César Ortiz Soria

Expediente 1013/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1013/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • César Ortiz Soria

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso queja, dentro del término legal, contra el desechamiento dictado en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de César Ortiz Soria, por medio del cual desahoga el requerimiento al tenor de la prevención formulada en el acuerdo once de agosto de dos mil veintitrés. ACTO RECLAMADO De un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: El auto de formal prisión de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado contra César Ortiz Soria -aquí quejoso-, emitido por la autoridad responsable Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dentro de la causa penal 537/2019 de su índice (antes causa 260/2012, del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Distrito Judicial de Cuautitlán; antes causa 298/2006 del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán). DESECHAMIENTO Por tanto, respecto al acto reclamado, se advierte oficiosamente que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al haberse presentado el juicio de amparo de manera extemporánea, dispositivo que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." Dicho precepto prevé la improcedencia del juicio por consentimiento tácito de los actos reclamados, que se traduce en la promoción extemporánea de la demanda de amparo; causal que se relaciona con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que a su vez, el primero de los mencionados dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Ahora, debe recordarse que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hizo consistir en el auto de formal prisión de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 537/2019; el cual le fue notificado al quejoso César Ortiz Soria el mismo veintiocho de junio del año en curso, por lo que esa data es procedente tomarse en consideración para efectos del cómputo del plazo para promover el presente juicio de amparo; dado que el quejoso señaló bajo protesta de decir verdad: ".la fecha en que fui notificado del auto de formal prisión fue el día veintiocho de junio de dos mil veintitrés..."; es decir, la audiencia de desahogo de pruebas en la duplicidad del plazo constitucional, fecha en que se dictó el auto de formal prisión; aseveraciones que se traducen en confesión expresa en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio. En ese orden de ideas, de conformidad con los artículos 18 de la Ley de Amparo; y, 88, 89, 181 y 282, del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, abrogado, pero vigente al momento del acontecimiento del hecho delictivo -dos mil seis-, el plazo que el agraviado tenía para promover la demanda de amparo transcurrió del treinta de junio al cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en términos del numeral 19 de la legislación de la materia; descontándose sábados y domingos, el doce y del diecisiete al veintiocho, todos de julio de este año, conforme al periodo vacacional de la autoridad responsable. Conforme lo anterior, la parte quejosa tenía la obligación de promover el juicio de amparo dentro del término establecido en el ordinal 17 de la Ley de Amparo, es decir, en el plazo de quince días, toda vez que se estima que no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido precepto legal, puesto que no se combate una norma general, tampoco una sentencia definitiva dictada en un proceso que hubiese sido condenatoria y que imponga pena de prisión; además, de que tampoco se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni que el peticionario de amparo combata actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así también, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio en el sentido de que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal es el genérico de quince días; lo que aplica en este caso, pues se reclama un auto de formal prisión, el cual, es un acto restrictivo de la libertad personal; por ende, le es aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), registro 2009174, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En ese orden, respecto al examen del citado numeral 18 de esa legislación, se desprende que para iniciar el cómputo para la presentación de la demanda de amparo, se atenderá a la actualización de alguno de los siguientes supuestos: I. Al día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame el quejoso, conforme a la ley del acto reclamado. II. Al día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. III. Al día siguiente al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Al respecto, en el presente juicio de protección de derechos fundamentales cobra aplicación la primera hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precepto legal en estudio; es decir, el término para presentar la demanda de amparo se deberá contar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame el quejoso, conforme a la ley del acto reclamado. Entonces, si el solicitante de protección de derechos humanos, tuvo conocimiento pleno de la existencia del acto reclamado contra el que aquí se inconforma conforme la notificación realizada en esa fecha, cuando menos desde el día veintiocho de junio de dos mil veintitrés; se considera que la demanda de amparo promovida por su parte en contra del precitado acto, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, resulta extemporánea. No obstante que en el desahogo refiere: ".en la misma audiencia de desahogo de pruebas, en la cual en esa fecha se dictó el auto de formal prisión. no estuvo mi defensor particular, que en ese entonces había