César Oscar Tayabas Cervantes
Expediente 1485/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1485/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- César Oscar Tayabas Cervantes
- César Oscar Tayabas Cervantes y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Perito Profesional Ejecutivo Técnico "B" Representante de la Coordinación en la Subsede de Naucalpan, mediante el cual dan cumplimiento al acuerdo de primero de octubre del año en curso; por lo que, se le tiene proponiendo como perito en materia de ingeniería y arquitectura a Antonio Ramos Rodríguez con domicilio en avenida dieciséis de septiembre, número setecientos ochenta y cuatro, edificio C, primer piso, Fraccionamiento Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 53370. Consecuentemente, tal y como quedo establecido en proveído de uno de octubre del presente año y a efecto de evitar dilaciones procesal, se le requiere al perito en materia de ingeniería y arquitectura a Antonio Ramos Rodríguez para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se le realice de su designación comparezca al local de este Juzgado de Distrito a aceptar y protestar el cargo conferido, así mismo en dicho acto deberá determinar si la documentación que obra en autos le es suficiente para emitir su dictamen o bien manifieste lo que a su derecho corresponda; de igual forma se le hace del conocimiento que una vez aceptado y protestado el cargo y hecha su manifestación respecto a la documentación que obra en autos dentro del término de quince días contados partir de esa fecha deberá rendir su dictamen pericial, apercibido que de no hacerlo así se le impondrá la medida de apremio establecida en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por César Oscar Tayabas Cervantes; regístrese bajo el número 1485/2018-I-A. ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: - La comunicación al Buró de Crédito por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus, Estado de México, respecto de una deuda crediticia, que tuvo como consecuencia la alteración del historial crediticio del quejoso. DESECHAMIENTO En la especie se estima que el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo que literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del segundo precepto se desprende que la presentación de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas hipótesis que contempla dicho numeral, como son: cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en un plazo de hasta ocho años; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que será de siete años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, podrá presentarse en cualquier tiempo; excepciones que no se actualizan en el presente caso. Asimismo, el tercer precepto legal citado, establece diversa reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportuna, pues indica que el término deberá computarse: I) a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; II) al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o III) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la parte quejosa en su capítulo de hechos manifiesta bajo protesta de decir verdad, que en fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, solicitó al Buró de crédito información respecto del adeudo crediticio, misma que le fue remitida mediante correo electrónico, en el cual se hace del conocimiento al promovente, que en el mes de enero de dos mil diecisiete, se incorporó un adeudo por parte del Tecnológico de Monterrey en el buró de crédito, y que por tal motivo no podría obtener ningún tipo de crédito financiero. De ahí que el cómputo de los quince días a que alude el numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del trece al treinta y uno de agosto del año en curso, sin contar los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis todos de agosto del año en curso, por haber sido días inhábiles sábados y domingos. De ahí que, si la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho como se aprecia a foja dos de autos, en el sello receptor correspondiente, evidentemente es extemporánea. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o. J/21 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época del Tomo II, Agosto de 1995, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En igual sentido es aplicable la tesis visible en la página 200, del Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. Es inexacto que conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, existan dos oportunidades para combatir un mismo acto de autoridad: al conocer su emisión y al conocer que se va a ejecutar; el precepto debe entenderse en el sentido que sólo se tiene un término de quince días, es decir, una oportunidad para reclamar el acto o resolución de la autoridad, pudiéndose solicitar la suspensión de éste para evitar su ejecución, resguardando de este modo la materia del amparo o que el amparo quede sin ella; ya que es cierto que existen dos oportunidades para promover el juicio de garantías, pero no contra actos o resoluciones de autoridad administrativa y en términos del artículo 21 de la ley en comento, sino cuando lo que se reclama es una ley o reglamento, casos en que puede impugnarse dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de ésta (autoaplicativa) o dentro de los quince días siguientes al en que se tenga conocimiento del primer acto de aplicación (heteroaplicativa), conforme al artículo 22, fracción I y 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Máxime, que en este Juzgado de Distrito, se encuentra radicado el juicio de amparo 1293/2018-I-B, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, lo cual constituye un hecho notorio, lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su numeral 2°, así como de la tesis de jurisprudencia XXII. J/12, pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, Enero de 1997, visible a página 295, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.", del cual se advierte en el capítulo de hechos: "TERCERO.