César Ortega Márquez
Expediente 769/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- César Ortega Márquez y Otros.
- César Ortega Márquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene a Maximiliano Quiñónez Juárez, autorizado del quejoso César Ortega Márquez, solicitando el acceso al expediente electrónico, para lo cual proporciona su usuario "mqj10", asimismo, se le tiene solicitando se le hagan todas las notificaciones al usuario en mención o por vía electrónica al correo que refiere en su líbelo de amparo. Así, atento a su solicitud, conforme lo dispuesto por el ¨ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se ordena autorizar a la quejosa, para que acceda al presente juicio de amparo al cual tendrá acceso mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su respectivo nombre de usuario que proporciona. Asimismo, atento a su petición expresa para que las notificaciones se realicen por vía electrónica, téngase por autorizado lo solicitado en sus términos, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del ¨Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo"; en consecuencia se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite al usuario en mención para los efectos precisados con antelación. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista el ocurso de cuenta, se tiene a César Ortega Márquez, por sí y en representación de su hija menor de edad de iniciales N.L.O.A., desahogando la prevención hecha mediante proveído de catorce de octubre del año en curso, promoviendo medio de control constitucional vía amparo indirecto, contra los actos que reclama del Juez Cuarto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, de esta ciudad, y otra autoridad. Ahora bien, una vez analizado en forma íntegra el escrito aclaratorio como el diverso escrito de demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor. En principio, cabe señalar que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la justicia federal respecto del acto reclamado consistente en el auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, del cual se derivan básicamente los siguientes actos: A) Orden de desalojo de su domicilio derivado de una petición de separación de personas que solicitó su esposa Ada Lilia Álvarez García, en el juicio de divorcio iniciado el uno de septiembre del año en curso. B) Orden de poner bajo la custodia de su madre Ada Lilia Álvarez García, a su menor hija de iniciales NLOA (Natalia Lizeth Ortega Álvarez). C) Orden de descuento de pensión alimenticia del 10% del total de sus percepciones del quejoso, para Ada Lilia Álvarez García. En ese orden de ideas, en cuanto al acto señalado como inciso A), de la lectura integral de los demás antecedentes de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se logra colegir que la parte quejosa, en todo caso, no es más que un simple ocupante del fundo en cuestión, pues como el mismo dice en su demanda, independientemente de que la esposa del promovente tenga otra propiedad no significa que la que ocupan como matrimonio sea de su propiedad, ya que no presenta ningún documento que lo así lo acredite. En esa tesitura, es patente que la parte quejosa carece de interés jurídico para acudir a solicitar la tutela constitucional en cuanto al desalojo que constituye uno de los actos reclamados, ya que ésta no tiene por objeto proteger la simple ocupación material que no constituye la posesión jurídica en términos de la legislación civil común y que no puede ser objeto de dicha tutela, como se verá. En la especie, el presente juicio deviene improcedente en atención a que la parte quejosa no justifica contar con un derecho jurídicamente tutelado, que fuera lesionado por el actuar de la autoridad responsable, es decir, no demostró que gozara de interés jurídico ni legítimo para promover el juicio de control constitucional. Para evidenciar este aserto, es menester citar el contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo que, respectivamente, estatuyen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se deduce que la acción constitucional de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que quien acuda en ejercicio de la acción de amparo, debe cumplir las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado vulnera los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Desde esta perspectiva, al referirse la Ley de Amparo a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sobre este aspecto, es oportuno precisar que la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, el acto que se reclama debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Así, no toda afectación puede ser considerada suficiente para acreditar el interés jurídico, pues sólo tiene legitimación para promover el juicio de amparo el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que aquélla pudiera parecer. Lo anterior se concibe de esa manera, ya que el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo se identifica con el derecho subjetivo, que es el derivado de la norma objetiva que se concreta en alguna persona determinada otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible frente al resto de los gobernados e, incluso, de la Autoridad. Como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda existir entonces agravio cuando las afectaciones que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, ante lo cual es estrictamente necesario acreditar