César Mauricio Ordoñez

Expediente 1495/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1495/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
11/11/2016

Partes del expediente

  • César Mauricio Ordoñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede en la que se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el auto que desecho la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Las notaciones háganse en el libro de gobierno y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es destruible, pues la demanda se tuvo por no presentada, el cual carece relevancia documental. Finalmente, devuélvasele a la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México las copias certificadas que adjuntó al oficio 5152 (foja 33). Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. AGREGA ESCRITO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso César Mauricio Ordóñez, por el cual en cumplimiento al proveído de seis de octubre de dos mil dieciséis, desahoga los requerimientos de que fuera objeto en éste; en consecuencia, se dejan sin efectos los apercibimiento con que fuera conminado. DESECHAMIENTO. En esas condiciones, se tiene por recibida la demanda de cuenta promovida por ****, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Toluca de Lerdo, Estado de México, los cuales los hace consistir en la resolución emitida en el recurso de revisión extraordinaria de catorce de junio de dos mil dieciséis, dentro del toca 165/2016 del índice de la responsable. Así, del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que el quejoso, se duele substancialmente de la resolución emitida en el recurso de revisión extraordinaria de catorce de junio de dos mil dieciséis, dentro del toca 165/2016 del índice de la responsable. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo en vigor, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que al ser un acto consentido tácitamente por la parte quejosa; es decir, no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales parcialmente transcritos se sigue, que el plazo general para la promoción del juicio constitucional será de quince días, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter general autoaplicativo o el procedimiento de extradición. Resulta ilustrativa al particular la tesis XXI.2o.P.A.25 K, publicada en la página 1890, del Tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En este orden de ideas, es posible afirmar que en el presente juicio nos encontramos en el segundo supuesto previsto por el precepto legal en mención, es decir, que el plazo para acudir al amparo empieza transcurrir a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es al haber sido notificado el quejoso aproximadamente entre el veinticinco de julio y el cinco de agosto último; en consecuencia, la demanda de que se trata es extemporánea. Lo anterior, se colige del escrito de desahogo que se acuerda que bajo protesta de decir verdad narra en su ocurso señalado "PUES SOLO SE ME LLAMO A NOTIFICACIÓN APROXIMADAMENTE ENTRE EL 25 DE JULIO Y EL 5 DE AGOSTO SIN PODER PRECISAR CON EXACTITUD". De igual manera, se colige del informe rendido por la autoridad denominada Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, mediante el cual informa "(.) se radicó el Toca 165/2016, con motivo del recurso de Revisión Extraordinaria, promovido por CÉSAR MAURICIO ORDÓÑEZ, y se resolvió en fecha catorce de junio de dos mil dieciséis siendo notificado al sentenciado de referencia en fecha quince del mismo mes y año (.)". Al respecto, es necesario puntualizar, que no obstante que el quejoso aquí reclama la resolución emitida en el recurso de revisión extraordinaria de catorce de junio de dos mil dieciséis, dentro del toca 165/2016 del índice de la responsable; sin embargo, en su escrito de desahogo (el cual se acuerda mediante el presente auto), hace referencia que tuvo conocimiento de la existencia del mismo, entre el veinticinco de junio y el cinco de agosto último, aunado a lo anterior la diversa manifestación vertida por la responsable en párrafos precedentes. En consecuencia, los quince días con que contó para instar en la vía constitucional, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, este órgano de control constitucional benévolamente toma en consideración la última fecha para computar el plazo legal que aludimos en líneas precedentes, es decir, el cinco de agosto último, le transcurrieron del día del nueve al veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Luego, si el quejoso presentó su escrito de demanda la data de cinco de octubre del año en curso, es incuestionable que la misma resulta extemporánea. En esa tesitura, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis asilada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la tesis de jurisprudencia publicada con el número 4, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 8, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.- El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". DOMICILIO. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido ante el licenciadoJaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes, el escrito de cuenta, signado por la Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, por medio del cual en atención al requerimiento de seis de los presentes, desahoga el requerimiento de mérito; atento a lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento con que fue conminada en el acuerdo señalado con anterioridad, y resérvese acordar lo que en derecho proceda hasta en tanto la parte quejosa realice lo conducente, o bien le transcurra el plazo concedido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se negó el amparo y protección de la justicia en el juicio de amparo promovido por Facundo Flores Barrios, Gerardo Zenil Jardón, Jesús Suárez González y Marco Antonio Carbajal Piña, en su carácter de apoderados legales de la Secretaría de Educación y Escuela Telesecundaria Número trescientos veintisiete "Plutarco Elías Calles" del Gobierno del Estado de México; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en Libro de Gobierno; glósese el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es depurable. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, únicamente deberá ser glosado el original del mismo. Finalmente, y como de la certificación de cuenta, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, se advierte la existencia de documentos originales. En ese sentido, con base en lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción II, en relación con el diverso décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, citado con antelación; se ordena notificar a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al local de este juzgado de Distrito a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos, sin previo acuerdo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa.

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