César o Sesar Ortiz Méndez

Expediente 317/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
317/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • César o Sesar Ortiz Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    PRAL. 317/2022. MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintidós. Requerimiento sobre cumplimiento de sentencia. Vistos los autos, se advierte que en proveído de cinco de octubre de este año causó ejecutoria la sentencia dictada en este asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********* o ***********, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, ************. Sin embargo, a la fecha, no ha atendido tal requerimiento, no obstante su notificación el veinte de octubre pasado -fojas 174 y 175-. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al ************* para que, dentro del plazo de tres días, proceda a cumplir con la sentencia dictada en este juicio, en los términos planteados en ella. Con la precisión que, dentro del mismo plazo (tres días), deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten el acatamiento. Al respecto, se requiere a la referida autoridad responsable que el informe de acatamiento de la sentencia y, en su caso, constancias relativas se presenten a) a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica, o en ejercicio del convenio de interconexión que, en su caso, hayan celebrado; o b) físicamente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, en un horario de atención al público de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes; después de ese horario, en el buzón judicial instalado en el acceso al edificio sede este órgano jurisdiccional, inclusive, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos; c) o vía postal o mensajería acelerada, según corresponda en casos de autoridades foráneas, para evitar el retraso injustificado del procedimiento de ejecución. No obstante lo anterior, se puntualiza que, solo en casos excepcionales, podrá emplearse el uso de medios tecnológicos para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; como así lo prevé el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Apercibimiento Se hace de su conocimiento que, de incumplir sin causa justificada, con sustento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien días calculados sobre el valor diario de la unidad de medida y actualización que es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N); por tanto, la medida que, en su caso, se imponga, ascenderá a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N); con independencia de ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución. Precisión sobre Acuerdo General aplicable Por último, se precisa a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del mencionado Acuerdo General, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en ese Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 317/2022 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintidós. Plazo para la interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de treinta de agosto de este año, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***; sin que lo hubiesen hecho. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. Requerimiento de cumplimiento de la sentencia. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, juez Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí, que dentro del plazo de tres días proceda a cumplir con la sentencia dictada en este juicio, en los términos planteados en ella, a saber: ".Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Juzgado Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad del mismo nombre, deberá: Sin mayor dilación y con libertad de jurisdicción, señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental en la carpeta de ejecución e incidente no especificado de libertad anticipada 57/2020. En el entendido que en el acuerdo que emita deberá ordenar la realización de todas las gestiones necesarias para que esa audiencia se desahogue de manera virtual o vía exhorto, con auxilio de la autoridad competente; ello, en caso de que determine legalmente necesaria la presencia del sentenciado en la audiencia. En el plazo legal que corresponde, emita la resolución en la incidencia planteada, determinando si es o no procedente el beneficio de libertad anticipada promovido por el sentenciado. En el entendido que deberá realizar las gestiones conducentes para emitir la resolución que en derecho corresponda, salvo que existan causas no imputables a la autoridad responsable, y legalmente justificadas, que impidan pronunciarse sobre el incidente sometido a su consideración, como puede ser la incompetencia; en cuyo caso, la sentencia de amparo quedaría cumplida con el dictado de la resolución respectiva de incompetencia o de diversa situación análoga no prevista anteriormente y legalmente justificada por la autoridad responsable." Con la precisión que, dentro del mismo plazo (tres días), deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten el acatamiento. 