verse afectado por el acto que se tilda de inconstitucional. Ilustra lo anterior, analógicamente al nuevo sistema constitucional, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, de julio a diciembre de 1988, página 224, del siguiente tenor: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados." De manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico, para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por su naturaleza excepcional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o trasgredidos por el acto de autoridad, según se desprende de las jurisprudencias 16/97 y 21/98, emitidas por la Segunda Sala, así como la tesis XXV/89 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos, respectivamente, señalan: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." "INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo." A partir de esas bases, se concluye que la afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial. Por ende, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio, por lo que, debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado, ya que de no ser de esa forma la acción constitucional resulta improcedente. En el caso, el peticionario de amparo formuló la demanda de amparo respecto del desalojo de un inmueble del cual manifiesta ser ocupante, mas no propietario del mismo, ya que no demuestra fehacientemente que sea el propietario legítimo del inmueble que ocupa. Bajo esas premisas, del examen de los presentes autos se advierte que la parte quejosa no allegó al juicio prueba idónea para comprobar su derecho de posesión sobre el predio, y con base en ello ser objeto de la tutela constitucional que solicita. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2002, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XV, de Febrero de 2002, materia civil, página 5, del siguiente tenor: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Tiene aplicación a lo razonado, el criterio sustentado en la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, del contenido siguiente: "POSESION. UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA. Un contrato de arrendamiento no es apto para acreditar la posesión de un inmueble, pues solamente demuestra dicho acto, y sobre la posesión únicamente engendra un indicio, insuficiente por sí solo para tenerla por plenamente comprobada, ya que la posesión puede faltar aunque exista el contrato mencionado, por lo que el indicio que establece el referido contrato debe ser corroborado con otros elementos de convicción." En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo analizada, procede desechar la demanda de amparo de cuenta en cuanto al acto señalado como inciso A) consistente en orden de desalojo de su domicilio, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la ley de la materia, dada su manifiesta y notoria improcedencia. Asimismo, respecto al diverso acto señalado con el inciso B), consistente en la orden de poner bajo la custodia de su madre Ada Lilia Álvarez García, a su hija de iniciales NLOA (Natalia Lizeth Ortega Álvarez), se considera que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo"; Por ende en cumplimiento a lo ordenado en el artículo transcrito, este órgano jurisdiccional considera que al actualizarse tal motivo de improcedencia, debe desecharse de plano la demanda que nos ocupa. Lo anterior es así ya que de la demanda de garantías se advierte que resulta notoriamente improcedente, en razón de que el quejoso previamente a la instauración de esta vía constitucional, conforme lo señalan los artículos 88, 472, 473, fracción I, 475, 479, 480 y 481, del Código de Procedimientos Familiares del Estado, debió interponer el recurso de revocación el cual procede, respecto autos y resoluciones dictados dentro y fuera de audiencia contra los que no proceda apelación, numerales que a la letra dicen: "ARTÍCULO 88. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. (.) ARTÍCULO 472. Las resoluciones emitidas por los tribunales son impugnables a través de los recursos, en las formas que establece este código. ARTÍCULO 473. Este código reconoce como recursos los siguientes: Revocación; y, (.) ARTÍCULO 474. Los recursos no son renunciables. ARTÍCULO 475. Pueden interponer recursos: Las partes, sus representantes legítimos o sus apoderados, aunque el poder con que gestione no tenga la cláusula especial para ello. Las o los terceros que hayan salido al juicio. El ministerio público y la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, cuando así lo establezca la Ley. Las demás personas a quienes perjudique la resolución, aun cuando no hayan intervenido en el juicio, con la condición de que, al interponer el recurso, justifiquen ser interesadas. (.) "ARTÍCULO 479. Los autos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juzgado que los haya dictado. En segunda instancia todos los autos son revocables. ARTÍCULO 480. Durante la audiencia, el recurso de revocación solo procede en contra del auto que: I. No admita pruebas; II. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y, III. Autos o resoluciones que no fueren apelables. Interpuesta la revocación, el juez o jueza debe dar vista, de estar presente, a la parte contraria para que en el acto manifieste lo que a su interés convenga y posteriormente debe dictar la resolución correspondiente. ARTÍCULO 481. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días, y transcurridos estos el juez o jueza debe resolver dentro del tercer día lo que corresponda." Recurso de revocación del cual conocerá la propia autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 479 del Código de Comercio. Por lo que, en tal orden de ideas, la parte solicitante de protección de derechos humanos debió de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, mediante la interposición del recurso de revocación mencionado, el cual como se dijo, procede contra el acuerdo emitido en audiencia impugnado de inconstitucional, pues a través de ese medio ordinario de defensa, la parte quejosa tenía la posibilidad de que se le reparara el agravio que alega le fue causado por la actuación de la autoridad y de esa manera, agotar el principio en comento que rige en el juicio de amparo indirecto. En efecto, tal principio que rige al juicio de derechos humanos fundamentales, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte promovente de protección de derechos fundamentales debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa, son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, los quejosos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Las consideraciones apuntadas, permiten arribar a la conclusión de que conforme al principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales contenido en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, la parque quejosa antes de acudir al amparo contra el auto pronunciado el cuatro de octubre del dos mil veintiuno, en la que la autoridad responsable, ordenó que la menor de iniciales NLOA (Natalia Lizeth Ortega Alvarez), sea puesta bajo la custodia de su madre, Ada Lilia Álvarez García. Determinación que como se dijo, debió impugnar la parte quejosa mediante la interposición del recurso de revocación, pues se insiste, que es a través de ese medio de defensa, que se podía lograr su modificación, revocación o nulificación y así de esa manera la parte amparista tenía la posibilidad de que se le reparara el agravio que alega le fue causado por la actuación de la autoridad, máxime que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, visible en la página 2377, del Libro V Tomo 3, febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable". También es aplicable, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1499, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. DEBE AGOTARSE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, TRATÁNDOSE DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DICTADOS EN CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN O ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y de acuerdo con la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y que, además, sean eficaces para repararlo en un plazo razonable. Luego, si los artículos 381 y 382 en relación con los diversos 140 y 143, fracción II, todos del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, establecen que el recurso de reconsideración procede contra los decretos y los autos que no fueren apelables, y mediante el mismo el Juez común puede analizar si en la resolución impugnada se violó algún derecho y, en su caso, modificarla, revocarla o anularla dentro del plazo de tres días, es inconcuso que tratándose de actos de imposible reparación dictados en controversias que afecten al estado civil, al orden o estabilidad de la familia o a menores o incapaces, debe agotarse dicho medio ordinario de defensa, previo a la promoción del juicio de garantías, pues los únicos casos de excepción son los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Además, la referida Primera Sala ha establecido que es inaplicable al amparo indirecto la excepción al principio de definitividad que opera en materia de amparo directo en las controversias citadas. Así como la diversa tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1064, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, febrero de 2004, Materia Civil, Novena Época, de contenido: "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES ADOPTADAS POR EL JUZGADOR DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA INCONFORMIDAD ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De acuerdo con la regulación procesal sobre providencias cautelares, en los procedimientos familiares relacionados con la guarda y custodia de menores, el tribunal está facultado para adoptar las medidas de carácter provisional que estime pertinentes a efecto de preservar la familia y proteger a sus miembros, incluso sin audiencia de parte afectada; sin embargo, el artículo 200 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero prevé la figura de la inconformidad, que permite al interesado solicitar al juzgador que le escuche, con citación de la contraria, para que luego resuelva lo que corresponda, lo cual implica el establecimiento de un medio de defensa que debe agotarse antes de acudir al juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, sin que obste al efecto la irreparabilidad que ocasiona esa clase de providencias, toda vez que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es necesario observar el principio de definitividad, incluso, cuando se reclaman actos de imposible reparación. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Y por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816 del Tomo XXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2006, bajo el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". También es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902 del Tomo XV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de 2002, bajo el rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En las relatadas condiciones, como se anunció, es manifiesto e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, por ende de conformidad con el diverso 113 del ordenamiento legal en cita, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DEL JUICIO EN QUE SE ACTÚA por notoriamente improcedente, respecto del acto reclamado señalado como inciso B), consistente en orden de poner bajo la custodia de su madre Ada Lilia Álvarez García, a su hija menor de iniciales NLOA (Natalia Lizeth Ortega Álvarez). Por otra parte, respecto al acto señalado con el inciso C), consistente en la orden de descuento del 10% del total de sus percepciones del aquí quejoso, a favor de Ada Lilia Álvarez García, acto que reclama a la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el cual fue emitido en el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el que entre otras cosas, se reitera, se ordenó el descuento del 10% del total de sus percepciones del aquí quejoso, a favor de Ada Lilia Álvarez García, quien resuelve estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Ahora bien, la fracción antes reproducida, contempla lo que doctrinalmente se denomina como "principio de definitividad del juicio de amparo", que consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar los medios ordinarios de defensa y los recursos que tenga a su alcance, por virtud de los cuales pueda lograr la revocación o modificación del acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por su naturaleza es un medio extraordinario de defensa contemplado en el artículo 107, inciso b), fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la aludida porción normativa establece como causa de improcedencia la derivada de que existan recursos que pudieren interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de amparo, en dicho supuesto el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En la especie, el acto reclamado señalado con el inciso C), que deriva del acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el que el Juez señalado como responsable, ordenó el descuento del 10% del total de sus percepciones del aquí quejoso, a favor de Ada Lilia Álvarez García, contra dicha determinación procede el recurso de revocación, previsto por los artículos 472, 473, fracción I, 474 y 479 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, puya que tales preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 472. Las resoluciones emitidas por los tribunales son impugnables a través de los recursos, en las formas que establece este código." "Artículo 473. Este código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación; y, [.]" "Artículo 474. Los recursos no son renunciables." "Artículo 479. Los autos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juzgado que los haya dictado. En segunda instancia todos los autos son revocables." Como se advierte, el sistema de impugnación previsto en el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, es claro en cuanto a la recurribilidad del acuerdo emitido por la responsable, en la medida que establece que los autos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juzgado que los haya dictado; además, el propio Legislador estableció que los recursos no son renunciables. En esta tesitura, si el acto reclamado lo constituye un acuerdo contra el cual no se encuentra prevista expresamente la procedencia del recurso de apelación, como lo dispone el numeral 484 del referido Código Familiar, que a la letra dice: "Artículo 484. La apelación procede en contra de resoluciones: I. Que pongan fin a la controversia o asunto; II. Que resuelvan sobre la revisión de medidas provisionales; III. Las interlocutorias y definitivas; IV. En contra de las que resuelvan excepciones; y, V. Las demás previstas expresamente en este código." Por tanto, el acuerdo que fijó el descuento del 10% del total de sus percepciones del aquí quejoso, a favor de Ada Lilia Álvarez García, es recurrible a través del recurso de revocación, previamente al juicio de control constitucional, ya que a través de ese medio de defensa ordinario es susceptible obtener la modificación o revocación del acuerdo respectivo, el cual debió agotarse, virtud a que no se puede válidamente abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo sino hasta que se agote la jurisdicción ordinaria combatiéndola a través del recurso de revocación aludido, lo que no realizó el impetrante del amparo, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo así lo dispone. Resulta aplicable, analógicamente, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, del Tomo XV, mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el registro 187016, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así la tesis VI.2o.C.364 C, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página novecientos veintisiete, Tomo XVIII, Noviembre de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con registro electrónico 182898, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA. De conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para que la tutela de garantías individuales pueda acontecer el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. Por ello, este principio