César León Mendoza
Expediente 475/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- César León Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de mayo de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa César León Mendoza, interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinticuatro de abril de dos mil quince, por la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del veintinueve de abril al catorce de mayo del actual, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se sobreseyó en el juicio, y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que ante la actualización de la causal de litispendencia se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, en los relativos a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentran comprendidos, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...
- Incidental
MESA III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de mayo de dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente, con esta fecha se decretó que causó ejecutoria la resolución de veinticuatro de abril de dos mil quince, mediante la cual se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por César León Mendoza; asimismo, que por auto de nueve de abril de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional y por interlocutorias de dieciséis y veinticuatro siguiente, se negó la suspensión definitiva y se declaró sin materia este incidente de suspensión, respectivamente; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental y conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que deberá conservarse únicamente el auto de nueve de abril de dos mil quince por el que se concedió la suspensión provisional. Asimismo, se indica, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE...
- Incidental
MESA III-B * "...En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, hora y fecha señaladas a efecto de llevar a cabo la audiencia incidental en estos autos, únicamente respecto de las autoridades responsables jueza Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro y coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, presente en audiencia pública el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, quien actúa asistido del secretario licenciado Juan Martínez Trujillo, que autoriza y da fe, procede a celebrarse sin asistencia de las partes Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta; el secretario hace relación de las constancias de autos que son las siguientes: a). Copia simple de la demanda promovida por César León Mendoza, contra los actos reclamados al juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro y otras autoridades. b). Auto de nueve de abril de dos mil quince, donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada. c). Interlocutoria de dieciséis de abril de dos mil quince, por la que se resolvió la suspensión definitiva respecto de diversas autoridades responsables y se difirió únicamente en cuanto a la jueza Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro y coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad. d). Copia certificada de constancias deducidas del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 275/2015 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, promovido por César León Mendoza. Con la relación de constancias y certificación que antecede el secretario da cuenta al juez. Enseguida, el juez acuerda: para los efectos legales correspondientes téngase por hecha la relación de constancias que antecede. A continuación, se abre el período de pruebas, en el que se hace constar que las partes no ofrecieron ningún medio de convicción, por lo que se cierra dicho período. Se abre la etapa de alegatos, en el que se hace constar que las partes no hicieron manifestación lógico jurídica alguna, de ahí que se cierra dicha etapa. Enseguida, se procede a dictar la siguiente interlocutoria: VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 475/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. César León Mendoza, reclamó de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro y del coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, la orden de aprehensión librada en su contra por las autoridades judiciales y la ejecución material de tal determinación atribuida a la restante. SEGUNDO. Por auto de nueve de abril de dos mil quince, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal; 125, 128 y 129 todos de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo, registrándose bajo el número 475/2015, en el cual se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada por el quejoso. TERCERO. Mediante interlocutoria de dieciséis de abril de dos mil quince, se resolvió este incidente de suspensión respecto de diversas autoridades responsables y se difirió únicamente en cuanto a la jueza Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro y coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Al rendir su respectivo informe previo el coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, convino en la existencia del acto de ejecución reclamado (foja 22). Por su parte, la jueza Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, negó la existencia del acto reclamado (foja 18); sin embargo, en rectificación del mismo convino en la existencia de la orden de aprehensión reclamada por el quejoso César León Mendoza (foja 29), pues al efecto informó que en la causa penal 28/2015, de su índice, el veinte de febrero de dos mil quince, libró orden de aprehensión contra César León Mendoza, como probable responsable del delito de daños, cometido en perjuicio patrimonial del Gobierno del Estado de Oaxaca, ilícito previsto por el artículo 387, en relación con los numerales 388, 8º, fracción I, 10, fracción I y sancionado por el artículo 388, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, con una penalidad de cinco a doce años de prisión y multa de doscientos a quinientos días multa, el cual no se encuentra considerado como grave por el artículo 23 Bis A del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora, de las constancias que obran en autos, específicamente de las que remitió la jueza Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que el hoy quejoso César León Mendoza, promovió diverso juicio de amparo, el que quedó registrado bajo el número 275/2015, de las que se advierte que mediante interlocutoria de once de marzo de dos mil quince, concedió la suspensión definitiva a César León Mendoza, respecto de la orden