señalado y en ese acto nombre como mi defensor para que me asistiera en esa audiencia al defensor de oficio adscrito a ese juzgado."; sin embargo, se desprende que estuvo asistido de defensor, por lo que se infiere que aquél y el impetrante quedaron notificados del auto en el plazo constitucional en la misma data. Toda vez que si bien conforme al "Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, en sesión ordinaria de doce de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se autoriza el calendario oficial de labores del Poder Judicial del Estado de México", para el año dos mil veintitrés, publicado a través de la circular 89/2022 de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, los juzgados de control tendrán los periodos vacacionales, el de verano para el año dos mil veintitrés, fue del diecisiete al veintiocho de julio de dos mil veintitrés; con independencia de que en términos del inciso B, del apartado V, de ese Acuerdo General, se precisara que se designan guardias, lo cierto es que debe descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación del amparo indirecto, cuando se reclame alguna de las resoluciones dictadas en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio y oral, caso análogo que en mayor beneficio del impetrante se actualiza en el presente caso, toda vez que éstos atenderían únicamente correspondencia y desahogo de carácter urgente. Se invoca al efecto por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 36/2020 (10a.), registro 2022103, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 139, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO SE RECLAME ALGUNA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes que conocieron de diversos recursos de queja, sostuvieron un criterio distinto sobre si es procedente descontar del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo indirecto, los días en que no laboró la autoridad responsable, cuando se reclaman el control de la detención y el auto de vinculación a proceso. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, a la naturaleza del proceso penal acusatorio y oral, así como a los instrumentos a través de los cuales deben desahogarse las actuaciones judiciales que conforman sus etapas procesales, y con fundamento, además, en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como 8, numeral 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, considera que cuando el acto reclamado es una resolución dictada en la audiencia inicial como la calificación de la detención o vinculación a proceso, los días no laborables para la autoridad responsable de que se trata deben descontarse del cómputo del plazo que el impetrante tiene para presentar la demanda de amparo indirecto. Justificación: Lo anterior, porque si las videograbaciones y los registros escritos excepcionales que se originan durante el desahogo de la audiencia pública, quedan bajo resguardo del Juez de Control a través de las áreas de gestión de los centros de justicia, es incuestionable que para que el futuro quejoso pueda acceder a su consulta, o bien, a la entrega de una reproducción fiel de las mismas, para poder sustentar de manera eficiente su defensa en una instancia constitucional, debe tener acceso a las instalaciones judiciales respectivas y si éstas por motivo de periodos vacacionales, determinaciones de los Consejos de la Judicatura respectivos, por disposición de la ley o por causas de fuerza mayor, no laboran, los días de que se trata deben descontarse del cómputo del plazo que el impetrante tiene para presentar la demanda de amparo indirecto. En efecto, aun cuando por la naturaleza del sistema, las resoluciones respectivas se dictan en audiencia pública y de manera oral, con la asistencia del justiciable y su defensa, lo que implica que en el momento mismo de su dictado ambos conocen el sustento argumentativo y legal de la determinación, en aras de privilegiar el derecho fundamental de acceso a una tutela judicial efectiva, al debido proceso y a una defensa adecuada, es necesario que para los efectos de impugnación vía amparo, cuente el quejoso con todos los elementos necesarios para impugnar de manera eficaz lo resuelto; de lo contrario, se exigiría una espléndida capacidad de memoria o retención del defensor y del imputado para poder recordar todos y cada uno de los argumentos utilizados por el Juez de Control, así como el contenido de los datos de prueba en la que se sustentó, además de lo alegado por las partes en los ejercicios de debate; circunstancia que a juicio de esta Primera Sala no abona a la certeza jurídica que debe prevalecer en favor de quien es sometido a un procedimiento penal y desea acceder a un recurso efectivo." En consecuencia, tomando en consideración que la demanda de amparo fue presentada en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el ocho de agosto de dos mil veintitrés, según se advierte del sello de acuse relativo, es evidente que transcurrió el indicado término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; por lo que es inconcuso que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea, debido a que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado en la presente demanda, a pesar de que conoció la resolución reclamada; por tanto, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Pues dar trámite a través de la admisión de demanda que dio origen a este juicio de amparo en nada abonaría a la pretensión del promovente, porque se llegaría a la misma conclusión a la que ahora se arriba y tampoco podrían concretarse los efectos que demanda, aunado a que se retardaría la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que impera