César Mario Jiménez Vázquez
Expediente 333/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/05/2019
Partes del expediente
- César Mario Jiménez Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, en vista que la determinación que decreto el sobreseimiento fuera de audiencia, no le fue notificada al tercero interesado *********** de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con domicilio en esa ciudad, con auto inserto de dicha determinación, hágasele del conocimiento del sobreseimiento decretado y de este auto, por el cual causa estado la referida determinación. De ahí que no le irroga perjuicio alguno el sobreseimiento decretado, asimismo, por no estar legitimado para interponer recurso de revisión, lo anterior, con fundamento en la tesis IV.20.95 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo XIV, Noviembre de 2014, página 527, de rubro: REVISION CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. EL TERCERO PERJUDICADO CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DOS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE:...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese al juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, consistente en copias certificadas del escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve y proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio laboral J/O/845/2015, de su índice Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. En primer término es dable indicar, que en el caso concreto atendiendo al análisis integral de la demanda de amparo, la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable en acordar la promoción presentada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J/O/845/2015, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. En ese orden, este juzgador advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. En efecto, precisa señalar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con folio 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele como se dijo con anterioridad de la omisión de la responsable en acordar la promoción presentada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J/O/845/2015, del índice de la autoridad responsable antes aludida. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que efectivamente el actor en el juicio natural, aquí quejoso presentó escrito el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, ocurso que la autoridad responsable fue omisa en atender; sin embargo, en treinta de abril del año en curso, la sala responsable emitió proveído en el cual dictó las medidas que estimó necesarias para la ejecución del laudo dictado el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en los autos del juicio laboral J/O/845/2018, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje residente en el estado de Chiapas. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de la responsable en acordar la promoción presentada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral J/O/845/2015, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, han cesado, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Dado lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia señalada para las doce horas del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. No obsta lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, en la medida que el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del mismo y sus constancias que, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de cuatro de abril del año en curso, se ordenó girar el oficio 6938/2019, de esa propia fecha, a fin de que se emplazara a juicio a la parte tercera interesada ********** con residencia en esa ciudad, sin que hasta esta fecha obre en autos la constancia de notificación correspondiente. Con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el numeral 2, segundo párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Administrador del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, con copia de la factura correspondiente, para que dentro del término de tres días contados a partir de su recibo, remita el acuse de recibo del oficio de referencia, o bien, copia certificada del mismo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $4,224.00 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga su verificativo. Notifíquese.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el ocurso de ********** por medio del cual da cumplimiento a la prevención de veinte de marzo del año en curso (fojas 6-9). Ahora, este juzgador tomando en cuenta lo narrado por el promovente en su escrito de cuenta, se advierte que respecto al acto reclamado consistente en: "El incumplimiento de la obligación que tiene de dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral expediente ******** sea pronta y expedita, pues no obstante que en el mismo con fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho se dictó el laudo respectivo, hasta hoy no se ha velado por su cumplimiento De lo anterior, se advierte que de los antecedes del acto reclamado, se desprende que el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable omitió ordenar el requerimiento de pago y embargo para la ejecución del laudo, por lo que por escrito de siete de enero del actual, la quejosa solicitó que se proveyera de conformidad sobre dichas omisiones, que tienen por objeto el dictado de las medidas necesarias para la ejecución del laudo, la cual es una consecuencia del primer acto reclamado. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ********** únicamente contra el acto señalado en el párrafo que antecede. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión relativo, por no haberse solicitado expresamente. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a la responsable rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita. Con el apercibimiento de que en caso de que no rinda oportunamente dicho informe, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Ahora, se tienen como tercero interesado al ********* por lo que con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo, mediante el oficio correspondiente, hágasele saber la interposición de este juicio de amparo al mencionado tercero, remitiéndole para tal efecto copia de la demanda, para que con tal carácter se apersone en este juicio, si así conviene a su interés. Así también, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le requiere para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo así, las que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de acuerdos, aun las de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la agente del ministerio público de la federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.
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