3.1 Apercibimiento. Se hace de su conocimiento que, de incumplir sin causa justificada, con sustento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien días calculados sobre el valor diario de la unidad de medida y actualización que es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N); por tanto, la medida que, en su caso, se imponga, ascenderá a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N); con independencia de ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.317/2022.MESA-5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en acuerdo de nueve de agosto de este año para celebrar la audiencia constitucional, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Teresa Silvia Hernández Ferrer, quien da fe, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: 1) la demanda de amparo promovida por César Ortiz Méndez o Sesar Ortiz Méndez, por propio derecho y 2) el informe justificado de la autoridad responsable; asimismo, informa que no existe documento con el que deba darse cuenta; y hace constar: 1) que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales; 2) que en auto de veintinueve de abril de este año se tuvo al quejoso manifestando su deseo de estar presente en la audiencia constitucional que se llegara a celebrar en este juicio de amparo; y 3) que el diecisiete de este mes se entabló comunicación telefónica con personal del área jurídica del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, CPS-Oaxaca, al número telefónico 9515024896, quienes informaron que debido a la contingencia sanitaria y al desahogo de múltiples diligencias por videoconferencia, la agenda de ese Centro se encuentra saturada, y podrían agendar fecha para este expediente en aproximadamente dos meses, pues se da prioridad a los asuntos de urgencia y los previamente agendados. A lo anterior, se acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. En beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desahóguese en esta fecha la audiencia constitucional, aun sin presencia del quejoso, pese a que expresó su deseo de estar en ella (foja 69); lo anterior, tomando en consideración la certificación que antecede, de la que se advierte que la agenda del CEFERESO 13 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se encuentra saturada, lo que implicaría gestionar el desahogo por videoconferencia y retrasar la resolución de este juicio aproximadamente dos meses. Situación que en nada beneficiaría al quejoso, pues el sentido de la sentencia que se emitirá en esta audiencia le resultará favorable, aun sin los alegatos que pudiera formular oralmente; por el contrario, esperar fecha para la celebración de la audiencia vía remota con ese Centro Federal, vulneraría el derecho fundamental del quejoso a la expedita administración de justicia. Posteriormente, se declara abierto el periodo probatorio, en el cual se hace constar que la autoridad responsable Juzgado Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad del mismo nombre, exhibió cuatro legajos de copias certificadas deducidas de lo actuado en la carpeta de ejecución e incidente no especificado de libertad anticipada 57/2020, promovido por el quejoso -obran por separado, como cuatro tomos anexos a este expediente principal-. Al respecto, se acuerda: En virtud que las citadas documentales fueron admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza durante la substanciación de este juicio, serán valoradas al momento de dictarse la sentencia correspondiente. A continuación, se declara cerrado el periodo probatorio, y se ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual la secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; por lo cual, se cierra esta fase. Con lo anterior se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la sentencia correspondiente. S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 317/2022; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda depositada el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado el día siguiente al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, César Ortiz Méndez o Sesar Ortiz Méndez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del Juzgado Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad del mismo nombre, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. En la demanda la parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como precepto violado el 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda. En acuerdo de veinte de diciembre de dos mil veintiuno se radicó la demanda de amparo bajo el registro 1432/2021 y la admitió a trámite, requiriendo de la responsable su informe justificado y señalando fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 11 a 15). Además, solicitó a la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca la designación de un defensor o asesor jurídico para el quejoso, en razón de ser procesado del fueron común, según lo indicó en la demanda de amparo; defensor que se tuvo por designado en el auto de veintiocho de febrero de este año (foja 28). TERCERO. Radicación en este Juzgado. Previos los trámites de ley, el ocho de marzo de dos mil veintidós el juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca determinó que no le correspondía el conocimiento del asunto, por turno, y remitió el juicio de amparo a este Juzgado, debido al conocimiento previo de este órgano jurisdiccional de la causa penal de la que emanó la carpeta de ejecución 57/2020 -origen del acto reclamado-. En proveído de dieciséis de marzo del año en curso este Juzgado aceptó continuar conociendo del juicio de amparo, por lo que se registró con el expediente 317/2022 y, entre otras cuestiones, se validaron las actuaciones practicadas por el diverso juez federal, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. Finalmente, previos diversos diferimientos, en auto de nueve de agosto de dos mil veintidós (foja 138) se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que si bien el acto reclamado fue atribuido a una autoridad con residencia en San Luis Potosí, y versa sobre la materia penal, lo cierto es que sus efectos no requieren ejecución material, por lo cual corresponde conocer al juez que previno en el conocimiento de la demanda, esto es, este Juzgado de Distrito en materia mixta. Además, en apoyo, por las consideraciones que le dieron origen, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 54/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 177673. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que, independientemente de la forma en que se formuló el apartado de "acto reclamado" en la demanda de amparo, César Ortiz Méndez o Sesar Ortiz Méndez reclama del Juzgado Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad del mismo nombre: La omisión de resolver el incidente no especificado de libertad anticipada, derivado de la carpeta de ejecución 57/2020, que promovió el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Sin que pase desapercibido que el quejoso también señale como acto "la falta de notificación del acuerdo que recayó a mi solicitud de que se me otorgue el beneficio de libertad anticipada."; no obstante, esa manifestación no constituye un acto destacado por sí mismo, pues se engloba en la pretensión real del quejoso, esto es, que sea resuelto el incidente que promovió desde hace más de un año. TERCERO. Existencia de acto reclamado. Al rendir informe justificado, el juez Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad del mismo nombre, aceptó el acto reclamado; lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia para demostrar la existencia del acto controvertido, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta oficiosamente, en razón de que se trata de presupuestos de orden público y de estudio preferente, conforme a la técnica del juicio de amparo, y su eventual actualización impide el estudio del fondo de este asunto constitucional. Sin embargo, las partes en este juicio no hicieron valer causas de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional aprecia que se actualice alguna, por lo que procede abordar el análisis de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa aduce, esencialmente, en el único concepto de violación, que la omisión reclamada transgrede su derecho fundamental de justicia pronta y expedita, contenido en el artículo 17 constitucional, en virtud de que la autoridad responsable no ha resuelto el incidente de beneficio de libertad anticipada, pese a que fue promovido desde el veintidós de febrero del año dos mil veintiuno; lo cual afecta también su derecho fundamental a la libertad. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que, como se evidenciará más adelante, la autoridad judicial no ha emitido las determinaciones necesarias a fin de celebrar la audiencia incidental dentro del mencionado incidente no especificado de libertad anticipada 57/2020, lo que pone de relieve el retraso injustificado del procedimiento. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra a favor de los gobernados el derecho de acceso a la jurisdicción, la cual contempla los principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Y con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento penal del caso concreto, puede afirmarse que la autoridad jurisdiccional faltará al derecho de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios o procesos que se sometan a su conocimiento en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Dicho lo anterior, es preciso ahora abordar lo relativo al beneficio de libertad anticipada, el cual es un derecho sustantivo de condiciones para la reinserción social, el establecimiento de beneficios en la ley y que el sentenciado tenga la posibilidad de que se analice la procedencia de éstos (lo que no se traduce en que tengan derecho a que necesariamente se le otorgue); además, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho humano a la libertad personal. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Primera Sala del Alto Tribunal han considerado que la libertad personal de los individuos no solo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. De dichos argumentos derivó la jurisprudencia 1ª./J. 6/2011 (10a.), de rubro: "COMPURGACIÓN DE LA PENA IMPUESTA EN SENTENCIA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RECAE A LA PETICIÓN DEL REO, PUEDE PROMOVERSE EL AMPARO INDIRECTO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL". De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho a la libertad personal que tiene el individuo, le es propio y deriva de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce al momento de ser privado de ella; de modo que por motivos que la propia ley determina nace el derecho de estar libre a través de ciertos requisitos. Así, los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resolución que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios a que tiene derecho una persona privada de su libertad en virtud de una sentencia definitiva, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una especialización de la pena que favorece al sentenciado. Asimismo, que cuando se ha solicitado por el sentenciado alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta, y la autoridad correspondiente niega su tramitación o el beneficio mismo, resulta claro que su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de concederle el beneficio solicitado; por tanto, es indudable que la resolución relativa al trámite de alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en una sentencia definitiva, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de