César Luis Corona Martínez

Expediente 136/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
136/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado
  • UNACH Campus seis, Universidad Autónoma de Chiapas Facultad de Humanidades
  • César Luis Corona Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERECERA INTERESADA UNACH Campus número seis, Universidad Autónoma de Chiapas Facultad de Humanidades; Gonzalo Esteban Girón Aguilar y María Minerba López García, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE ESTA ANUALIDAD, QUE EN LO CONDUCENTE DICETuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del laudo de nueve de febrero del año en curso, dictado en el expediente ******, de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el expediente laboral ********* del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por la omisión de dictar laudo en el expediente laboral *********** de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en el oficio de cuenta, se advierte que el nueve de febrero del año en curso, dictó laudo en la controversia laboral de origen; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la junta responsable subsanó la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral ************* del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, han cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Además, no pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando la constancia remitida por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de la misma, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del cinco de marzo de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente a las partes quejosa, tercera interesada, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTIDOS DE FEBRERO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del laudo de nueve de febrero del año en curso, dictado en el expediente ******, de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo en el expediente laboral ********* del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por la omisión de dictar laudo en el expediente laboral *********** de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable en el oficio de cuenta, se advierte que el nueve de febrero del año en curso, dictó laudo en la controversia laboral de origen; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la junta responsable subsanó la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral ************* del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, han cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Además, no pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando la constancia remitida por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de la misma, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del cinco de marzo de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente a las partes quejosa, tercera interesada, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERECERA INTERESADA UNACH Campus número seis, Universidad Autónoma de Chiapas Facultad de Humanidades; Gonzalo Esteban Girón Aguilar y María Minerba López García, EL AUTO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE ESTA ANUALIDAD, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte tercera interesada UNACH Campus número seis, Universidad Autónoma de Chiapas Facultad de Humanidades; Gonzalo Esteban Girón Aguilar y María Minerba López García, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de febrero de dos mil dieciocho (fojas 15 a 17), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por lista la parte tercera interesada UNACH Campus número seis, Universidad Autónoma de Chiapas Facultad de Humanidades; Gonzalo Esteban Girón Aguilar y María Minerba López García. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Laura Elena Romero Luna, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

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