Cesar Julian Dzul Tzuc

Expediente 1142/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1142/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2021

Partes del expediente

  • Cesar Julian Dzul Tzuc

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que no ha emitido determinación alguna en este expediente, siendo que tal cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre próximo pasado, de conformidad con las directrices indicadas en el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la Circular SECNO/1/2021, el Consejo de la Judicatura Federal determinó, para este Circuito Federal, la reanudación de labores conforme al esquema indicado en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinándose el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en dicho numeral, SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el once de diciembre de dos mil veinte; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Haciéndose la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes excepto a la autoridad responsable, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba paralizado por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión y posterior reanudación se decretaron en Circulares que se publicaron en la página del Consejo de la Judicatura Federal y obedecieron a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes, pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso CESAR JULIAN DZUL TZUC, mediante el cual hace diversas manifestaciones en vía de alegatos; sin embargo, no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno al respecto, en virtud de que por acuerdo de once de los corrientes se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto.

  3. Principal

    Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta. Ahora bien, del informe justificado de cuenta, se advierte que el veintitrés de octubre de dos mil veinte, la Juez responsable dictó un proveído donde acordó el memorial del quejoso, de fecha quince de octubre del año en curso, en el que nombró autorizados para oír y recibir notificaciones en el expediente 338/2018, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de pensión alimenticia promovidas por Bertha María Dzul Che y solicitó se le expidan copias certificadas de todas las constancias que integran el aludido expediente 338/2018. Se trae a colación que el dieciocho de noviembre del año en curso, la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, la cual se turnó al día siguiente a este órgano jurisdiccional. En dicha demanda, el promovente reclamó de la Juez responsable la omisión de acordar su memorial presentado el dieciséis de octubre último, en el que nombró autorizados para oír y recibir notificaciones en el expediente 338/2018, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de pensión alimenticia promovidas por Bertha María Dzul Che y solicitó se le expidan copias certificadas de todas las constancias que integran el aludido expediente 338/2018.Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Como se ha dicho, de las constancias que la Jueza Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad adjuntó a su informe con justificación, se desprende que dicha autoridad, por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictó un proveído donde acordó lo conducente al memorial del quejoso presentado ante la misma el dieciséis de octubre referido, notificándose dicho acuerdo mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, de fecha veintiocho de octubre multicitado.Por tanto, se concluye que la Juez responsable al haber emitido el pronunciamiento que determinó lo conducente respecto al nombramiento de autorizados para oír y recibir notificaciones y la expedición de copias del expediente 338/2018, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de pensión alimenticia promovidas por Bertha María Dzul Che, con fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, antes del dieciocho de noviembre dos mil veinte; en consecuencia, el acto reclamado se considera inexistente y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si la existencia del acto u omisión no se acredita durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte impetrante de amparo en el goce del derecho fundamental violado.En efecto, la inexistencia de la omisión reclamada radicó en que al momento de que la parte quejosa promovió la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada a la responsable, ya que con anterioridad ésta, la Juez responsable se pronunció en relación a su solicitud. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia de la omisión reclamada, lo que impide que esta juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de los derechos fundamentales respecto de una omisión que no subsiste.En consecuencia, al no existir la omisión reclamada, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto u omisión reclamada deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuarla, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la Juez responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que la responsable, exhibió copia certificada del auto de veintidós de junio de dos mil veinte, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada, al constar el pronunciamiento de la responsable respecto al acto aquí reclamado.Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por la quejosa Cenobia del Socorro Pech Piñeiro, contra los actos que reclama de la CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, y de otra autoridad; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado, el incidente de suspensión solicitado. Con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídaseles su respectivo informe previo, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, los informes requeridos podrán rendirlos vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx o bien, vía interconexión. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio electrónico a todas las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora bien, en cuanto a la suspensión del acto reclamado, consistente en la orden de verificación y corte del suministro eléctrico respecto de la planta baja del predio doscientos cuarenta y cinco, de la calle ocho, de la colonia "Miraflores", de esta ciudad de Mérida, Yucatán; SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por tratarse de un acto consumado, habida cuenta que de hacerlo, dada la naturaleza del mismo, equivaldría a darle a la suspensión efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. "1 Ahora bien, por lo que respecta a las consecuencias del acto que se reclama, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, atendiendo a que la parte quejosa no acreditó su interés suspensional en el presente incidente, ni siquiera indiciariamente, pues no adjuntó documento alguno que sea idóneo para acreditarla como usuaria actual del suministro de energía eléctrica, en el predio que señala. Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto adjuntó copia simple de diversos recibos, así como de un aviso de cobro por ajuste de facturación, expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, de éstos se advierte que están expedidos a nombre de una persona diversa de la quejosa, al caso, de Luis Fernando Pech Pineiro, por lo que el mismo no es susceptible de demostrar que la quejosa es actualmente usuaria del suministro eléctrico en el referido predio. Máxime que, por lo que respecta al aviso de cobro por ajuste de facturación, dicho documento fue, aparentemente, emitido el treinta de julio de dos mil diecinueve, por lo que cuenta con más de un año tres meses de antigüedad, Aunado a que la copia simple del acta que contiene la donación a título gratuito que le fue otorgada respecto del predio que nos atañe, tampoco acredita tal extremo, por no contener dato alguno respecto a que cuente con la calidad de usuaria del suministro eléctrico en el referido inmueble. E incluso, tales documentos, por haber sido exhibidos en copia simple, sólo generan simple presunción de su existencia, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar, como acontece en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 379, del Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Por lo antes ponderado, es claro que la quejosa no acredita dicho interés, lo que evidentemente impide concederle la medida cautelar que solicita, pues para que lo anterior pudiera ocurrir, era menester que hubiere acreditado, aunque sea en forma presuntiva, que es titular del derecho que dice le fue vulnerado, pues no basta afirmar que se tiene ese derecho, sino que es necesario acreditarlo. Esto es así, ya que en la actualidad se exige al Juzgador Constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, se analice si de concederse la medida suspensional con base en esa apariencia, se causaría una afectación al interés social, pues de ser así no puede concederse aún ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que sólo en esa medida se puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar. En el caso, como se apuntó la parte quejosa no adjuntó, documento idóneo alguno que la acredite como usuaria del suministro de energía eléctrica, en el predio que señala; lo que evidentemente impide concederle la medida cautelar que solicita, pues como se reitera, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por la agraviada supone la demostración de su interés en forma presuntiva, por lo que corresponde a la parte peticionaria de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un aquél derecho. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que al no demostrarse ni en forma presuntiva que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional, lo procedente es negar la suspensión provisional de dicho acto reclamado. Máxime si se tiene presente que la suspensión del acto reclamado no puede tener por efectos constituir derechos de los que no goza la quejosa, en términos del artículo 131, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a esta determinación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la décima época y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el libro uno, diciembre de dos mil trece, tomo I, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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