César Joel Molina Olivas
Expediente 708/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- César Joel Molina Olivas
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de junio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación de cuenta y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 09/junio/2023, QUE DICEAuto. Hermosillo, Sonora, nueve de junio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación de cuenta y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 24/MAYO/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta y regístrese bajo el número que le corresponda. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos atribuidos a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, se advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por tanto, procede desecharla, se explica: Precisión de los actos reclamados. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: La omisión de la Junta responsable en el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ***, de la estadística de dicha Junta, de acordar lo relativo al desahogo de la prueba número 37, de la documental pública consistente en el original de la resolución del recurso de inconformidad de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; La omisión de la Junta responsable de acordar y notificar con diez días de anticipación, el acuerdo donde se fije fecha y hora para el desahogo de la documental pública, consistente en el original de la resolución del recurso de inconformidad de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en relación con su perfeccionamiento de contenido y firma, a cargo del secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el juicio laboral ***; y, La omisión de atender el escrito presentado por la parte actora, aquí quejosa, de veinticuatro de abril anterior, donde solicita se señale data para el perfeccionamiento precisado en el inciso anterior. Ahora bien, en relación con el acto reclamado señalado en el inciso a) se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la porción normativa de referencia se desprende que el presente juicio es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos señalados en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por una parte, el numeral 17 de la ley referida prevé que el plazo para presentar la demanda de derechos es de quince días, salvo que se surta alguna de las hipótesis establecidas en sus fracciones I, II, III y IV. Por otro lado, el artículo 18 del ordenamiento legal en mención establece que los plazos se computarán, conforme a los supuestos siguientes: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A aquél en que haya tenido conocimiento; o, c) Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, en relación con la certificación de cuenta, se denota la existencia del juicio de derechos *** del índice de este juzgado, por lo que se tiene como hecho notorio, en lo que interesa, que fue promovido por César Joel Molina Olivas, en contra de actos reclamados a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora y otra autoridad, en específico, el acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, en el que se dolía de que la Junta mencionada omitió señalar hora y fecha para llevar a cabo el desahogo de las pruebas pendientes en el juicio laboral ***. Dicha demanda fue promovida el veinticinco de junio de dos mil veintidós, y la parte quejosa señalada manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de junio de dos mil veintidós. En ese contexto, resulta evidente que desde el dieciséis de junio de dos mil veintidós, el solicitante del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado y, por su naturaleza, el plazo para promover la acción constitucional es de quince días, de tal manera que dicho plazo transcurrió en exceso, toda vez que la presente demanda de amparo se presentó hasta el quince de mayo de dos mil veintitrés. Es así, en razón de que dicho plazo transcurrió del diecisiete de junio de dos mil veintidós al siete de julio de dos mil veintidós, excluyendo los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio; dos y tres de julio del citado año, por ser considerados inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como punto primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso Acuerdo General 10/2006, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso; así como el que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el quince de mayo del presente año, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, es inconcuso que resulta extemporánea, dado que fue propuesta fuera del plazo de quince días, referido en el artículo 17 de la ley de la materia. Apoya lo sustentado, por analogía, la jurisprudencia P./J. 115/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, página 5, que a la letra menciona: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Aunado a lo anterior, cabe precisar que en la especie no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el numeral 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, ya que el acto reclamado no es una norma general autoaplicativa, o procedimiento de extradición, ni es una sentencia definitiva condenatoria, ni tiene como efecto privar total o parcialmente de la propiedad o posesión de derechos agrarios; así como tampoco, implica peligro de privación de la vida o de la libertad fuera del procedimiento. Finalmente, debe decirse que el desechamiento de la demanda de amparo presentada por la parte aquí quejosa, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. En las relatadas condiciones, en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Por otro lado, en cuanto a los actos reclamados indicados en los incisos b) y c), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXIII de la citada legislación, por las razones que a continuación se expondrán: El citado artículo 61, fracción XXIII, consigna lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De la lectura de este último precepto legal, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos que produzcan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En las apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad ni la propiedad. En el caso, no puede considerarse que el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación o causen afectación a derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte, toda vez que sólo incide en cuestiones de carácter procesal. Tal conclusión, está apoyada también en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estableció que en relación con los juicios de amparo indirecto, proceden contra dilaciones procesales que se traduzcan en una abierta demora del procedimiento, y para estar en condiciones de decretar de manera uniforme que se ha configurado esa dilación excesiva o paralización del juicio, deberán transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha de conclusión del plazo en que legalmente debió emitirse pronunciamiento o realizarse los actos procesales. Dicha jurisprudencia es del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Abunda también, la tesis XXVI.5 K (10a.), del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Junio de 2019, cuyo rubro se reproduce a continuación: "DILACIONES PROCESALES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS. EN CADA CASO PARTICULAR, LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE ANALIZARSE EN ATENCIÓN A LA FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE AQUÉLLAS DEBIERON PRONUNCIARSE LEGALMENTE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS, CONFORME A LA LEY APLICABLE A LA MATERIA DE QUE SE TRATE. Luego, los artículos 837 y 838 de la Ley Federal del Trabajo, establece que las Juntas dictaran sus resoluciones o acuerdos en el auto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes en el que reciban promociones por escrito. En ese contexto el acto en reclamo citado, no deja sin defensa al promovente, ni puede verse de forma autónoma sino que debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo; lo anterior es así, en razón de que el veinticuatro de abril pasado, la parte quejosa presentó un escrito solicitando la regularización del procedimiento respecto a la omisión de acordar el ofrecimiento de la prueba en cuestión, por lo que al tomar en consideración el término legal para que acuerde dicho escrito -cuarenta y ocho horas-, se colige que a la fecha de presentación de la demanda constitucional -********************- y la data en la que la autoridad responsable tenía a más tardar obligación de atender el aludido escrito-********************-habían transcurrido únicamente ********************días naturales. Así, queda de manifiesto que el quejoso se duele exclusivamente de una afectación intraprocesal cometida por una autoridad dentro de un juicio laboral, ya que no ha transcurrido un plazo del que se advierta una afectación real al quejoso. Plazo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, contempló en cuarenta y cinco días naturales, después de que concluyó el que legalmente debió pronunciarse el acto procesal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis, del tenor literal: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter Adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así como la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2019400, Segunda Sala, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II. Pág. 1643, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1134, en relación con los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Los razonamientos apenas vertidos son extensivos al acto reclamado indicado como b), ello en razón de que el actuario señalado como responsable no puede desatender la notificación de un acuerdo que no se ha dictado; y la Junta responsable no puede ordenar dicha notificación si el acuerdo que reclama no existe. Pues es justamente la omisión de dictar ese acuerdo (donde habrá de señalarse fecha y hora para el perfeccionamiento de la documental citada con antelación) del que se duele la parte quejosa en la demanda que se atiende; omisión que como se explicó, no tiene los alcances de afectar derechos sustantivos, al menos hasta la fecha en que fue solicitada la protección constitucional. Sin que el desechamiento de la demanda signifique vulneración a los derechos sustantivos del promovente, pues toda vez que la omisión se actualiza momento a momento, en caso de que trascurrir el plazo establecido por nuestra Corte Suprema -cuarenta y cinco días- la dilación sí generaría un perjuicio real y efectivo al derecho de justicia pronta y expedita, previsto en el numeral 17 Constitucional, quedando expeditos los derechos de la agraviada para en su caso hacerlos valer en su momento oportuno. Háganse las anotaciones correspondientes. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con este órgano, el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se tiene a la parte quejosa proporcionando un correo electrónico para cuestiones no procesales. 5. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 6. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ/Donaldo
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