César Omar Aguirre Torres
Expediente 566/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- César Omar Aguirre Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a Gloria Velia Graciano Sifuentes, a quien le reviste el carácter de tercera interesada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter. Ahora bien, se le tiene compareciendo al presente juicio de amparo, en los términos del ocurso de cuenta y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al Licenciado Leonardo Gabriel Gahona Orihuela. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, sin perjuicio de hacer relación de ellos, al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo que Reglamenta la Carrera Judicial; autorizado mediante oficio CCJ/ST/3101/2023, de cinco de junio de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
I N T E R L O C U T O R I A Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 566/2023-VII-A, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos que reclamó a la Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en este juzgado el seis de junio de dos mil veintitrés, el promovente solicitó la apertura del incidente de suspensión contra las autoridades responsables indicadas en el capítulo respectivo de la demanda, a quienes esencialmente, les reclamó la orden de desalojo o desposesión sobre el bien inmueble ubicado en calle ********************número********************fraccionamiento********************, de esta ciudad, así como la omisión de llamarlo o emplazarlo al juicio de origen. SEGUNDO. En proveído de ocho de junio de este año, se negó la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitándose a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se inició en los términos que constan en el acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables, Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad, en los informes previos que rindieron, aceptaron la existencia de los actos reclamados; por tanto, se tienen por ciertos los mismos. SEGUNDO. como punto de partida, debe tomarse en cuenta que la parte quejosa señala como actos reclamados de las autoridades responsables, en concreto, la orden de desalojo o desposesión sobre el bien inmueble ubicado en calle ********************número********************fraccionamiento********************, de esta ciudad, así como la omisión de llamarlo o emplazarlo al juicio de origen. Así, para resolver lo relativo a la suspensión solicitada, debe tomarse en consideración que los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, en su orden señalan: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." En el caso se acredita el primero de los requisitos a que alude la fracción I, del precepto transcrito en primer término, toda vez que el aquí incidentista, en el escrito de la demanda de amparo solicitó la medida suspensiva de los actos reclamados, los cuales aduce, afectan su esfera jurídica de manera directa. Lo anterior, conduce al suscrito juzgador a estimar, que efectivamente los actos materia del reclamo pueden afectar los derechos jurídicamente tutelados por el inconforme. Sin embargo, entre el primero de los requisitos señalados por el precitado numeral 128 de la ley de la materia, también se encuentra inmerso el relativo a la acreditación del interés para obtener la suspensión, que por orden lógico y jurídico debe estudiarse previamente al requisito establecido en su fracción II. Así es, para resolver sobre la suspensión debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de esa medida, ya que siendo el objeto de ésta conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario del amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Dicho en otras palabras, tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada en términos del artículo 107, fracción X, constitucional conlleva, inclusive, verificar si la prerrogativa cuya existencia se busca preservar mediante el otorgamiento de la suspensión, se encuentra inserta en el patrimonio jurídico del quejoso. Una vez verificado que el quejoso goza del derecho que pretende preservar a través de la suspensión del acto de autoridad reclamado, será factible, entonces sí, analizar si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público. Asimismo, conviene establecer que uno es el interés jurídico que se debe probar para hacer procedente la acción constitucional de amparo y adquirir el derecho procesal a que se resuelvan las cuestiones de fondo; y otro distinto es el derecho preconstituido que debe acreditarse cuando se pide la suspensión provisional o definitiva de los actos reclamados, con la pretensión de ejercer o llevar a cabo una actividad reglamentada. Bajo ese contexto, en la especie se considera que el quejoso, aquí incidentista, no justifica su interés suspensional, debido a que no acompañó a su demanda de amparo documento alguno para acreditar dicho interés, tomando en consideración que la figura de la suspensión no es constitutiva de derechos, es decir, para acreditar la propiedad y/o posesión del bien inmueble que defiende por esta vía constitucional, resulta necesario el contrato de compra venta celebrado al respecto, o cualesquiera otro documento que sirva para demostrar la posesión relativa. En ese sentido, si la parte quejosa no exhibió en autos prueba alguna que acredite su interés suspensional, su intención de obtener la suspensión en contra de los actos reclamados relacionadas con el bien inmueble que defiende, resulta improcedente, en tanto, que carece del presupuesto lógico consistente en la existencia previa del derecho que se busca preservar. Por consiguiente, al quedar manifiesto que hasta este momento procesal la parte quejosa no demuestra que los actos reclamados afectan su interés jurídico, es decir, no demuestra ni aun indiciariamente que tenga derechos sobre el bien inmueble, sobre el que afirma deriva la orden de lanzamiento reclamada; de ahí, que en el caso resulte improcedente otorgar la medida suspensiva solicitada, en virtud de que la parte quejosa no acredita el interés suspensional que le asiste para pedirla y así estar en posibilidad de reconocer y tutelar un derecho preestablecido a su favor. Cabe señalar, que la circunstancia de que todo lo declarado en la demanda de amparo se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no implica necesariamente una presunción que acredite el interés suspensional, y proceda por tanto, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, dado que ese hecho no exime al quejoso de la obligación de exhibir en el cuaderno incidental algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto, pues esa situación únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo en aplicación; por tanto, la mencionada protesta es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés suspensional para promover en defensa del derecho que alega tener. Sin que se esté en el supuesto, de que se deba conceder la suspensión al actualizarse la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, para determinar que exista un cálculo de probabilidades, a fin de anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad de los actos impugnados, toda vez que en el particular resulta irrelevante efectuar ese análisis, en la medida en que al no quedar colmado el requisito del interés suspensional, tampoco procede resolver si están colmados los diversos establecidos en la fracción II del artículo 128 de la ley en aplicación, pues en la propia jurisprudencia P./J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, página dieciséis, que es del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO." se establece que sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 (que en su contenido corresponde al diverso 128 de la ley actual), es posible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que en la especie no se puede realizar por las razones antes precisadas. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. De conformidad con lo expuesto en el considerando segundo de esta interlocutoria, se niega la suspensión definitiva a ********************, contra las autoridades en él precisadas, por los actos descritos en el resultando primero de esta resolución interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo que Reglamenta la Carrera Judicial; autorizado mediante oficio CCJ/ST/3101/2023, de cinco de junio de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Se tiene a la autoridad responsable Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado, el cual se pone a la vista de las partes, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que los informes justificados de las autoridades responsables, no fueron rendidos con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de la Materia, a fin de que las partes se impusieran de su contenido y estuvieran en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas; por lo que con fundamento en el precepto en mención, se ordena de oficio el diferimiento de la audiencia constitucional que debería de celebrarse en esta fecha, y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, para su verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 21/2008, consultable en la página 151, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 2008, Novena Época y que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a la Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado, el cual se pone a la vista de las partes, para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo, al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene remitiendo copia certificada de todo lo actuado en el juicio de origen 778/2021, el cual en razón de su volumen y para mejor manejo del presente expediente, manéjese por cuerda separada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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