- En tal fecha 9 DE AGOSTO DE 2018, me dirigí a una sucursal Bancomer en la cual tengo cuenta de cheques al solicitar un nuevo crédito a lo cual los mismo ejecutivos me manifestaron que es imposible ya que me encontraba BOLETINADO POR EL BURO DE CREDITO, y que dicha Institución Financiera no podría otorgarme ningún tipo de crédito. En esas condiciones se advierte que en el juicio de amparo 1293/2018-I-B, y en el presente 1485/2018-I-A, la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el nueve de agosto de dos mil dieciocho, de ahí la extemporaneidad de la presentación de la demanda por lo que respecta al juicio de amparo señalado en líneas precedentes en segundo término. Así también, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la diversa X, de la Ley de Amparo vigente, al haberse constituido cosa juzgada. Los citados preceptos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. [.]". De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, el Máximo Tribunal del País ha establecido que la causal de improcedencia mencionada se agota en los casos en los que en la anterior ejecutoria de amparo se haya examinado y resuelto la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado que es materia del posterior juicio de garantías, así como en los casos en que se haya determinado la inatacabilidad del acto, con motivo de la actualización de ciertas causales de improcedencia. En este último supuesto, se determinó que para que el sobreseimiento decretado en un anterior juicio de amparo pueda tener efectos de cosa juzgada, se requiere la convergencia de razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, que han cesado sus efectos, que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa; pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. La premisa de la que parte la actualización de la causal de improcedencia de cosa juzgada, derivada del sobreseimiento decretado en un anterior juicio de amparo (o como en el caso acontece de una demanda que fue desechada), es la absoluta inatacabilidad del mismo acto en un posterior juicio de garantías, con motivo de la existencia de circunstancias que, de manera insuperable, hacen inejercitable la acción de amparo. Atento a lo anterior, para que se configure la causal de improcedencia de mérito se requiere la actualización de una de las dos condiciones siguientes: a) Que en el anterior juicio de amparo se haya analizado y resuelto, en el fondo, la constitucionalidad del acto reclamado materia del posterior juicio de garantías. b) Si en el anterior juicio de amparo se configuró una causal de improcedencia respecto del acto reclamado, que ésta conlleve su absoluta inatacabilidad en un posterior juicio de amparo, con motivo de la existencia de circunstancias que, de manera insuperable, hagan inejercitable la acción de amparo. De no cumplirse alguna de las condiciones apuntadas, no se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Sustenta lo anterior, la tesis CCLXXVIII/2012 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En efecto, en el caso se estima se actualiza la causal de improcedencia aludida, ya que de la revisión de las actuaciones de que constan en el juicio de amparo 1293/2018-I-B de este índice, las cuales por constituir un hecho notorio, se tienen a la vista al momento de emitir el presente fallo, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente a la materia y por el principio que la rige en la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, que este Tribunal comparte, visible a página 2023, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Agosto de 2010, Novena Época, Materia Común, del tenor literal siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen". Asimismo, orienta sobre el particular, la tesis XIII.3°.4K, Tribunales Colegiados de Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible a página 2679, tomo XXII, diciembre de 2005, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable con el número de registro 175644, Novena Época con el rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. De acuerdo con las razones que la informan y la disposición legal que interpreta, la tesis P. IX/2004, que se puede consultar a fojas doscientos cincuenta y nueve, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunal Pleno, con el rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", es aplicable no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con los expedientes y las ejecutorias de los que por virtud de sus funciones tengan conocimiento, incluso para actualizar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé origen al desechamiento de una demanda de amparo que puede derivarse también de esos hechos notorios, ya que de lo contrario se limitaría la facultad del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado para establecer la existencia de elementos que le permitan determinar, con plena certidumbre, que un juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en el numeral 145 de la Ley de Amparo". En efecto, se advierte que el quejoso, promovió el diverso juicio de amparo 1293/2018-I-B, cuyo conocimiento correspondió a este mismo juzgado, en el que las autoridades y actos por los que se instó el juicio de que se trata, fueron los siguientes: "[.] Autoridades Responsables: Con el carácter de ordenadora 1. Del Director General y/o Representante Legal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Estado de México. Con el carácter de ejecutoras 1. Director Ejecutivo y/o Representante Legal del Buró de Crédito. 