Cesar Javier Arévalo Ramos

Expediente 868/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
868/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2017

Partes del expediente

  • Cesar Javier Arévalo Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Agréguense a estos autos para que obre como legalmente corresponda, las piezas postales que contienen los oficios III-20390 y 22141, dirigidos al Director de la Policía Estatal de Investigación, con sede en Kanasín, Yucatán, los cuales fueron devueltos por el Servicio Postal Mexicano, con las leyendas "Rehusado en el domicilio"; en tal virtud, reexpídanse los aludidos oficios de fechas once y treinta y uno de julio del año en curso, a la autoridad responsable con el nombre correcto, esto es, Comandante de la Policía Estatal de Investigación Delegación, Kanasín Yucatán, a fin de que dicha autoridad tenga conocimiento del contenido de los oficios de mérito.

  2. Principal

    MESA III. Se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  3. Principal

    III. Vista la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, el día siete de los corrientes, de la cual se advierte que le notificó al directo quejoso **, el contenido del proveído de siete de julio del año en curso, quien ratificó la demanda de amparo presentada a su favor por José Guadalupe Arévalo Denis; en tal virtud, se tiene por ratificada la misma, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, agréguense a los presentes autos los oficios signados por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, Director de la Policía Estatal de Investigación, ambos del Estado, con sede en esta ciudad, y el Comandante de la Policía Estatal de Investigación Delegación Kanasín, Yucatán, mediante los cuales informan sobre la suspensión de plano; en consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista con dichos oficios a las partes en este juicio. Asimismo, las citadas autoridades, rinden sus informes justificados que se les solicitó; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con dichos oficios y anexo que adjuntó el Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado, a las partes en este juicio y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Las autoridades responsables, al rendir su correspondiente informe justificado niegan la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la incomunicación, malos tratos, tortura, coacción, castigos, tormentos y que puedan privarlo de la vida. Consecuentemente, al ser esto así, y al resultar que el quejoso no aportó prueba alguna tendiente a desvirtuar tales negativas, lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Es cierto el acto reclamado al Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, Director de la Policía Estatal de Investigación, ambos del Estado, con sede en esta ciudad, y el Comandante de la Policía Estatal de Investigación Delegación Kanasín, Yucatán, consistente en la detención a que alude el quejoso, no obstante que al rendir sus informes con justificado, negaron dicho acto, empero su certeza deriva que de las constancias que dichas autoridades antes citadas, adjuntó a su informe con justificación. Por otra parte, glósese a estos autos el escrito del Fiscal Investigador en turno del Ministerio Público de la Agencia Vigésima Tercera, con sede en Kanasín, Yucatán y anexo que acompaña, mismas que se están agregando en autos, de las que se advierte que el seis de julio del año en curso, recibió el informe policial homologado con folio SIIEINF2017005842 de fecha cinco julio último, suscrito por el policía suboficial Wuilberth Alejandro Canul May, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el cual puso a disposición de esa autoridad al impetrante de amparo Arévalo Ramos, a las seis horas con treinta minutos, en calidad de detenido, por la posible autoría de hechos posiblemente delictuosos, en relación a lo que establece el artículo 338, fracción IV, del Código Penal del Estado, dictados en la carpeta de investigación de P4-A 4/002138/2017 y el ocho de julio del presente año, dictó un acuerdo en el que decretó la libertad del directo quejoso César Javier Arévalo Ramos, en virtud de que se reúnen los requisitos dispuestos en el numeral 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual fue debidamente notificado al nombrado quejoso, todo ello en esa propia fecha, a las seis horas, por lo que giró oficios de libertad al Director de Investigación y Atención Temprana del Estado de Yucatán, y al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, a fin de cumplir con lo ordenado, y para acreditar su dicho, remite copia certificada del acuerdo procedimental de ocho de julio del presente año, el oficio de libertad dirigido a las responsables antes citadas, y la constancia de notificación de libertad realizada al aquí quejoso, ambas diligencias de esa propia fecha, y que obran en la carpeta de investigación de referencia; ello en cumplimiento a la aludida resolución de esa misma fecha. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por las autoridades remitentes, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio la privación de su libertad, su detención y la incomunicación de la que dijo ser víctima. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su escrito el Fiscal Investigador en turno del Ministerio Público de la Agencia Vigésima Tercera, con sede en Kanasín, Yucatán, se aprecia que el ocho de julio del año en curso, emitió un acuerdo en el cual determinó otorgar al quejoso su libertad ya que el delito que se le pretendió imputar reúne los requisitos dispuestos en el numeral 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no existen elementos para que sea puesto a disposición de algún Juez de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral. En este orden de ideas, ya que el ocho de julio de dos mil diecisiete, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó en esencia la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. De ahí, que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

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