inmediata la atención médica al quejoso, a efecto de continuar salvaguardando su integridad física, previo los requisitos normativos y prerrogativas que tienen reconocidas en las leyes nacionales e internaciones vigentes. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". De ahí que se tenga por cierta la omisión reclamada a dichas autoridades. Ilustra, la tesis 1a. XXXVII/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 2023556, de rubro y texto: "CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA. SUPUESTOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE EXCEPCIONALMENTE REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA. Hechos: En un juicio ordinario civil se ejerció la acción de daño moral contra una empresa a partir del fallecimiento de una de sus trabajadoras dentro de sus instalaciones. La parte actora adujo como hecho ilícito el incumplimiento de la empresa a sus deberes de cuidado como patronal. En particular, le atribuyó no proveer la seguridad adecuada de la trabajadora; el retraso injustificado de su personal en la búsqueda y localización oportuna de la trabajadora, así como en dar noticia del deceso a las autoridades; la incertidumbre sobre las verdaderas circunstancias, motivos y lugar del fallecimiento; y, la falta de atención, apoyo e información a los familiares con motivo de los hechos. En primera instancia se tuvo por acreditada la acción; sin embargo, en apelación la Sala civil determinó que la parte actora no probó la conducta ilícita, por lo que absolvió a la empresa demandada. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien en materia de responsabilidad extracontractual por daño moral, por regla general, corresponde a la parte actora probar los hechos constitutivos de los elementos de su acción, excepcionalmente procede invertir esa obligación adjetiva para que sea la parte demandada quien justifique alguno de estos hechos cuando entre las partes existe una relación asimétrica en torno a la proximidad probatoria del hecho. Justificación: La anterior determinación tiene sustento en la garantía del derecho de igualdad de las partes en los juicios, como una manifestación del debido proceso, la cual exige la existencia de un equilibrio procesal entre ellas, de modo que se logre una concurrencia al litigio en un plano de igualdad material y no meramente formal, lo que implica que cualquier situación de facto que impida mantener ese equilibrio debe ser solventada por la autoridad jurisdiccional mediante las herramientas hermenéuticas correspondientes. Por lo tanto, procede invertir la carga de la prueba cuando, derivado de las circunstancias particulares del caso, la parte actora esté imposibilitada o tenga un alto grado de dificultad para acceder a los medios de convicción necesarios a fin de justificarlo y, en contrapartida, la parte demandada cuente con una mayor disponibilidad de los medios de convicción y una mejor facilidad para aportarlos al juicio, a fin de acreditar el hecho contrario. La postura expresada se torna aún más relevante cuando la responsabilidad extracontractual por daño moral se hace derivar de un hecho ilícito conformado por el incumplimiento de deberes tutelares de derechos humanos, lo que resulta aplicable a los particulares siguiendo la doctrina sobre la transversalidad de los derechos humanos sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en estos supuestos la necesidad de mantener el equilibrio procesal entre las partes garantiza, además del debido proceso, los derechos a la dignidad humana y una justa indemnización en favor de las víctimas, lo que justifica la inversión de la carga probatoria para imponer el deber de demostrar el hecho contrario al actuar ilícito a la parte que tiene una mayor proximidad probatoria (facilidad y disponibilidad). CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia del acto u omisión reclamados, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano de control constitucional, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éstos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Dicho precepto alude, al principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo, es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, cuando: Deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o bien, Proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el entendido de que la última hipótesis opera siempre y cuando conforme a las leyes que rijan los actos tildados de inconstitucionales, se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la legislación de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la invocada normatividad. Al respecto, el mecanismo establecido en la legislación aplicable al particular, dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por las autoridades penitenciarias, como se precisará párrafos posteriores e incluso, si la parte quejosa, desea que su acto sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, a fin de que cese la omisión, por lo que dicha suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la regulada por la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que ésta requiere, ni tampoco mayor plazo para su otorgamiento. Ahora, de los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé el Procedimiento Administrativo, mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden interponerlo a su favor sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución, dentro de los diez días siguientes, a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Además, si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. De lo anterior se concluye que este juicio es improcedente porque el quejoso antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo, es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien respecto de los actos reclamados analizado en este apartado y, en su caso, formular controversia ante el juez de ejecución, pues no se actualiza algún caso de excepción al citado principio de definitividad. Cobra aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, Décima Época, del tenor siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Asimismo, tiene aplicación la tesis XI.P.2P (11a), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo V, página 4689, Undécima Época, del tenor siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMEN LAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA, INCLUSO DE CARÁCTER URGENTE, SIN HABER AGOTADO PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA XI.P. J/8 P (10a.)]