2. Del PRESIDENTE de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en representación de todas y cada una de las instituciones financieras en el territorio mexicano. IV. Acto Reclamado. La comunicación al Buró de Crédito por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus, Estado de México, respecto de una deuda crediticia, que tuvo como consecuencia la alteración del historial crediticio del quejoso. Juicio en el cual, en acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho este jugado desechó la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. En este tenor es claro que el órgano de control constitucional puede desechar, cuando del contexto de la demanda se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda, así como de los documentos que se acompañen a ésta; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo, es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: De la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Cesar Oscar Tayabas Cervantes, señala como acto reclamado: -La comunicación al Buró de Crédito por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus, Estado de México, respecto de una deuda crediticia, que tuvo como consecuencia la alteración del historial crediticio del quejoso. Determinación que causó estado el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, al no haber sido recurrido durante la temporalidad a que alude el artículo 98, en relación con la fracción I, inciso a), del artículo 97 de la Ley de Amparo vigente, ordenándose el archivo correspondiente. Desechamiento respecto del cual (pese a la firmeza decretada), el quejoso interpuso recurso de queja, el cual a la fecha no ha sido resuelto. En tanto que, mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito En Estado de México, turnado al día siguiente a este juzgado, el quejoso promovió diverso juicio de garantías, mismo que quedó radicado bajo el número 1485/2018-I-A, en el que señaló actos y autoridades idénticos a los referidos en el juicio de amparo 1293/2018, cuyos datos relevantes fueron anteriormente reseñados. Luego entonces, debe convenirse que dicho acto ya fue materia de una ejecutoria anterior, recaída en un juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, pues es la misma que se combatió en el citado amparo 1293/2018-I-B del índice de este juzgado, en el que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desechó de plano la demanda de garantías promovida por el quejoso, determinación que si bien no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad de los actos reclamados, sí constituye cosa juzgada para efectos de la improcedencia de un nuevo juicio de amparo en contra de esos mismos actos, cuanto más que como se aprecia de lo antes reseñado no fue recurrida en la temporalidad prevista por la ley de la materia, esto es, existe un pronunciamiento firme e inamovible en torno a su improcedencia, cuyo contenido no puede desconocerse. Es ilustrativa, por identidad jurídica, la jurisprudencia 8 sustentada por la Segunda Sala del Máximo tribunal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 181-186, tercera parte, página 91, de rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías" (el subrayado y resaltado no es de origen). De igual modo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis XIII.3º.3K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que se comparte, visible a página 2380, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, enero de 2006, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA UN ACTO QUE YA FUE RECLAMADO EN UNO ANTERIOR EN EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA Y CAUSÓ ESTADO TAL DETERMINACIÓN. Tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 4/90, consultable a fojas ciento veinticinco del Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segunda Sala, que dice: "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA.", estableció el criterio de que el juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda se concluye que su desechamiento implica que se da por concluido al causar estado la determinación que al efecto se emita -pues se está ya en presencia de una ejecutoria de amparo- de tal forma que cuando el quejoso promovió con anterioridad al juicio de amparo uno diverso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado y el Juez de Distrito del conocimiento determinó desechar la demanda y contra tal determinación no se interpuso recurso alguno, resulta evidente que contra tal determinación no puede ejercerse nuevamente la acción de amparo, al configurarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia contemplado en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo". También apoya lo expuesto, la tesis sin número sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 226, Tomo XII, julio de 1993, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". Por las consideraciones anotadas, es manifiesto que en el caso se colma el supuesto a que alude el inciso b), que a fin de mayor ilustración se reproduce de nueva cuenta, en esta parte como sigue: "b) Si en el anterior juicio de amparo se configuró una causal de improcedencia respecto del acto reclamado, que ésta conlleve su absoluta inatacabilidad en un posterior juicio de garantías, con motivo de la existencia de circunstancias que, de manera insuperable, hagan inejercitable la acción de amparo". En ese sentido, de conformidad con el artículo 61, fracción XI en relación con la diversa X, y Fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por César Oscar Tayabas Cervantes, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Ténganse como autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente.
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