en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 48/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA. De la interpretación conforme de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como el auto de formal prisión, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y que existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda respecto al acto o resolución que reclame el quejoso, una de ellas es a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. En ese sentido, a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la legislación adjetiva aplicable posibilita que una determinación adversa al inculpado, pueda impugnarse por él o por su defensor, cuando la notificación de un auto de formal prisión al inculpado y a su defensor se llevó a cabo en diversas fechas, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas, esto con la finalidad de maximizar la protección a favor del procesado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona." Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada por Cesar Ortiz Soria, por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 1013/2023-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. No se soslaya que en el escrito inicial solicita que se dé trámite de urgente dado el acto reclamado -AUTO DE FORMAL PRISIÓN-; sin embargo, no amerita tramitación inmediata, dado que el citado acto que reclama, no se trata de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas), ni el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). Toda vez que conforme a las manifestaciones que realiza bajo protesta de decir verdad en sus antecedentes, el acto privativo de libertad que reclama, no acontecen fuera del procedimiento, sino que deriva de que el veintiocho de junio de este año, se dictó dicho auto de plazo constitucional en su contra; esto es, no se trata de los actos contenidos en el numeral 126 de la Ley de Amparo, atinente a que la privación de la libertad sea "fuera de procedimiento", para que se tuviera que otorgar una suspensión de oficio y de plano; por lo que se estima que no se actualizan los supuestos previstos en el citado numeral y, por ende, no amerita dicha tramitación "urgente". Al respecto, se invoca a contrario sensu, la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.), registro 2017844, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 827 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido." Pues incluso el acuerdo general que cita: "ACUERDO General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", con una vigencia del período del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte (conforme a su artículo 1), mismo que si bien se prorrogó con los diversos acuerdos generales 10/2020, 13/2020 y 18/2020, fue sustituido por los diversos acuerdos generales 21/2020 y 22/2020; por tanto, es evidente que el citado en primer orden, quedó abrogado con el diverso "ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en términos de su décimo quinto artículo transitorio. PREVENCIÓN Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracción V, en relación con el numeral 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." Desahogue el siguiente requerimiento: 1. Abunde de manera concreta, respecto a los antecedentes del acto que reclama, así como de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación y posterioridad y, que por su estrecha relación resulten relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, entre los que deberá señalar de manera concreta: a) Bajo protesta de decir verdad, informe: cuándo le fue notificado el auto de formal prisión, o bien, la fecha en que tuvo conocimiento de éste. b) Aclare si la emisión del acto de plazo constitucional fue en la misma audiencia de desahogo de pruebas dentro de la duplicidad del plazo constitucional de veintiocho de junio de este año, en la que estuvo presente asistido de su defensor, o bien, si emitió con posterioridad a ello. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), registro 2005636, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 1079, Tomo II, Febrero de 2014, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA." 2. Como parte de los antecedentes del acto reclamado manifieste bajo protesta de decir verdad, si contra los actos reclamados: a) interpuso algún medio ordinario de defensa ante la autoridad responsable, o bien en el entendido que de ser en sentido afirmativo, tendrá que informar: 1. si esta fue admitida, 2. qué órgano jurisdiccional lo tramita y 3. el estado procesal de éste; b) si promovió algún otro juicio de amparo contra los mismos que sean materia de este asunto, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta; c) deberá proporcionar el número, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y por no contravenir lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la tesis I.7o.A.100 K sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 990, tomo XXIII, de Abril de 2006, la cual señala en su rubro: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir en sus términos la prevención formulada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Por así solicitarlo de manera expresa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales de la parte quejosa, el LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO (Interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz), y dada la naturaleza de la presente determinación, notifíquese personalmente, en términos de lo previsto en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; de igual forma, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que indica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

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