. Hechos: Varias personas privadas de la libertad en un centro de reclusión promovieron juicio de amparo indirecto contra la omisión de las autoridades penitenciarias de brindarles atención médica general y especializada y tratamiento para atender sus padecimientos. La autoridad de amparo desechó de plano la demanda, al encontrar actualizada de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las personas privadas de la libertad en un centro de reclusión, previamente a controvertir en el juicio de amparo indirecto la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica y, en su caso, el tratamiento respectivo, sean de carácter urgente o no, deben agotar el mecanismo de control previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al tratarse de una cuestión relacionada con condiciones de internamiento, ya que de no hacerlo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, de la que emanó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", y las diversas contradicciones de tesis 304/2018 y 35/2021 estableció, en esencia, que la Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un mecanismo de control denominado "peticiones administrativas", a través del cual las personas privadas de la libertad pueden ver satisfechas sus pretensiones inherentes a las condiciones de internamiento, incluidas las omisiones que tienen que ver con la prestación de atención médica de carácter urgente, pues existe la posibilidad de que ésta sea suspendida de manera oficiosa por un Juez, según prevé la propia legislación. Por tanto, es necesario que las personas privadas de la libertad en un centro de reclusión, previamente a acudir al juicio de amparo a reclamar la omisión de brindar atención médica y, en su caso, el tratamiento respectivo, sean de carácter urgente o no, agoten el mecanismo de control previsto en la citada ley nacional, al tratarse de una cuestión relacionada con condiciones de internamiento; de manera que al no hacerlo así, se configura de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a agotar el principio de definitividad. En razón de lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito interrumpe la tesis de jurisprudencia XI.P. J/8 P (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A CUESTIONES DE INTERNAMIENTO RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO O ASISTENCIA MÉDICA. A EFECTO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN CONDICIONES DE DECIDIR SI ADMITE O DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, DEBE REALIZAR UN JUICIO VALORATIVO DE LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR EL QUEJOSO." Sin que en el caso se advierte que la falta de atención médica señalada como acto reclamado, ponga en peligro la vida o se trate de una violación directa a la constitución o a los derechos humanos del quejoso equiparable a tortura, lo que no quedó acreditado aún indiciariamente. Además, de las constancias recabadas por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número diecisiete "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán (fojas 43 a 51 y 64 a 66), se advierte que el dieciséis de diciembre del dos mil veintidós, el quejoso fue valorado por el médico general de ese centro penitenciario y diagnosticado con diabetes mellitus 2, masa palpable en región axilar izquierda de origen a determinar y gastritis aguda, por lo que se le prescribió tratamiento farmacológico recetado por dicho médico para los citados padecimientos. Asimismo, el dieciocho de diciembre del referido año, se le tomaron estudios de laboratorio, y realizaron los trámites necesarios para las especialidades de psiquiatría y dermatología. Ahora, si bien el quejoso alega sufrir de un padecimiento de "cáncer", y que por tal motivo requiere de un tratamiento médico para combatir dicha enfermedad, de los mencionados estudios clínicos que al efecto se le practicaron, no se demostró un diagnosticó que corresponda a ese padecimiento; de ahí que, no asista razón al impetrante del amparo, para obtener el tratamiento y medicamento que refiere necesitar. Las mencionadas documentales, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Po tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es sobreseer en los autos del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. NOTIFICACIÓN. Tomando en consideración que ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se comisiona al actuario respectivo, proceda a llevar a cabo la notificación ordenada, en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente al quejoso la presente resolución. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número ******************** promovido por ********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número diecisiete "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo y otra autoridad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Notifíquese al quejoso, en términos del considerando quinto de la presente sentencia. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese.Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ernesto Adame Ruíz, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez, con el estado de autos . Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que, en notificación practicada por el actuario adscrito el diecisiete de febrero de este año, al quejoso César Pérez Campos, éste manifestó lo siguiente: "Que se da por notificado y solicita una entrevista con su defensor" Por lo tanto, con lo anterior, dese vista al licenciado Arturo Ortega Álvarez, representante especial de dicho quejoso, a fin de que dentro de sus atribuciones y competencia legal, le brinde asesoría necesaria para atender sus necesidades; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente al representante especial. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    En diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, el secretario certifica: a) Que no obra constancia del acuse de recibo, de los oficios 774/2023 y 775/2023, por medio de los cuales se ordenó la notificación del auto de dieciséis de enero de este año, a las autoridades responsables ahí precisadas. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos del que se advierte que, en proveído de dieciséis de enero actual, se ordenó dar vista a las partes con la designación del titular de este órgano jurisdiccional; sin embargo, de la certificación de cuenta se advierte que, no obra constancia del acuse de recibo, de los oficios por medio del cual se ordenó notificar a las autoridades responsables. Se instruye al área de actuaria. Por lo tanto, tomando en consideración que las autoridades responsables que no han sido notificadas, corresponden al Director General y Titular del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se comisiona al actuario respectivo, para que conforme al rol que se tenga en el día y fecha programada para acudir a ese centro penitenciario, entregue de manera personal, los oficios 774/2023 y 775/2023, y recabe el acuse correspondiente; debiendo subir al sistema esa constancia para los efectos legales a que haya lugar. Se difiere audiencia constitucional. En esas condiciones y a fin de dar oportunidad a las partes, para que manifiesten lo que su interés legal convenga, con motivo del cambio de titular, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Lo anterior, captúrese en la agenda institucional que obra electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE). Notifíquese; y publíquese en el Portal de Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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