César Manuel Padilla Estrada
Expediente 347/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/06/2021
Partes del expediente
- César Manuel Padilla Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 28 DE MAYO DE 2021 , NOTIFICO AL QUEJOSO EL AUTO DE 27 DE MAYO DE 2021, EL CUAL, EN ESENCIA, DICE: Toluca, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y copias certificadas de la autoridad que lo suscribe. Ahora, de las referidas constancias, se advierte que, mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral ***********, señaló las once horas del veinte de octubre del año en curso, para el desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma ofrecida por la parte demandada, a cargo de ********* y *******, ambos de apellidos *************. Asimismo, se colige que el veinticinco de mayo de la misma anualidad, dicto diverso acuerdo por el cual se dejó insubsistente el precitado proveído de diez de marzo anterior, únicamente respecto de la fecha y hora señaladas para el desahogo de la diligencia precisada; y, al efecto se señalaron las diez horas con treinta minutos del doce de julio de este año para su desahogo. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública. Luego, de las referidas constancias, se advierte que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 77 de la misma legislación, aplicado este último a contrario sensu; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Se considera lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control de la Constitución cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sin embargo, en nuestro sistema judicial, existen supuestos, como el que nos ocupa, en que por distintas razones, se torna jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo, en consecuencia, resulta ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, la parte quejosa reclama que la responsable no ha cumplido con su obligación constitucional de impartir justicia dentro de plazos fijados en la ley que rige el acto, ya que por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral J.29/1534/2017, señaló las once horas del veinte de octubre del año en curso, para el desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma ofrecida por la parte demandada; circunstancia que no queda superada con el dictado del diverso de veinticinco de mayo de la misma anualidad, en el que la autoridad responsable dejó sin efectos el primer proveído mencionado, únicamente respecto de la fecha y hora señaladas para el desahogo de la diligencia precisada; y, al efecto señaló las diez horas con treinta minutos del doce de julio de este año para su desahogo, pues, en ambas actuaciones se contraviene el plazo de diez días establecido en la fracción II del artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo, para que tenga verificativo dicha audiencia. No obstante, debe resaltarse que aún en el caso de que fuera procedente conceder el amparo para efecto de que la Junta responsable dejará sin efectos las determinaciones señaladas, únicamente en lo concerniente a la fecha fijada para el desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma ofrecida en dicho sumario y, se ordenara señale hora y fecha para la misma en el plazo que establece el citado numeral 884 en su fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; se estima que no sería posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado. Ello se asevera pues, a la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional (diez horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno) se encontrará transcurriendo la vista de ocho días a las partes, establecida en el numeral 117 de la Ley de Amparo, respecto al informe justificado que en esta oportunidad se recibe, lo que traerá como consecuencia su diferimiento, vista que fenecerá el diez de junio de este año, por lo que se estará en posibilidad de celebrarla el once siguiente. Así, de conceder el amparo solicitado, la sentencia que se emita en esa data se notificaría el catorce de junio posterior, seguido, deberían mediar los diez días que prevé el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para que, de no ser recurrida declarar la ejecutoria el treinta de junio de dos mil veintiuno, posteriormente, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la citada legislación, habría de requerirse su cumplimiento a la autoridad responsable dentro del plazo de tres días; mismo que, partiendo de que dicha determinación se notificara a la responsable al día siguiente, culminaría el seis de julio siguiente. En esa guisa, atendiendo a que la concesión del amparo sería para el efecto de que la autoridad responsable, dejara insubsistente el proveído dilatorio en la parte en que fijó la fecha señalada para el desahogo de la diligencia que nos ocupa y, en su lugar, dictara otra, en el que fije nueva fecha para su celebración dentro de los diez días siguientes como lo establece el precitado numeral 884, en su fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, de ahí que ningún fin práctico tendría conceder la protección constitucional solicitada, pues en caso de que la responsable diera cumplimiento el mismo seis de junio del presente año, la audiencia fijada para los diez días siguientes sería posterior a la data ya señalada en el juicio de origen, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme, pues el plazo que la legislación en comento le concede a la responsable transcurriría del siete al veinte de julio de esta anualidad. En las condiciones apuntadas, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 77 a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causas de improcedencia por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y copias certificadas de la autoridad que lo suscribe. Ahora, de las referidas constancias, se advierte que, mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral ***********, señaló las once horas del veinte de octubre del año en curso, para el desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma ofrecida por la parte demandada, a cargo de ********* y *******, ambos de apellidos *************. Asimismo, se colige que el veinticinco de mayo de la misma anualidad, dicto diverso acuerdo por el cual se dejó insubsistente el precitado proveído de diez de marzo anterior, únicamente respecto de la fecha y hora señaladas para el desahogo de la diligencia precisada; y, al efecto se señalaron las diez horas con treinta minutos del doce de julio de este año para su desahogo. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública. Luego, de las referidas constancias, se advierte que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 77 de la misma legislación, aplicado este último a contrario sensu; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Se considera lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control de la Constitución cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sin embargo, en nuestro sistema judicial, existen supuestos, como el que nos ocupa, en que por distintas razones, se torna jurídicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo, en consecuencia, resulta ociosa la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, la parte quejosa reclama que la responsable no ha cumplido con su obligación constitucional de impartir justicia dentro de plazos fijados en la ley que rige el acto, ya que por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral J.29/1534/2017, señaló las once horas del veinte de octubre del año en curso, para el desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma ofrecida por la parte demandada; circunstancia que no queda superada con el dictado del diverso de veinticinco de mayo de la misma anualidad, en el que la autoridad responsable dejó sin efectos el primer proveído mencionado, únicamente respecto de la fecha y hora señaladas para el desahogo de la diligencia precisada; y, al efecto señaló las diez horas con treinta minutos del doce de julio de este año para su desahogo, pues, en ambas actuaciones se contraviene el plazo de diez días establecido en la fracción II del artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo, para que tenga verificativo dicha audiencia. No obstante, debe resaltarse que aún en el caso de que fuera procedente conceder el amparo para efecto de que la Junta responsable dejará sin efectos las determinaciones señaladas, únicamente en lo concerniente a la fecha fijada para el desahogo de la audiencia de ratificación de contenido y firma ofrecida en dicho sumario y, se ordenara señale hora y fecha para la misma en el plazo que establece el citado numeral 884 en su fracción II, de la Ley Federal del Trabajo; se estima que no sería posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado. Ello se asevera pues, a la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional (diez horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno) se encontrará transcurriendo la vista de ocho días a las partes, establecida en el numeral 117 de la Ley de Amparo, respecto al informe justificado que en esta oportunidad se recibe, lo que traerá como consecuencia su diferimiento, vista que fenecerá el diez de junio de este año, por lo que se estará en posibilidad de celebrarla el once siguiente. Así, de conceder el amparo solicitado, la sentencia que se emita en esa data se notificaría el catorce de junio posterior, seguido, deberían mediar los diez días que prevé el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para que, de no ser recurrida declarar la ejecutoria el treinta de junio de dos mil veintiuno, posteriormente, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la citada legislación, habría de requerirse su cumplimiento a la autoridad responsable dentro del plazo de tres días; mismo que, partiendo de que dicha determinación se notificara a la responsable al día siguiente, culminaría el seis de julio siguiente. En esa guisa, atendiendo a que la concesión del amparo sería para el efecto de que la autoridad responsable, dejara insubsistente el proveído dilatorio en la parte en que fijó la fecha señalada para el desahogo de la diligencia que nos ocupa y, en su lugar, dictara otra, en el que fije nueva fecha para su celebración dentro de los diez días siguientes como lo establece el precitado numeral 884, en su fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, de ahí que ningún fin práctico tendría conceder la protección constitucional solicitada, pues en caso de que la responsable diera cumplimiento el mismo seis de junio del presente año, la audiencia fijada para los diez días siguientes sería posterior a la data ya señalada en el juicio de origen, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme, pues el plazo que la legislación en comento le concede a la responsable transcurriría del siete al veinte de julio de esta anualidad. En las condiciones apuntadas, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 77 a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causas de improcedencia por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; háganse las anotaciones respectivas.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. ADSCRIPCIÓN JUEZ DE DISTRITO. Mediante oficio SEADS/318/2021, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que, en sesión celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación acordó la adscripción a este Juzgado Federal del Juez Juan Manuel García Arreguín, quien a partir del dieciséis del mes y año en curso, es Titular del mismo; por lo que, con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes por el términos de tres días, conforme al artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, Novena Época, con número de registro 164217, del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO.".
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