César Ortiz Méndez
Expediente 1275/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1275/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- César Ortiz Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL 1275/2017 3B" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la determinación de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 27 a 34) que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por *****, sin que se hubiere interpuesto. ...se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, resulta innecesario jurídicamente esperar a que obre el acuse de notificación de la autoridad responsable, juez Cuarto del Ramo Penal de San Luis Potosí, dado que, como se precisó en la determinación emitida, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, por lo que, ningún agravio genera a dicha parte que carece de legitimación para inconformarse. ... ...devuélvase a la autoridad responsable, juez Cuarto del Ramo Penal de San Luis Potosí, la copia certificada de la causa penal 82/2009-3, que remitió al rendir el informe justificado y que obran como tomos anexos I y II. ... ...archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental,... ... procédase a su destrucción,... Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. ...
- Principal
PRAL 1275/2017 3B" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de enero de dos mil dieciocho. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio 5/18, del juez Cuarto del Ramo Penal de San Luis Potosí, por el que remite copia certificada del diverso oficio 4853/2017, por el cual rinde el informe justificado; lo anterior, toda vez que dicho informe fue recibido en este Juzgado el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete (foja 26), y considerado en la determinación dictada el veintinueve de diciembre pasado (fojas 27 a 34). Notifíquese. ...
- Principal
PRAL. 1275/2017 M3-B#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Se agrega informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio 4853/17, del juez Cuarto del Ramo Penal de San Luis Potosí, por el que rinde el informe justificado; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Prueba. Por otra parte, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha responsable ofreciendo como prueba documental de su parte, copia certificada de la causa penal 82/2009-3, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. Por lo que, a fin de facilitar el manejo de este juicio de amparo, con la documental remitida se ordena formar el tomo anexo I y II relativo a este juicio, que queda a disposición de las partes para su consulta en este Juzgado, respetando el folio, rúbrica y entresello correspondientes. Causal de improcedencia. Ahora bien, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que remite la autoridad responsable, juez Cuarto del Ramo Penal de San Luis Potosí, consistentes en la copia certificada de la causa penal 82/2009-3 y a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, al tener el carácter de documentos públicos de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado, calidad que se demuestra por contener los sellos y firmas de los funcionarios que las expiden, se desprende lo siguiente: Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta población, el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, remitido en la misma fecha a este Juzgado, César Ortiz Méndez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución incidental de veinticinco de julio de dos mil diecisiete dictada en la causa penal 82/2009-3 (foja 9). Ahora, del análisis realizado de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, juez Cuarto del Ramo Penal de San Luis Potosí, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa promovió contra el acto aquí reclamado (resolución incidental de veinticinco de julio de dos mil diecisiete dictada en la causa penal 82/2009-3) recurso de apelación. En efecto, el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)." El precepto transcrito establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesto por la parte quejosa, motivo por el cual es necesario determinar, en primer lugar, lo que se entiende por recurso. En ese sentido, cabe decir que los recursos, dice el jurista Eduardo Pallares, son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan, mediante ellos, la revocación o modificación de una resolución, sea esta judicial o administrativa. Excepcionalmente, el recurso tiene por objeto nulificar la resolución o la instancia misma. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. Por tanto, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causa de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En este orden de ideas, cabe colegir que si bien, conforme al precepto en estudio, no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causa prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido a trámite al momento y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo. Las anteriores consideraciones se contienen en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, diciembre de 2000, tomo XII, registro 190665, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicita amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio d amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En el caso, el quejoso reclamó la resolución incidental de veinticinco de julio de dos mil diecisiete dictada en la causa penal 82/2009-3 del Juzgado Cuarto del Ramo Penal de San Luis Potosí, y de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que se actualizan los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia invocada, por lo siguiente: a) Mediante escrito recibido el veintisiete de julio de dos mil diecisiete en la oficialía del Juzgado Cuarto del Ramo Penal de San Luis Potosí, Miguel Delgado Martínez en su carácter de defensor del sentenciado, aquí quejoso César Ortiz Méndez, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución incidental de veinticinco de julio de dos mil diecisiete dictada en la causa penal 82/2009-3 del índice de ese Juzgado (foja 366 del tomo anexo II). b) Por auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, el juez Cuarto del Ramo Penal de San Luis Potosí, admitió en efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por el defensor del sentenciado aquí quejoso César Ortiz Méndez (fojas 364 a 365 del tomo anexo II). c) Al haber quedado notificado César Ortiz Méndez el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete de la resolución de la incidental de veinticinco de julio de dos mil diecisiete dictada en la causa penal 82/2009-3 (foja 417 reverso del tomo anexo II), se determinó por auto de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, enviar testimonio de las constancias de la causa penal 82/2009-3 al Tribunal de Alzada del Estado de San Luis Potosí, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto por la defensa del sentenciado, aquí quejoso César Ortiz Méndez (foja 403 del tomo anexo II). Para mayor ilustración, cabe precisar que los artículos 361, 362, 363, 364, 365 y 383 del Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí establecen lo siguiente: "ARTICULO 361. El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente. ARTICULO 362. La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante le cause la resolución recurrida. Los agravios deberán expresarse al interponer el recurso o en la vista del asunto, bastando la manifestación sencilla que haga el apelante de los errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron. El tribunal de apelación suplirá la deficiencia de los agravios cuando el recurrente sea el procesado o siéndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hizo valer. Las apelaciones interpuestas contra resoluciones anteriores a la sentencia de primera instancia, deben ser resueltas por el tribunal de apelación antes de que se emita dicha sentencia. ARTICULO 363. Tiene derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado, el defensor que salvo revocación del cargo será el de segunda instancia, así como el ofendido o sus legítimos representantes, únicamente para efecto de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarlas. ARTICULO 364. Son apelables en ambos efectos solamente las sentencias de primera instancia en que se imponga alguna sanción. ARTICULO 365. Son apelables en el efecto devolutivo: (.) V. Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos y los que resuelvan algún incidente no especificado; (.) (.) ARTICULO 383. Declarado visto el asunto, quedará cerrado el debate y el tribunal de apelación pronunciará el fallo que corresponda, en un término de quince días, confirmando, revocando o modificando la resolución apelada. (.)". De lo anterior, se advierte que el recurso de apelación que hizo valer la parte quejosa en el juicio natural, tiene por objeto examinar la legalidad de la interlocutoria recurrida de veinticinco de julio de dos mil diecisiete dictada en la causa penal 82/2009-3 (foja 9), misma que una vez analizado por el Tribunal de Alzada podrá confirmar, revocar o en su caso, modificar. Por tanto, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a este órgano de control constitucional, con apoyo en el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, a sobreseer, fuera de audiencia, en este juicio de amparo. En virtud de lo anterior, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada en párrafos anteriores, queda sin efecto la hora y fecha señaladas en auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 24), para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer este asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Acceso a la justicia. Finalmente, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo. Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución dictada en este juicio estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese.
- Principal
PRAL.1275/2017.3B& San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil diecisiete. Estado de autos. Vistos los autos, ... Por tanto, para dar margen a que dicha autoridad responsable, esté en aptitud de rendir el informe justificado, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. Notifíquese.
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