su libertad es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa. Cobra aplicación, la jurisprudencia 1ª./J. 56/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL. Por su parte, el numeral 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que la persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de aspectos sobre la duración, modificación o extinción de la pena. Establece que cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la autoridad Penitenciaria; además, que la víctima o su asesor jurídico sólo podrán participar en los procedimientos ante el juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Asimismo, de los artículos 120 y 122 al 127 de la misma ley, se colige que la promoción del incidente (en el caso, de libertad anticipada), debe ser acordada dentro del término de tres días; una vez hecho eso, se dará vista a las partes para el efecto de que dentro de los cinco días siguientes contesten la acción y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes; además, se requerirá a la autoridad penitenciaria para que en el mismo término rinda el informe que corresponda. Un vez rendido dicho informe y contestada la vista, se entregará copia a las partes que correspondan, y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días; en esa audiencia se desahogarán las pruebas ofertadas por las partes y se formularán los alegatos correspondientes; asimismo, se procederá a dictar resolución, la cual dentro del plazo de cinco días deberá redactarse, notificarse y entregarse a las partes. En ese sentido, si se suman los plazos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, se obtiene que la incidencia planteada -libertad anticipada- debe resolverse en un término no mayor a un mes. Plazo que se aprecia de la intelección conjunta de dichos numerales, en relación con lo dispuesto por el precepto 141 de la misma Ley invocada, que dispone: Artículo 141. Solicitud de la libertad anticipada El otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Solamente persistirán, en su caso, las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. El beneficio de libertad anticipada se tramitará ante el Juez de Ejecución, a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público o a propuesta de la Autoridad Penitenciaria, notificando a la víctima u ofendido. Para conceder la medida de libertad anticipada la persona sentenciada deberá además contar con los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en su caso; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, y VII. Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. No gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En el caso, como se precisó, el quejoso reclama del juez Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad del mismo nombre, la omisión de resolver el incidente no especificado de libertad anticipada, derivado de la carpeta de ejecución 57/2020, que promovió el veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Y de los antecedentes sustanciales que se obtienen de la copia certificada -en cuatro tomos- del cuaderno de ejecución 57/2020, del índice del Juzgado responsable, a las cuales se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; se advierte lo siguiente: Mediante escrito recibido en el Juzgado Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso promovió incidente no especificado de libertad anticipada (fojas 3 a 14 del tomo III de pruebas). Dicho incidente se admitió a trámite en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, por lo que la autoridad responsable ordenó dar vista a las partes para el efecto de que dentro de los cinco días siguientes contestaran la acción y ofrecieran los medios de prueba que estimaran pertinentes; además, requirió a la autoridad penitenciaria para que en el mismo término rindiera el informe correspondiente (foja 2 del tomo III de pruebas). El ocho de abril de dos mil veintiuno el secretario de acuerdos del Juzgado Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí hizo constar el fenecimiento del plazo de cinco días para el fiscal de su adscripción y la defensa del sentenciado; además, en acuerdo de esa fecha tuvo al fiscal realizando manifestaciones respecto al incidente promovido por el quejoso (foja 22 del tomo III de pruebas). En acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno se hizo constar el fenecimiento del plazo de cinco días para el sentenciado -aquí quejoso- y la autoridad penitenciaria; además, se agregó el informe solicitado sobre la situación jurídica del sentenciado; y se ordenó la notificación del proveído de once de marzo del mismo año a la parte ofendida (foja 28 del tomo III de pruebas). Mediante ocurso presentado ante la autoridad responsable el trece de septiembre de dos mil veintiuno la defensora pública del sentenciado solicitó que se fijara fecha y hora para que se llevara a cabo la audiencia incidental (foja 163 del tomo III de pruebas). A dicha solicitud recayó el acuerdo de veinticuatro de septiembre del mismo año, en el que la responsable determinó que, previo a proveer de conformidad la petición de la defensa, era preciso requerir al sentenciado -quejoso- si era su deseo estar presente en esa audiencia, remitiendo exhorto para efectos de la notificación en su lugar de reclusión, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS- Oaxaca, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (foja 162 del tomo III de pruebas). En la diligencia de veinte de noviembre de dos mil veintiuno el ahora quejoso quedó notificado del auto de veinticuatro de