César Noé Ramos Castro

Expediente 607/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
607/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • César Noé Ramos Castro
  • Agente Primero del Ministerio Público Investigador, Uruapan, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    La suscrita Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: Que el plazo de que disponía el quejoso César Noé Ramos Castro, para impugnar el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, ha fenecido, pues fue notificado por lista el ocho de septiembre del año en curso, surtiendo efectos el once de septiembre, comenzando a transcurrir dicho plazo el doce y feneció el veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Conste. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. De la certificación secretarial de cuenta, se desprende que dentro de plazo legal que disponía la parte quejosa, no impugnó el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. ARCHIVO. En mérito de lo anterior, se ordena el archivo definitivo del expediente, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de control y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 20, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de dos de junio de dos mil veintitrés, aplicado por analogía, el presente asunto es conservable; consecuentemente, una vez cumplidos tres años, contados a partir de esta fecha, deberá transferirse, como lo establece el párrafo primero de ese ordinal. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.

  2. Principal

    En cinco de septiembre de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con dos razones actuariales que obran en autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Visto lo de cuenta, se desprende la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción, para de entregar los oficios a las siguientes autoridades señaladas como responsables, por los motivos que indica: 14899/2023 y 15009/2023 Agente Primero del Ministerio Público Investigador, Uruapan, Michoacán. 14900/2023 y 15010/2023 Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado, Uruapan, Michoacán. 14902/2023 y 15011/2023 Director o Encargado de Creas y/o Centros de Rehabilitación y/o Desintoxicación de Uruapan, Michoacán. En tal virtud, con fundamento en la fracción II, del artículo 5° de la Ley de Amparo, se tienen por inexistentes a las citadas autoridades y se ordena suspender toda comunicación con las mismas, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa con las diligencias de cuenta toda vez que, en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto y se dejaron sin efectos las providencias decretadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    En uno de septiembre de dos mil veintitrés, la Secretaria certifica: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio y anexo, el cual quedó registrado bajo el folio 11250. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con la certificación que antecede y con el oficio que se precisa. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexo, del Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, sin hacer mayor pronunciamiento a las manifestaciones de la autoridad oficiante, toda vez que en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto y se dejaron sin efectos las providencias decretadas. Cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo de la licencia personal concedida al titular de este órgano jurisdiccional del veintinueve de agosto al cuatro de septiembre del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1550/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la carrera judicial; quien actúa asistida de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  4. Principal