debe ser acatado cabalmente cuando se reclama la resolución que decreta alimentos provisionales, en virtud de que ni en la disposición legal citada ni en la jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación se ha señalado a éste como un caso de excepción en que pueda omitirse su cumplimiento." Por tanto, se reitera que si la parte quejosa reclama el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Cuarto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en el que se ordenó el descuento del 10% del total de sus percepciones del aquí quejoso, a favor de Ada Lilia Álvarez García, es obvio que estaba en aptitud de interponer el recurso de revocación mencionado, antes de acudir al juicio de amparo, ya que a través de dicho recurso se puede revocar el acto reclamado y, además, se considera eficaz para reparar los actos de la autoridad en un plazo razonable, dado que el artículo 481 de la legislación procesal en cita establece que el día siguiente de la notificación del recurrente debe interponerse dicho recurso y su resolución se emite sin más trámite, después de dar vista a las otras partes, por el término de tres días. Sirve de apoyo a lo anterior, por contenido jurídico, la jurisprudencia PC.X. J/5 C (10a.), aprobada por el Pleno del Décimo Circuito, visible en la página 1065, libro 50, enero de dos mil dieciocho, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2016024, del tenor literal siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN A CARGO DEL PRESUNTO PROGENITOR Y A FAVOR DEL PRETENDIDO HIJO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 TER DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. CUANDO SE IMPUGNE LA RESOLUCIÓN QUE LA FIJA DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA ESA ENTIDAD, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. En los juicios del orden civil en el Estado de Veracruz, en los que se reclama como acción principal el reconocimiento de paternidad, debe interponerse el recurso de reclamación establecido en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad, cuando se impugna la resolución que fija la pensión alimenticia provisional, como medida de protección a favor del pretendido hijo y a cargo del presunto progenitor, este último debe agotar el recurso de reclamación establecido en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para dicha Entidad Federativa, antes de acudir al juicio de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que lo rige, pues si bien es verdad que dicho numeral no se refiere expresamente a la fijación provisional de alimentos en los juicios de paternidad, también lo es que se está en presencia de idénticas razones que aplican en las hipótesis que señala, pues su única diferencia es que en los juicios de paternidad se fijan los alimentos una vez generada la presunción de la filiación entre el presunto progenitor y el pretendido hijo, mientras que en los de alimentos se establece cuando los acreedores justifiquen, con las copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista; sin embargo, su característica común es que en ambos se trata de una medida provisional de alimentos de carácter especialísimo, destinada a cubrir necesidades impostergables de orden público y de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es asegurar la subsistencia de los demandantes, mientras se resuelve el juicio." No obsta que el principio de definitividad, en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general y que la propia ley de la materia establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que, en esos casos señalados expresamente en la ley o derivados de su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo; sin embargo, en el presente asunto no se está en presencia de alguno de los casos de excepción a que se refieren los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; que exima a la parte quejosa de la obligación de agotar el recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo; por tanto, al no haber agotado la parte quejosa el recurso de revocación, debe considerarse que el principio de definitividad no quedó colmado y por tanto, resulta improcedente el juicio de amparo. Resulta aplicable en lo conducente la tesis número 1a./J. 113/2013 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página trescientos cincuenta del Libro 1, Diciembre de dos mil trece, Tomo I, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2005039, que es como sigue: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Bajo ese orden de ideas, el juicio de amparo resulta improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado era recurrible, previo al juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 113 de la ley en cita, procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto al acto reclamado precisado en el inciso C) consistente en la orden de descuento de pensión alimenticia del 10% del total de sus percepciones a Ada Lilia Álvarez García. Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia antes descrita, procede desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, del epígrafe y contenido siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 530, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. v DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Notifíquese, personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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