septiembre de ese año y expresó su voluntad de estar presente en la audiencia incidental (foja 172 del tomo III de pruebas) Por acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós se tuvo por recibido, debidamente diligenciado, el exhorto en el que obraba la diligencia de veinte de noviembre de dos mil veintiuno (foja 8 del tomo IV de pruebas). En acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, en atención a la solicitud de información de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable destacó que, hasta esa fecha, no se había desahogado la audiencia incidental de libertad anticipada solicitada por el quejoso, ya que ese Juzgado se encontraba gestionando los trámites necesarios para llevar a cabo dicha audiencia por medio de videoconferencia (foja 25 reverso del tomo IV de pruebas). En la misma fecha (12-mayo-2022), la autoridad responsable emitió un acuerdo en la carpeta de ejecución 57/2020 mediante el cual se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del asunto y declinó la competencia a favor del juez de Ejecución Penal con sede en Miahuatlán, Oaxaca y/o juez competente de Mengolí de Morelos, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (fojas 33 y 34 del tomo IV de pruebas). Dicha determinación es la última que obra en las constancias que integran la carpeta de ejecución de origen. Como se ve, es fundado el reclamo de la parte quejosa respecto de la inactividad procesal en cuanto a la resolución de la solicitud del beneficio de libertad anticipada realizada por el quejoso en febrero del año pasado; pues de las constancias que integran este juicio y el expediente de ejecución 57/2020, se advierte que: 1° En proveído de once de marzo de dos mil veintiuno (foja 2 del tomo III de pruebas) el juez responsable tuvo por recibido el escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno signado por el aquí quejoso, mediante el cual promovió incidente no especificado de libertad anticipada. 2° A lo anterior, el juez responsable determinó admitir a trámite el referido incidente y dar vista a las otras partes para que en el plazo de cinco días contestaran y ofrecieran medios de prueba. 3° El ocho de julio de dos mil veintiuno el secretario de acuerdos hizo constar el fenecimiento del referido plazo de cinco días (foja 28 reverso del mismo tomo). 4° El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno se proveyó un escrito firmado por la defensora pública del ahora quejoso, en el cual solicitó que se fijara fecha y hora para que se llevara a cabo la audiencia incidental (foja 162, mismo tomo); sin embargo, la autoridad responsable determinó que, previo a proveer de conformidad esa petición, era preciso requerir al sentenciado -quejoso- si era su deseo estar presente en esa audiencia, remitiendo exhorto para efectos de la notificación al sentenciado en su lugar de residencia, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS- Oaxaca, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 5° En la diligencia de veinte de noviembre de dos mil veintiuno (foja 172, tomo anexo referido) el ahora quejoso quedó notificado del auto de veinticuatro de septiembre de ese año y expresó su voluntad de estar presente en la audiencia incidental. 6° En acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, en atención a la solicitud de información de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable destacó que, hasta esa fecha, no se había desahogado la audiencia incidental de libertad anticipada solicitada por el quejoso, ya que ese Juzgado se encontraba gestionando los trámites necesarios para llevar a cabo dicha audiencia por medio de videoconferencia (foja 25 reverso del tomo IV de pruebas). 7° En la misma fecha (12-mayo-2022), la autoridad responsable emitió un acuerdo en la carpeta de ejecución 57/2020 mediante el cual se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del asunto y declinó la competencia a favor del juez de Ejecución Penal con sede en Miahuatlán, Oaxaca y/o juez competente de Mengolí de Morelos, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca (fojas 33 y 34 del tomo IV de pruebas). 8° Previo requerimiento de este Juzgado, por oficio de doce de agosto de dos mil veintidós la jueza de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, informó que no aceptó la competencia declinada para seguir conociendo de la carpeta de ejecución 57/2020 y le devolvió al Juzgado responsable las constancias relativas (foja 140). Sin que, a la fecha en que se emite esta resolución, se haya celebrado la audiencia incidental. De lo anterior se pone de manifiesto que el juez responsable ha perdido de vista el derecho a una tutela judicial efectiva, de actuar conforme a los plazos y términos establecidos en la ley, al grado de violar el derecho subjetivo del quejoso contenido en el artículo 17 de la constitución, pues no ha respetado el procedimiento del incidente planteado, y tampoco los plazos previstos en la legislación aplicable. Se estima así, pues aun y cuando existe petición del mes de septiembre del año pasado de la defensora pública de celebrar la audiencia, la responsable ha sido omisa en señalar hora y fecha para ello; sin que pase desapercibido que esa omisión se sustentó, en su momento, en gestionar que el quejoso estuviera presente en la audiencia y, ahora, en el hecho de que la responsable afirmó carecer de competencia para la resolución del asunto. Empero, dichos aspectos no son suficientes para que el juez omita acatar el trámite -y resolución- del incidente planteado en los términos