Cesar Joel Molina Olivas
Expediente 140/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Cesar Joel Molina Olivas
- Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Sonora, Cd.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de junio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio que remite el presidente de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de cuatro de abril del año en curso. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas a los oficios que se atienden; por lo que es procedente proveer lo siguiente. Sobreseimiento por cesación de efectos - I. Precisión de los actos reclamados. En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de fijar hora y fecha para llevar a cabo la ratificación de contenido y firma a cargo de ********************, de los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales públicas marcadas con los numerales 25 y 26 del escrito de ofrecimiento de pruebas, dentro del juicio laboral ******************** La omisión de acordar la solicitud de dejar sin efecto el apercibimiento impuesto a la parte quejosa, mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós; y, La omisión del actuario adscrito a dicha junta responsable de notificar el auto en el que se fijó hora y fecha para llevar a cabo la ratificación de contenido y firma a cargo de ********************, a que se refiere el inciso a). Ahora bien, en relación con los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) se provee lo siguiente: II. Cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, el presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, en el oficio que se atiende, remitió copia certificada del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el que tuvo verificativo el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma a cargo de ********************, dentro del juicio laboral ********************. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de fijar fecha y hora para llevar a cabo la ratificación de contenido y firma a cargo de ********************; así como, la omisión de proveer respecto a la solicitud de dejar sin efecto el apercibimiento -impuesto a la parte actora aquí quejoso, a saber, que en caso de resultar incierto o incorrecto el domicilio proporcionado del ciudadano ********************, se tendría por no perfeccionado los documentos marcados con los numerales 30, 32 y 34 en el escrito de pruebas ofrecidas dentro del juicio de origen- decretado en auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el cual se ordenó el desahogo del multicitado medio de convicción; por lo que, al haberse llevado a cabo el desahogo de la prueba en cuestión, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, además de que, con el desahogo del referido medio de convicción, quedó sin efecto el apercibimiento decretado en contra del quejoso; de ahí que, con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos en términos de la causal de improcedencia invocada por los actos que a este apartado refiere. Por otra parte, en relación con el acto reclamado identificado en el inciso c), se determina lo siguiente: III. Inexistencia del acto reclamado. En atención a la naturaleza del acto que la parte quejosa reclama del actuario adscrito a la Junta responsable, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Lo anterior, dado que la parte quejosa reclama la omisión de notificar el proveído en el que se fijó hora y fecha para llevar a cabo la ratificación de contenido y firma a cargo de ********************, de los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales públicas marcadas con los numerales 25 y 26 del escrito de ofrecimiento de pruebas, dentro del juicio laboral ********************, acudiendo a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la justicia federal. Ahora bien, si el auto en el proveído en el que se fijó hora y fecha para el desahogo de la prueba a que se refiere el párrafo que antecede, se dictó el seis de marzo de dos mil veintitrés, y el impetrante de amparo reclama la omisión de notificar la misma, desde el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, es inconcuso que dicha omisión no existía en la fecha de interposición de la demanda de derechos, puesto que, el actuario señalado como responsable no puede incurrir en desatender la notificación de una determinación que aún no se había dictado. Por lo tanto, es evidente que el reclamo constitucional resulta inexistente y conforme a lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese contexto, procede sobreseer fuera de audiencia en el medio de control constitucional en el que se actúa en términos de la causa de sobreseimiento invocada por el acto que a este apartado refiere. Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las once horas con catorce minutos del día de hoy. Háganse las anotaciones correspondientes, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 09/MAYO/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio que remite el presidente de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de cuatro de abril del año en curso. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas a los oficios que se atienden; por lo que es procedente proveer lo siguiente. Sobreseimiento por cesación de efectos - I. Precisión de los actos reclamados. En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de fijar hora y fecha para llevar a cabo la ratificación de contenido y firma a cargo de ********************, de los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales públicas marcadas con los numerales 25 y 26 del escrito de ofrecimiento de pruebas, dentro del juicio laboral ******************** La omisión de acordar la solicitud de dejar sin efecto el apercibimiento impuesto a la parte quejosa, mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós; y, La omisión del actuario adscrito a dicha junta responsable de notificar el auto en el que se fijó hora y fecha para llevar a cabo la ratificación de contenido y firma a cargo de ********************, a que se refiere el inciso a). Ahora bien, en relación con los actos reclamados precisados en los incisos a) y b) se provee lo siguiente: II. Cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, el presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, en el oficio que se atiende, remitió copia certificada del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en el que tuvo verificativo el desahogo de la prueba de ratificación de contenido y firma a cargo de ********************, dentro del juicio laboral ********************. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de fijar fecha y hora para llevar a cabo la ratificación de contenido y firma a cargo de ********************; así como, la omisión de proveer respecto a la solicitud de dejar sin efecto el apercibimiento -impuesto a la parte actora aquí quejoso, a saber, que en caso de resultar incierto o incorrecto el domicilio proporcionado del ciudadano ********************, se tendría por no perfeccionado los documentos marcados con los numerales 30, 32 y 34 en el escrito de pruebas ofrecidas dentro del juicio de origen- decretado en auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en el cual se ordenó el desahogo del multicitado medio de convicción; por lo que, al haberse llevado a cabo el desahogo de la prueba en cuestión, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, además de que, con el desahogo del referido medio de convicción, quedó sin efecto el apercibimiento decretado en contra del quejoso; de ahí que, con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado en estudio. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos en términos de la causal de improcedencia invocada por los actos que a este apartado refiere. Por otra parte, en relación con el acto reclamado identificado en el inciso c), se determina lo siguiente: III. Inexistencia del acto reclamado. En atención a la naturaleza del acto que la parte quejosa reclama del actuario adscrito a la Junta responsable, su existencia debe analizarse a partir de la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Lo anterior, dado que la parte quejosa reclama la omisión de notificar el proveído en el que se fijó hora y fecha para llevar a cabo la ratificación de contenido y firma a cargo de ********************, de los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales públicas marcadas con los numerales 25 y 26 del escrito de ofrecimiento de pruebas, dentro del juicio laboral ********************, acudiendo a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la justicia federal. Ahora bien, si el auto en el proveído en el que se fijó hora y fecha para el desahogo de la prueba a que se refiere el párrafo que antecede, se dictó el seis de marzo de dos mil veintitrés, y el impetrante de amparo reclama la omisión de notificar la misma, desde el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, es inconcuso que dicha omisión no existía en la fecha de interposición de la demanda de derechos, puesto que, el actuario señalado como responsable no puede incurrir en desatender la notificación de una determinación que aún no se había dictado. Por lo tanto, es evidente que el reclamo constitucional resulta inexistente y conforme a lo expuesto, no puede desvirtuarse tal negativa, actualizándose la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis 2a./J. 3/94, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Registro digital 206346, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese contexto, procede sobreseer fuera de audiencia en el medio de control constitucional en el que se actúa en términos de la causa de sobreseimiento invocada por el acto que a este apartado refiere. Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las once horas con catorce minutos del día de hoy. Háganse las anotaciones correspondientes, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ
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Auto. Hermosillo, Sonora, once de abril de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que se encuentra pendiente la notificación a la autoridad responsable, respecto al proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con catorce minutos del nueve de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ
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