de aprehensión de veinte de febrero de dos mil quince, dictada en la causa penal 28/2015, por la jueza Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, como probable responsable del delito de daños, cometido en perjuicio patrimonial del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como su ejecución material. Por tanto, al haberse pronunciado la jueza Octavo de Distrito en el Estado, el once de marzo de dos mil quince, respecto de la suspensión definitiva solicitada por el quejoso, en cuanto a la misma orden de aprehensión librada en contra del quejoso César León Mendoza, en la causa penal 28/2015 del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 145 de la Ley de Amparo vigente, y por ende, se declara sin materia este incidente de suspensión por cuanto hace a tales actos reclamados por el quejoso, a la jueza Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro y coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª/J 23/2012(10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página setecientos setenta y seis, tomo 1, mayo de dos mil doce, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA DEFINITIVA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR LOS MISMOS ACTOS, AUN CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA EJECUTORIA EN EL PRINCIPAL. El artículo 134 de la Ley de Amparo en vigor prevé que debe declararse sin materia el incidente de suspensión cuando en la audiencia incidental se demuestre que se resolvió sobre la definitiva en un diverso juicio de amparo promovido por el propio quejoso, o su representante, contra las mismas autoridades y por los mismos actos; lo cual tiende a desalentar una conducta dolosa, en tanto se presume que la interposición del segundo juicio de garantías sólo tiene como fin obtener la suspensión del acto para retardar injustificadamente su ejecución. Por tanto, la circunstancia de que en el primer juicio de amparo se haya dictado sentencia ejecutoria en el principal, no es óbice para proceder en los términos indicados, pues si bien es cierto que ello conlleva la insubsistencia de lo decidido sobre la medida cautelar, también lo es que el pronunciamiento relativo a la constitucionalidad o la inatacabilidad del acto, en tanto adquiere la calidad de cosa juzgada, genera la improcedencia del segundo juicio de garantías y, por ende, la presunción válida de que éste se promovió con el único propósito de obtener la suspensión del acto para retrasar injustificadamente su ejecución o evitar sus efectos". SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. En mérito de lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara sin materia este incidente de suspensión derivado del juicio de amparo promovido por César León Mendoza, respecto de la orden de aprehensión, reclamada a la jueza Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro y su ejecución atribuida al coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando primero de esta resolución interlocutoria. SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA III-B * "...VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 475/2015; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. De la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y recibido en la misma fecha en este juzgado, al que correspondió por razón de turno, César León Mendoza, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro y del coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó la orden de aprehensión librada en su contra por las autoridades judiciales y la ejecución material de tal determinación atribuida a la restante. Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de nueve de abril de dos mil quince, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo; la registró en el libro de gobierno con el número 475/2015, solicitó los informes justificados a las responsables, dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado; citó a las partes a la audiencia constitucional, la que previo trámite del juicio se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para resolver en este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un asunto en materia penal, su tramitación corresponde a la primera instancia, y las autoridades responsables ejecutoras tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO.- Fijación de los actos reclamados. El quejoso César León Mendoza, reclamó de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro (autoridades ordenadoras) y del coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad (autoridad ejecutora), lo siguiente: La orden de aprehensión librada en su contra por las autoridades judiciales penales y la ejecución material de tal determinación atribuida a la restante. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado los jueces Primero, Segundo, Cuarto, Sexto y Séptimo de lo Penal, secretarios judiciales encargados por ministerio de ley de los Juzgados Tercero y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro (fojas 11, 13, 15, 19 y 29, 22 y 24), negaron categóricamente la existencia del acto reclamado por el quejoso, consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra, sin que tal negativa haya sido desvirtuada con prueba alguna. Razón por la cual, por inexistencia de dicho acto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. CUARTO. Al rendir su respectivo informe justificado el coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, convino en la existencia del acto de ejecución reclamado (foja 26). Por su parte, la jueza Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, negó la existencia del acto reclamado (foja 17); sin embargo, en rectificación del mismo convino en la existencia de la orden de aprehensión reclamada por el quejoso César León Mendoza (foja 33), pues al efecto informó que en la causa penal 28/2015, de su índice, el veinte de febrero de dos mil quince, libró orden de aprehensión contra César León Mendoza, como probable responsable del delito de daños, cometido en perjuicio patrimonial del Gobierno del Estado de Oaxaca, ilícito previsto por el artículo 387, en relación con los numerales 388, 8º, fracción I, 10, fracción I y sancionado por el artículo 388, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, con una penalidad de cinco a doce años de prisión y multa de doscientos a quinientos días multa. Lo que se corrobora con la documental que remitió como justificación a su informe la citada autoridad responsable jueza Quinto Penal del distrito judicial del Centro, consistente en copia certificada de la causa penal 28/2015, de su índice, con el que se formó el cuaderno de pruebas relativo a este juzgado. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en el tomo VI, página ciento cincuenta y tres, material común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. No se analizará el fondo del asunto, ya que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, en atención a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, y en la jurisprudencia número ochocientos catorce, consultable en la página quinientos treinta y tres, del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de otro diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución (listispendencia), promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque por violaciones constitucionales diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que el quejoso promueva un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente promovió un diverso juicio en que existen las coincidencias mencionadas y se encuentra pendiente de resolución. La improcedencia por litispendencia se trata, entonces, de una institución jurídica que se apoya en los principios de unidad y economía procesal, así como en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, siempre y cuando la controversia anteriormente planteada se encuentre pendiente de resolución, ya sea en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos, exista identidad en los elementos de litigio planteados en ambos, es decir, en cuanto a sujetos, objeto y pretensión. Para demostrar, en el caso, la actualización de la litispendencia, conviene precisar que la demanda origen de este juicio fue promovida por César León Mendoza, el ocho de abril de dos mil quince, contra actos de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro (autoridades ordenadoras), y del coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad (autoridad ejecutora), consistentes en la orden de aprehensión dictada en su contra por la autoridades judiciales penales y la ejecución material de tal determinación por la restante. Por otra parte, como se advierte de la lectura de las constancias de autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma, específicamente de las que acompañó la jueza Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a su oficio 1131 de veintiuno de abril del año en curso (fojas 39 a 51), con anterioridad a este juicio de amparo el referido quejoso César León Mendoza, promovió el diverso juicio de amparo 275/2015, el veintiséis de febrero de dos mil quince, en el que señaló como autoridad ordenadora al juez Quinto de lo Penal del Distrito judicial del Centro y como ejecutoras al procurador General de Justicia del Estado, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones y jefe del departamento de órdenes de aprehensión de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, de quienes también reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra por la citada autoridad judicial penal y su ejecución por las restantes, actos que resultaron ciertos, toda vez que el juez responsable convino en la existencia de la orden de captura librada en su contra con el veinte de febrero del año en curso, en la causa penal 28/2015, contra César León Mendoza, como probable responsable en la comisión del delito de daños; juicio de amparo en el se encontraban señaladas las once horas con cuarenta minutos del veintidós de abril del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional, según lo informado por la secretaria judicial adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado mediante oficio 1131 (foja 39). De lo que se advierte que el quejoso César León Mendoza, también señaló como autoridad responsable ordenadora al juez Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, quien aceptó el mismo acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada el veinte de febrero de dos mil quince, en la causa penal 28/2015, de su índice y como este juicio de amparo 475/2015, se inició con posterioridad al diverso juicio número 275/2015, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, residente en este ciudad, resulta claro que al existir esa identidad, en sus elementos formales se concreta la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo en vigor. Todo lo anterior, lleva a concluir que al existir un juicio de amparo en el que se encuentra pendiente de dictar sentencia y en el que se impugnó la orden de aprehensión dictada en la causa penal 28/2015, y su ejecución; y en razón que el mismo quejoso César León Mendoza intenta un diverso juicio de amparo en el que reclama la misma orden de aprehensión, debe considerarse que resulta improcedente este segundo juicio, con motivo de la litispendencia, pues la constitucionalidad de determinados actos respecto de un mismo quejoso sólo puede juzgarse una sola vez, ya que el promovente ya no podría verter nuevos conceptos de violación, debido a que cuando promovió el primer juicio de amparo, ya expresó los motivos de inconformidad respecto de esos actos. En esa tesitura, es inconcuso que existe litispendencia procesal, porque en el juicio de amparo registrado con el número 275/2015, se encuentra pendiente de dictar la sentencia correspondiente. Se invoca en apoyo a la determinación adoptada la tesis con el rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio" . En esas condiciones, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción X del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la parte promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son; "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los acto reclamado de las autoridad responsable, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende también el acto de ejecución reclamado a las autoridades señaladas como ejecutoras, en virtud que, el acto de ejecución que se le reclama, no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual derivan. Se invoca en apoyo por su contenido, la jurisprudencia siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página seiscientos noventa, del Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en este juicio de amparo, promovido por César León Mendoza contra el acto reclamado a los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra, y la ejecución de tal determinación reclamada al coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad. NOTIFÍQUESE...
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