legales establecidos; pues el numeral 118 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que tanto la persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia al respecto, sin que de dicho numeral se advierta que sea necesaria la audiencia conjunta de sentenciado y defensor; ello, sin soslayar el derecho que le asiste al sentenciado de estar presente en la audiencia y de tener una defensa técnica adecuada. Además, para el caso de que la diligencia deba celebrarse en presencia física del sentenciado, el juez responsable tiene la obligación legal de solicitar el auxilio para su desahogo al juez con jurisdicción y competencia en el territorio de reclusión del sentenciado, como así lo determinó el propio juez responsable en el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (foja 162 del tomo III) De ahí que se estime que, a la fecha en que se resuelve este asunto, no existe obstáculo para que el Juzgado Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad del mismo nombre, provea lo conducente a fin de celebrar la audiencia y resolver el incidente planteado por el sentenciado. Se precisa que en auto de doce de mayo de dos mil veintidós el juez Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Zona Centro de San Luis Potosí se haya declarado incompetente para el conocimiento de la carpeta de ejecución; sin embargo, en acuerdo de once de agosto de este año la jueza de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no aceptó la competencia declinada para seguir conociendo de la carpeta de ejecución 57/2020 y le devolvió al Juzgado responsable las constancias relativas (fojas 140 a 144). De ahí que, en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es obligación de la autoridad responsable proveer lo conducente a fin de dar solución a las controversias planteadas ante él; además, de garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en el procedimiento de ejecución. Aunado a que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reinserción del sentenciado a la sociedad constituye una garantía constitucional que toda autoridad jurisdiccional o administrativa, en materia de ejecución de penas, se encuentra obligada a respetar en el ámbito de sus respectivas competencias. Por tanto, a efecto de no vulnerar la garantía constitucional señalada, es necesario que la autoridad jurisdiccional sustancie y resuelva el incidente promovido. En ese sentido, al resolver dichas cuestiones se deben garantizar a las a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones; lo que implica el pronunciamiento de la procedencia o no de la incidencia sometida a su consideración. En consecuencia, se viola el derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia previsto en el numeral 17 constitucional, por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso César Ortiz Méndez o Sesar Ortiz Méndez. SEXTO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable Juzgado Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad del mismo nombre, deberá: Sin mayor dilación y con libertad de jurisdicción, señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental en la carpeta de ejecución e incidente no especificado de libertad anticipada 57/2020. En el entendido que en el acuerdo que emita deberá ordenar la realización de todas las gestiones necesarias para que esa audiencia se desahogue de manera virtual o vía exhorto, con auxilio de la autoridad competente; ello, en caso de que determine legalmente necesaria la presencia del sentenciado en la audiencia. En el plazo legal que corresponde, emita la resolución en la incidencia planteada, determinando si es o no procedente el beneficio de libertad anticipada promovido por el sentenciado. En el entendido que deberá realizar las gestiones conducentes para emitir la resolución que en derecho corresponda, salvo que existan causas no imputables a la autoridad responsable, y legalmente justificadas, que impidan pronunciarse sobre el incidente sometido a su consideración, como puede ser la incompetencia; en cuyo caso, la sentencia de amparo quedaría cumplida con el dictado de la resolución respectiva de incompetencia o de diversa situación análoga no prevista anteriormente y legalmente justificada por la autoridad responsable. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a César Ortiz Méndez o Sesar Ortiz Méndez contra el acto reclamado al Juzgado Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la Ciudad del mismo nombre; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia, y para los efectos precisados en el diverso sexto de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese; personalmente al directo quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL.317/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Desahogo de requerimiento. Agréguese el oficio firmado por la jueza de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de dos de este mes, pues informa que: El once de agosto del año en curso recibió el oficio con terminación 1722/2022 procedente de la Secretaría General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. No aceptó la competencia declinada por el juez Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Zona Centro de San Luis Potosí, para seguir conociendo de la carpeta de ejecución 57/2020. Para sustentar su informe, exhibe copia certificada del acuerdo de once de agosto de dos mil veintidós dictado en el cuaderno de antecedentes 138/2022 de su índice. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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