    En treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con el acta de notificación personal que obra en autos, así como con los escritos y anexos, registrados con los folios 11224 y 11225. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda lo siguiente: RATIFICACIÓN DE DEMANDA. Del acta de notificación personal y ratificación de demanda de treinta de agosto de dos mil veintitrés, se desprende que ********************, manifiesta que si ratifica la misma que dio origen al presente asunto. INFORME. Por otra parte, intégrese a los autos el informe que rinde **, quien se ostenta Encargado y Dueño de la Clínica o Centro de Rehabilitación para enfermos de alcoholismo y drogadicción A. C., señalada como autoridad responsable en el presente juicio; al que adjunta diversas documentales y una unidad electrónica de almacenamiento (USB), mismas que se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. DESECHAMIENTO. A fin de acordar lo conducente en relación con la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Cobra aplicación, la jurisprudencia 75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 77, del tomo 68, agosto de 1993, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". A partir de lo anterior, del acta de notificación personal de cuenta de la que se aprecia que el directo quejoso ratificó la demanda, así como del informe rendido por el Encargado y Dueño de la Clínica o Centro de Rehabilitación para enfermos de alcoholismo y drogadicciones A. C., y anexos que acompaña, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIIl, en relación con los diversos 1o, fracción I, y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a los artículos 1o, y 5o, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley; que es parte en el juicio la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De dicho criterio destaca entonces que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, partiendo del supuesto contenido en el primer párrafo de la fracción II del artículo 5o, de la Ley de Amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, del segundo párrafo de la propia fracción II del precitado artículo 5o, de la Ley de Amparo, se obtiene que el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, consiste en que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. El indicado numeral fue motivo de análisis por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, en la que se sostuvo, entre otras consideraciones, que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, son las siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, y de supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Al respecto, orienta la tesis aislada sostenida por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 2ª XXXVI/99, en la página trecientos siete, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Lo anterior, permite inferir que el legislador estableció que no cualquier particular podrá ser considerado como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Así, la acción de tutela se encuentra restringida a que la actuación del particular tenga su origen o esté determinada en una norma general en relación con servicios públicos o de interés público; por tanto, corresponde al Juzgador de amparo en cada caso específico que se le presente, definir si lo que se reclama a un particular encuadra o no en un acto equiparable al de autoridad, si proviene o no de una relación asimétrica o de igualdad, desde luego dependiendo de las circunstancias que rodean al asunto. Precisado lo anterior, del análisis integral realizado al escrito de demanda, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que ********************, señala como acto reclamado la desaparición forzada del Centro de Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción A. C., ello fuera de todo procedimiento judicial, señalando como una de las autoridades responsables al Director General de dicho centro. En ese contexto, debe decirse que si bien es cierto la Ley de Amparo, en su artículo 5o, fracción II, párrafo segundo, prevé la posibilidad de que los particulares tengan la calidad de autoridades, acota que sólo será en el supuesto de que dichos particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, lo que en el caso no acontece, pues de las constancias que remitió el Encargado y Dueño de la Clínica o Centro de Rehabilitación para enfermos de alcoholismo y drogadicciones A. C., se aprecia que se trata de una clínica de rehabilitación, regida por normas de derecho privado, dedicada al tratamiento de adicciones, donde el directo quejoso fue ingresado por su propia voluntad, así como por su hermano ********************, quien firmó la boleta de ingreso voluntario del mencionado quejoso, para el tratamiento de sus adicciones; de ahí que el personal que la conforma, no tenga el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que se trata de particulares que no actúan dotados de imperio conforme a una norma legalmente establecida, que a su vez les faculte para emitir actos frente a un gobernado, es decir, no existe una relación de supra a subordinación, entre la clínica y el directo quejoso sino de coordinación. Además, sin prejuzgar sobre la licitud o ilicitud de la forma en que fue ingresado el directo quejoso a la clínica de rehabilitación en mención, es evidente que ello, corresponde a una relación de coordinación entre particulares, en tanto que no existe una norma jurídica que faculte al personal del centro de rehabilitación para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que, se insiste, su actuación depende de lo que, en su caso, expresamente hayan acordado los familiares del directo quejoso y el personal de dicho centro, y por ende, la relación jurídica entre éstos se rige por los principios del derecho común, resultando claro también que en caso de que tal relación contractual sea inexistente, los ofendidos podrán denunciar los hechos probablemente constitutivos de delito ante el Agente del Ministerio Público correspondiente. Por otra parte, no pasa inadvertido, que en el escrito inicial de demanda se señalan por la promovente ********************, diversos actos que se reclaman a autoridades de carácter administrativo, ya que como se dijo una de las señaladas como responsable es el Director General Centro de Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción A. C., y es en las instalaciones del referido centro donde se encuentra el directo quejoso ********************, desde el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, como se desprende de la manifestación realizada en la acta de notificación de cuenta, de la que también se advierte que el quejoso se encuentra en buen estado físico, sin lesiones, bien orientado en tiempo y lugar, y que no ha sido objeto de agresión alguna; por tanto, se desvirtúa que las demás autoridades hayan tenido intervención alguna, máxime que dada la localización del quejoso directo, no existen datos que hagan si quiera presumir la desaparición forzada de la que hace derivar los actos reclamados identificados con los numerales 2, 3, 4, y 5 de su demanda. Por otro lado, respecto de que se encuentra incomunicado, manifestación que realizó el multicitado quejoso al momento de la notificación de treinta de agosto de dos mil veintitrés, se desvirtúa con las constancias que adjunta al escrito de cuenta, toda vez que de las mismas se desprende que en diversas fecha y horarios ha tenido comunicación con diferentes personas así como con su madre ********************. En consecuencia, al haberse actualizado una causa manifiesta de improcedencia, se desecha la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en favor de ********************. En tal virtud, se dejan sin efectos las providencias decretadas en su favor, esto es, la suspensión de plano de los actos reclamados concedida. Hágase la anotación en el libro de control correspondiente, y comuníquese la anterior determinación a las autoridades señaladas responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo de la licencia personal concedida al titular de este órgano jurisdiccional del veintinueve de agosto al cuatro de septiembre del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1550/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la carrera judicial; quien actúa asistida de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

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