César Leonardo Manzano Morales O César Manzano Morales

Expediente 829/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
829/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • César Leonardo Manzano Morales O César Manzano Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la cuenta para los efectos legales correspondientes. Acúsese recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito del testimonio de la ejecutoria de veintiocho de octubre del año en curso, dictada en el toca del recurso de revisión 239/2021, así como de los autos originales del juicio constitucional 829/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, glósense al expediente del juicio de amparo devuelto las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío de aquél. Ahora bien, del contenido de la citada ejecutoria se advierte que la Superioridad confirmó la resolución de diez de febrero del año en curso, en donde se sobreseyó en este juicio constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los normativos 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el fallo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito dictó en el toca del recurso de revisión 239/2021 causó ejecutoria por ministerio de ley. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo y el Tribunal de alzada confirmó esa determinación, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, transcribe el acuerdo dictado el veinticuatro de junio del año en curso, en el toca ******************** del que se advierte que el tribunal de alzada acusa recibo de los autos original ********************, asimismo, informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, se advierte que el quejoso César Leonardo Manzano Morales o César Manzano Morales,, interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del escrito de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias necesarias. Notifíquese.

  4. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 829/2020, promovido por ** o ** contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez. I. ANTECEDENTES 1. De autos se advierte que en el juicio agrario 585/1998 del índice de Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno en el Estado de Oaxaca, promovido por *** mediante sentencia de dos marzo del dos mil, se resolvió en los términos siguientes: "[.] Primero.- Ha procedido la vía agraria intentada, en la que el actor probó su acción, en términos del artículo 187 de la Ley Agraria, en consecuencia.- Segundo.- Se declara procedente parcialmente la demanda promovida por ***, en contra de la asamblea general de comuneros del Poblado de San Juan Bautista Atepec, Municipio de San Juan Atepec, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, a través de sus representantes legales, tal y como ha quedado razonado en los considerandos séptimo y octavo del presente fallo.- Tercero.- Se declara improcedente el pago de daños y perjuicios, así como el de gastos y costas del juicio, por no haberse comprobado en autos que se hubieran generado en favor del actos e improcedente el pago del reparto de utilidades que reclama **, en los términos del considerando octavo de este fallo.- Cuarto.- Se condena a la asamblea general de comuneros de San Juan Bautista, Atepec, Municipio de San Juan Bautista Atepec, Distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, por conducto de sus representantes legales a que le respete sus derechos de comunero a ** y se absuelve de las demás prestaciones que le reclama el actor, en los términos de los considerandos que anteceden.- Quinto.- Notifíquese personalmente a las partes mediante copia certificada que se entregue a las mismas.- Sexto.- Previa las anotaciones que se hagan en el libro de Gobierno, en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido.- .". 2. El quejoso asegura, que a la fecha de la presentación de la demanda, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Veintiuno, ha sido omiso en dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente ** de si índice, situación por la cual acude a esta instancia constitucional. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 3. *** o ***, presentó un escrito el diez de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisará. 4. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 5. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, el que mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, la admitió a trámite y se registró bajo el número 829/2020; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. III.COMPETENCIA 6. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. IV.FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 7. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 8. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 9. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 10. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama del Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, lo siguiente: Acto reclamado La omisión de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio agrario 585/1998 de su índice. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 11. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye en razón que la sentencia emitida el dos de marzo de dos mil veinte, en el expediente 585/1998, es una sentencia declarativa que no trae aparejada ejecución conforme al artículo 191 de la Ley Agraria. 12. Para acreditar su dicho, remitió copia certificada de la sentencia de dos de marzo del dos mil dictada en el expediente agrario 585/1998 del índice del tribunal responsable, que acompañó a su informe de ley, misma que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia del acto combatido. 13. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." 14. De dicha documental, se advierte que la litis en ese asunto se constriñó a dilucidar si era procedente o no declarar a ** como legítimo comunero de San Juan Atepec, Municipio del mismo nombre, Distrito de Ixtlán, Oaxaca, reivindicándole sus derechos y en consecuencia se condenó a la Asamblea General de Comuneros de dicha comunidad a respetar sus derechos como comunero, al haber acreditado durante la tramitación del juicio tener esa calidad. 15. De ahí que la sentencia dictada en el expediente 585/1998, lo único que hizo fue reiterar la existencia de un derecho que ya tenía el quejoso, y al ser esta una sentencia declarativa, pues su cumplimiento no puede entrañar acto material de ejecución alguno, como ahora pretende la parte quejosa. 16. Ello es así, porque en la sentencia de la cual la parte quejosa pretende su ejecución, se le reconoció el la calidad de comunero de San Juan Atepec, Municipio del Mismo Nombre, Distrito de Ixtlán, Oaxaca, y con ella la certidumbre jurídica para que se le respeten sus derechos con tal calidad; de ahí que la sentencia pronunciada es declarativa y no constitutiva. 17. Ilustra lo anterior la tesis2 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SENTENCIAS, EJECUCION DE LAS QUE SOLO SON DECLARATIVAS. Si bien es verdad que, por regla general, toda sentencia debe ejecutarse, también lo es que debe precisarse en qué consiste la ejecución. Cuando una sentencia establece terminantemente la existencia de una obligación, por la cual el demandado queda sujeto a determinada prestación, esto es, cuando se trate de una sentencia condenatoria, si el deudor no cumple con su obligación, puede ser compelido a ello por la ley, puesta en acción por la sentencia, y es entonces cuando procede la coacción, o sea el embargo, con sus consecuencias legales; en cambio, cuando se trata de una sentencia meramente declarativa, entonces la ejecución no puede consistir en ejercitar medio alguno de coacción, puesto que al vencido en el juicio, ni la sentencia ni la ley le imponen, por la sola virtud de la declaración, una obligación que cumplir. Así es que si una sentencia niega la revalidación de actuaciones en un juicio, importa sencillamente una declaración negativa, cuyos resultados jurídicos no pueden alcanzar más que a dejar sentado, de una manera definitiva, que la nulidad de lo actuado en el juicio, es incontestable, volviendo las cosas al estado que guardaban; y únicamente por lo que se refiere a la cuestión procesal, las partes están en aptitud de continuar los procedimientos, sin que alguna de ellas haya adquirido obligación que cumplir, por virtud de la sentencia, ya que siendo ésta meramente declarativa, no tiene por fundamento una relación jurídica entre las partes, sino un hecho independiente de la voluntad de éstas, establecida por una ley de circunstancias." (énfasis añadido) 18. De ahí que, al tratarse de una sentencia que sólo hace una declaratoria genérica de validez, sin que se advierta que se establezca condena en contra de la demanda, se considera que no es procedente el cumplimiento de sentencia. 19. En ese contexto, al tratarse, en el caso concreto, de una sentencia que únicamente reconoce al quejoso la calidad de comunero de San Juan Atepec, Municipio del Mismo Nombre, Distrito de Ixtlán, Oaxaca, se trata de una resolución declarativa la cual no conlleva ejecución, por ello resulta inexistente el acto reclamado atribuido al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno. 20. En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN 21. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 22. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ** o ** contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez y por los argumentos que se esgrimen en el apartado V de este fallo. Notifíquese."

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